El Gobierno de San Juan impulsa la empleabilidad y el desarrollo económico con capacitaciones, prácticas profesionalizantes y financieras.

El Gobierno de San Juan, a través del programa Aprender, Trabajar, Producir, ha logrado capacitar a más de 3.000 personas, brindándoles herramientas para mejorar su inserción laboral. Este programa combina formación teórico-práctica con la implementación de prácticas profesionalizantes y financiamiento para proyectos de autoempleo, incluyendo microcréditos destinados a fomentar el desarrollo personal y económico de los participantes.

La propuesta se adapta a las demandas del sector productivo local, incentivando la diversificación de la matriz productiva y promoviendo el desarrollo económico de la provincia. En este sentido, el programa busca no solo generar empleo, sino también fortalecer la capacidad productiva y competitiva de San Juan.

El trabajo articulado es una de las claves del éxito de esta iniciativa. Participan activamente el Gobierno, cámaras empresariales, gremios, empresas y cooperativas, generando sinergias que potencian los resultados del programa.

*¿A quién se dirige?*

Aprender, Trabajar, Producir está pensado para la población económicamente activa de entre 18 y 65 años, que busca adquirir nuevas habilidades y mejorar sus oportunidades laborales.

Este programa no solo es una herramienta para quienes desean insertarse en el mercado laboral, sino también para aquellos que buscan emprender o desarrollar proyectos productivos propios.

Con «Aprender, Trabajar, Producir», San Juan reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la empleabilidad y el desarrollo de su gente, promoviendo un crecimiento inclusivo y sostenible en toda la provincia.

/SiSanjuan

En 2024 se gastaron $132,3 millones en el programa “Registro y Sostenimiento de Culto”, frente a los $194,4 millones de 2023, con la gestión de Alberto Fernández. Esto representa una caída nominal de 32% y 79% real.

En el marco de un ajuste generalizado en las cuentas públicas, el gobierno de Javier Milei recortó 79% en términos reales los fondos para la Iglesia Católica, a través de la Secretaría de Culto. El debate por los aportes estatales a la institución se intensificó durante 2018, en medio del impulso de la legalización del aborto, y mermó en los últimos años. A esto contribuyó el hecho que la Conferencia Episcopal decidiera ir hacia un esquema de autosustentabilidad, reemplazando gradualmente la subvención a los obispos.

De todos modos, el presupuesto sigue incluyendo transferencias: en 2024 se gastaron $132,3 millones en el programa “Registro y Sostenimiento de Culto”, frente a los $194,4 millones de 2023. Esto representa una caída nominal de 32% y 79% real. Cabe destacar que en enero, febrero, marzo, julio, septiembre y noviembre no se registraron montos devengados, de acuerdo a la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). En diciembre, se ejecutó casi la mitad del total.

Esto se debe, en parte, a que desde diciembre de 2023, los arzobispos y obispos dejaron de recibir una asignación mensual de $55.000, prevista en la ley 21.950, norma que data de la dictadura militar. Fue iniciativa de la Iglesia renunciar a este complemento en 2018. El proceso llevó 5 años y se fue concretando a medida que dicha suma no se actualizaba por inflación. Más allá del impacto económico, la decisión tuvo una fuerte carga simbólica.

Aun así, el presupuesto nacional de 2024 (prórroga del de 2023) contempló fondos que técnicamente se denominan “Asistencia Financiera al Culto Católico” y según precisaron desde el Palacio de Hacienda, se dirigen a 143 arzobispos y obispos, 600 sacerdotes y 1.000 seminaristas. Sin embargo, es la Iglesia quien “decide los gastos”, dijeron en la cartera económica.

Otra forma de aporte son las transferencias para comedores y puntos de entrega de alimentos. Por caso, el Ministerio de Capital Humano otorgó a Cáritas más de $3.661 millones mensuales con ese fin en el último año. Por otro lado, hay partidas que no se discriminan, razón por la cual no se pueden estimar los montos. Ejemplo de ello son los subsidios a los colegios católicos por parte de las provincias. El nivel de descentralización de la institución también dificulta calcular un total.

De acuerdo a las fuentes de la Iglesia, en la gran mayoría de las parroquias y barrios se ha visto un crecimiento de la demanda en los comedores durante el último año (AP Foto/Natacha Pisarenko)

No obstante, fuentes de la Iglesia aseguraron que gran parte de su financiamiento proviene de los fieles, empresas y organizaciones, como Unicef. “En algunos casos y situaciones también acompaña el Estado, sea nacional, provincial o municipal. Pero depende del proyecto y de la diócesis. Existen distintos formatos de ayuda, pueden ser convenios o subsidios, y se utiliza para el pago de sueldos profesionales, compra de alimentos, gastos de estructura, entre otros”, señalaron.

Asimismo, las fuentes resaltaron el programa de Financiamiento Eclesial (FE), creado en 2020, que tiene como finalidad generar recursos propios para sostener su misión. Y mencionaron el acompañamiento de la institución a los sectores más vulnerables. “La Iglesia tiene una presencia en los barrios populares integral. Hay proyectos que se relacionan con lo educativo, otros con la asistencia alimentaria, vivienda, cuidado de la vida desde el vientre de la madre hasta la tercera edad o apoyo a los jóvenes con problemas de adicciones”, contaron y explicaron: “Hay tareas que el Estado muchas veces no puede realizar, por lo que se trata de una mirada de cooperación”.

Respecto a la situación social que observan, apuntaron que en la gran mayoría de las parroquias y barrios se ha visto un crecimiento de la demanda en los comedores durante 2024, “especialmente de ancianos, que además piden ayuda para comprar medicamentos”.

La Iglesia se ha manifestado en varias oportunidades sobre esta cuestión desde el inicio de la gestión de Javier Milei. En este sentido, recientemente el presidente de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo, advirtió “por la creciente incorporación de nuevos pobres a nuestras Cáritas”. Consideró que “los ajustes y recortes necesarios no pueden hacerse a costa de los jubilados o de los más pobres” y reclamó al Gobierno que “la economía es con la gente adentro”.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, envió un mensaje a la dirigencia política en la última edición de la tradicional Peregrinación a Luján: “Frente a las crisis, los sabios buscan soluciones, los mediocres culpables. Hay muchos mediocres que frente al lacerante y doloroso 52,9% de pobreza se pusieron a buscar culpables”.

“Desde la casa de María, les pedimos: por favor, únanse detrás de dos o tres temas importantes para los todos los argentinos. Pidamos la humildad de trabajar con otros, de generar consensos y acuerdos y de tender puentes, porque lo más valiente que podemos hacer es pedir ayuda y eso no es signo de rendirse, es justamente lo contrario, es negar a rendirse”, expresó.

/TSJ

Tras varios meses de análisis, finalmente se cerró el acuerdo para el traspaso de la firma mendocina fundada en 1907. Los futuros dueños pidieron tiempo hasta fin de enero para renegociar con acreedores la deuda por más de US$570 millones.

El Gobierno concretó la primera privatización al preadjudicar a una empresa de EEUU las acciones de Impsa
Tras varios meses de análisis, finalmente se cerró el acuerdo para el traspaso de la firma mendocina fundada en 1907. Los futuros dueños pidieron tiempo hasta fin de enero para renegociar con acreedores la deuda por más de US$570 millones.
El gobierno de Javier Milei logró concretar su primera privatización. Lo hizo al preadjudicar a la firma ARC Energy la mayoría del paquete accionario de la metalúrgica mendocina Impsa.

El ministro de Economía, Luis Caputo, comunicó este miércoles el traspaso de la empresa a la firma estadounidense en un posteo en sus redes sociales. “Privatizamos Impsa. Gran trabajo en equipo de Juan Pazo, Pablo Lavigne y el gobernador (de Mendoza) Alfredo Cornejo”, escribió el jefe del Palacio de Hacienda.
Desde el Ejecutivo, indicaron que ARC Enegy ofertó 27 millones de dólares “en concepto de aporte de capital, sujeto a un cronograma de integración de acuerdo con las necesidades de la empresa” y solicitó un plazo hasta el 31 de enero para obtener el refinanciamiento de la deuda con los acreedores de Impsa por US$576 millones.

El comité que preside la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, y conforman también el Fondep y la provincia de Mendoza, evaluó “la única oferta presentada para la adquisición de las acciones, la cual mejoró en forma significativa las condiciones de la oferta inicial”, se remarcó en un comunicado oficial.

Por eso, concluyó que “se acreditaron las condiciones de idoneidad, capacidad económica y financiera de los principales accionistas para cumplir con la capitalización que requiere Impsa y su gerenciación; que se mantuvo la vigencia del seguro de caución para garantizar la oferta que se realizó; y que se adecua a las necesidades que presenta la empresa para que esté en marcha y operativa”.

Para sellar de manera definitiva el traspaso, desde Economía remarcaron que ARC Energy “deberá obtener la conformidad de los acreedores para su renegociación, y en caso de que se cumpla con la condición, se procederá a la redacción del contrato de compra-venta de acciones y su posterior transferencia”.

Por su parte, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo celebró la privatización de la histórica metalúrgica y agradeció el trabajo de la gestión libertaria. “Con la privatización, IMPSA volverá a tener accionistas privados”, escribió en X. “El cambio de rumbo económico que lleva adelante Javier Milei y su equipo dan certezas que permiten estos avances”, cerró el mandatario provincial.

Cómo fueron negociaciones para privatizar la histórica metalúrgica Impsa
La privatización de Impsa fue lanzada a principios de octubre. La intención oficial era cerrarla antes de fines de 2024, pero la oferta del único que se presentó al proceso de licitación, la estadounidense ARC Energy, y algunas condiciones no convencieron al Gobierno, por lo que la operación se demoró.

ARC Energy había propuesto una capitalización de US$27 millones en la metalúrgica a mediano plazo y pidió poder renegociar los contratos que Impsa tiene con otras empresas con participación estatal, como YPF, Yacyretá, Nucleoeléctrica -que gestiona las centrales nucleares- y el Ministerio de Defensa.

Según los datos del Gobierno, Impsa arrastra una deuda de más de US$570 millones, principalmente con el Banco Nación, el BICE y el BID, que los inversores estadounidenses buscan renegociar y tener un principio de acuerdo para el mes próximo.

/DC