Connect with us

Política & Economía Latinoamérica

Bolivia: Comienza uno de los juicios contra la exmandataria de facto Jeanine Áñez.

Published

on

Bolivia: Comienza uno de los juicios contra la exmandataria de facto Jeanine Áñez.

La expresidenta de facto boliviana Jeanine Áñez comenzará a ser juzgada este lunes por su decisión de asumir la jefatura del Estado en noviembre de 2019, tras la renuncia obligada de Evo Morales, en un proceso virtual que también alcanza a varios militares que estaban entonces al mando de las fuerzas armadas, y que dividió a la clase dirigente local.

El juicio es el que la prensa boliviana llama «caso Golpe de Estado II», y es por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, y la Fiscalía pretende una condena de 10 años de prisión.

Detenida desde hace justo un año, Áñez será juzgada por asumir de manera ilegal la Presidencia del Senado, lo que después le permitió acceder al poder, el 12 de noviembre de 2019, sin cumplir con los preceptos constitucionales y el Reglamento de Debate, según la Fiscalía.

La causa está impulsada por el Ministerio de Justicia, lo que mereció denuncias de parte de la defensa de la exmandataria, que considera que el caso tiene una sentencia ya prescrita.

En el juicio se analizarán también las conductas de Williams Kaliman, excomandante de las Fuerzas Armadas; Flavio Gustavo Arce, exjefe del Estado Mayor; Pastor Mendieta, excomandante del Ejército; y del excomandante de la Policía Yuri Calderón, aunque éste y Kaliman están prófugos.

Los excomandantes Gonzalo Terceros y Palmiro Jarjury, de la Fuerza Aérea y la Armada, respectivamente, que también estaban acusados, se acogieron a un juicio abreviado en el que reconocieron su responsabilidad y recibieron una condena de tres años de cárcel.

Ese paso de estos dos exmilitares parece jugarle en contra a Áñez, porque deja asentado que hubo delito, un punto sobre el que el constitucionalista Israel Quino no duda.

«Un elemento transversal del caso es la confesión delictiva de militares que aceptaron culpabilidad de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. Esto agrava la situación de Áñez», evaluó el exdelegado adjunto para la Promoción y Difusión de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo en declaraciones a Télam.

El proceso constituye una nueva división entre oficialismo y oposición: el Gobierno no solo respalda el juicio sino que varios legisladores aportaron documentación, y, en cambio, defienden a Áñez los opositores Creemos, Comunidad Ciudadana y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), encabezado por dirigentes cívicos anti-Morales.

El juicio a Áñez no pudo ser abierto formalmente el 10 de febrero por observaciones de forma de la defensa, se instaló el viernes 18 para esa asunción de culpa de Terceros y Jarjury, y se fijó después el lunes 28 como fecha de inicio.

En el medio, Áñez presentó un nuevo recurso en procura de anular el proceso o cambiar su detención preventiva por arresto domiciliario –iniciativa que fracasó- y llevó adelante una huelga de hambre de casi dos semanas, que levantó por pedido de sus familiares.

La exsenadora está cumpliendo dos arrestos preventivos, dictados separadamente por cada uno de los procesos en que fue dividida la demanda original por el golpe.

Este caso «golpe de Estado II» se complementa con otro por sedición, terrorismo y conspiración, todavía en etapa de investigación, por lo que aún no hay cargos formales. Esa es la causa «golpe de Estado I».

«Asumí la presidencia de Bolivia sin pedirlo, sin buscarlo y mucho menos esperarlo, con la única misión de llamar a elecciones y pacificar el país en convulsión», aseveró en su última carta pública la exmandataria, de 59 años, que gobernó entre 2019 y 2020. Firmó esa misiva como «presa política».

Áñez asumió la jefatura del Estado tras la renuncia obligada de Morales, en medio de protestas multitudinarias por un supuesto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos (OEA), que después se comprobó inexistente.

Como en el documento de apertura del juicio se menciona a Áñez como expresidenta «de facto» e «inconstitucional», su abogado Luis Guillén consideró que se trata de una «presentencia».

Guillén también protestó por el hecho de que el proceso no sea presencial y anunció una nueva presentación sobre el punto, que el tribunal deberá resolver el mismo lunes.

«No podemos permitir que la exmandataria sea juzgada detrás de una cámara sin escuchar lo que está sucediendo, sin tener contacto con sus abogados. Esto vulnera el derecho a la defensa», alertó.

Existe un punto en debate en el proceso: para Guillén, no corresponde juzgar por la vía ordinaria a una expresidenta, cuya tarea merece –por mandato constitucional- un juicio de responsabilidades en el Congreso.

Pero la Fiscalía, los legisladores y hasta el mismo Gobierno de Luis Arce argumentan que se juzgan acciones de Áñez previas a su gobierno, por lo que corresponde un juicio ordinario.

El analista Paul Coca discrepa con este enfoque: «Debe ser juzgada en juicio de responsabilidades, porque en Bolivia está establecido eso, como se hizo con el dictador (Luis) García Mesa».

Docente de la Universidad Privada Domingo Savio, Coca también advirtió, en declaraciones a Télam, que «un segundo punto de polémica es el de la atención médica, porque es un derecho constitucional, y hasta el mismo García Mesa, condenado a 30 años sin derecho a indulto -la pena máxima en Bolivia- podía salir a hacerse atender».

Finalmente, Coca lamentó que «el juicio aparezca ´manchado’ porque tanto la CIDH como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dijeron que la administración de justicia está absolutamente mal, politizada y partidizada».

En declaraciones a Télam, Quino apuntó precisamente a esa cuestión: «La forma en que debe ser juzgada, sea en audiencias presenciales o virtuales, son válidas. Lo importante es que el tribunal respete la presunción de inocencia en su triple dimensión -como derecho, principio y garantía- y actúe con la mayor objetividad y transparencia».

Para Quino, que también es periodista, como el Código Penal establece que «todo servidor que dicte, emita resoluciones u órdenes arbitrarias y manifiestamente contrarias a la Constitución será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años», Áñez aparece comprometida por demás.

«Si se considera el hecho en sí, que se materializó en la acusación del Ministerio Público, ella el 12 de noviembre, dijo: ‘asumo de inmediato la presidencia’, en un manifiesto público. Eso no es otra cosa que una autoproclamación. Es un delito propio, que solo recae en la persona de ella, como exservidora pública», analizó.

En parte por los señalamientos sobre la justicia local, el país firmó en febrero pasado un acuerdo con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos referido al «protocolo para la observación de procesos judiciales», por lo que el juicio a Áñez tendrá «observación y seguimiento de los organismos internacionales de derechos humanos», según destacó en su momento la cartera de Justicia.

Además de las acusaciones agrupadas en las dos causas, «golpe de Estado I» y «golpe de Estado II», Áñez es también señalada por su responsabilidad las llamadas masacres de Sacaba y Senkata que llevaron a cabo las fuerzas de seguridad y militares a su cargo durante los primeros días de su gobierno, y que dejaron un saldo de una treintena de muertos y cientos de heridos.

Pero estos casos, considerados de lesa humanidad, sí serán analizados por el Congreso, que debe decidir si se realiza un juicio de responsabilidades contra la exmandataria.

Latinoamérica

México: 10 años sin respuestas desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Published

on

México: 10 años sin respuestas desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Hasta ahora, solo se han identificado los restos de tres jóvenes a partir del trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), mientras la lucha de los familiares por la verdad y la justicia sigue firme.

A pocos días de cumplirse diez años desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el caso sigue siendo una herida abierta en México. A pesar de las promesas de justicia y las múltiples investigaciones, las familias de los jóvenes siguen exigiendo respuestas mientras los hechos no terminan de esclarecerse. Si bien el 26 de septiembre es la fecha oficial de la desaparición, las movilizaciones y actividades conmemorativas comenzaron en los últimos días. 

La previa al aniversario

El viernes, los familiares de los estudiantes desaparecidos y alumnos actuales realizaron un acto frente a un cuartel del Ejército mexicano en Guerrero, en el que denunciaron el rol de las Fuerzas Armadas en el caso. Más tarde, un grupo de manifestantes encapuchados lanzó petardos y provocó incendios en los alrededores del lugar.

El jueves, madres de las víctimas participaron en una misa en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que celebró el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio. De acuerdo a la revista mexicana Proceso, en la homilía las madres hicieron un llamado: “A las personas que se llevaron a nuestros hijos, que operaron esa noche del 26 de septiembre de 2014, que se les ablande el corazón y que hablen y que nos digan a donde están nuestros hijos”.

En diálogo con Página/12, el sacerdote y director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, una de las varias organizaciones que apoyan a los padres en su lucha, indicó que al cumplirse 10 años desde la desaparición de los jóvenes, el sentimiento predominante es la impotencia, aunque destacó: «Al final, lo que sigue motivando a los padres es el amor que tienen por sus hijos, y también creo que el compromiso que adquirieron al hacer pública su exigencia. Es el compromiso de toda una nación. Esto dañó y afectó a un país como México, porque demuestra el grado de impunidad, de violencia, de colusión de las autoridades con el crimen organizado, y el nivel de descomposición social que existe». Y agregó: «Resolver este caso no es solo conocer la verdad y encontrar a sus hijos, sino también sanar una herida que en México hemos tenido abierta por muchos, muchos años».

El miércoles miles de personas salieron a las calles de la ciudad de Chilpancingo, en Guerrero, para exigir respuestas sobre los 43 estudiantes. «Decir que han pasado 10 años es fácil, pero caminar, luchar y exigir no lo ha sido. Nos ha costado mucho trabajo, pero aquí estamos, impulsados por el amor que le tenemos a cada uno de nuestros hijos», expresó Cristina Bautista, madre de uno de los desaparecidos, a la agencia de noticias AFP.

Melitón Ortega, otro de los padres, añadió: «Esperamos que la nueva presidenta pueda retomar el caso Ayotzinapa de manera integral, abarcando las líneas de investigación, las extradiciones, nuevas carpetas, detenciones, entre otras cosas», refiriéndose a Claudia Sheinbaum, quien asumirá la presidencia el próximo 1 de octubre.

La caída de la «verdad histórica»

Los estudiantes desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando se dirigían al municipio de Iguala para tomar un colectivo hacia Ciudad de México y participar en la manifestación anual en conmemoración de la masacre de estudiantes en la Plaza de Tlatelolco, cometida por militares el 2 de octubre de 1968.

Durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se negó cualquier participación de militares en los hechos y se defendió la denominada «verdad histórica», que sostiene que los jóvenes fueron detenidos por policías locales de Iguala, en complicidad con criminales, y entregados al cártel Guerreros Unidos. Según esa versión, los estudiantes habrían sido asesinados y sus cuerpos incinerados en un basural en Cocula.

Mientras tanto, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), cuya participación fue clave para el avance de la investigación, comenzó a trabajar como perito independiente a pedido de los familiares de los desaparecidos. Este equipo, al igual que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el caso, no coincidió con la «verdad histórica» debido a inconsistencias en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) y la falta de evidencias que respaldaran esta versión. En 2016, los investigadores de EAAF indicaron que era imposible que un fuego pudiera incinerar completamente a los estudiantes como se afirmaba.

La versión de la PGR se derrumbó definitivamente durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con la identificación de los restos no calcinados de dos víctimas: Christian Alfonso Rodríguez en 2020 y Jhosivani Guerrero de la Cruz en 2021, ambos encontrados en la barranca de la Carnicería, a 800 metros del basural de Cocula. Estas identificaciones se sumaron a la de Alexander Mora Venancio, cuyos restos fueron hallados en el río San Juan en 2014. Hasta ahora, son los únicos tres identificados entre los 43 desaparecidos.

La salida del GIEI

López Obrador creó por decreto una «Comisión para el Acceso a la Verdad», reconoció la responsabilidad de los militares, autorizó la apertura de archivos que revelan su participación en el caso e incluso se llevaron a cabo algunas detenciones. Sin embargo, el GIEI se retiró hace un año del caso Ayotzinapa, tras ocho años de investigación, denunciando obstrucciones significativas en su acceso a información crucial, especialmente la relacionada con el Ejército. En su último informe, manifestaron que hubo un ocultamiento sistemático que ha dificultado el esclarecimiento del paradero de los 43 estudiantes.

Miembros del grupo de expertos, como Carlos Beristáin y Ángela Buitrago, señalaron que la falta de cooperación por parte de las autoridades y el Ejército fue un obstáculo constante. Aunque se lograron algunos avances, como la detención de militares involucrados, insistieron en que no se entregó toda la documentación necesaria para avanzar en la investigación, y que aún queda mucho por hacer para llegar a la verdad sobre las desapariciones.

El presidente saliente defendió el trabajo del gobierno y las Fuerzas Armadas, asegurando que se realizaron esfuerzos significativos para esclarecer el caso. «No hay impunidad y se está actuando. Respeto su punto de vista (del GIEI) pero no lo comparto, porque si se ha avanzado es precisamente por la colaboración de la Marina y Defensa», sostuvo en una de sus ruedas de prensa diaria, tras conocerse el informe.

Próximo gobierno

La próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió en julio por primera vez con las familias de los 43 estudiantes, ocasión en la que la se comprometió a dar seguimiento en la búsqueda de la verdad y la justicia del caso.

Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los 43 estudiantes, informó tras el encuentro en el Museo de la Ciudad de México que los padres pidieron a la próxima mandataria que el caso Ayotzinapa ocupe un lugar central en su Gobierno. Ante la prensa, Sheinbaum reafirmó su compromiso, asegurando: «Vamos a seguir trabajando con ellos, vamos a encontrar un método de trabajo que nos permita cumplir con lo que están pidiendo: verdad, justicia y saber dónde están los jóvenes».

Aunque han pasado casi diez años, la determinación de los padres no ha disminuido. Su lucha se mantiene firme, impulsada por la esperanza de que algún día conocerán el destino de sus hijos. A pesar del tiempo y los obstáculos, siguen alzando la voz, recordando al país que la justicia aún está pendiente.

@Página12 // Informe: Axel Schwarzfeld

Continue Reading

InternacionalPolítica & Economía Latinoamérica

Los presidentes de Bolivia y Brasil asistirán a la cumbre de los BRICS en octubre en Kazán (Rusia)

Published

on

Los presidentes de Bolivia y Brasil asistirán a la cumbre de los BRICS en octubre en Kazán (Rusia)

El dirigente boliviano, Luis Arce, así como su homólogo brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, tomarán parte en la XIV Cumbre de los BRICS que se celebrará en octubre en la ciudad rusa de Kazán, informaron a Sputnik los embajadores de los países latinoamericanos en Rusia.

«El presidente de Bolivia fue invitado a la cumbre de los BRICS en Kazán y aceptó con placer esta invitación del presidente [ruso, Vladímir] Putin», aseguró.

Al mismo tiempo, el embajador de Brasil en Rusia, Rodrigo Baena Soares, confirmó la participación de Luiz Inacio Lula da Silva en la cumbre.

«Ahora lo estamos organizando incluso con otros mandatarios que vendrán aquí [a Kazán]. Por supuesto, prepararemos una reunión con el presidente Putin», agregó.

Ambos presidentes planean reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin, al margen de ese evento, agregaron los representantes de los países.

Rusia asumió el 1 de enero pasado la presidencia rotatoria del grupo BRICS para 2024, año que empezó con la admisión de nuevos miembros. Además de Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, a los que el grupo debe sus siglas, ahora lo integran también Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

Rusia organiza más de 250 eventos en 11 regiones en el marco de su presidencia, incluida la XIV Cumbre de los BRICS que tendrá lugar en la ciudad de Kazán del 22 al 24 de octubre.

Sputnik/

Continue Reading

Política & Economía Latinoamérica

A 51 años del golpe de Estado en Chile 

Published

on

A 51 años del golpe de Estado en Chile 

El golpe militar Chile que marcó un antes y un después en la política latinoamericana

Un día como hoy, el 11 de septiembre de 1973, Chile sufrió un golpe de Estado liderado por el general Augusto Pinochet, el cual puso fin al Gobierno socialista de Salvador Allende y marcó el inicio de 17 años de dictadura.

Tres años antes del fin de su mandato constitucional, el gobierno de Salvador Allende terminó abruptamente el 11 de septiembre de 1973 debido al golpe de Estado del que participaron las tres ramas de las Fuerzas Armadas y el cuerpo de Carabineros.

Ese mismo día, después de que el Palacio de La Moneda fuese bombardeado por aviones y tanques, Salvador Allende se suicidó. Tras el fin de su gobierno, el general Augusto Pinochet encabezó una dictadura militar que se extendió por casi 17 años.

Cuando el Palacio de La Moneda estaba rodeada por los militares, a las 10:15, a través de Radio Magallanes —la única favorable al gobierno que aún no era silenciada— Allende emitió su último mensaje a la Nación. “Colocado en el tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo, y les digo que tengan la certeza de que la semilla que entregamos a la conciencia de miles de chilenos, no podrá ser cegada definitivamente… Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas, por donde pasará el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores!”, dijo Allende.

Continue Reading

Continue Reading