El presidente Alberto Fernández pretende darle celeridad al trámite de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia a través de una convocatoria a sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados para la segunda quincena de este mes.

El pedido de juicio político alcanzará a Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal, y a los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, quienes son acusados por el Ejecutivo de incurrir en mal desempeño y parcialidad.

La convocatoria de sesiones extraordinarias saldrá «la semana que viene», adelantó la portavoz de la Presidencia Gabriela Cerruti, y la solicitud de juicio político «será parte del temario», reafirmaron a Télam otros funcionarios con despacho en Casa Rosada.

La iniciativa que impulsa este proceso de remoción abordará dos cuestiones y la primera es la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26.080 que rigió el funcionamiento del Consejo de la Magistratura durante 16 años y que fue reemplazada, por decisión de la Corte, por la derogada Ley 24.937.

Esa decisión de la Corte, calificada como «un hecho insólito» por Cerruti en la primera conferencia de prensa del año que ofreció el jueves pasado en Casa de Gobierno.

Otra cuestión a analizar es la medida cautelar que restituyó fondos coparticipables para la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

En ese caso, la funcionaria evaluó que el máximo tribunal «violó la división poderes» al tratarse de un tema «que debe resolverse en el Congreso de la Nación o en el Poder Ejecutivo, porque es algo que involucra a todas las provincias».

«Debo impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional», indició el Presidente al anunciar el primer día de este año su decisión de iniciar el juicio político.

Y sobre el fallo que benefició al distrito porteño, el jefe de Estado indició que su deber era «promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica».

El Presidente basó su planteo a través del artículo 53 de la Constitución Nacional, que prevé que la Cámara de Diputados «ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones».

Fernández contó con el apoyo de 11 gobernadores: Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Además, los vicegobernadores del Norte Grande, Rubén Dusso (Catamarca), Florencia López (La Rioja), Carlos Silva Neder (Santiago del Estero), Sergio Mansilla (Tucumán), Analía Rach Quiroga (Chaco) y Eber Solís (Formosa) respaldaron también la iniciativa consensuada entre el Presidente y los mandatarios provinciales y pidieron al Parlamento que «las instituciones sean restablecidas» para que sean «garantes de la República».

Otros gobernadores, Gustavo Sáenz (Salta), Arabela Carreras (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones), habían cuestionado el fallo de la Corte que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a CABA pero no se pronunciaron sobre el pedido de juicio político.

Esta semana, el jefe de Estado se reunió con Germán Martínez, presidente del Bloque de Diputados del Frente de Todos (FdT) y con la diputada nacional Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Juicio Político.

Fernández les hizo entrega del pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema que impulsó junto a los citados gobernadores, y les solicitó que inicien «su pronto tratamiento legislativo».

El propio Martínez aseguró que se logrará «cada vez más consenso» a medida que se avance en el juicio político y llamó a «reivindicar la decisión política del Presidente y los gobernadores» ya que «están pensando en el interés general y en las provincias que se ven perjudicadas por el avasallamiento de la Corte en otros poderes».

Otros apoyos a la iniciativa de juicio político los dieron el bloque de senadores del FdT de la Legislatura bonaerense y los intendentes nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM).

Los primeros advirtieron que «el Estado de Derecho y la división de poderes que establecen la Carta Magna se encuentran bajo amenaza» y citaron el fallo por los fondos coparticipables a CABA y la filtración de presuntos chats privados entre el ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D’Alessandro y el funcionario de la Corte Silvio Robles.

«Ambos sucesos de altísima gravedad institucional ponen en tela de juicio la ‘presunta’ independencia del Poder Judicial, la neutralidad de sus fallos», indicaron y que particularmente afectan «la independencia de los jueces que conforman el máximo tribunal de justicia de la nación».

Mientras que los intendentes de la FAM consideraron que «múltiples son los hechos que acreditan el mal desempeño de los miembros de la Corte» y objetaron por parte del máximo tribunal «la extracción de recursos a las provincias de una manera ilegítima y arbitraria y el manejo discrecional del Poder Judicial en detrimento del sistema representativo, republicano y federal previsto en la Constitución Nacional».

Desde la FAM señalaron que los magistrados se «arrogaron facultades del Poder Legislativo, al determinar mediante fallo el porcentaje de coparticipación de Ciudad» y refirieron que «tomaron por asalto el Consejo de la Magistratura para sumergirlo en una parálisis histórica, ya que solo se reunieron dos veces en seis meses».