El presidente Alberto Fernández regresó de la gira por Europa que lo reunió con los principales líderes europeos y autoridades del FMI para renegociar la deuda.

Ahora, el presidente enfrenta tensiones dentro de la coalición del Frente de Todos por la política tarifaria y a la vez con Juntos por el Cambio por el proyecto de regular la pandemia, sumado al reclamo de diversos movimientos sociales por los planes para los sectores excluidos.

El Gobierno inicia una fase de negociaciones más arduas para lograr aprobar rápidamente, antes de que venzan las restricciones actuales, el proyecto de regulación de la pandemia, donde la oposición plantea exigencias que por ahora el oficialismo rechaza.

El Presidente observó el impulso, el lunes, de la ley para regular la pandemia, la principal iniciativa del Ejecutivo en el Congreso.

Desde su despacho en la planta baja de la Casa de Gobierno, la autora de la letra del proyecto, Vilma Ibarra, mantuvo al Presidente al tanto de la presentación en el Senado y de su derrotero inicial.

El Presidente, debido a la postura que adoptó la oposición contra el proyecto, instruyó a la funcionaria, una de las más cercanas, para que lo defendiera en el Congreso, y le pidió que dejara en claro que “no hay superpoderes”, como señala el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, muy crítico de la iniciativa desde que fue anunciada.

En el Gobierno se mostraron predispuestos al “diálogo”, pero a priori ven con malos ojos el requerimiento. “Estamos dispuestos a debatir los parámetros sanitarios para activar las medidas, pero el Presidente debe tener la potestad de intervenir cuando hay una situación de gravedad”, adelantó un alto funcionario nacional.

En Gobierno llevan diez días de negociaciones por la “ley Pandemia” y son cada vez menos optimistas sobre la posibilidad de aprobar el proyecto antes del 22 de mayo, cuando vence el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que está vigente para imponer restricciones para prevenir la suba de casos y de la mortalidad por coronavirus. En ese caso, harán una renovación del DNU actual, o emitirán uno nuevo. En la Casa Rosada ya se preparan para esa opción.

No fueron días fáciles para los funcionarios que quedaron a cargo de la gestión diaria de la Casa Rosada. En el plano de las disputas internas por las tarifas, donde la vicepresidenta juega un importante rol y milita el congelamiento en el año electoral, se sumaron nuevos capítulos a la discusión, en ausencia del ministro Guzmán.

Una semana después del estallido de las críticas de los movimientos sociales por el tipo de ayudas económicas para los sectores vulnerables, el Gobierno organizó un foro con las organizaciones de la economía popular para debatir sobre la “creación de trabajo genuino”, una de las exigencias de los  dirigentes afines al Gobierno que se muestran disconformes con el reciente anuncio de un incremento millonario de fondos a la Tarjeta Alimentar, una ayuda directa manejada por el Estado.

Buscan, en cambio, canalizar los fondos para los planes de incentivo a la creación de puestos laborales en los sectores excluidos.

En el entorno de Arroyo, ávidos por mostrar consenso en medio de la tensión, aseguraron que hubo “buena sintonía” entre los presentes y que se harán nuevos encuentros del estilo. Incluso deslizaron, sin mayores precisiones, por ahora, que existe la posibilidad de impulsar «una ley que sustente la mejora del trabajo informal».

Desde la Casa Rosada insisten con que en este momento no hay fondos disponibles para la creación de nuevos puestos de trabajo y recordaron que la prioridad del Gobierno, en este momento, es paliar de la manera más “rápida y efectiva” el hambre a través de la entrega de alimentos. “Todos queremos un trabajo genuino para todos, también queremos la paz mundial. Pero ahora, en este contexto, nos ocupamos de los más urgente, que son los millones de chicos menores de 14 años que no tienen para comer”, sostuvo un vocero de Balcarce 50.