La fiscalía y las querellas piden que se siga investigando al expresidente por la vigilancia que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) efectuó sobre las familias de los submarinistas. 

La Cámara Federal de Casación Penal empezará finalmente a revisar el sobreseimiento de Mauricio Macri en la causa por el espionaje a las familias de los tripulantes del ARA San Juan, el submarino que se hundió en noviembre de 2017. El tribunal fijó audiencia para el 30 de agosto próximo para escuchar a las partes: tanto la fiscalía como las querellas reclaman que se deje sin efecto el fallo con el que la Cámara Federal porteña benefició al expresidente y a los integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Después de que se reanudó la actividad en los tribunales tras la feria de invierno, el camarista Guillermo Yacobucci –presidente de la Sala II de Casación– informó que se realizará la audiencia a finales del mes próximo. En esta instancia participarán también la jueza Ángela Ledesma y el juez Mariano Borinsky.

La Sala II de Casación debe definir si deja en pie el fallo que los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia dictaron en julio del año pasado y que favoreció a Macri. Según la Cámara Federal porteña, es cierto que la AFI hizo tareas sobre las familias que reclamaban saber qué había pasado con los tripulantes del submarino de la Armada Argentina. Sin embargo, para los camaristas la actividad de inteligencia –pese a no haber sido ordenada por un juez y ceñirse sobre quienes se manifestaban para reclamar una respuesta de las autoridades– estaba justificada porque estaba en riesgo la seguridad del entonces Presidente y la seguridad interior del país.

De esa forma, la Cámara Federal revocó el procesamiento que el juez Martín Bava –que subroga en el Juzgado Federal de Dolores– les había dictado a Macri y a Gustavo Arribas, exdirector general de la AFI, entre otros. El fallo de la Cámara Federal fue recurrido por las querellas y por la fiscalía.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió intervenir en la causa como amicus curiae. Pese a la resistencia inicial, la Sala II –con una nueva conformación– habilitó la participación del jurista Alberto Binder y de Paula Litvachky, directora ejecutiva del organismo de derechos humanos.

Desde que Casación le arrebató la investigación a Bava –tan solo 20 días después de que procesara a Macri–, la causa está en manos de Julián Ercolini, uno de los magistrados que viajó a Lago Escondido en octubre pasado con empresarios de medios y el entonces ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro.

@Página12 // Luciana Bertoia/

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