El presidente Alberto Fernández y gobernadores acordaron este martes, en un hecho sin precedentes en la historia argentina, impulsar de manera conjunta el juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acusándolos por «mal desempeño de sus funciones» y «manifiesta parcialidad» a la hora de dictar fallos.

El jefe de Estado encabezó en la Casa Rosada el segundo encuentro con los mandatarios que, en línea con el Gobierno nacional, rechazan la medida cautelar dictada por el máximo tribunal en favor de la ciudad de Buenos Aires en torno a un diferendo por los fondos destinados al traspaso de la Policía a la órbita porteña.

Uno de los voceros luego del encuentro fue el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, quien explicó a la prensa que la firma del pedido de juicio político se realiza «en el marco del artículo 53 de la Constitución Nacional en virtud del mal desempeño en las funciones de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación».

Aunque durante varios días se había sostenido que el pedido de juicio político sería solo contra el titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti (además titular del Consejo de la Magistratura), ahora se señaló que el proceso será también contra el resto de los integrantes: Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

El gobernador chaqueño dijo que en el documento que desde el Poder Ejecutivo enviarán a la Cámara de Diputados se expondrá «una multiplicidad de hechos» supuestamente irregulares atribuidos al máximo tribunal.

Detalló que van desde «la violación de la Ley de Ética Pública» hasta el mal desempeño «a partir de decisiones que tienen que ver con la declaración de inconstitucionalidad de la ley 26.080», que rigió el funcionamiento del Consejo de la Magistratura durante 16 años y que fue reemplazada, por decisión de la Corte, por la derogada ley 24.937.

A estos hechos se suma la medida cautelar en favor de la ciudad de Buenos Aires que, según Capitanich, habla de «manifiesta parcialidad» en favor de un sector partidario, en alusión a la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC).

«Deben ser custodios de la Constitución. Los argentinos y las argentinas no pueden estar tranquilos en términos de salvaguarda de la vida del patrimonio del honor y de la libertad con miembros de la Corte Suprema de Justicia que violan clara y contundentemente la Constitución Nacional y sobre todo los principios que son esenciales desde el punto de vista al principio republicano», dijo.

El gobernador ejemplificó con el fallo de la Corte con el que se ordenó al Estado Nacional un aumento en la masa coparticipable en favor de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), al elevarla al 2,95%.

«Las provincias argentinas nos sentimos damnificadas por la asignación de recursos de una manera antojadiza. No es cierto que no nos afecta. Nos afecta. Consideramos que la defensa de los intereses de nuestras provincias argentinas y del federalismo es una bandera irrenunciable, porque es la base para lograr equidad e igualdad», apuntó.

El mandatario evitó referirse a la posibilidad de avance del proceso en el pleno de la Cámara de Diputados y aclaró que el procedimiento se iniciará en la comisión legislativa pertinente -la de Juicio Político, donde el oficialismo tiene quórum favorable-, que tendrá cuatro meses para hacer su investigación y emitir un dictamen.

Para que la comisión pueda iniciar su trabajo, el Ejecutivo deberá enviar, en las próximas horas, una convocatoria a sesiones extraordinarias que, según pudo saber Télam, tendrá un temario más amplio que el del tratamiento del Juicio a la Corte.

Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, comentó que la decisión tomada por el Presidente y los mandatarios provinciales «no tiene antecedentes». Y sostuvo que la Corte avanzó sobre «atribuciones que no les son propias» y que corresponden a los restantes poderes del Estado.

El mandatario santiagueño Gerardo Zamora señaló que la Corte desoyó y «ni siquiera contestó» tres presentaciones realizadas por los gobernadores en el caso de los fondos por la seguridad porteña. Añadió que esa situación «se agrava muchísimo» luego de que se conocieran los chats entre el director de la vocalía y estrecho colaborador de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro.

Zamora presentó una denuncia contra Robles por considerar que está «involucrado en un hecho gravísimo» y dijo que los diálogos con D’Alessandro «son escandalosos».

Además de Capitanich, Kicillof y Zamora, participaron de manera presencial los gobernadores Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quiniela (La Rioja), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gildo Insfrán (Formosa). Fuentes oficiales resaltaron que otros gobernadores se sumaron a las conversaciones vía teleconferencia.

El Presidente estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y por el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro.

El domingo pasado, antes de viajar a Brasil para participar de la asunción del presidente Luiz Inácio «Lula» Da Silva, Fernández había anunciado públicamente, a través de una carta, la decisión de impulsar un pedido de juicio político contra Rosarri, también presidente del Consejo de la Magistratura.

Allí el mandatario agregó que también se iba a pedir que «se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal».

El pedido de juicio político a los miembros de la Corte.