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Política & Economía Actualidad sindical

CGT: El proceso inflacionario pulverizó el ingreso mínimo, es necesario actualizar entre 35 y 40%.

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El Consejo del Salario está programado para este martes y la central obrera pedirá también que el pago se haga en dos tramos y que haya una revisión en octubre. En tanto que la CTA de Hugo Yasky pide la misma cifra pero en una cuota, y le CTA Autónoma un salario mínimo que se acerca a la canasta básica.

La CGT reclamará el martes un aumento del salario mínimo de entre el 35% y 40%, el pago en no más de dos tramos y una revisión en octubre, aseguraron fuentes de la central obrera, en tanto desde la CTA de los Trabajadores que encabeza Hugo Yasky sostuvieron que aceptaría esa mejora pero en una sola cuota mientras que la CTA Autónoma (CTAA), de Ricardo Peidro y Hugo Godoy, exigirá un valor que se aproxime al de la canasta básica alimentaria.

La propuesta de la CGT
Las fuentes del consejo directivo cegetista detallaron a Télam que la CGT solicitará el martes, en la reunión del consejo del salario, un incremento de entre el 35% y 40% y su pago en no más de dos tramos, aunque aseguraron que “la posibilidad más cercana es que finalmente se convenga un ingreso algunos puntos por debajo”.

Los voceros de la central obrera, que lideran Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), advirtieron a esta agencia que el proceso inflacionario “pulverizó” el ingreso mínimo y que su actual valor de 21.600 pesos está retrasado, por lo que “es necesario actualizarlo en no menos de un 35/40% y en no más de dos tramos”.

“Las presiones empresarias se opondrán a ese monto: las cámaras (empresarias) siempre lloran y procuran reducir los justos reclamos de los trabajadores”, evaluaron los voceros.

Y sobre ese escenario plantearon: “Se impone un número que dignifique el (salario) mínimo ante el proceso inflacionario, al igual que los valores de las prestaciones por desempleo, por lo que la CGT demandará ese porcentaje. Pero lo más probable es que las presiones empresarias y la realidad económica obliguen a reducir finalmente algunos puntos de la demanda”.

Para la CGT, es “fundamental y vital” que el incremento del mínimo sea acompañado por una nueva convocatoria del Ministerio de Trabajo a rediscutir los valores “no más allá de octubre”.

La CTA quiere una sola cuota
En tanto, desde la CTA de los Trabajadores aseguraron a Télam que esa central aceptaría una mejora de entre 35% y 40% si finalmente se conviene en torno a esas cifras en la mesa de discusión tripartita, pero adelantaron que en paralelo se exigirá que el nuevo monto se abone en un solo tramo.

“El problema es que no se trata sólo del valor del nuevo (salario) mínimo, vital y móvil y de las prestaciones mínimas y máximas por desempleo, sino que el acuerdo por un nuevo ingreso elemental contempla también al resto de las asignaciones”, explicó el propio Yasky.

De todas formas, en la CTA de los Trabajadores confirmaron a Télam que el lunes, a partir de las 14, se reunirá la conducción nacional para deliberar esas cuestiones y definir los detalles de la propuesta que llevarán al Consejo del Salario convocado para el martes por la cartera laboral.

“La CTA adoptará definitivamente el lunes un criterio que resuma las evaluaciones que realizaron los gremios adheridos para trasladar al Consejo del Salario un reclamo acorde con la actual realidad y situación, luego de haber considerado los diversos estudios de su Centro de Investigación y Formación (Cifra)”, puntualizó a Télam el secretario general y también diputado nacional del Frente de Todos.

La CTA autónoma y un nuevo salario mínimo
Por otro lado, desde la CTA Autónoma subrayaron que el nuevo monto del salario mínimo, vital y móvil debe aproximarse al valor de la canasta básica alimentaria, definición que comunicó a esta agencia el secretario general Ricardo Peidro, quien además es secretario adjunto del gremio de visitadores médicos.

Peidro, sobre este punto, remarcó que ante la desactualización del salario y la suba de los precios la CTAA aprobó “un plan de reactivación del ingreso que toma como base la canasta elaborada por la Comisión Interna del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec)”.

Otra alternativa es elaborar una estrategia de incremento progresivo y por arriba del proceso inflacionario para ubicar a ese ingreso en un valor adecuado a fin de que pueda satisfacer las necesidades básicas contempladas en la ley”, apuntó Peidro en diálogo con Télam.

El gremialista, quien encabeza la CTA Autónoma junto con Hugo Godoy (ATE Nacional) y Claudia Baigorria (Conadu histórica), detalló que el martes, en la reunión tripartita, plantearán que el Consejo del Salario cumpla con “su obligación de calcular el monto de la canasta básica, porque ese es el salario necesario para enfrentar las necesidades de alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, atención sanitaria, transporte, esparcimiento y previsión”.

Es hora de que el Consejo (del salario) debata y acuerde la necesidad de que ningún jubilado y pensionado perciba un ingreso inferior al 82% móvil del ingreso mínimo“, añadió Peidro, tras lo cual argumentó que “el monto de las asignaciones familiares tiene que ser una proporción de ese mínimo y no estar sujeto a la voluntad política circunstancial”.

La reunión del martes próximo, que fue convocada por el Ministerio de Trabajo, constituirá la sesión plenaria ordinaria del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, órgano tripartito en el que se discuten regularmente los incrementos del salario mínimo y otras cuestiones del ámbito laboral.

El último encuentro de ese cuerpo tripartito, más conocido como Consejo del Salario, se realizó el 14 de octubre de 2020: en aquella oportunidad se estableció un salario mínimo de 21.600 pesos.

Por la situación de la pandemia, la plenaria ordinaria del Consejo arrancará el martes a las 15 de forma virtual, según convocó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, mientras que a las 16:30 se iniciará la segunda reunión, en la que se procurará consensuar -o en su defecto laudará la cartera laboral- el nuevo mínimo, vital y móvil.

El 14 de octubre de 2020 se reunió por última vez el Consejo, ocasión en la cual se acordó -con la disidencia de la CTA Autónoma- un salario mínimo de 21.600 pesos desde marzo y en tres tramos, lo que representó entonces un incremento de ese ingreso del 28%, que fue abonado un 12% en octubre, un 10% en diciembre y un 6% en marzo de 2020.

Durante la gestión de Cambiemos, en los años 2017, 2018 y 2019, el valor del salario mínimo había sido fijado de forma unilateral por laudo ministerial ante las desavenencias de sindicalistas y empresarios, mientras que en octubre de 2020 la CGT, la CTA de los Trabajadores y el sector empresario consensuaron el nuevo monto y lograron 31 votos positivos, con la oposición de la CTAA.

El Consejo del Salario fue institucionalizado por el decreto 2725/91 (que reglamentó la ley 24.013/91, de Empleo y protección del trabajo), por cuyo medio se configuró la organización interna y operativa del ámbito tripartito de discusión.

Más recientemente, el decreto 91 del 20 de enero de 2020 designó al ministro Moroni como presidente del Consejo, por lo que el titular de la cartera laboral, de acuerdo al reglamento del organismo, tiene la atribución de fijar el orden del día de las sesiones plenarias ordinarias y extraordinarias convocadas de oficio.

Política & Economía Actualidad sindical

Regreso a clases: Los docentes autoconvocados aceptaron la propuesta del Gobierno y levantaron el paro.

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Después de recibir y analizar la última propuesta del Gobierno, los docentes autoconvocados manifestaron estar disconformes pero optaron por mayoría suspender las medidas de fuerza y regresar a clases.

El gobierno provincial realizó este miércoles una última propuesta salarial, garantizando un mínimo de $180.000 para docentes que inician y los maestros de grado jornada simple. En consecuencia, los docentes autoconvocados debían decidir si aceptan la propuesta y si continuaban o no el paro.

Los autoconvocados volvieron a realizar una asamblea, que comenzó este jueves a las 9, y pasado el mediodía resolvieron levantar el paro por decisión de la mayoría de los departamentos involucrados. Los 19 representantes departamentales libraron las votaciones y sólo una delegación se abstuvo de hacerlo. Siete manifestaron su decisión de continuar con el paro y 12 aceptaron la propuesta de regresar a clases pero expresaron su disconfirmidad con la propuesta efectuada por el Gobierno. Cabe destacar que si bien son 19 los departamentos de la provincia, se agrega un grupo más, correspondiente a Educación Especial.

A través de un comunicado, los docentes autoconvocados, destacaron que pese a las diferencias de pensamiento “estamos muy unidos” y resaltaron que dentro de dos meses se abre una nueva paritaria “por lo que seguiremos luchando”.

/Imagen principal: Archivo/

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Política & Economía San Juan

Medidas judiciales por cortes de calles y ruta. Instrucciones a la policía para intervenir.

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A través de una conferencia de prensa, el Fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, informó que dio órdenes a la Policía de San Juan para que intervenga y levante cualquier corte de calle y corte de ruta que impida el acceso a edificios públicos o empresas privadas.

En la mañana de este jueves, el Fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, realizó una conferencia de prensa en la cual se refirió a los cortes de calle que se han registrado en los últimos días, principalmente a cargo de los docentes autoconvocados, y aseguró que instruyó a la Policía de San Juan sobre cómo deberá actuar a partir de ahora en estos casos. Entre otros detalles, ordenó que en adelante, se libere cualquier corte de calle o ruta permanente y sistemático y que de inmediato se informe al Ministerio Público Fiscal.

El Fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani explicó que “he pedido un informe de las últimas 48 horas a la Policía de la provincia, donde surge claramente que los cortes de rutas y los cortes de calles y el impedimento de acceso a edificios públicos y a empresas privadas, se ha convertido en un sistema, en una estrategia, en un modo de actuar”.

“En el día de ayer y antes de ayer, los cortes han sido programados y han convertido a la Ciudad de San Juan en una ciudad sitiada, impidiendo de una manera concreta y real y con intencionalidad la circulación de los ciudadanos por la Provincia de San Juan” advirtió Quatttropani y agregó que “se ha verificado también el impedimento a entrar o salir a la Casa de Gobierno, de los empleados, de los funcionarios y se ha verificado también la imposibilidad de prestar servicios de empresas particulares”

El Fiscal Quattropani remarco que “el Ministerio Público Fiscal entiende que de ninguna manera se está intentando criminalizar las protestas, pero se tiene que evitar que para protestar se cometa un delito. Impedir el tránsito vehicular sistemáticamente, planificadamente con claridad en determinados puntos de la provincia es un delito, es sitiar a los demás ciudadanos”.

En ese contexto, indicó: “Queremos dejar claro que hemos instruido a la Policía de la Provincia de San Juan para que inmediatamente de producido un corte, un impedimento de circulación de tránsito en alguna calle de la provincia de manera permanente y sistemáticamente se comunique al Ministerio Público Fiscal para que hagan cesar los efectos del delito. Es decir, vamos a impedir que se corte totalmente la circulación permanente en las arterias de la provincia”.

Eduardo Quattropani explicó que se comunicó con el jefe de la Policía de San Juan, Luis Martínez, para informarle que la Fuerza, deberá otorgar “la información de los cortes permanentes, individualización de las personas con fotografías, videos e imágenes captadas a través de las cámaras del Cisem“. Al mismo tiempo detalló los procedimientos correspondientes antes futuros cortes de calles “cuando haya que despejar una calle, una ruta y liberar el tránsito se haga presente principalmente personal femenino. Cuando se vaya a desalojar en presencia de fiscales, conste que la Policía está desarmada, sin portar escudos ni bastones, ni ningún elemento contundente y si alguien resulta herido sea de la Fuerza propia y no de los manifestantes”.

Otro detalle que dio es que, los fiscales decidirán si, en caso de ser necesarias, las detenciones se harán en el momento del desalojo o luego, una vez que se tenga a las personas individualizadas. En este sentido, indicó: “Esto porque, la detención en el momento del desalojo puede producir una bataola que el Ministerio Público Fiscal quiere evitar”.

Para finalizar, el Fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani aclaró que “El derecho a peticionar, a manifestarse está absolutamente garantizado” y remarcó que no es una cuestión del Ministerio Público Fiscal analizar si un reclamo es válido o no, sí tenemos que evitar la comisión de delitos. Hacer los cortes de calles, programados, sistemáticos y con la clara intención de sitiar la ciudad no se puede permitir y no se puede seguir permitiendo. Si el reclamo es justo o injusto es un problema del Ejecutivo, de los gremios o de los grupos de protesta. Se puede caminar por la vereda, caminar por media calzada, se puede hacer reclamos de otro modo, no impidiendo el paso de los demás”

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Política & Economía Nacional

Tras el escándalo de Lago Escondido, D’Alessandro renunció como ministro de Seguridad porteño.

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El ministro de Seguridad de esta capital, Marcelo D’Alessandro, presentó su renuncia el 22 de marzo, tras haber solicitado una licencia luego de que se filtraran mensajes que lo comprometen en supuestas irregularidades.

“En 2016 asumí un enorme compromiso con la seguridad de la Ciudad. Hoy, después de siete años, le comuniqué al Jefe de Gobierno mi decisión de dar un paso al costado para convertirme en querellante de la causa que investiga la operación ilegal de inteligencia en mi contra”, escribió el ahora exministro en su cuenta de Twitter.

Al funcionario se le achacan los delitos de enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho, exacciones y peculado.

D’Alessandro había pedido licencia para preparar su defensa tras quedar expuesto por un hackeo mediante el que fue divulgada una serie de chats suyos con distintas personas.

Un intercambio de mensajes atañe a Iván Robles, portavoz del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, sobre quien pesa el pedido de juicio político hecho por el Gobierno al Congreso.

Otra filtración involucra a un empresario a cargo del manejo de las grúas y de las playas de estacionamiento en la capital, Marcelo Violante.

D’Alessandro también sería partícipe de un grupo que incluye varios jueces, funcionarios y directivos del Grupo Clarín y que viajó en un vuelo privado a la localidad rionegrina de Bariloche, en la Patagonia (sur), para hospedarse en la residencia del magnate británico Joe Lewis.

En esas tierras, que alcanzan las 14.000 hectáreas, se encuentra Lago Escondido, un reservorio de agua glaciar situado en plena cordillera de Los Andes, cuyo acceso público es obstaculizado por el magnate británico.

El grupo se organizó a través de Telegram para difundir una misma versión del encuentro y esconder el carácter privado del viaje, según investiga la justicia.

En su mensaje de renuncia, D’Alessandro destacó su trabajo al frente de la cartera de Seguridad e insistió en que es víctima de una “operación”.

“Les aseguro que ninguna operación va a borrar la satisfacción personal y profesional de haber enfrentado a los delincuentes para que los vecinos vivan más seguros. Aún queda mucho por hacer y espero que se continúe por el mismo camino”, escribió.

También se refirió a la filtración de los mensajes.

“Sobre el hackeo, ya tenemos los responsables. Ahora vamos a encontrar al que lo ideó, financió y ordenó. Todos y cada uno de ellos van a tener que dar explicaciones ante la Justicia. Los argentinos merecemos saber la verdad. Esto no va a quedar impune”, concluyó.

Según confirmó el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, a la prensa local Eugenio Burzaco asumirá en el Ministerio de Seguridad de la ciudad en reemplazo de Marcelo D”Alessandro el próximo lunes.

@Sputnik

/Imágen principal: foto archivo/

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