Política & Economía Latinoamérica
Chile va a las urnas para decidir si aprueba o rechaza el proyecto de nueva Constitución.
Los chilenos y chilenas irán este domingo a las urnas para decidir el destino del proyecto de nueva Constitución que busca dejar atrás a la escrita durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990), la cual podría seguir vigente si gana la opción de rechazo al texto, como anticipan las encuestas.
Según los sondeos, la opción rechazo supera en cerca de diez puntos porcentuales a la de apruebo, aunque el cierre de campaña generó dudas, después de que el sector a favor del nuevo texto constitucional realizara el jueves un acto masivo en Santiago, que según sus organizadores alcanzó las 500.000 personas, mientras que los que se oponen apenas juntaran a unos cientos de adherentes.
Las estimaciones de las encuestas contrastan también con el 80% que en el plebiscito de 2020 votó a favor de redactar una nueva Constitución, una de las demandas de la ola de protestas que sacudió al país un año antes en reclamo de mayor justicia social en un país muy desigual.
Esta situación está vinculada en parte con que algunos miembros de la Convención Constituyente, que en general no pertenecían a los partidos políticos, «defraudaron a buena parte de las personas que apostaron por estos nuevos nombres como portadores de la voluntad popular», señaló a Télam Rodrigo Espinoza, coordinador académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales.
También lo relacionó con la campaña de «fake news» que instalaron en medios de comunicación y las redes sociales los sectores de derecha, que aportó al temor por parte de la población indecisa, estimada en entre el 10% y el 15%.
Por su parte, el politólogo Marcelo Mella Polanco apuntó a esta agencia que «este nuevo proyecto no conecta con el sentido común de la mayor parte del electorado, que quiere cambios, pero de forma gradual». De hecho, el contenido de la nueva Carta Magna recibió críticas tanto de la derecha como desde el oficialismo, que ya anticipó que habrá cambios al texto en caso de ganar el apruebo.
Algunos de los aspectos que se consideran más controvertidos están vinculados al nuevo Poder Judicial, el consentimiento indígena para cambios constitucionales, la eliminación del Senado por la Cámara de las Regiones y la reelección presidencial.
La actual Constitución pinochetista, a pesar de tener una importante reforma en 2005, durante el Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), fue el centro de los reclamos ciudadanos durante el estallido social de octubre de 2019, que llevaron a un acuerdo entre la mayoría de los partidos para redactar una nueva Carta Magna.
Por eso, cualquiera sea el resultado del domingo, el proceso constitucional seguirá su rumbo, ya que de aprobarse deberá implementarse con leyes que legisle el actual Congreso, que está dividido casi a la mitad entre fuerzas de derecha e izquierda, y en caso de rechazarse, los parlamentarios deberían buscar un nuevo camino constitucional.
El plebiscito se realizará este domingo de 8 a 18 (9 a 19 de Argentina), con más de 15 millones de personas habilitadas para sufragar, de las cuales hay casi 100.000 en el exterior.
A diferencia de otras elecciones, el voto será obligatorio, por lo que todo el padrón podrá volcarse a las urnas, lo que genera algo de incertidumbre en el resultado, ya que en Chile el sufragio es voluntario y solamente cerca del 50% asiste habitualmente a los centros de votación.
Al ser obligatorio y por la importancia de la elección, el Servicio Electoral de Chile (Servel) proyecta que votarán más de las ocho millones de personas que lo hicieron en la segunda vuelta presidencial de diciembre pasado, cuando Gabriel Boric fue electo con la participación de 55,02% del padrón. Ante una gran afluencia de personas, no se descarta que las mesas cierren después del horario programado.
En total serán 38.472 mesas de votación en Chile y 286 en el extranjero, distribuidas en 2.914 centros de sufragio en el país y 116 fuera del territorio nacional (3.030 en total).
Por primera vez el Servel modificó el lugar de votación en base a criterios de georeferenciales, para que los traslados sean menores.
El transporte público será gratuito en las grandes ciudades, para posibilitar el acceso a los centros de votación y en el caso de no asistir, las personas podrían exponerse a multas entre 30.000 y 180.000 pesos chilenos (entre 33 y 200 dólares), salvo que sean mayores de 75 años, tengan alguna discapacidad o estén a más de 200 kilómetros de su lugar de sufragio.
Como es habitual en Chile, el conteo de votos se realiza «a viva voz» en cada mesa (una vez que está cerrada) y las personas y los medios pueden estar presentes para registrar ese momento.
Los resultados, según declaró a los medios el presidente del Servel, Andrés Tagle, podrían demorarse un poco más de lo habitual, ante la mayor presencia de votantes que se espera.
Según estimaciones del ente, dos horas después del cierre de mesas estarían los primeros resultados parciales, y los definitivos estarían cerca de la medianoche, aunque cerca de las 22 podría conocerse una tendencia importante.
Latinoamérica
México: 10 años sin respuestas desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa
Hasta ahora, solo se han identificado los restos de tres jóvenes a partir del trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), mientras la lucha de los familiares por la verdad y la justicia sigue firme.
A pocos días de cumplirse diez años desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el caso sigue siendo una herida abierta en México. A pesar de las promesas de justicia y las múltiples investigaciones, las familias de los jóvenes siguen exigiendo respuestas mientras los hechos no terminan de esclarecerse. Si bien el 26 de septiembre es la fecha oficial de la desaparición, las movilizaciones y actividades conmemorativas comenzaron en los últimos días.
La previa al aniversario
El viernes, los familiares de los estudiantes desaparecidos y alumnos actuales realizaron un acto frente a un cuartel del Ejército mexicano en Guerrero, en el que denunciaron el rol de las Fuerzas Armadas en el caso. Más tarde, un grupo de manifestantes encapuchados lanzó petardos y provocó incendios en los alrededores del lugar.
El jueves, madres de las víctimas participaron en una misa en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que celebró el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio. De acuerdo a la revista mexicana Proceso, en la homilía las madres hicieron un llamado: “A las personas que se llevaron a nuestros hijos, que operaron esa noche del 26 de septiembre de 2014, que se les ablande el corazón y que hablen y que nos digan a donde están nuestros hijos”.
En diálogo con Página/12, el sacerdote y director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, una de las varias organizaciones que apoyan a los padres en su lucha, indicó que al cumplirse 10 años desde la desaparición de los jóvenes, el sentimiento predominante es la impotencia, aunque destacó: «Al final, lo que sigue motivando a los padres es el amor que tienen por sus hijos, y también creo que el compromiso que adquirieron al hacer pública su exigencia. Es el compromiso de toda una nación. Esto dañó y afectó a un país como México, porque demuestra el grado de impunidad, de violencia, de colusión de las autoridades con el crimen organizado, y el nivel de descomposición social que existe». Y agregó: «Resolver este caso no es solo conocer la verdad y encontrar a sus hijos, sino también sanar una herida que en México hemos tenido abierta por muchos, muchos años».
El miércoles miles de personas salieron a las calles de la ciudad de Chilpancingo, en Guerrero, para exigir respuestas sobre los 43 estudiantes. «Decir que han pasado 10 años es fácil, pero caminar, luchar y exigir no lo ha sido. Nos ha costado mucho trabajo, pero aquí estamos, impulsados por el amor que le tenemos a cada uno de nuestros hijos», expresó Cristina Bautista, madre de uno de los desaparecidos, a la agencia de noticias AFP.
Melitón Ortega, otro de los padres, añadió: «Esperamos que la nueva presidenta pueda retomar el caso Ayotzinapa de manera integral, abarcando las líneas de investigación, las extradiciones, nuevas carpetas, detenciones, entre otras cosas», refiriéndose a Claudia Sheinbaum, quien asumirá la presidencia el próximo 1 de octubre.
La caída de la «verdad histórica»
Los estudiantes desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando se dirigían al municipio de Iguala para tomar un colectivo hacia Ciudad de México y participar en la manifestación anual en conmemoración de la masacre de estudiantes en la Plaza de Tlatelolco, cometida por militares el 2 de octubre de 1968.
Durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se negó cualquier participación de militares en los hechos y se defendió la denominada «verdad histórica», que sostiene que los jóvenes fueron detenidos por policías locales de Iguala, en complicidad con criminales, y entregados al cártel Guerreros Unidos. Según esa versión, los estudiantes habrían sido asesinados y sus cuerpos incinerados en un basural en Cocula.
Mientras tanto, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), cuya participación fue clave para el avance de la investigación, comenzó a trabajar como perito independiente a pedido de los familiares de los desaparecidos. Este equipo, al igual que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el caso, no coincidió con la «verdad histórica» debido a inconsistencias en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) y la falta de evidencias que respaldaran esta versión. En 2016, los investigadores de EAAF indicaron que era imposible que un fuego pudiera incinerar completamente a los estudiantes como se afirmaba.
La versión de la PGR se derrumbó definitivamente durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con la identificación de los restos no calcinados de dos víctimas: Christian Alfonso Rodríguez en 2020 y Jhosivani Guerrero de la Cruz en 2021, ambos encontrados en la barranca de la Carnicería, a 800 metros del basural de Cocula. Estas identificaciones se sumaron a la de Alexander Mora Venancio, cuyos restos fueron hallados en el río San Juan en 2014. Hasta ahora, son los únicos tres identificados entre los 43 desaparecidos.
La salida del GIEI
López Obrador creó por decreto una «Comisión para el Acceso a la Verdad», reconoció la responsabilidad de los militares, autorizó la apertura de archivos que revelan su participación en el caso e incluso se llevaron a cabo algunas detenciones. Sin embargo, el GIEI se retiró hace un año del caso Ayotzinapa, tras ocho años de investigación, denunciando obstrucciones significativas en su acceso a información crucial, especialmente la relacionada con el Ejército. En su último informe, manifestaron que hubo un ocultamiento sistemático que ha dificultado el esclarecimiento del paradero de los 43 estudiantes.
Miembros del grupo de expertos, como Carlos Beristáin y Ángela Buitrago, señalaron que la falta de cooperación por parte de las autoridades y el Ejército fue un obstáculo constante. Aunque se lograron algunos avances, como la detención de militares involucrados, insistieron en que no se entregó toda la documentación necesaria para avanzar en la investigación, y que aún queda mucho por hacer para llegar a la verdad sobre las desapariciones.
El presidente saliente defendió el trabajo del gobierno y las Fuerzas Armadas, asegurando que se realizaron esfuerzos significativos para esclarecer el caso. «No hay impunidad y se está actuando. Respeto su punto de vista (del GIEI) pero no lo comparto, porque si se ha avanzado es precisamente por la colaboración de la Marina y Defensa», sostuvo en una de sus ruedas de prensa diaria, tras conocerse el informe.
Próximo gobierno
La próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió en julio por primera vez con las familias de los 43 estudiantes, ocasión en la que la se comprometió a dar seguimiento en la búsqueda de la verdad y la justicia del caso.
Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los 43 estudiantes, informó tras el encuentro en el Museo de la Ciudad de México que los padres pidieron a la próxima mandataria que el caso Ayotzinapa ocupe un lugar central en su Gobierno. Ante la prensa, Sheinbaum reafirmó su compromiso, asegurando: «Vamos a seguir trabajando con ellos, vamos a encontrar un método de trabajo que nos permita cumplir con lo que están pidiendo: verdad, justicia y saber dónde están los jóvenes».
Aunque han pasado casi diez años, la determinación de los padres no ha disminuido. Su lucha se mantiene firme, impulsada por la esperanza de que algún día conocerán el destino de sus hijos. A pesar del tiempo y los obstáculos, siguen alzando la voz, recordando al país que la justicia aún está pendiente.
@Página12 // Informe: Axel Schwarzfeld
InternacionalPolítica & Economía Latinoamérica
Los presidentes de Bolivia y Brasil asistirán a la cumbre de los BRICS en octubre en Kazán (Rusia)
El dirigente boliviano, Luis Arce, así como su homólogo brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, tomarán parte en la XIV Cumbre de los BRICS que se celebrará en octubre en la ciudad rusa de Kazán, informaron a Sputnik los embajadores de los países latinoamericanos en Rusia.
«El presidente de Bolivia fue invitado a la cumbre de los BRICS en Kazán y aceptó con placer esta invitación del presidente [ruso, Vladímir] Putin», aseguró.
Al mismo tiempo, el embajador de Brasil en Rusia, Rodrigo Baena Soares, confirmó la participación de Luiz Inacio Lula da Silva en la cumbre.
«Ahora lo estamos organizando incluso con otros mandatarios que vendrán aquí [a Kazán]. Por supuesto, prepararemos una reunión con el presidente Putin», agregó.
Ambos presidentes planean reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin, al margen de ese evento, agregaron los representantes de los países.
Rusia asumió el 1 de enero pasado la presidencia rotatoria del grupo BRICS para 2024, año que empezó con la admisión de nuevos miembros. Además de Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, a los que el grupo debe sus siglas, ahora lo integran también Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.
Rusia organiza más de 250 eventos en 11 regiones en el marco de su presidencia, incluida la XIV Cumbre de los BRICS que tendrá lugar en la ciudad de Kazán del 22 al 24 de octubre.
Sputnik/
Política & Economía Latinoamérica
A 51 años del golpe de Estado en Chile
El golpe militar Chile que marcó un antes y un después en la política latinoamericana
Un día como hoy, el 11 de septiembre de 1973, Chile sufrió un golpe de Estado liderado por el general Augusto Pinochet, el cual puso fin al Gobierno socialista de Salvador Allende y marcó el inicio de 17 años de dictadura.
Tres años antes del fin de su mandato constitucional, el gobierno de Salvador Allende terminó abruptamente el 11 de septiembre de 1973 debido al golpe de Estado del que participaron las tres ramas de las Fuerzas Armadas y el cuerpo de Carabineros.
Ese mismo día, después de que el Palacio de La Moneda fuese bombardeado por aviones y tanques, Salvador Allende se suicidó. Tras el fin de su gobierno, el general Augusto Pinochet encabezó una dictadura militar que se extendió por casi 17 años.
Cuando el Palacio de La Moneda estaba rodeada por los militares, a las 10:15, a través de Radio Magallanes —la única favorable al gobierno que aún no era silenciada— Allende emitió su último mensaje a la Nación. “Colocado en el tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo, y les digo que tengan la certeza de que la semilla que entregamos a la conciencia de miles de chilenos, no podrá ser cegada definitivamente… Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas, por donde pasará el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores!”, dijo Allende.
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