El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía una reunión con 19 gobernadores, un gesto de unidad entre la Casa Rosada y las provincias ante el diferendo por los fondos transferidos durante el macrismo a la Ciudad de Buenos Aires y que hoy se encuentra judicializado ante la Corte Suprema de Justicia.

La actividad contó con la presencia del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y del ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, vocero ante los medios de comunicación y uno de los responsables de llevar adelante las negociaciones con el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

«Cuando se habla de quita, no es una quita sino la recuperación del exceso de fondos que fueron a la Ciudad en detrimento de todos los argentinos», dijo el funcionario en diálogo con la prensa tras la reunión en Casa de Gobierno y manifestó que «con la excusa del traspaso se triplicaron los fondos a la Ciudad de Buenos Aires».

El encuentro, definido como una «reunión informativa», antecedió al que en horas de la tarde se realizará en Casa Rosada con los delegados del Gobierno porteño.

Fueron los mandatarios provinciales quienes tomaron la palabra para calificar en duros términos el traspaso realizado durante el Gobierno de Mauricio Macri y alertar sobre la posibilidad de un fallo del máximo tribunal que cristalice una medida que entienden como ajena al federalismo.

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, dijo en ese sentido que «apoyamos y respaldamos la posición del Presidente» y manifestó que «entendemos que hay una exacción ilegal de recursos por parte de la Ciudad al resto de las provincias».

«Hablamos de 500 mil millones de pesos en términos constantes», destacó y sostuvo que «nuestras provincias tienen que financiar la seguridad pública».

En esa línea, Capitanich dijo que «advertimos de manera clara y contundente a la Corte Suprema de Justicia: nosotros vamos a defender los recursos de nuestro pueblo».

El mandatario chaqueño fue más allá y dijo que un fallo en favor de la Ciudad implica «violar taxativamente el federalismo vigente».

«Entendemos que la Corte no puede fallar parcialmente agudizando las asimetrías«, afirmó y habló de «claro favoritismo» en favor de los porteños por parte del Tribunal.

Por su parte, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, manifestó que le hubiera gustado que la última audiencia judicial entre las partes «hubiera sido pública para que todo el mundo supiera que la Ciudad» le «robó al país» la suma de «500 mil millones de pesos».

«Estamos firmando y nos vamos a ir constituyendo», advirtió Zamora y señaló que «si se llega a generar un fallo que voltee una ley que le permite pagar a la Ciudad los agentes, estarían destruyendo el federalismo».

En tanto, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, se manifestó «en defensa de los recursos federales, de un país con desarrollo federal».

«Aun reconociendo el aporte que demanda la seguridad, tenemos que recuperar esos fondos», dijo y explicó que «en la misma materia de seguridad son muchas las provincias que los necesitamos».

En la reunión también participaron los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Sergio Uñac (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

A ellos se sumaron el vicegobernador Antonio Marocco (Salta) y el fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende.

También participaron, de manera virtual, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y el vicegobernador de Río Negro, Alejandro Palmieri.

Los gobiernos nacional y porteño tuvieron una audiencia pública el 10 de marzo pasado ante la Corte Suprema de Justicia para tratar de arribar a un acuerdo sobre el diferendo por los fondos transferidos a CABA para el mantenimiento de la policía durante la gestión del expresidente Macri.

A partir de allí, el máximo tribunal dio 30 días hábiles, plazo que vence el 26 de abril, para que haya una negociación política entre ambas partes, y en caso de no haber arreglo dictará una medida cautelar.

En la Casa Rosada hay preocupación de que se convalide «semejante arbitrariedad» porque «es un número que va a impactar en el presupuesto 2022».

Además, de acuerdo a fuentes oficiales, en el Ejecutivo sostienen que el planteo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se basa en un decreto «anticonstitucional» y lo que se discute es «una mediación sobre montos«.

Según graficaron a Télam los voceros del Gobierno, hay una diferencia de 80.000 millones de pesos, «dos ATN (Aportes del Tesoro Nacional)», que podría alcanzar más de $ 130 mil millones este año, lo «que afectaría al presupuesto nacional».