En el transcurso de la semana hubo movimientos y definiciones que reflejaron que el gobernador Marcelo Orrego deberá designar a los funcionarios que ocuparán los puestos de contador General de la provincia y director titular del Banco San Juan. No son los únicos, ya que tiene pendiente la cobertura del fiscal de Estado Adjunto, el del vocal del EPRE y seis miembros del Tribunal de Tasaciones: tres permanentes y tres transitorios. Son jugosos cargos, dado que están bien remunerados, sumado que tienen su peso político técnico en el ámbito de la incumbencia de cada uno de ellos.
Por un lado, 0264 Noticias había dado a conocer ayer que el exsenador Roberto Basualdo dejará su puesto como director titular del Banco San Juan, luego de que aceptara la tarea por un plazo limitado, y que está a la espera de que el gobernador designe a su reemplazante. En ese caso, Orrego también tiene la chance de nombrar un director suplente, cosa que no ha realizado desde que está al frente del Ejecutivo.
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La provincia tiene sus representantes debido a que posee el 16,78 por ciento de las acciones de la entidad financiera. Es decir, es la voz del gobierno en la reunión del directorio. Basualdo gestionó para que el banco entregara una tasa de interés accesible para la línea de créditos a Pymes, sumado a que el Ejecutivo hizo su aporte para subsidiarla.
La designación del director titular del Banco San Juan se efectúa a través de un decreto del Ejecutivo, el que lleva las firmas del gobernador y del ministro de Economía, Roberto Gutiérrez.
Por el otro, salió a la luz que el gobierno decidió dar de baja en su función al contador General de la provincia, Rafael Herrera, debido a que le salió la jubilación. No obstante, llamativamente, el profesional había cuestionado la resolución oficial debido a que sostuvo que continúa en su función “hasta tanto presente la renuncia a la Cámara de Diputados y esta la acepte”.
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En el Ejecutivo entienden que, al salirle el beneficio jubilatorio, dejó de ostentar su cargo y, por lo tanto, ya no es funcionario público, además de que consideran que la Constitución no establece el mecanismo que plantea Herrera para habilitar su salida. No obstante, circuló que, de todas formas, el profesional presentaría su renuncia en los próximos días. Se verá.
La Contaduría General es la que realiza el control previo del gasto público, por lo que desempeña una tarea vital para que los pagos que realiza el Estado, por ejemplo, a los proveedores, se haga de acuerdo a las normativas. El nombramiento de su responsable está en poder del gobernador, “con acuerdo de la Cámara de Diputados”. En rueda de prensa, Orrego manifestó que su designación “tiene que ser muchísimo antes de fin de año porque no podemos dejar vacío un lugar tan importante”.
Luego, está otro cargo vacante debido a un ascenso. Se trata del fiscal de Estado Adjunto. El puesto lo venía desempeñando el orreguista Sebastián Dávila, quien se presentó al concurso para ser la máxima autoridad del organismo que defiende el patrimonio y los intereses de la provincia. Luego de estar ternado por el Consejo de la Magistratura, la Cámara de Diputados lo designó como fiscal de Estado.
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El puesto de Adjunto, el número dos, tiene un proceso de nombramiento diferente. Lo propone el Ejecutivo y necesita el aval de la Legislatura, como sucedió con el propio Dávila en diciembre, tras la asunción de la gestión orreguista.
El Adjunto es el principal colaborador del fiscal de Estado y lo reemplaza en caso de ausencia temporaria, ya sea, por ejemplo, por enfermedad o vacaciones del titular. Si no está designado el número dos y el responsable del organismo no llegase a estar presente en el cargo, el gobernador debe nombrar, por decreto, a una especie de subrogante entre los integrantes del Consejo Asesor de Fiscalía de Estado por un tiempo determinado.
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Trascendió que el Ejecutivo impulsará el nombre de una persona para cubrir el puesto, aunque se verá cuándo y a quién propone.
Después, está un lote de cargos de organismos de peso en los que aún no hay definición y que vienen de la gestión pasada. Uno de ellos tiene que ver con los seis miembros del Tribunal de Tasaciones, el que se encarga de valuar los terrenos que adquiere el Estado. El organismo venía intervenido, a cargo del peronista Omar Blanco, luego de que exintegrantes quedaran bajo la lupa de la Justicia por la megacausa de las expropiaciones, una causa en la que se intenta establecer si hubo una asociación ilícita entre abogados, exfuncionarios y exjueces civiles para inflar el valor de las tierras que expropiaba el Estado.
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En el tramo final de la administración uñaquista, se encaminó el proceso de normalización del Tribunal, por lo que fueron designados como miembros permanentes el propio Blanco, Ramiro Cascón (ex secretario del Agua) y Alfredo Zeballos (ex director de Vialidad Provincial). Sin embargo, faltaron los tres miembros transitorios, que representan a los colegios profesionales.
Tras la asunción de la nueva gestión, el ministro de Infraestructura, Fernando Perea, del que depende el organismo, sacó un decreto en el que desplazó a las autoridades y nombró a Sergio Aldunate como interventor, quien se había desempeñado como titular de la delegación local de Vialidad Nacional durante el gobierno macrista.
Desde el Ministerio de Infraestructura no se brindó información sobre cómo marcha el proceso de recambio de autoridades. Fuentes extraoficiales indicaron que los colegios profesionales están armando las ternas de postulantes para enviarlas al Ejecutivo. Según la ley 999 E, el Tribunal debe integrarse, como mínimo, con un ingeniero civil, un arquitecto, un agrimensor y un agrónomo. Así, son estas entidades que nuclean a estas profesiones las que deben proponer listados de tres candidatos para que el gobierno elija a tres miembros transitorios, ya que duran tres años en sus funciones.
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De esa manera, trascendió que el Colegio de Ingenieros se encuentra seleccionando postulantes, mientras que el que agrupa a los agrónomos ya propuso a tres de sus ingenieras.
Los otros tres integrantes del organismo, los miembros permanentes, surgen a propuesta del Ejecutivo y también es el gobernador el que los designa. En ese marco, aún no se ha nombrado a la totalidad de los componentes del organismo.
El decreto que puso a Aldunate como interventor señalaba que “deberá, en forma inmediata, promover el procedimiento necesario para su normalización (del Tribunal) y cese de su intervención. Sucede que el organismo, a la hora de hacer las valuaciones de los terrenos, actúa en plenario, es decir, con la totalidad de sus integrantes, por lo que el actual funcionario no puede tomar decisiones hasta que no esté completo el Tribunal.
El otro puesto en el que no hubo información desde Infraestructura sobre su cobertura es en el de vocal del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), en el que la incertidumbre es aún mayor. Lo que sí se sabe es que no ha habido ninguna designación.
En el tramo final de la gestión uñaquista se disparó el concurso y se conformó la terna, compuesta por Juan Carlos Caparrós (expresidente de EPSE), Héctor Rollán (exsecretario Obras de la provincia) y Antonio Soler (exdirector de Recursos Energéticos).
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Sin embargo, no se ha notificado si se le ha dado de baja al concurso y tampoco hay resolución sobre si se ha avanzado desde entonces. El EPRE es dirigido y administrado por un Directorio, el cual está integrado por el presidente (Oscar Trad), el vicepresidente (Roberto Ferrero) y un vocal, que es el puesto vacante. El vacío en ese cargo se produjo porque se fue dando un ascenso escalonado de las autoridades luego de que el expresidente Jorge Rivera Prudencio fuera echado por el entonces gobernador Sergio Uñac.
Así, Trad, que era el vice, concursó y subió a la presidencia, mientras que Ferrero, que era vocal, ascendió a la vicepresidencia. De acuerdo a la ley 524 A, el Directorio del organismo de control formará quórum con la presencia de sus dos integrantes y sus resoluciones son por simple mayoría. De esa manera, el ente viene funcionando y sacando sus decisiones con sus dos miembros, como ha sucedido, incluso, en períodos anteriores.
Ahora, si llegase a producirse la ausencia de algunas de sus autoridades, ya sea, por enfermedad o por cualquier otro motivo, las definiciones del EPRE se demorarían hasta que los dos funcionarios estén en condiciones de firmar. Según las fuentes, ante la ausencia temporal de alguno de los miembros, firman de manera digital para que no se frene el funcionamiento del organismo.
El concurso para elegir al vocal, al igual que el resto de las autoridades, es encarado por el Ministerio de Infraestructura, el cual arma un Tribunal Evaluador que conforma la terna. El gobernador elige a uno de los postulantes y envía su expediente a la Legislatura para su aprobación.
