Se tratará a nivel parlamentario un proyecto de ley que busca visibilizar y reforzar las tareas de cuidado de niños y recién nacidos. La iniciativa apunta a que el reparto equitativo de las responsabilidades lleve a cerrar la brecha salarial de género.

La discusión en torno a la repartición del cuidado de los niños llegó al Congreso de la Nación con el tratamiento del proyecto Cuidar en Igualdad que, entre otros ejes, propone la ampliación de las licencias por maternidad, paternidad y adopción.
Presentada por el presidente Alberto Fernández a mediados del 2022 —tras el trabajo conjunto del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, junto a diferentes organizaciones—, la iniciativa que tratará el parlamento apunta a establecer un sistema integral de cuidados para evitar que las responsabilidades recaigan sobre las mujeres.
La propuesta avanza en línea con la llamada Ley de los 1.000 días, sancionada en 2020, que apunta a fortalecer los derechos de las personas gestantes durante el embarazo y a acompañarlas en el crecimiento de sus hijos hasta los tres años de vida.

Balanza inclinada.

En Argentina las mujeres destinan a las tareas de cuidado casi el doble de tiempo que los varones: 6:07 horas diarias contra apenas 3:30, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2021, publicada en 2022 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Además, el 91,7% de las mujeres realiza trabajo no remunerado, contra un 75% en el caso de los hombres.
El panorama exhibe como contracara la situación del empleo remunerado: mientras que el 55,9% de los varones realiza algún tipo de tareas de este tipo —por un promedio de 9:06 horas diarias—, tan solo el 37,7% de las mujeres lo hacen, destinando a ello en promedio 7:34 horas.

La brecha salarial de género cuesta a la economía mundial 7 billones de dólares.

«Entendemos que porque hay desigualdad en las tareas de cuidado se produce desigualdad en el mundo del trabajo remunerado. Buscamos redistribuir las tareas del cuidado entre todas las identidades de género y entre toda la sociedad», explica a Sputnik la subsecretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, Lucía Cirmi, impulsora del proyecto.
«Nosotras no estamos en las oficinas porque estamos en las casas, y también que tengamos menos participación laboral lleva a que seamos más pobres. El objetivo es cerrar la brecha de género en los cuidados y así cerrar la brecha salarial», remarca la funcionaria.
Concretamente enfocado en este punto, la iniciativa propone ampliar la licencia para personas gestantes de los 90 días actuales a 126 —en línea con la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)— y la de padres y personas no gestantes de dos a 90 días de forma progresiva a lo largo de ocho años.
«Las licencias producen desigualdades a nivel laboral. Esto apunta a mejorar incluso las condiciones laborales de las mujeres y diversidades», indica en diálogo con Sputnik el psicólogo Matías Criado, fundador de la organización Paternar e impulsor de la iniciativa.
El especialista señala que «ante un mismo puesto, hoy las empresas tienden a elegir varones en vez de mujeres porque su licencia por paternidad es menor. Esta iniciativa generaría una inclinación en la balanza para llegar a un lugar más equitativo a nivel laboral».

Levantar la mirada.

La medida impulsada tiene antecedentes a nivel global. Consultado por Sputnik, el economista Daniel Kostzer, de la Confederación Sindical Internacional, residente en Bélgica, apunta que «hay 120 países que tienen licencias por maternidad y paternidad. En el 65% de los casos estas son de por lo menos 12 semanas y la mitad del total son de más de 14. Es una práctica bastante institucionalizada»
«En el caso de las mujeres hay una penalización a la maternidad, que se refleja contundentemente en muchos países del mundo desarrollado y en desarrollo», destaca el economista.
Pese a la jurisprudencia que trasciende a las fronteras, la iniciativa afronta desafíos que responden a la raigambre machista del uso del tiempo. «La raíz de esta desigualdad de cuidados es cultural. Todavía se piensa en los varones como personas que van a ser más productivas, porque la paternidad aún tiene como norte al trabajo más que al cuidado», apunta Criado.
«Todo cambio cultural implica más que la ley misma. La Ley de Educación Sexual Integral ya tiene 17 años y todavía cuesta aplicarla y que la gente entienda para qué sirve. Lo mismo ocurre aquí: las mujeres son quienes históricamente se han hecho cargo del cuidado. Hay que empezar a cambiar esta idea», ejemplifica el psicólogo.
Los efectos positivos de la medida superan cualquier resistencia que pudiera encontrar. Según Criado «los beneficios se reflejan en la mejora de salud de los niños porque reciben un mejor cuidado. A lo largo de la vida se ven mejores resultados en el aprendizaje y también nivel afectivo: es decir, en una mejor salud mental».

Los pies en la tierra.

El proyecto presentado al Congreso dispone que las nuevas licencias serán financiadas por la seguridad social y que el Ministerio de Obras Públicas destine cada año un 8,5% de su presupuesto a la creación de infraestructura para el sistema integral de cuidados.
Ante unas finanzas públicas francamente debilitadas por la crisis económica que atraviesa el país, surgen dudas sobre si será posible llevar adelante la medida, que supone un aumento del gasto estatal.
Kostzer resalta que la experiencia global demuestra la factibilidad del proyecto: «Es absolutamente viable y esa viabilidad se da en que ha quedado testeada internacionalmente».
El integrante de la Confederación Sindical Internacional inscribe al proyecto dentro de un conjunto de iniciativas tendientes a la ampliación de derechos, tomando por caso el impulso a la reducción de la jornada laboral: «hay una tendencia a la flexibilidad para los trabajadores. Las empresas que están creciendo son las que más avanzan hacia la reducción de la jornada».

@Sputnik

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