Impulsada por Sergio Massa, la medida busca convertir 200 mil planes sociales en trabajo en blanco, ofreciéndoles bonificaciones en los aportes a los empleadores, así como el pago de parte de los salarios. La idea es fomentar la participación de empresas con hasta cien trabajadores.

El gobierno nacional publicará, finalmente, el decreto de «Puente al Empleo» el lunes que viene. La iniciativa, que fue anunciada esta semana ante las tribunas del Council de las Américas por el ministro de Economía, Sergio Massa, quien la impulsa desde que presidía la Cámara de Diputados, tiene como objetivo transformar 200 mil planes sociales en empleo formal, habilitando a los beneficiarios de los planes a acceder al mercado formal de trabajo y ofreciéndoles bonificaciones en los aportes a los empleadores que los contraten. Al igual que las auditorías que comenzarán a realizar las universidades, el «Puente al Empleo» forma parte de la política de «reordenamiento» de los programas sociales que Massa puso entre las prioridades cuando desembarcó en Economía. En medio de los reclamos sociales por medidas redistributivas, el anuncio no cayó bien entre algunas organizaciones populares. 

En el Ministerio de Economía aseguran que el texto ya está listo y, si bien Massa originalmente había asegurado que el decreto se publicaría el viernes, el Gobierno se está preparando para hacer el anuncio a principios de la semana que viene. La premisa principal del decreto consiste en que aquellos titulares de programas sociales que sean contratados por una empresa privada –y que cumplan, además, con las capacitaciones que el empleo exige– podrán seguir percibiendo la prestación que otorga el plan por un año y el empleador sumará lo que falte para llegar al salario de convenio. «Aspiramos a que a lo largo del año que viene podamos incorporar a más de 200 mil beneficiarios de programas sociales al mercado de trabajo. Entendiendo que además los niveles de desempleo que hoy tenemos encuentran inclusive una restricción del crecimiento porque encuentran techo en la capacidad de absorber mano de obra por falta de oferta», explicó el mismo Massa el jueves en el Hotel Alvear, ante el establishment económico del Council de las Américas.

El programa supone beneficios para las y los trabajadores y beneficios para las y los empleadores. En el caso de las personas que hicieron el «puente» al empleo formal, estas podrán sostener durante un año la «estabilidad» del plan y, transcurrido ese tiempo, tendrán la posibilidad de decidir si mantienen el programa social u optan por el trabajo formal (con los beneficios que eso implica, como obra social, ART, aportes jubilatorios, etc). En el caso de los empleadores, estos tendrán garantizado que el Estado se hará cargo de un parte del salario (el monto del plan) y, a su vez, cuentan con que tendrán bonificados los aportes y las contribuciones patronales, ya que solo deberán pagar la obra social, la ART y el aporte al sindicato. Esto último es una diferencia con el proyecto original que Massa había presentado en la Cámara de Diputados, el cual eliminaba en un 100 por ciento las contribuciones patronales.

«Este programa permite avanzar en sectores de la economía donde muchas veces el temor a perder el plan hace que la persona no quiera incorporarse al mercado laboral formal, como ser trabajadores del citrus, arándano, construcción, trabajadores rurales, tabaco y demás economías regionales», explicaron desde el entorno de Massa. El ojo estará puesto, además, en que las incorporaciones se den en empresas de hasta 100 empleados que, según las estadísticas del Ministerio de Economía, constituyen el 98 por ciento del total de empleadores.

Junto a las auditorías a los planes sociales, el «Puente al Empleo» forma parte de la política de «reordenamiento» de la política social que Massa anunció cuando desembarcó en la cartera de Economía. Según explicó en ese momento, este reordenamiento constaría de tres ejes: «la vuelta al mercado de trabajo, fortalecimiento de cooperativas y protección en caso de situaciones de vulnerabilidad». En un contexto de crecimiento de la conflictividad social, esta estrategia generó cierto malestar entre las organizaciones sociales.

Las organizaciones sociales, que protagonizaron un «velatorio» del Salario Básico Universal en Plaza de Mayo, vienen reclamando que el gobierno nacional desarrolle políticas en favor de los sectores más empobrecidos y cuestionan que, muchas de las medidas anunciadas hasta ahora, «estigmatizan» a quienes cobran un plan más que beneficiarlos. Algunas, como el Frente Patria Grande, amenazan directamente con romper el bloque oficialista en Diputados y formar, por separado, un subbloque, si no hay anuncios este mes.