El ministerio de Economía continúa trabajando en el proyecto de ley para obtener recursos adicionales de los sectores que tuvieron una “renta inesperada” por la suba de los precios internacionales, confirmaron fuentes de la Casa Rosada a Ámbito.

Con estos fondos se buscará asistir a los sectores cuyos ingresos se deterioraron en los últimos meses a través de un mecanismo similar al IFE. Es que los beneficiarios de esta ayuda estatal son justamente trabajadores que no están sindicalizados o son cuentapropistas.

La intención del gobierno es asistir a los sectores cuyos ingresos se han visto más deteriorados en los últimos meses.

Los salarios del sector formal vienen aumentando a razón del 57,3% anual (datos a enero, los últimos que publicó el INDEC) pero los salarios del segmento no registrado avanzaron sólo 40,7%.

Es decir, mientras que los sueldos de los que están en blanco le ganaron a la inflación, los que trabajan en negro perdieron más de 7 puntos contra el índice de precios.

El problema se agrava si se tiene en cuenta que uno de los rubros cuyos precios más subieron son los alimentos, productos a los que estos sectores destinan la mayor parte de sus ingresos. Estudios privados anticipan que, en el primer trimestre del año, la canasta alimentaria subió cerca de 20%

Cabe señalar que cerca del 35% de los trabajadores son informales, según estudios oficiales. El propósito del Gobierno es destinar los fondos que se obtengan por esta vía fundamentalmente a atender a los trabajadores no sindicalizados, cuyos ingresos se han visto deteriorados por la suba de la inflación y que no cuentan con el recurso de negociar en un paritaria.

En tal sentido, una de las ideas que se barajan en el Ministerio de Economía es dar un ingreso como un bono para los trabajadores en negro y monotributistas semejante al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que se otorgara durante la crisis sanitaria desatada por el coronavirus.

Calificada como «la prestación económica de mayor alcance de la historia» por ANSeS, el IFE se abonó en sus tres ediciones a 8,9 millones de personas.

Entre los beneficiarios, abarcó a trabajadores de la economía informal, monotributistas sociales, monotributistas de las categorías A o B, trabajadoras de casas particulares, personas desempleadas y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE). En principio, la intención sería no asistir a estos últimos sectores ya que, en los despachos oficiale, consideran que “están siendo asistidos” con las diversas ayudas que se otorgaron. “El problema lo tenemos en los segmentos inmediatamente superior”, explican. De ahí, que estiman la ayuda sería a un universo menor que los casi 9 millones de personas.

Al respecto, estudios de mercado registran una disminución en el consumo de los sectores cuyos ingresos están inmediatamente por encima de los mínimos. Estos últimos son alcanzados por distintos programas asistenciales del gobierno (AUH, planes, canastas, tarjeta Alimentar), pero no sucede lo mismo, por ejemplo, con cuentapropistas que se encuentran en situación precaria.

Dudas.

En los despachos oficiales se debate acerca de cuáles serán los sectores alcanzados. Como consecuencia de la guerra en Ucrania, los precios de la energía se encuentran 93% por encima del nivel registrado a fines de 2020, los productos del agro subieron 41% y los metales 11%.

Así, los sectores productores de granos, gas, petróleo y metales podrían estar en el radar de la nueva contribución. Pero también el conflicto bélico determinó fuertes subas en otros productos como fertilizantes, aluminio, entre otros.

También se encuentra en discusión qué precios se tomarán como referencia a los efectos de la determinación de la renta impensada, según la definición del ministro Martín Guzmán, como así también desde cuándo se aplicará.

El proyecto genera dudas dentro del propio gobierno, según señalan en la Casa Rosada. Preocupa que la iniciativa pueda tener objeciones por parte del Fondo Monetario Internacional, como así también que no logre pasar el filtro del Congreso.

No obstante, en el Ministerio de Economía se argumenta que difícilmente la oposición pueda negarse a un proyecto que apunta a asistir a los que menos tienen.

/Ámbito.