«Acá hay una decisión tomada de liquidar la compañía. Le pido sinceridad al oficialismo. Es lo que nos han dicho funcionarios del gobierno que me encantaría que tuvieran el coraje de decirlo acá». La frase del diputado Nicolás Massot, realizada durante el plenario de comisiones que dictaminó el proyecto que declara a Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización hace dos semanas, fue la confirmación de un rumor que, hasta entonces, el oficialismo solo admitía en privado: no había estrategia detrás de la venta de la línea de bandera, sino solo el deseo intenso de sacársela de encima. Y, para sacársela de encima, el gobierno necesitaba que el Congreso legitimara la liquidación de la compañía. Dos semanas después, y con el debate empantanado en Diputados por falta de votos, el gobierno percibe que no cuenta con la legitimidad necesaria para quebrar y liquidar la empresa, por lo que, ahora, ensaya una nueva estrategia: profundizar el conflicto con los gremios hasta que el hartazgo de la sociedad le proporcione la legitimidad que anda buscando.
Massot, con sus declaraciones, aludía a un encuentro que los diputados de Encuentro Federal (EF) habían tenido con el secretario de Transporte, Franco Mogetta, y el vice jefe de Gabinete, José Rolandi, a fines de septiembre. Reunidos en una oficina de la Cámara de Diputados, los funcionarios les habían confesado que el objetivo era liquidar la empresa, pero que querían que el Congreso se hiciera cargo del proceso, de modo de que tuviera mayor legitimidad. Los diputados, entonces, se negaron: «Para eso no necesitan una ley, si quieren quebrarla háganse cargo ustedes», le respondieron.
Sin ellos, el oficialismo no tenía los votos para avanzar con una ley, pero Federico Sturzenegger decidió insistir igual. Le pidió a Martín Menem que presionara el tema y el presidente de la Cámara logró pasar un dictamen de mayoría junto al PRO, la Coalición Cívica y la UCR. Pero hasta ahí llegó.
Pasaron dos semanas, y el debate en la Cámara de Diputados se encuentra en un impasse. Sin EF, el oficialismo no puede llegar al quórum, ya que Unión por la Patria y la izquierda están en contra y las fuerzas provinciales no terminan de estar del todo cómodas con una privatización que podría dejar a muchas de sus ciudades sin conexión. El bloque que comanda Miguel Ángel Pichetto le propuso avanzar con una privatización parcial, de modo que el Estado se quede con el control de la compañía, pero el gobierno no tiene ningún interés. El objetivo es sacársela de encima.
«El Estado no tiene por qué tener una aerolínea. El concepto de soberanía es viejo. No hay plata, no tiene sentido destinarlo en el 0,3 por ciento de la población que viaja asiduamente», razonan en las oficinas de Casa Rosada, en donde admiten, sin embargo, que Aerolíneas Argentinas viene cerrando con balances positivos: «Nadie lo dice, pero septiembre tiró un buen número y octubre es posible que nos permita ganar unos pesos», reconoce un funcionario libertario.
El discurso oficial, sin embargo, gira en torno el costo que representa Aerolíneas y, desde el debate de la Ley Bases, que el gobierno machaca con los 8 millones de dólares que le costó la empresa al Estado desde su estatización. Pero, por más adeptos del equilibrio fiscal que el oficialismo tenga en la oposición aliada, el argumento no termina de convencer a los 129 que necesitan para privatizar la línea de bandera. Menem lo sabe y por eso no convocó aún a una sesión para aprobar la privatización. Sturzenegger, sin embargo, continúa presionando: el ministro de Desregulación no logró que su Ley Hojarasca– anunciada hasta el cansancio –avanzara medio centímetro en la Cámara de Diputados, por lo que, últimamente, aboca su voracidad desreguladora a la privatización de Aerolíneas e Intercargo. «Tiene que justificar el cargo», ironizan en las filas opositoras.
De manual
El gobierno observa que la oposición necesita un incentivo para acompañar la privatización de Aerolíneas, por lo que, en los últimas días, comenzó a profundizar el conflicto con los gremios aeronáuticos. Manuel Adorni, Patricia Bullrich y Sturzenegger hablan, ahora, de «terrorismo sindical» y, pese que se abrió una mesa de negociación, amenazan con iniciar un proceso preventivo de crisis. El objetivo es asustar a los sindicatos, pero, a su vez, llevar la crisis hasta tal extremo que la oposición no tenga otra que plegarse a la estrategia oficialista.
«Hoy el presidente está haciendo más política que todos los gremios juntos. Si los gremios no se avivan, el gobierno va a conseguir los votos en el Congreso. Va a salir la gente a pedírselo a los diputados», advierte un funcionario de Casa Rosada.
Esa es la gran apuesta del oficialismo y sus socios en el PRO. En el macrismo insisten en que, de replicarse el escenario de la Ley Bases, cuando 138 diputados votaron a favor de privatizar Aerolíneas Argentinas –esto fue previo a que el Senado después lo modificara–, la Cámara de Diputados tendría que poder avanzar con la venta de la empresa. «Tienen que votarla de nuevo. Y si a eso le agregamos el mal humor social que genera el chantaje de los Biró estaríamos con más votos todavía», declaró Hernán Lombardi, uno de los diputados del PRO que más viene impulsando la privatización.
El número, sin embargo, no está, y Menem está demasiado ocupado intentando desactivar la sesión del próximo martes, en la que la oposición buscará reformar la Ley de DNU y rechazarle el DNU 846. La privatización de Aerolíneas Argentinas, mientras tanto, se encuentra en stand by.
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