Los gigantes tecnológicos de EEUU podrían estar en problemas tras el nombramiento de una nueva ficha clave en el gobierno de Donald Trump. Se trata de Brendan Carr, quien estará al frente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Carr dejó esto claro en la hora siguiente a que Trump anunciara su ascenso al puesto.

«Debemos desmantelar el cartel de censura y restaurar los derechos de libertad de expresión para los estadounidenses de a pie», dijo Carr en X, la plataforma de redes sociales.

Pocos días antes de recibir ese nombramiento, Carr envió cartas al CEO de Google, Sundar Pichai; al CEO de Microsoft, Satya Nadella; al CEO de Meta, Mark Zuckerberg; y al CEO de Apple, Tim Cook, prediciendo «acciones de amplio alcance para restaurar los derechos de la Primera Enmienda de los estadounidenses» una vez que Trump asuma el cargo.

Eso podría incluir «una revisión de las actividades de sus empresas, así como de organizaciones y grupos externos que hayan actuado para restringir esos derechos», según una copia de la carta que Carr publicó en X.

Bigtechs en aprietos

Muchos CEOs de tecnología están tratando de establecer una buena relación con la administración entrante de Trump, con la esperanza de mejorar su posición en la capital del país tras años de supervisión agresiva y demandas antimonopolio. La semana pasada, por ejemplo, Zuckerberg se reunió cara a cara con Trump en su hotel y club Mar-a-Lago en Florida.

Carr dijo que las corporaciones tecnológicas dominantes abusan de su posición de mercado y de la protección legal de la Sección 230 para «eliminar puntos de vista políticos diversos de la plaza pública digital». «Hoy en día, un puñado de corporaciones puede dar forma a todo, desde la información que consumimos hasta los lugares en los que compramos», escribió Carr en el capítulo que redactó sobre la FCC.

«No están simplemente prevaleciendo en el libre mercado; están aprovechándose de un panorama que ha sido distorsionado—en muchos casos por el gobierno—para favorecer sus modelos de negocio».

Como solución, Carr dijo que el Congreso no solo debería eliminar la inmunidad «en blanco» de la Sección 230, sino también imponer reglas de transparencia similares a las que se imponen a los proveedores de banda ancha. Eso obligaría a las plataformas de redes sociales a publicar términos de servicio más específicos y a operar un proceso de apelaciones para que los creadores de contenido puedan impugnar a las empresas que eliminen sus publicaciones.

Fight for the Future, un grupo sin fines de lucro que aboga por la privacidad en línea, expresó sus preocupaciones en un correo electrónico a Yahoo Finance de que Carr podría trastocar las reglas de neutralidad de la red, que requieren que los proveedores de servicios de Internet (ISP) traten todos los datos de Internet por igual.

Carr votó a favor de eliminar las reglas de neutralidad de la red en 2017

Carr, en el Proyecto 2025, también dijo que la FCC debería hacer más para proteger a los estadounidenses de amenazas ya identificadas a la seguridad nacional y personal que plantean la aplicación de redes sociales TikTok y los fabricantes de equipos de telecomunicaciones, Huawei y ZTE.

La plataforma de TikTok, dijo Carr, le proporciona a Pekín «una oportunidad para llevar a cabo una campaña de influencia extranjera» al curar noticias e información vistas por millones de estadounidenses.

El Congreso y el presidente Joe Biden acordaron hace meses prohibir que TikTok opere en EEUU bajo propiedad china.

Sin embargo, las declaraciones de Trump en la campaña sugieren que podría al menos intentar reducir el impacto de una ley firmada por Biden en abril que hace ilegal la propiedad china de la aplicación.

Carr también ha pedido que la FCC haga un mejor trabajo actualizando su «lista de equipos cubiertos» de fabricantes de equipos de telecomunicaciones que representan un riesgo para la seguridad nacional de EE. UU., dijo Carr.

Huawei y ZTE están incluidos en esa lista. Y añadió que debe cerrarse un vacío legal para que empresas como China Telecom no puedan operar centros de datos no regulados en EE. UU.

Carr ha dicho que las grandes tecnológicas deben pagar su «parte justa» al fondo de servicio universal de la FCC, de $9 mil millones, que subsidia programas de Internet asequible y conectividad rural. En lugar de depender de los consumidores de telecomunicaciones para la mayor parte de su financiamiento, dijo, las grandes tecnológicas deberían pagar porque las redes apoyadas por el gobierno federal se usan para entregar los productos y servicios de esas empresas.

Este logro marca un avance significativo para la minería responsable en la provincia y refuerza el compromiso con la evaluación técnica rigurosa y la protección ambiental.
El proceso comenzó en abril de 2023, cuando la empresa McEwen Copper a través de su subsidiaria local Andes Corporación Minera S.A., presentó el Informe de Impacto Ambiental (IIA) para la etapa de explotación del proyecto.

El gobierno de la provincia en conjunto con el resto de los integrantes de Comisión Interdisciplinaria de de Evaluación Ambiental Minera (CIEAM) realizó la evaluación técnica del IIA priorizando el intercambio ágil de información y la revisión exhaustiva de dicho informe. Esto permitió que las observaciones y requerimientos fueran resueltas con rapidez, culminando en la elaboración del Informe Final Único (IFU) en menos de un año, hecho sin precedentes en evaluaciones anteriores.

Este proceso de evaluación, que estaba demorado, fue desarrollado con altos standares técnicos y en tiempos razonables por la actual gestión. De esta manera el gobierno de San Juan pone en práctica su compromiso con el desarrollo de actividades productivas generadoras de empleo en la provincia controlando de manera rigurosa y ágil los procesos de inversión.
Los aspectos clave de la DIA

La Declaración de Impacto Ambiental representa la aprobación ambiental del proyecto, habilitando su construcción y futura operación, siempre bajo el estricto control de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero, a través de la Policía Minera.

Con esta aprobación, el proyecto Los Azules no solo se convierte en el segundo proyecto de cobre en obtener su DIA en la provincia, sino en el primero bajo esta gestión, destacándose por la celeridad y rigurosidad de su proceso de evaluación, finalizado durante el primer año de gestión. Este hito ratifica la posición de San Juan como líder en minería responsable, generando empleo y oportunidades para el desarrollo sustentable en la región.