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Política & Economía Latinoamérica

Colombia disputa un balotaje histórico entre dos propuestas antagónicas de cambio.

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Colombia disputa un balotaje histórico entre dos propuestas antagónicas de cambio.

Colombia celebra este domingo el balotaje presidenciaentre dos candidatos que, si bien de maneras diferentes, ya expresan propuestas de un cambio de signo político histórico en la conducción del país, ya que mientras Gustavo Petro impulsa un programa de izquierda -aunque esta semana buscó ampliar acuerdos con referentes de centro-, Rodolfo Hernández busca mostrarse como un intransigente que rechaza las alianzas.

Entre las 8 y las 16 (10 y 18 hora de Argentina), poco más de 39 millones de ciudadanos están habilitados para elegir en primera vuelta al sucesor de Iván Duque en 102.152 mesas -en 20 mil de ellas aplicarán tecnología biométrica- ubicadas en 12.513 centros de votación en el país.

La participación en la primera vuelta electoral del pasado 29 de mayo estuvo apenas encima del 54%, es decir, cerca de 21 millones de personas asistieron a las urnas, y para mañana se prevé que no haya grandes modificaciones.

El candidato que obtenga más votos, asumirá en agosto como Presidente de Colombia para el período 2022-2026.

Si bien la fórmula presidencial del Pacto Histórico, de Gustavo Petro y Francia Márquez, conformó una amplia coalición de izquierda que reúne partidos políticos, sindicatos, colectivos originarios y de defensa de las minorías sexuales, movimientos sociales y organizaciones campesinas, a solo 48 horas de la elección presentó el «Gran Acuerdo Nacional» con el que buscaron ampliar sus alianzas.

Comprometió las voluntades de personalidades como el excandidato a presidente Alejandro Gaviria; el exministro de Hacienda de Cesar Gaviria Rudolf Hommes, así como también a exfuncionarios del gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), entre otros.

Petro, economista de 61 años, exguerrillero del M-19 y exalcalde de Bogotá, dijo ser consciente de que este acuerdo representa «a media Colombia» y que aspira a que a partir del lunes poselectoral pueda convocar a un «acuerdo con toda la nación«.

Hoy, el candidato de izquierda trazó los dilemas de la elección y en un video difundido por su campaña se preguntó: «Queremos seguir en la desigualdad de las mujeres o avanzar juntos y juntas hacia sus derechos; seguir destruyendo la educación o avanzar hacia la libertad que nos otorga el conocimiento; seguir que la corrupción nos gobierne o enfrentar y erradicar efectivamente a los corruptos; seguir en este estado de violencia e intranquilidad o avanzar hacia la paz«.

Petro no tuvo en general el respaldo de los principales medios de comunicación de Colombia y en las semanas previas muchos se hicieron eco de la filtración conocida como «Petrovideos», que hicieron públicos materiales audiovisuales de las reuniones privadas de la campaña del Pacto Histórico.

Rodolfo Hernández y Marelene Castillo, los candidatos de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, se ubican en la vereda de enfrente en términos ideológicos, aunque también se postulan como «el cambio«, e incluso recogen en su programa algunas propuestas de Petro -desde la paridad de mujeres en cargos públicos o el rechazo al fracking- a la vez que pregona que va a «reducir el tamaño del Estado«.

El ingeniero civil de 77 años es presentado por la mayoría de los medios de comunicación como un «outsider» a pesar de haber sido alcalde de Bucaramanga, capital del departamento de Santander (norte).

Su principal asesor de campaña, el argentino Ángel Beccassino, días antes de la elección dijo a Télam que ve a su candidato como un «llanero solitario» e insistió en presentarlo como alguien que rechaza las alianzas con otros espacios políticos y que solamente está dispuesto a hacer acuerdos con «personas» y a cambio «de nada«.

Ambos candidatos buscaron el «voto oculto» -en palabras de Hernández- interpelando a la ciudadanía a través del uso de herramientas digitales y tradicionales. Si bien Hernández dice rechazar los aparatos políticos tradicionales, montó una red de «voluntarios» en torno a su figura.

También declinó debatir con Petro, al igual que en la primera vuelta, para acentuar su perfil y las diferencias con «los políticos de siempre«.

El jueves, un fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó a los candidatos presentarse a un debate televisivo en línea con la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que argumentó acerca del interés que representaba para la ciudadanía el poder conocer las propuestas de los candidatos previo a tan importante contienda electoral.

Hernández presentó una serie de condiciones para asistir pero finalmente declinó, pese a que el equipo de Petro se encontraba listo para participar.

En paralelo, se difundió en medios y redes sociales un video de Hernández en una fiesta en un yate que levantó nuevas críticas contra el candidato.

El video actualizó el frente judicial que enfrenta el postulante, quien pese a enarbolar la bandera en contra de la corrupción, deberá enfrentar el próximo 21 de julio un proceso judicial en el que se lo involucra en la fallida asignación ilegal de un contrato para la gestión de los residuos urbanos a la empresa Vitalogic cuando fue alcalde de Bucaramanga, y a su hijo acusado del cobro de una comisión millonaria.

El material audiovisual data de 2021, pero fue publicado esta semana por la revista Cambio y recordó a la ciudadanía colombiana ese escándalo porque una fuente citada por el medio aseguró que los gastos de la fiesta «fueron cubiertos por la compañía farmacéutica Pfizer, interesada en ampliar sus negocios en Colombia, y varios de sus ejecutivos estuvieron presentes«. Si bien la compañía multinacional lo negó, queda por ver si la imagen de Hernádez ha logrado salir indemne.

Hipotesis de conflictividad post elección.

Para la jornada electoral, tanto comerciantes, pero también medios y el gobierno manejan hipótesis de conflictividad luego del cierre de mesas de votación.

En el centro de Bogotá, dueños de cafés y tiendas dijeron a Télam que el domingo pretenden cerrar las puertas a la par que se conozca el cierre de urnas.

En tanto, ayer el ministro de Defensa, Diego Molano, fue consultado por la cadena CNN en Español sobre posibles alteraciones al orden público y respondió: «Hay convocatorias en redes sociales» para «desarrollar acciones violentas« a la vez que confirmó que habrá un equipo de más de 4.800 miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), fuerza cuestionada por su violento accionar durante las protestas del año pasado contra el gobierno.

El pasado 13 de junio, la Procuradora colombiana Margarita Cabello Blanco instó a alcaldes y gobernadores a adoptar medidas para «salvaguardar la seguridad y la convivencia» durante la jornada electoral porque tenían información «de algunos grupos» que tenían la pretensión de «alterar el orden público«.

De repetirse el escenario del primer turno electoral, se estima que los resultados se conocerán en torno a las 19 horas de Colombia (21 de Argentina).

Temas candentes para el presidente electo.

Quien resulte el próximo ocupante de la Casa de Nariño deberá atender la grave situación alimentaria que atraviesa Colombia, con índices desoladores en un país en el que alrededor de 60% de sus habitantes no cuenta con un trabajo registrado.

También quedará como prioritario en la agenda del próximo presidente el cumplimiento de los acuerdos de paz de 2016, desechados en general por el actual Gobierno, y que, de empezar a implementarse, podrían evitar los asesinatos de exguerrilleros (hubo unos 300) y líderes sociales (1.300) ocurridos desde la rúbrica del pacto.

Ambos candidatos explicitan en sus programas de gobierno sus deseos de cumplir el Acuerdo Final de Paz con las extintas FARC e incluso avanzar con diálogos con el ELN, aunque Hernández dijo no estar dispuesto a reabrir nuevos procesos de diálogos sino simplemente incorporarlos al acuerdo existente.

Además, la entrada en vigencia del acuerdo podría mejorar notablemente la situación del campesinado, ya que algunos de los puntos que quedan por aplicar son una reforma agraria y una política de sustitución de cultivos ilícitos, que beneficiaría la economía de las familias rurales.

Latinoamérica

México: 10 años sin respuestas desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

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México: 10 años sin respuestas desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Hasta ahora, solo se han identificado los restos de tres jóvenes a partir del trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), mientras la lucha de los familiares por la verdad y la justicia sigue firme.

A pocos días de cumplirse diez años desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el caso sigue siendo una herida abierta en México. A pesar de las promesas de justicia y las múltiples investigaciones, las familias de los jóvenes siguen exigiendo respuestas mientras los hechos no terminan de esclarecerse. Si bien el 26 de septiembre es la fecha oficial de la desaparición, las movilizaciones y actividades conmemorativas comenzaron en los últimos días. 

La previa al aniversario

El viernes, los familiares de los estudiantes desaparecidos y alumnos actuales realizaron un acto frente a un cuartel del Ejército mexicano en Guerrero, en el que denunciaron el rol de las Fuerzas Armadas en el caso. Más tarde, un grupo de manifestantes encapuchados lanzó petardos y provocó incendios en los alrededores del lugar.

El jueves, madres de las víctimas participaron en una misa en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que celebró el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio. De acuerdo a la revista mexicana Proceso, en la homilía las madres hicieron un llamado: “A las personas que se llevaron a nuestros hijos, que operaron esa noche del 26 de septiembre de 2014, que se les ablande el corazón y que hablen y que nos digan a donde están nuestros hijos”.

En diálogo con Página/12, el sacerdote y director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, una de las varias organizaciones que apoyan a los padres en su lucha, indicó que al cumplirse 10 años desde la desaparición de los jóvenes, el sentimiento predominante es la impotencia, aunque destacó: «Al final, lo que sigue motivando a los padres es el amor que tienen por sus hijos, y también creo que el compromiso que adquirieron al hacer pública su exigencia. Es el compromiso de toda una nación. Esto dañó y afectó a un país como México, porque demuestra el grado de impunidad, de violencia, de colusión de las autoridades con el crimen organizado, y el nivel de descomposición social que existe». Y agregó: «Resolver este caso no es solo conocer la verdad y encontrar a sus hijos, sino también sanar una herida que en México hemos tenido abierta por muchos, muchos años».

El miércoles miles de personas salieron a las calles de la ciudad de Chilpancingo, en Guerrero, para exigir respuestas sobre los 43 estudiantes. «Decir que han pasado 10 años es fácil, pero caminar, luchar y exigir no lo ha sido. Nos ha costado mucho trabajo, pero aquí estamos, impulsados por el amor que le tenemos a cada uno de nuestros hijos», expresó Cristina Bautista, madre de uno de los desaparecidos, a la agencia de noticias AFP.

Melitón Ortega, otro de los padres, añadió: «Esperamos que la nueva presidenta pueda retomar el caso Ayotzinapa de manera integral, abarcando las líneas de investigación, las extradiciones, nuevas carpetas, detenciones, entre otras cosas», refiriéndose a Claudia Sheinbaum, quien asumirá la presidencia el próximo 1 de octubre.

La caída de la «verdad histórica»

Los estudiantes desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando se dirigían al municipio de Iguala para tomar un colectivo hacia Ciudad de México y participar en la manifestación anual en conmemoración de la masacre de estudiantes en la Plaza de Tlatelolco, cometida por militares el 2 de octubre de 1968.

Durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se negó cualquier participación de militares en los hechos y se defendió la denominada «verdad histórica», que sostiene que los jóvenes fueron detenidos por policías locales de Iguala, en complicidad con criminales, y entregados al cártel Guerreros Unidos. Según esa versión, los estudiantes habrían sido asesinados y sus cuerpos incinerados en un basural en Cocula.

Mientras tanto, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), cuya participación fue clave para el avance de la investigación, comenzó a trabajar como perito independiente a pedido de los familiares de los desaparecidos. Este equipo, al igual que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el caso, no coincidió con la «verdad histórica» debido a inconsistencias en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) y la falta de evidencias que respaldaran esta versión. En 2016, los investigadores de EAAF indicaron que era imposible que un fuego pudiera incinerar completamente a los estudiantes como se afirmaba.

La versión de la PGR se derrumbó definitivamente durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con la identificación de los restos no calcinados de dos víctimas: Christian Alfonso Rodríguez en 2020 y Jhosivani Guerrero de la Cruz en 2021, ambos encontrados en la barranca de la Carnicería, a 800 metros del basural de Cocula. Estas identificaciones se sumaron a la de Alexander Mora Venancio, cuyos restos fueron hallados en el río San Juan en 2014. Hasta ahora, son los únicos tres identificados entre los 43 desaparecidos.

La salida del GIEI

López Obrador creó por decreto una «Comisión para el Acceso a la Verdad», reconoció la responsabilidad de los militares, autorizó la apertura de archivos que revelan su participación en el caso e incluso se llevaron a cabo algunas detenciones. Sin embargo, el GIEI se retiró hace un año del caso Ayotzinapa, tras ocho años de investigación, denunciando obstrucciones significativas en su acceso a información crucial, especialmente la relacionada con el Ejército. En su último informe, manifestaron que hubo un ocultamiento sistemático que ha dificultado el esclarecimiento del paradero de los 43 estudiantes.

Miembros del grupo de expertos, como Carlos Beristáin y Ángela Buitrago, señalaron que la falta de cooperación por parte de las autoridades y el Ejército fue un obstáculo constante. Aunque se lograron algunos avances, como la detención de militares involucrados, insistieron en que no se entregó toda la documentación necesaria para avanzar en la investigación, y que aún queda mucho por hacer para llegar a la verdad sobre las desapariciones.

El presidente saliente defendió el trabajo del gobierno y las Fuerzas Armadas, asegurando que se realizaron esfuerzos significativos para esclarecer el caso. «No hay impunidad y se está actuando. Respeto su punto de vista (del GIEI) pero no lo comparto, porque si se ha avanzado es precisamente por la colaboración de la Marina y Defensa», sostuvo en una de sus ruedas de prensa diaria, tras conocerse el informe.

Próximo gobierno

La próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió en julio por primera vez con las familias de los 43 estudiantes, ocasión en la que la se comprometió a dar seguimiento en la búsqueda de la verdad y la justicia del caso.

Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los 43 estudiantes, informó tras el encuentro en el Museo de la Ciudad de México que los padres pidieron a la próxima mandataria que el caso Ayotzinapa ocupe un lugar central en su Gobierno. Ante la prensa, Sheinbaum reafirmó su compromiso, asegurando: «Vamos a seguir trabajando con ellos, vamos a encontrar un método de trabajo que nos permita cumplir con lo que están pidiendo: verdad, justicia y saber dónde están los jóvenes».

Aunque han pasado casi diez años, la determinación de los padres no ha disminuido. Su lucha se mantiene firme, impulsada por la esperanza de que algún día conocerán el destino de sus hijos. A pesar del tiempo y los obstáculos, siguen alzando la voz, recordando al país que la justicia aún está pendiente.

@Página12 // Informe: Axel Schwarzfeld

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Los presidentes de Bolivia y Brasil asistirán a la cumbre de los BRICS en octubre en Kazán (Rusia)

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Los presidentes de Bolivia y Brasil asistirán a la cumbre de los BRICS en octubre en Kazán (Rusia)

El dirigente boliviano, Luis Arce, así como su homólogo brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, tomarán parte en la XIV Cumbre de los BRICS que se celebrará en octubre en la ciudad rusa de Kazán, informaron a Sputnik los embajadores de los países latinoamericanos en Rusia.

«El presidente de Bolivia fue invitado a la cumbre de los BRICS en Kazán y aceptó con placer esta invitación del presidente [ruso, Vladímir] Putin», aseguró.

Al mismo tiempo, el embajador de Brasil en Rusia, Rodrigo Baena Soares, confirmó la participación de Luiz Inacio Lula da Silva en la cumbre.

«Ahora lo estamos organizando incluso con otros mandatarios que vendrán aquí [a Kazán]. Por supuesto, prepararemos una reunión con el presidente Putin», agregó.

Ambos presidentes planean reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin, al margen de ese evento, agregaron los representantes de los países.

Rusia asumió el 1 de enero pasado la presidencia rotatoria del grupo BRICS para 2024, año que empezó con la admisión de nuevos miembros. Además de Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, a los que el grupo debe sus siglas, ahora lo integran también Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

Rusia organiza más de 250 eventos en 11 regiones en el marco de su presidencia, incluida la XIV Cumbre de los BRICS que tendrá lugar en la ciudad de Kazán del 22 al 24 de octubre.

Sputnik/

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A 51 años del golpe de Estado en Chile 

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A 51 años del golpe de Estado en Chile 

El golpe militar Chile que marcó un antes y un después en la política latinoamericana

Un día como hoy, el 11 de septiembre de 1973, Chile sufrió un golpe de Estado liderado por el general Augusto Pinochet, el cual puso fin al Gobierno socialista de Salvador Allende y marcó el inicio de 17 años de dictadura.

Tres años antes del fin de su mandato constitucional, el gobierno de Salvador Allende terminó abruptamente el 11 de septiembre de 1973 debido al golpe de Estado del que participaron las tres ramas de las Fuerzas Armadas y el cuerpo de Carabineros.

Ese mismo día, después de que el Palacio de La Moneda fuese bombardeado por aviones y tanques, Salvador Allende se suicidó. Tras el fin de su gobierno, el general Augusto Pinochet encabezó una dictadura militar que se extendió por casi 17 años.

Cuando el Palacio de La Moneda estaba rodeada por los militares, a las 10:15, a través de Radio Magallanes —la única favorable al gobierno que aún no era silenciada— Allende emitió su último mensaje a la Nación. “Colocado en el tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo, y les digo que tengan la certeza de que la semilla que entregamos a la conciencia de miles de chilenos, no podrá ser cegada definitivamente… Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas, por donde pasará el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores!”, dijo Allende.

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