La violencia y la delincuencia absorben casi el 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y el Caribe (ALC), agotando fondos que podrían destinarse a la educación y la asistencia a las personas vulnerables, destacó un informe.

También indicaron que el costo de la delincuencia asciende a casi el 80% de los presupuestos públicos de la región para educación, el doble de lo que se gasta en asistencia social y 12 veces el presupuesto para investigación y desarrollo, mostró el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que utiliza datos de 2022 y se publicó el lunes.

La delincuencia «limita el crecimiento, impulsa la desigualdad y desvía la inversión privada y pública. Debemos aunar y redoblar esfuerzos para cambiar esa realidad», dijo el presidente del BID, Ilan Goldfajn, en un comunicado.

El estudio calcula el costo directo de la delincuencia en tres ámbitos: la pérdida de capital humano en forma de tiempo productivo, el gasto en mitigación del delito por parte de las empresas y el gasto público en prevención de la delincuencia y justicia penal.

En 2022, los gastos de seguridad de las empresas privadas representaron el 47% del costo total de la delincuencia, mientras que el gasto público en prevención del delito representó el 31% y la pérdida de capital humano el 22%. A modo de comparación, un conjunto de datos de Polonia, Irlanda, República Checa, Portugal, Países Bajos y Suecia mostró que sus costos son un 42% inferiores a los de la región.

Si se alcanzara los niveles de sus homólogos europeos, la región dispondría de cerca del 1% del PIB para invertir en bienestar social y otros programas, según el BID.

FMI: Latinoamérica respondable de un tercio de los homicidios del mundo

Un estudio paralelo del Fondo Monetario Internacional cita a América Latina como responsable de un tercio de los homicidios a nivel mundial a pesar de tener menos del 10% de la población del planeta, siendo especialmente costoso el crimen organizado.

«La presencia de bandas y el narcotráfico amplifican los costos de hacer negocios», señala el informe del FMI. «Un novedoso análisis de empresas mexicanas sugiere que los costos por daños de la delincuencia son cuatro veces superiores para las empresas que denuncian la presencia de bandas en sus inmediaciones».

El costo fiscal para los gobiernos también es considerable, según el FMI, que afirma que el gasto en orden público y seguridad en la región se sitúa en promedio en torno al 1,9% del PIB.

«Aunque gastar más en seguridad y desplegar más policías parece contribuir a reducir la delincuencia, es probable que otros factores sean más importantes en la región, y que la eficiencia del gasto desempeñe un papel fundamental», dijeron y ampliaron: «Por ejemplo, a pesar de la elevada proporción de gasto en el poder judicial, la capacidad de los tribunales para castigar los delitos sigue siendo escasa».

Entre las propuestas políticas, el FMI afirma que la región debería establecer una «plataforma regional de conocimiento» para recopilar, intercambiar y analizar datos, junto con la difusión de las mejores prácticas sobre respuestas eficaces en materia de política económica y de seguridad.

La sesión especial de reforma de la ley de DNU prevista para este martes en la Cámara de Diputados se pospuso para el jueves 21 ante la imposibilidad de la oposición de reunir el quorum necesario. La decisión fue tomada minutos antes del horario que había sido convocado el debate.

En la previa, los bloques de Encuentro Federal y Democracia para Siempre, que habían solicitado la sesión junto a Unión por la Patria (UxP), se mostraban confiados en juntar el número. Sin embargo, la presión que ejerció la Casa Rosada en las últimas horas sobre los gobernadores surtió efecto y desactivó la embestida opositora.

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En el temario de la sesión, que fue reprogramada para el jueves 21 de noviembre a las 11, figuraba el tratamiento de la reforma de la ley de DNU para acotar el poder del presidente para gobernar a través de esa vía, además del rechazo el decreto 846 que faculta al Poder Ejecutivo a canjear deuda sin el aval del Congreso.

El factor clave que determinó el fracaso opositor, muy celebrado en la Casa Rosada, fue la confirmación de que nueve diputados nacionales de UxP, que tiene 99 integrantes en total, no iban a dar quórum. En ese sentido, según pudo averiguar Noticias Argentinas, se trataría de los cuatro catamarqueños que responden a Raúl Jalil, dos santiagueños que reportan a Gerardo Zamora, la neuquina Tanya Bertoldi y los mendocinos Adolfo Bermejo y Liliana Paponet.

Sumado a esto, también iban a producirse bajas en el frente opositor que convocó a la sesión. En ese caso, eran los diputados de Encuentro Federal Ricardo López Murphy, el chubutense Jorge “Loma” Ávila, y el entrerriano Francisco Morchio, que responde al gobernador Rogelio Frigerio.

El resultado se dio luego de que el Gobierno utilizara la amenaza de retirar el proyecto de Presupuesto como instrumento de chantaje para quebrar la voluntad de los mandatarios provinciales. El mensaje fue claro: si no ayudaban a boicotear la sesión, el Ejecutivo Nacional no aceptaría ningún pedido para modificar el Presupuesto, además de que no habría partidas extra para ninguna provincia. 

“Los bloques que convocamos a la sesión especial de hoy decidimos postergarla para el jueves 21/11 a las 11 h. Motiva esta decisión que el oficialismo convocó a la comisión para tratar el presupuesto 2025. Veremos si el gobierno tiene voluntad o no de tener ley de presupuesto”, ratificó la bancada de UxP, que preside Germán Martínez, en un comunicado para intentar maquillar el fracaso en el quórum.

Lo mismo hizo Encuentro Federal. “Atento el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores que se plasmaría en un dictamen de la comisión de Presupuesto, el bloque Encuentro Federal comparte la postergación de la sesión convocada para el día de la fecha”, indicaron. “Será una oportunidad para que el Poder Ejecutivo exprese de manera clara su voluntad de tener un presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación”, agregaron.

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En esa línea, el Gobierno logró que se levante la sesión introduciendo la cuestión del Presupuesto en la mesa de negociaciones. Como parte de esa transacción con los diputados opositores que se bajaron del quórum, se acordó la convocatoria a la comisión de Presupuesto y Hacienda, para el jueves que viene, luego de que la semana pasada el cuerpo presidido por José Luis Espert estuviera inactivo.

El parate de esa comisión infundió el temor de que el oficialismo podía suspender el tratamiento de la «ley de leyes», lo que hubiera sido de gravedad para la oposición dialoguista, que quiere votar un presupuesto acorde para ponerle un límite al Gobierno en el manejo de los gastos para el año que viene.

Finalmente, quedó al desnudo que el hecho de haber pisado la comisión de Presupuesto la semana pasada fue parte de una estrategia calculada del oficialismo para hacerle pisar el palito a un grupo de diputados nacionales, especialmente los más ligados a los gobernadores.