Política & Economía Latinoamérica
Colombia y Venezuela reabren la frontera de 2.000 km con el sueño bolivariano de fondo.
Colombia y Venezuela harán este lunes un guiño al sueño de la “Gran Colombia” del Libertador Simón Bolívar al restablecer relaciones diplomáticas y reabrir su frontera común de más de 2.000 kilómetros, avance que consistirá en una “reparación histórica”, mejorará una situación de desastre humanitario en la zona fronteriza y revivirá un comercio bilateral que en 2008 llegó a los 7.200 millones de dólares.
Unidos allá por 1819 en un solo territorio bolivariano que además incluía a lo que hoy son Panamá y Ecuador, Colombia y Venezuela sufrieron en los últimos años tensiones y rencillas políticas que se acrecentaron con la llegada al gobierno de Bogotá de Iván Duque en 2018 y su adhesión absoluta a la «presidencia encargada» del antichavista Juan Guaidó en Venezuela.
El mandato simbólico de Guaidó logró reunir a partir de 2019 el apoyo de casi 60 países en todo el planeta (muchos de las grandes potencias), pero nunca logró hacer pie en la política interna venezolana.
Venezuela y Colombia reanudarán también la conexión aérea y el transporte de carga, en un proceso que será paulatino por la complejidad que supone, adelantaron fuentes de los dos gobiernos.
El vínculo se destrabó este año con la llegada al Palacio de Nariño de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en 200 años de historia del país, quien de inmediato envió señales a su par venezolano, Nicolás Maduro, a quien Duque y su antecesor, Álvaro Uribe, siempre trataron de dictador.
«Es un hecho histórico; nunca habíamos vivido una situación como la de los últimos cuatro años», reseñó a Télam el expresidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998), con autoridad política en su país pero además un hombre con mirada regional desde su conducción de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) entre 2014 y 2017.
En diálogo telefónico, Samper no ocultó su satisfacción por la novedad, que a su criterio viene a reparar una situación por la que responsabiliza a su compatriota Duque.
«La responsabilidad la tuvo la iniciativa agresiva que tomó Duque, quien decidió lanzar una ‘operación humanitaria’ que de fondo era una invasión territorial de Venezuela; hay que tener en cuenta que estos enfrentamientos uno los comienza cuando quiere y los termina cuando puede», disparó el dirigente del histórico Partido Liberal colombiano.
En el mismo sentido, el exvicecanciller venezolano Vladimir Villegas destacó en charla con Télam la reapertura de «una de las fronteras más activas de América Latina», no sólo por el beneficio que traerá en el orden productivo, sino también por el mejoramiento que habrá en la situación de los migrantes de uno y otro país -en especial en la zona de Táchira y Norte de Santander- y el combate que se establecerá contra las mafias que se beneficiaron con el cierre de la frontera.
En Tibú, por ejemplo, un municipio del departamento Norte de Santander (nordeste) emplazado sobre la frontera y que contiene una de las mayores extensiones de tierra sembradas de coca, más de 15.000 migrantes venezolanos sobrevivieron en los últimos tiempos trabajando como recolectores de la hoja de la preciada planta, acorralados por el hambre y los grupos armados de la región, cuyo accionar se vio favorecido por la falta de controles que no tuvieron la necesaria cooperación de autoridades de los dos países.
Según el último reporte de Migración Colombia, que data de junio pasado, en el país hay 2.477.588 venezolanos, de los cuales 333.806 están regularizados; 617.069, autorizados a permanecer; 1.231.675, en proceso de adhesión al Estatuto Temporal de Protección, y 295.038 están en condiciones ilegales.
«Muchos grupos criminales actuaron estos años en la frontera vendiendo sus servicios para habilitar pasos clandestinos a venezolanos desesperados que buscaban cruzar a Colombia en busca de alguna oportunidad económica», explicó Villegas, periodista y firmante de la Constitución de 1999.
En tanto, y consultado sobre las pérdidas económicas que originó el cierre de la frontera estos últimos cuatro años, Samper estimó, tomando como base la cifra récord de 7.200 millones de dólares de 2008, que el global podría llegar a los 30.000 millones de dólares, con unos 20.000 millones más si se piensa en otras actividades que también originan divisas.
«Si se tiene en cuenta el costo social del cierre de las fronteras, donde existen además escuelas, hospitales, acueductos, etc. la cifra puede trepar a los 50.000 millones de dólares», calculó.
«Tenemos una historia común, lazos de sangre, una relación bilateral de comercio e inversiones que desapareció y que, con solo el anuncio de la reapertura, se ha vuelto a reactivar de manera sorprendente», se entusiasmó Samper, quien no dejó de recordar que la degradación de las relaciones bilaterales fue causada por la «diplomacia ideológica que aplicó la derecha colombiana, que consiste justamente en negar el sentido de la diplomacia: elegir no tener relaciones con los países cuyos gobiernos no coinciden con el de uno».
Más allá de los choques ideológicos y la invisibilidad de la actividad comercial bilateral, el cierre de la frontera ha originado un desastre humanitario, según organizaciones de derechos humanos.
Ambos países comparten una frontera de 2.219 kilómetros de longitud con siete pasos legales, poblada por 12 millones de personas en siete departamentos colombianos y cuatro estados venezolanos.
«Las posturas ideológicas (de ambos países) rompieron la vida de sus habitantes», afirmó el politólogo Ronal Rodríguez en un foro abierto de la Universidad de la Sabana de Colombia, a través de Twitter Spaces, y agregó: «Bogotá y Caracas han convertido la frontera en una especie de cuadrilátero, con sus posturas ajenas a las necesidades de millones de habitantes que necesitan una ‘frontera viva’ para poder subsistir».
Samper sumó su voz para destacar que, por diferentes motivos, «hay 4 millones de venezolanos que viven en Colombia y una cifra similar de colombianos viviendo en Venezuela», ciudadanos y ciudadanas que en estas épocas de choque diplomático sufrieron diversos atropellos.
Villegas agregó al respecto que años atrás eran muchos más los colombianos que se iban a Venezuela para escapar del conflicto interno, pero que al menos desde poco antes de la pandemia la ecuación se invirtió por falta de oportunidades de trabajo en su país, y la ruptura de relaciones dejó indefensos a aquellos migrantes.
El exvicecanciller del gobierno de Hugo Chávez estimó que en esta nueva etapa será también de mucha importancia el hecho de si progresan las negociaciones de paz del gobierno de Colombia con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), para las cuales Venezuela se ofreció como mediador, ya que en la frontera actúan distintos grupos criminales que extorsionan, asesinan y hasta incursionan en la minería ilegal, y muchos de ellos están relacionados con la insurgencia armada.
Latinoamérica
México: 10 años sin respuestas desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa
Hasta ahora, solo se han identificado los restos de tres jóvenes a partir del trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), mientras la lucha de los familiares por la verdad y la justicia sigue firme.
A pocos días de cumplirse diez años desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el caso sigue siendo una herida abierta en México. A pesar de las promesas de justicia y las múltiples investigaciones, las familias de los jóvenes siguen exigiendo respuestas mientras los hechos no terminan de esclarecerse. Si bien el 26 de septiembre es la fecha oficial de la desaparición, las movilizaciones y actividades conmemorativas comenzaron en los últimos días.
La previa al aniversario
El viernes, los familiares de los estudiantes desaparecidos y alumnos actuales realizaron un acto frente a un cuartel del Ejército mexicano en Guerrero, en el que denunciaron el rol de las Fuerzas Armadas en el caso. Más tarde, un grupo de manifestantes encapuchados lanzó petardos y provocó incendios en los alrededores del lugar.
El jueves, madres de las víctimas participaron en una misa en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que celebró el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio. De acuerdo a la revista mexicana Proceso, en la homilía las madres hicieron un llamado: “A las personas que se llevaron a nuestros hijos, que operaron esa noche del 26 de septiembre de 2014, que se les ablande el corazón y que hablen y que nos digan a donde están nuestros hijos”.
En diálogo con Página/12, el sacerdote y director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, una de las varias organizaciones que apoyan a los padres en su lucha, indicó que al cumplirse 10 años desde la desaparición de los jóvenes, el sentimiento predominante es la impotencia, aunque destacó: «Al final, lo que sigue motivando a los padres es el amor que tienen por sus hijos, y también creo que el compromiso que adquirieron al hacer pública su exigencia. Es el compromiso de toda una nación. Esto dañó y afectó a un país como México, porque demuestra el grado de impunidad, de violencia, de colusión de las autoridades con el crimen organizado, y el nivel de descomposición social que existe». Y agregó: «Resolver este caso no es solo conocer la verdad y encontrar a sus hijos, sino también sanar una herida que en México hemos tenido abierta por muchos, muchos años».
El miércoles miles de personas salieron a las calles de la ciudad de Chilpancingo, en Guerrero, para exigir respuestas sobre los 43 estudiantes. «Decir que han pasado 10 años es fácil, pero caminar, luchar y exigir no lo ha sido. Nos ha costado mucho trabajo, pero aquí estamos, impulsados por el amor que le tenemos a cada uno de nuestros hijos», expresó Cristina Bautista, madre de uno de los desaparecidos, a la agencia de noticias AFP.
Melitón Ortega, otro de los padres, añadió: «Esperamos que la nueva presidenta pueda retomar el caso Ayotzinapa de manera integral, abarcando las líneas de investigación, las extradiciones, nuevas carpetas, detenciones, entre otras cosas», refiriéndose a Claudia Sheinbaum, quien asumirá la presidencia el próximo 1 de octubre.
La caída de la «verdad histórica»
Los estudiantes desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando se dirigían al municipio de Iguala para tomar un colectivo hacia Ciudad de México y participar en la manifestación anual en conmemoración de la masacre de estudiantes en la Plaza de Tlatelolco, cometida por militares el 2 de octubre de 1968.
Durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se negó cualquier participación de militares en los hechos y se defendió la denominada «verdad histórica», que sostiene que los jóvenes fueron detenidos por policías locales de Iguala, en complicidad con criminales, y entregados al cártel Guerreros Unidos. Según esa versión, los estudiantes habrían sido asesinados y sus cuerpos incinerados en un basural en Cocula.
Mientras tanto, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), cuya participación fue clave para el avance de la investigación, comenzó a trabajar como perito independiente a pedido de los familiares de los desaparecidos. Este equipo, al igual que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el caso, no coincidió con la «verdad histórica» debido a inconsistencias en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) y la falta de evidencias que respaldaran esta versión. En 2016, los investigadores de EAAF indicaron que era imposible que un fuego pudiera incinerar completamente a los estudiantes como se afirmaba.
La versión de la PGR se derrumbó definitivamente durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con la identificación de los restos no calcinados de dos víctimas: Christian Alfonso Rodríguez en 2020 y Jhosivani Guerrero de la Cruz en 2021, ambos encontrados en la barranca de la Carnicería, a 800 metros del basural de Cocula. Estas identificaciones se sumaron a la de Alexander Mora Venancio, cuyos restos fueron hallados en el río San Juan en 2014. Hasta ahora, son los únicos tres identificados entre los 43 desaparecidos.
La salida del GIEI
López Obrador creó por decreto una «Comisión para el Acceso a la Verdad», reconoció la responsabilidad de los militares, autorizó la apertura de archivos que revelan su participación en el caso e incluso se llevaron a cabo algunas detenciones. Sin embargo, el GIEI se retiró hace un año del caso Ayotzinapa, tras ocho años de investigación, denunciando obstrucciones significativas en su acceso a información crucial, especialmente la relacionada con el Ejército. En su último informe, manifestaron que hubo un ocultamiento sistemático que ha dificultado el esclarecimiento del paradero de los 43 estudiantes.
Miembros del grupo de expertos, como Carlos Beristáin y Ángela Buitrago, señalaron que la falta de cooperación por parte de las autoridades y el Ejército fue un obstáculo constante. Aunque se lograron algunos avances, como la detención de militares involucrados, insistieron en que no se entregó toda la documentación necesaria para avanzar en la investigación, y que aún queda mucho por hacer para llegar a la verdad sobre las desapariciones.
El presidente saliente defendió el trabajo del gobierno y las Fuerzas Armadas, asegurando que se realizaron esfuerzos significativos para esclarecer el caso. «No hay impunidad y se está actuando. Respeto su punto de vista (del GIEI) pero no lo comparto, porque si se ha avanzado es precisamente por la colaboración de la Marina y Defensa», sostuvo en una de sus ruedas de prensa diaria, tras conocerse el informe.
Próximo gobierno
La próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió en julio por primera vez con las familias de los 43 estudiantes, ocasión en la que la se comprometió a dar seguimiento en la búsqueda de la verdad y la justicia del caso.
Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los 43 estudiantes, informó tras el encuentro en el Museo de la Ciudad de México que los padres pidieron a la próxima mandataria que el caso Ayotzinapa ocupe un lugar central en su Gobierno. Ante la prensa, Sheinbaum reafirmó su compromiso, asegurando: «Vamos a seguir trabajando con ellos, vamos a encontrar un método de trabajo que nos permita cumplir con lo que están pidiendo: verdad, justicia y saber dónde están los jóvenes».
Aunque han pasado casi diez años, la determinación de los padres no ha disminuido. Su lucha se mantiene firme, impulsada por la esperanza de que algún día conocerán el destino de sus hijos. A pesar del tiempo y los obstáculos, siguen alzando la voz, recordando al país que la justicia aún está pendiente.
@Página12 // Informe: Axel Schwarzfeld
InternacionalPolítica & Economía Latinoamérica
Los presidentes de Bolivia y Brasil asistirán a la cumbre de los BRICS en octubre en Kazán (Rusia)
El dirigente boliviano, Luis Arce, así como su homólogo brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, tomarán parte en la XIV Cumbre de los BRICS que se celebrará en octubre en la ciudad rusa de Kazán, informaron a Sputnik los embajadores de los países latinoamericanos en Rusia.
«El presidente de Bolivia fue invitado a la cumbre de los BRICS en Kazán y aceptó con placer esta invitación del presidente [ruso, Vladímir] Putin», aseguró.
Al mismo tiempo, el embajador de Brasil en Rusia, Rodrigo Baena Soares, confirmó la participación de Luiz Inacio Lula da Silva en la cumbre.
«Ahora lo estamos organizando incluso con otros mandatarios que vendrán aquí [a Kazán]. Por supuesto, prepararemos una reunión con el presidente Putin», agregó.
Ambos presidentes planean reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin, al margen de ese evento, agregaron los representantes de los países.
Rusia asumió el 1 de enero pasado la presidencia rotatoria del grupo BRICS para 2024, año que empezó con la admisión de nuevos miembros. Además de Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, a los que el grupo debe sus siglas, ahora lo integran también Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.
Rusia organiza más de 250 eventos en 11 regiones en el marco de su presidencia, incluida la XIV Cumbre de los BRICS que tendrá lugar en la ciudad de Kazán del 22 al 24 de octubre.
Sputnik/
Política & Economía Latinoamérica
A 51 años del golpe de Estado en Chile
El golpe militar Chile que marcó un antes y un después en la política latinoamericana
Un día como hoy, el 11 de septiembre de 1973, Chile sufrió un golpe de Estado liderado por el general Augusto Pinochet, el cual puso fin al Gobierno socialista de Salvador Allende y marcó el inicio de 17 años de dictadura.
Tres años antes del fin de su mandato constitucional, el gobierno de Salvador Allende terminó abruptamente el 11 de septiembre de 1973 debido al golpe de Estado del que participaron las tres ramas de las Fuerzas Armadas y el cuerpo de Carabineros.
Ese mismo día, después de que el Palacio de La Moneda fuese bombardeado por aviones y tanques, Salvador Allende se suicidó. Tras el fin de su gobierno, el general Augusto Pinochet encabezó una dictadura militar que se extendió por casi 17 años.
Cuando el Palacio de La Moneda estaba rodeada por los militares, a las 10:15, a través de Radio Magallanes —la única favorable al gobierno que aún no era silenciada— Allende emitió su último mensaje a la Nación. “Colocado en el tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo, y les digo que tengan la certeza de que la semilla que entregamos a la conciencia de miles de chilenos, no podrá ser cegada definitivamente… Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas, por donde pasará el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores!”, dijo Allende.
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