La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tendrá el próximo martes a las 9.30 la oportunidad de dirigirse por última vez al Tribunal que la juzga, junto a otros 12 imputados, por supuestos delitos con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

La del martes será la segunda jornada dedicada a las palabras finales dispuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en el cronograma previo a dar a conocer su veredicto, cuya fecha debería anunciarse también ese día.

La Vicepresidenta se conectará a la audiencia de manera remota a través de la plataforma Zoom y, en ese momento, se le preguntará si desea exponer sus últimas apreciaciones ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Las últimas palabras son un derecho de los imputados en juicios orales y pueden optar por no hacer uso.

Desde que se inició el debate, hace más de tres años y medio, la expresidenta habló dos veces ante los jueces: en su declaración indagatoria del 2 de diciembre de 2019, cuando el debate aún era presencial, de manera previa a la pandemia de Covid 19;y luego en la etapa de alegatos, cuando hizo uso como abogada del derecho a ejercer su propia defensa.

“Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente”, sostuvo en su indagatoria en diciembre de 2019 y aseguró que “así llegó este Gobierno saliente al gobierno, con el auxilio invalorable del aparato judicial”, dijo en relación a la presidencia de Mauricio Macri.

El juicio “está montado sobre la hipótesis de que Néstor Kirchner fue presidente para armar una asociación ilícita con un empresario de la construcción que era su amigo de Río Gallegos, para venir a saquear las arcas del Estado”, dijo entonces al calificar como “una vergüenza” a la acusación.

En la segunda ocasión, el 23 de septiembre último, la Vicepresidenta y presidenta del Senado habló al Tribunal de manera virtual desde su despacho en la sede parlamentaria como parte del alegato final de su defensa y por su condición de abogada.

Fernández de Kirchner dijo que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron condenarla a 12 años de prisión, cometieron “un claro a caso de prevaricato”.

“La acusación de los fiscales viola la Constitución” porque “un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita”, argumentó en el alegato, en el que su defensor Carlos Beraldi reclamó la absolución.

Intento de magnicidio

La Vicepresidenta se dirigió al Tribunal luego de haber sido víctima el 1 de septiembre de un intento de homicidio cuando regresaba a su departamento del barrio porteño de Recoleta.

La noche de ese día, el ahora detenido Fernando Sabag Montiel gatilló un arma contra Fernández de Kirchner pero la bala no salió, a poca distancia de la expresidenta y en medio de una de las manifestaciones de apoyo que se realizaban en esos días tras la acusación en su contra por parte de la fiscalía en este juicio.

Para el martes próximo se dispuso que también tengan oportunidad de expresar sus palabras finales el exfuncionario de Vialidad Santa Cruz Héctor Garro, el exfuncionario de Planificación Federal Carlos Kirchner y el exsecretario de Obra Pública José López.

El Tribunal deberá fijar luego fecha para dar posibilidad de hablar a los últimos cuatro acusados, y en base a esa decisión se sabrá cuándo pronunciará su veredicto, que debe ser emitido en la misma jornada en que hable el último de ellos.

Se trata de los exresponsables de Vialidad provincial en Santa Cruz Raúl Pavesi, José Santibañez y Juan Carlos Villafañe, y del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad en el kirchnerismo Nelson Periotti.

En la última audiencia del viernes 25, dijeron sus últimas palabras el exministro de Planificación Julio De Vido; el dueño de “Austral Construcciones”, Lázaro Báez; el exfuncionario Abel Fatala y el exencargado del distrito 23 de Vialidad Nacional en Santa Cruz Raúl Daruich.

Reclaman absolución por inexistencia de delito

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.

A lo largo de más de tres años de juicio, el tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias.

En relación al veredicto, se prevé que también se dé a conocer en una audiencia virtual, salvo que alguna de las partes solicite estar presente en los tribunales de Retiro para ese momento.

Las defensas de todos los imputados reclamaron la absolución por inexistencia de delito.

Los fiscales pidieron que se condene a 12 años de prisión a la expresidenta como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta.

Para Báez, la fiscalía reclamó también 12 años de prisión como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.

Además, solicitaron diez años de cárcel para De Vido y Periotti, y seis años para Collareda y Villafañe.

Para Daruich y Pavesi requirió cinco años y cuatro años para Fatala y Santibáñez.

En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de autoridad.

El Gobierno nacional avanza en el reordenamiento del programa Potenciar Trabajo, con el que apuesta a “llegar mejor” a los beneficiarios, al tiempo que busca “seguir fortaleciendo sus capacidades productivas”, por lo que más de 170 mil titulares del programa ya validaron sus datos.

“Más de 170 mil titulares del Potenciar Trabajo ya hicieron la validación de su identidad y completaron el formulario”, informó a Télam la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Se refirió así al proceso lanzado esta semana por la cartera a su cargo y la normativa publicada el viernes en Boletín Oficial. Se trata de un trámite gratuito y obligatorio y que debe ser realizado por todas las personas destinatarias del programa.

En diálogo con Télam, Tolosa Paz indicó que la validación de esos 170 mil titulares en cuatro días -desde que se hizo el anuncio- permitió a las autoridades “triplicar las auditorias presenciales realizadas hasta la fecha”.

“Tenemos que seguir insistiendo e invitando a todos los y las titulares, a realizar la auditoria para seguir sosteniendo este programa tan importante. El número fue muy satisfactorio así que vamos a seguir reforzando la validación de aquí al 6 de enero” que es la fecha límite establecida, indicó la ministra.

Para la funcionaria, la validación y sobre todo “la comunicación con los y las beneficiarios y beneficiarias es clave” porque permite al Estado “llegar más rápido y más eficientemente” a las necesidades. Por otra parte, permite “construir el direccionamiento del Potenciar Trabajo hacia la etapa que viene, que tiene que ver con seguir fortaleciendo sus capacidades productivas”.

La funcionaria también aseguró que “la educación y el trabajo, que son dos de las condiciones del Potenciar, también van a estar muy presentes a partir de que terminemos con esta instancia de validación de datos”.

El último viernes, en el Boletín Oficial, se publicó el Procedimiento de Autogestión, Comunicación y Actualización de Datos del programa Potenciar Trabajo.

La resolución 2035/2022 firmada por Tolosa Paz, establece que “la actualización de datos es un procedimiento personal y obligatorio que se llevará a cabo entre los días 22 de noviembre de 2022 y el 6 de enero de 2023 para todas las personas que integran el programa”.

El objetivo es “desarrollar un canal de comunicación y de actualización de datos de los titulares del Programa Potenciar trabajo dentro el entorno de la App Mi Argentina” y “validar la identidad de todos los titulares del programa mediante validación de datos filiatorios y verificación antropométrica” por medio de la aplicación.

También se busca “actualizar y ampliar la información nominal disponible sobre los titulares del programa ya identificados en la app Mi Argentina a los efectos de promover mayor transparencia en la gestión y adecuar las acciones del programa en términos de los saberes previos y aspiraciones laborales de los titulares”, agrega uno de los anexos publicados.

El trámite es gratuito y obligatorio para todas las personas destinatarias del programa, y podrá realizarse hasta el 6 de enero de 2023 a través de la aplicación Mi Argentina. “Este trámite es condición ineludible para mantener el Potenciar Trabajo, y solo deben cumplirlo las personas que ya se encuentran en la nómina del programa, ya que no habrá nuevas altas”, indicaron desde el ministerio.

Además, señalaron que “quienes tengan dificultades para cumplimentar el procedimiento, pueden acercarse con su celular a la Unidad de Gestión a la que pertenecen o al Centro de Referencia (CDR) del Ministerio de Desarrollo Social más cercano a su domicilio, donde recibirán ayuda para completarlo”.

“Esta información será muy útil para seguir trabajando con gobernadores, intendentes y Unidades de Gestión en el fortalecimiento de unidades productivas y la búsqueda de la actividad laboral con el programa Puente al Empleo”, señaló Tolosa Paz a través de un comunicado.

La titular de la cartera había anticipado la semana pasada en conferencia de prensa la realización de una auditoría interna de los procedimientos administrativos para detectar posibles inconsistencias en los procesos de alta y baja del programa Potenciar Trabajo. “Si hay debilidades en nuestros propios sistemas, con ese informe tomaremos decisiones para mejorar el control de los procedimientos”, subrayó en esa oportunidad.

También dijo que “hay un proceso de investigación, por eso sometemos esta información a que la Justicia pueda llegar hasta las últimas consecuencias estableciendo si hubo o no delitos”.

La ministra detalló en la conferencia que a partir del 22 de este mes y hasta el seis de enero próximo los beneficiarios del Potenciar Trabajo “deberán efectuar la revalidación biométrica de identidad de los titulares del programa” a través de una app o en la web de Mi Argentina (https://www.argentina.gob.ar/miargentina), que será “en forma gratuita, transparente y obligatoria”, y que quienes no la hagan “quedarán excluidos” del programa.

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) por Entre Ríos, Marcelo Casaretto, destacó este sábado que la reapertura del Programa de Incremento Exportador (PIE), también conocido como “dólar soja”, permitirá fortalecer las reservas llevándolas a un rango de “alrededor de US$ 13.000 millones a US$ 15.000 millones” alejando así “la posibilidad de una devaluación general”.

La nueva edición del PIE, anunciado el viernes por el ministro de Economía, Sergio Massa, y que regirá desde este lunes, establece un tipo de cambio diferencial para el complejo sojero de $230 por unidad.

Según aseguró el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, el programa –realizado en base a un acuerdo con las cerealeras- “tiene un piso garantizado y firmado de US$ 3.000 millones” de liquidación de divisas a lo largo de diciembre.

“Creo que hoy Sergio Massa como ministro de Economía tiene la responsabilidad de estabilizar la economía nacional, para lo cual tiene que fortalecer el esquema de reservas y generar algún mecanismo”, afirmó Casaretto en diálogo con El Destape Radio al ser consultado por la nueva medida y señaló que, cuando Massa asumió en agosto pasado, “prácticamente las reservas netas estaban raspando el fondo de la olla”.

En ese sentido, el diputado enfatizó que la edición anterior del PIE, que se llevó a cabo durante septiembre, “permitió ingresar US$ 8.000 millones en liquidación y estabilizar la situación económica a la Argentina”.

“Teóricamente esta segunda etapa tendría que liberar alrededor de US$ 3.000 millones adicionales, y yo creo que un poco más”, estimó Casaretto.

De esta forma, el legislador calculó que, al cierre del año y tomando en cuenta la reciente ampliación del swap de divisas con China, las reservas se situarían en un rango de “alrededor de US$ 13.000 millones a US$ 15.000 millones”.

Esto –subrayó- aleja las posibilidades de “una devaluación de carácter general” y, por tanto, “de un recrudecimiento de la inflación y un empobrecimiento del sector de trabajadores y de jubilados”.

“A algunos les gusta más, a algunos les gusta menos, pero creo que esta etapa del ´dólar soja 2´ es absolutamente necesaria para la estabilidad en la cuestión macroeconómica”, dijo el miembro de la Cámara Baja y presidente de la Comisión de Industria, y recordó que la economía “funciona realmente a partir de incentivos económicos”.

Tras lo cual, destacó que la Argentina “creció el año pasado, crece este año y va a crecer el año que viene”, algo que –indicó- no sucedía “hace 15 años”.

“Todas las empresas están invirtiendo y quieren más dólares para insumos importados o para una máquina más”, dijo.

En ese sentido, Casaretto afirmó que “nunca ha habido tantos dólares como ahora”, porque “Argentina nunca ha exportado como ahora en la historia”.

“El año pasado exportamos US$ 78.000 millones y este año, a octubre, ya estamos alcanzando esos valores. Así que para cuando termine el año vamos a estar arriba de los US$ 90.000 millones”, proyectó.

Para Casaretto la solución de los problemas de divisas viene de un mayor superávit comercial, y destacó que, desde su comisión, “todas las leyes que estamos tratando en materia industrial tienen como objetivo promover las inversiones, es decir, que vengan inversiones extranjeras y traigan dólares, o que los argentinos que tengan dólares guardados los pongan a producir”.

Del mismo modo, señaló –en base a una proyección gubernamental- que la guerra de Rusia y Ucrania costó al país “US$ 5.000 millones en importaciones de energía producto del aumento de precios”.

“Con el Gasoducto (Néstor Kirchner), si llegamos a terminarlo en junio, antes de la temporada de invierno, nos vamos a ahorrar eso”, estimó, y proyectó que el país, “en pocos años”, podrá pasar de ser de un “importador neto a un exportador neto” en materia energética.