“No se cuenta con presupuesto suficiente”, señala la Dirección de Vialidad Nacional para sostener que no puede hacerle frente a las obras de mejoramiento y mantenimientos de los caminos nacionales. Un equivalente al “no hay plata” del presidente Javier Milei. Por eso, el organismo firmó un convenio con el gobierno orreguista, en el que le cede ese tipo de tareas en la Avenida de Circunvalación, también llamada Ruta Nacional A014. Así, la repartición se desliga de inversiones, sin la chance de reembolso alguno, ya que el financiamiento lo aportará la Dirección de Vialidad Provincial. No es lo único, dado que también se desvincula de cualquier responsabilidad civil o indemnización que pudiese surgir ante daños a, por ejemplo, una persona o bienes de terceros como consecuencia de la realización de una obra.

El convenio se firmó a principios de mes entre el titular de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, y el director de Vialidad Provincial, Omar Lucero, el cual se plasmó la semana pasada en un decreto con la firma del ministro de Infraestructura, Fernando Perea, y el gobernador Marcelo Orrego. Según fuentes oficiales, el acuerdo tiene que pasar por la Cámara de Diputados para conseguir su aprobación y plena vigencia.

Mientras que la conducción de Vialidad Nacional le saca el cuerpo a mantener y mejorar una avenida transitada y neurálgica para la provincia, la gestión orreguista recogió el guante y, prácticamente, quedará bajo su órbita durante tres años, a partir de la vigencia del convenio.

Es un fuerte desafío para el Ejecutivo local, dado que no sólo tiene que mantener y poner plata en los caminos de jurisdicción provincial, sino que, ahora, deberá afrontar los costos de todo lo que demande los 16 kilómetros de la Ruta Nacional A014, más otros 12 kilómetros de accesos.

El acuerdo establece que “Vialidad Provincial aportará el financiamiento, “sin reembolso ni erogación alguna” por parte del organismo central.

De esa forma, Vialidad provincial podrá realizar obras nuevas, mantenimiento, limpieza y conservación de calzada, banquina, luminarias, alcantarillas, puentes, señalética, barandas y condiciones de seguridad. Todo ello podrá ejecutarlo en base al artículo 6 de la ley 48 A, que establece que la repartición local está facultada a intervenir en caminos nacionales, siempre y cuando asuma las obligaciones, a través de un convenio específico, como el que se firmó.

Vialidad provincial podrá llevar adelante los trabajos a través de lo que se denomina como administración, es decir, con su propio personal, o el sistema de contratación que considere adecuado, como una licitación para que lo haga una empresa. En cualquiera de los casos, el organismo local se hace cargo del pago de los salarios de los trabajadores, al igual que obligaciones sociales, previsionales y de seguros, por lo que se excluye a Vialidad Nacional de toda relación laboral y contractual.

Además, la repartición local debe poner todos los equipos y materiales para efectuar las tareas. Por su parte, el organismo nacional se encargará de la inspección de los trabajos. Si Vialidad Provincial propone hacer obras nuevas, debe informar de ello a Vialidad Nacional, cuyos profesionales evaluarán la “viabilidad, oportunidad y conveniencia para su validación técnica”.

De acuerdo al convenio, Vialidad provincial “asume, a su exclusivo cargo, la responsabilidad civil y/o todo tipo de indemnización que pudiere surgir durante la realización de las tareas a ejecutarse por daños producidos en las personas y cosas de Vialidad Nacional, o de terceros”. Además, la repartición central “quedará exenta de toda responsabilidad a consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor”, mientras que Vialidad Provincial “queda obligada a resarcir a Vialidad Nacional, por los daños y perjuicios que se causaren a terceros y por los cuales deba responder a esta última”.

No es lo único, dado que el organismo local “se compromete a mantener indemne” a la repartición nacional “por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costas judiciales y honorarios, como consecuencias de la ejecución de las tareas (…) y de la eventual realización de obras nuevas”.

También se establece que, ante cualquier controversia judicial que se genere por el incumplimiento del convenio, el conflicto se dirimirá en los tribunales federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La movida encarada por Vialidad Nacional refleja el lineamiento político del gobierno libertario de no financiar obras públicas, en este caso, vinculadas a las rutas y caminos. Ya se han paralizado tareas que se habían licitado, como la construcción a nuevo de 18 kilómetros de Ruta 40 Norte, en Adán Quiroga, que apuntaba a eliminar unos 20 badenes y, así, evitar que la zona quedase intransitable por las lluvias y las crecidas.

Además, circula que la delegación local de Vialidad Nacional, el Distrito 9, tampoco tiene los recursos para la compra de los insumos para llevar adelante la colocación de asfalto. Encima, se desprende del mantenimiento de la emblemática Avenida de Circunvalación. ¿Son las señales del vaciamiento de la repartición nacional con sede en San Juan?