Política & Economía Latinoamérica
Boluarte descartó adelantar las elecciones y Castillo quedó en “detención preliminar”.
La flamante presidenta de Perú, Dina Boluarte, descartó este jueves el adelantamiento de las elecciones generales previstas para 2026, reclamado por algunos sectores ante la crisis institucional del país, mientras la Justicia impuso siete días de “detención preliminar” al mandatario destituido el miércoles, Pedro Castillo, y confirmó que lo investiga por rebelión y conspiración.
“La Constitución es la carta magna que debemos obedecer todos los peruanos y la elección ha sido hasta el 28 de julio de 2026”, respondió Boluarte a una consulta sobre el eventual anticipo de los comicios, en una breve conferencia de prensa a las puertas del Palacio de Gobierno.
“Yo sé que hay algunas voces que indican adelanto de elecciones y eso, democráticamente, es respetable”, admitió la mandataria, según la agencia de noticias Andina, el diario La República y la radio RPP.
Precisó que su misión inmediata es “un poco reorientar lo que hay que hacer con el país” y agregó que “más adelante, en coordinación con todas las organizaciones”, adoptará las mejores “alternativas”.
“Así como ayer, en el Congreso, pedí una tregua para poder ordenarnos todos, voy a agradecer a la prensa darme una tregua para poder ordenar y darles noticias”, dijo, y remarcó que “las circunstancias en las que se ha asumido esta alta responsabilidad no han sido las óptimas”.
Boluarte juró el miércoles como jefa del Estado, al cabo de una jornada imprevista en la que el Congreso destituyó a Castillo poco después de que este anunciara la disolución del parlamento y el establecimiento de un gobierno excepcional que incluía la suspensión de garantías constitucionales y un toque de queda.
La nueva mandataria, que el miércoles mismo, apenas asumió, inició una nutrida agenda de reuniones con representantes de diversos sectores de la sociedad, avanzaba esta tarde en el diseño de su gabinete, que, por requisito constitucional, precisará el voto de confianza del Congreso.
Por otra parte, el magistrado Juan Carlos Checkley, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dispuso “siete días de detención preliminar” para Castillo, “investigado por el delito de rebelión y alternativamente conspiración”, informó este miércoles por la tarde el Poder Judicial.
Checkley adoptó esa medida al cabo de una audiencia en la que escuchó al fiscal adjunto supremo Marco Huaman y al exministro Aníbal Torres, defensor de Castillo, y la resolución especifica que el plazo de detención judicial rige desde ayer, cuando el exmandatario fue arrestado, y hasta el martes próximo.
Mientras tanto, el exmandatario permanecía desde ayer en la cárcel especial que funciona en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional, en Lima, donde cumple su condena el expresidente Alberto Fujimori.
Fue alojado en la misma celda que ocupó el expresidente Ollanta Humala en 2017, cuando cumplió prisión preventiva mientras se investigaba si había recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y financiamiento no declarado del gobierno de Venezuela para una campaña electoral, según el semanario Caretas.
En ese lugar le tomó declaración este mediodía la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien acudió acompañada por Huamán y por la fiscal superior Karina Quineche.
También allí recibió la visita del embajador de México, Pablo Monroy, en medio de versiones contradictorias sobre la supuesta posibilidad de que Castillo pida asilo político a ese país.
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, afirmó el miércoles pór la noche que su país estaba dispuesto a dar asilo a Castillo pero aclaró que este no lo había solicitado, después de que la prensa peruana dijera que el exmandatario fue detenido cuando se dirigía a la embajada de México con la intención de pedir asilo.
En cambio, el presidente de México, Andrés López Obrador, aseguró que Castillo sí había requerido el asilo antes de ser arrestado.
“Habló aquí, a la oficina, para que me avisaran que iba hacia la embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono”, y dijo “que iba a solicitar el asilo, que si le abrían la puerta de la embajada”, detalló López Obrador, según la agencia AFP.
Más temprano, la Fiscalía informó que recabó imágenes de las cámaras de seguridad del Palacio de Gobierno en busca de pruebas contra Castillo.
El trámite fue parte de procedimientos que incluyeron desde anoche operativos simultáneos en el Palacio de Gobierno, la Presidencia del Consejo de Ministros y varios ministerios.
La investigación se basa en la sospecha de que el expresidente actuó contra los poderes del Estado y el orden constitucional con su anuncio de .
La Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y el defensor del Pueblo dijeron que la decisión equivalía a un «golpe de estado» de Castillo.
Boluarte se convirtió en la sexta presidente de Perú en lo que va de los dos últimos períodos de gobierno, caracterizados por un conflicto creciente entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Precisamente, el parlamento se aprestaba a debatir y votar ayer por la tarde una moción para destituir a Castillo, pero todo indicaba que sería imposible reunir los al menos 87 votos necesarios para sacarlo del gobierno.
De hecho, si bien terminó desplazado por una holgada mayoría de 102 votos, fue preciso que legisladores oficialistas -16 en total- se pronunciaran a favor de la remoción, porque la oposición solo juntó 86 votos.
Latinoamérica
México: 10 años sin respuestas desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa
Hasta ahora, solo se han identificado los restos de tres jóvenes a partir del trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), mientras la lucha de los familiares por la verdad y la justicia sigue firme.
A pocos días de cumplirse diez años desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el caso sigue siendo una herida abierta en México. A pesar de las promesas de justicia y las múltiples investigaciones, las familias de los jóvenes siguen exigiendo respuestas mientras los hechos no terminan de esclarecerse. Si bien el 26 de septiembre es la fecha oficial de la desaparición, las movilizaciones y actividades conmemorativas comenzaron en los últimos días.
La previa al aniversario
El viernes, los familiares de los estudiantes desaparecidos y alumnos actuales realizaron un acto frente a un cuartel del Ejército mexicano en Guerrero, en el que denunciaron el rol de las Fuerzas Armadas en el caso. Más tarde, un grupo de manifestantes encapuchados lanzó petardos y provocó incendios en los alrededores del lugar.
El jueves, madres de las víctimas participaron en una misa en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que celebró el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio. De acuerdo a la revista mexicana Proceso, en la homilía las madres hicieron un llamado: “A las personas que se llevaron a nuestros hijos, que operaron esa noche del 26 de septiembre de 2014, que se les ablande el corazón y que hablen y que nos digan a donde están nuestros hijos”.
En diálogo con Página/12, el sacerdote y director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, una de las varias organizaciones que apoyan a los padres en su lucha, indicó que al cumplirse 10 años desde la desaparición de los jóvenes, el sentimiento predominante es la impotencia, aunque destacó: «Al final, lo que sigue motivando a los padres es el amor que tienen por sus hijos, y también creo que el compromiso que adquirieron al hacer pública su exigencia. Es el compromiso de toda una nación. Esto dañó y afectó a un país como México, porque demuestra el grado de impunidad, de violencia, de colusión de las autoridades con el crimen organizado, y el nivel de descomposición social que existe». Y agregó: «Resolver este caso no es solo conocer la verdad y encontrar a sus hijos, sino también sanar una herida que en México hemos tenido abierta por muchos, muchos años».
El miércoles miles de personas salieron a las calles de la ciudad de Chilpancingo, en Guerrero, para exigir respuestas sobre los 43 estudiantes. «Decir que han pasado 10 años es fácil, pero caminar, luchar y exigir no lo ha sido. Nos ha costado mucho trabajo, pero aquí estamos, impulsados por el amor que le tenemos a cada uno de nuestros hijos», expresó Cristina Bautista, madre de uno de los desaparecidos, a la agencia de noticias AFP.
Melitón Ortega, otro de los padres, añadió: «Esperamos que la nueva presidenta pueda retomar el caso Ayotzinapa de manera integral, abarcando las líneas de investigación, las extradiciones, nuevas carpetas, detenciones, entre otras cosas», refiriéndose a Claudia Sheinbaum, quien asumirá la presidencia el próximo 1 de octubre.
La caída de la «verdad histórica»
Los estudiantes desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando se dirigían al municipio de Iguala para tomar un colectivo hacia Ciudad de México y participar en la manifestación anual en conmemoración de la masacre de estudiantes en la Plaza de Tlatelolco, cometida por militares el 2 de octubre de 1968.
Durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se negó cualquier participación de militares en los hechos y se defendió la denominada «verdad histórica», que sostiene que los jóvenes fueron detenidos por policías locales de Iguala, en complicidad con criminales, y entregados al cártel Guerreros Unidos. Según esa versión, los estudiantes habrían sido asesinados y sus cuerpos incinerados en un basural en Cocula.
Mientras tanto, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), cuya participación fue clave para el avance de la investigación, comenzó a trabajar como perito independiente a pedido de los familiares de los desaparecidos. Este equipo, al igual que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el caso, no coincidió con la «verdad histórica» debido a inconsistencias en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) y la falta de evidencias que respaldaran esta versión. En 2016, los investigadores de EAAF indicaron que era imposible que un fuego pudiera incinerar completamente a los estudiantes como se afirmaba.
La versión de la PGR se derrumbó definitivamente durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con la identificación de los restos no calcinados de dos víctimas: Christian Alfonso Rodríguez en 2020 y Jhosivani Guerrero de la Cruz en 2021, ambos encontrados en la barranca de la Carnicería, a 800 metros del basural de Cocula. Estas identificaciones se sumaron a la de Alexander Mora Venancio, cuyos restos fueron hallados en el río San Juan en 2014. Hasta ahora, son los únicos tres identificados entre los 43 desaparecidos.
La salida del GIEI
López Obrador creó por decreto una «Comisión para el Acceso a la Verdad», reconoció la responsabilidad de los militares, autorizó la apertura de archivos que revelan su participación en el caso e incluso se llevaron a cabo algunas detenciones. Sin embargo, el GIEI se retiró hace un año del caso Ayotzinapa, tras ocho años de investigación, denunciando obstrucciones significativas en su acceso a información crucial, especialmente la relacionada con el Ejército. En su último informe, manifestaron que hubo un ocultamiento sistemático que ha dificultado el esclarecimiento del paradero de los 43 estudiantes.
Miembros del grupo de expertos, como Carlos Beristáin y Ángela Buitrago, señalaron que la falta de cooperación por parte de las autoridades y el Ejército fue un obstáculo constante. Aunque se lograron algunos avances, como la detención de militares involucrados, insistieron en que no se entregó toda la documentación necesaria para avanzar en la investigación, y que aún queda mucho por hacer para llegar a la verdad sobre las desapariciones.
El presidente saliente defendió el trabajo del gobierno y las Fuerzas Armadas, asegurando que se realizaron esfuerzos significativos para esclarecer el caso. «No hay impunidad y se está actuando. Respeto su punto de vista (del GIEI) pero no lo comparto, porque si se ha avanzado es precisamente por la colaboración de la Marina y Defensa», sostuvo en una de sus ruedas de prensa diaria, tras conocerse el informe.
Próximo gobierno
La próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió en julio por primera vez con las familias de los 43 estudiantes, ocasión en la que la se comprometió a dar seguimiento en la búsqueda de la verdad y la justicia del caso.
Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los 43 estudiantes, informó tras el encuentro en el Museo de la Ciudad de México que los padres pidieron a la próxima mandataria que el caso Ayotzinapa ocupe un lugar central en su Gobierno. Ante la prensa, Sheinbaum reafirmó su compromiso, asegurando: «Vamos a seguir trabajando con ellos, vamos a encontrar un método de trabajo que nos permita cumplir con lo que están pidiendo: verdad, justicia y saber dónde están los jóvenes».
Aunque han pasado casi diez años, la determinación de los padres no ha disminuido. Su lucha se mantiene firme, impulsada por la esperanza de que algún día conocerán el destino de sus hijos. A pesar del tiempo y los obstáculos, siguen alzando la voz, recordando al país que la justicia aún está pendiente.
@Página12 // Informe: Axel Schwarzfeld
InternacionalPolítica & Economía Latinoamérica
Los presidentes de Bolivia y Brasil asistirán a la cumbre de los BRICS en octubre en Kazán (Rusia)
El dirigente boliviano, Luis Arce, así como su homólogo brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, tomarán parte en la XIV Cumbre de los BRICS que se celebrará en octubre en la ciudad rusa de Kazán, informaron a Sputnik los embajadores de los países latinoamericanos en Rusia.
«El presidente de Bolivia fue invitado a la cumbre de los BRICS en Kazán y aceptó con placer esta invitación del presidente [ruso, Vladímir] Putin», aseguró.
Al mismo tiempo, el embajador de Brasil en Rusia, Rodrigo Baena Soares, confirmó la participación de Luiz Inacio Lula da Silva en la cumbre.
«Ahora lo estamos organizando incluso con otros mandatarios que vendrán aquí [a Kazán]. Por supuesto, prepararemos una reunión con el presidente Putin», agregó.
Ambos presidentes planean reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin, al margen de ese evento, agregaron los representantes de los países.
Rusia asumió el 1 de enero pasado la presidencia rotatoria del grupo BRICS para 2024, año que empezó con la admisión de nuevos miembros. Además de Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, a los que el grupo debe sus siglas, ahora lo integran también Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.
Rusia organiza más de 250 eventos en 11 regiones en el marco de su presidencia, incluida la XIV Cumbre de los BRICS que tendrá lugar en la ciudad de Kazán del 22 al 24 de octubre.
Sputnik/
Política & Economía Latinoamérica
A 51 años del golpe de Estado en Chile
El golpe militar Chile que marcó un antes y un después en la política latinoamericana
Un día como hoy, el 11 de septiembre de 1973, Chile sufrió un golpe de Estado liderado por el general Augusto Pinochet, el cual puso fin al Gobierno socialista de Salvador Allende y marcó el inicio de 17 años de dictadura.
Tres años antes del fin de su mandato constitucional, el gobierno de Salvador Allende terminó abruptamente el 11 de septiembre de 1973 debido al golpe de Estado del que participaron las tres ramas de las Fuerzas Armadas y el cuerpo de Carabineros.
Ese mismo día, después de que el Palacio de La Moneda fuese bombardeado por aviones y tanques, Salvador Allende se suicidó. Tras el fin de su gobierno, el general Augusto Pinochet encabezó una dictadura militar que se extendió por casi 17 años.
Cuando el Palacio de La Moneda estaba rodeada por los militares, a las 10:15, a través de Radio Magallanes —la única favorable al gobierno que aún no era silenciada— Allende emitió su último mensaje a la Nación. “Colocado en el tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo, y les digo que tengan la certeza de que la semilla que entregamos a la conciencia de miles de chilenos, no podrá ser cegada definitivamente… Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas, por donde pasará el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores!”, dijo Allende.
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