Tras 15 horas de debate, se logró la aprobación en general de la iniciativa que establece un gasto total de casi 29 billones de pesos, un incremento de la economia del 2 por ciento, una pauta inflacionaria del 60 por ciento, y prioriza el gasto social.
La Cámara de Diputados aprobó en general por 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones, el proyecto de Presupuesto 2023 que establece un gasto total de casi 29 billones de pesos, un incremento de la economia del 2 por ciento, una pauta inflacionaria del 60 por ciento, y prioriza el gasto social.
A la hora de discutir los puntos particulares, la oposición impuso su número para rechazar el artículo del proyecto de Presupuesto 2023 impulsado por el oficialismo, mediante el cual se establecía el pago del impuesto a las Ganancias para todos los integrantes del Poder Judicial.
Los bloques opositores sumaron 134 votos negativos contra 116 del oficialismo, por lo que el artículo fue rechazado.
La iniciativa fue aprobada a las 5.13 con el respaldo del Frente de Todos, Provincias Unidas, Interbloque Federal, y los bloques de JXC Evolución Radical, UCR y Encuentro Federal, mientras que fue rechazo por la Coalición Civica, la izquierda y la derecha, y el Pro se abstuvo.
El Proyecto
El proyecto estima un gasto total de casi $ 29 billones, con una recaudación aproximada de $ 22,5 billones y un déficit primario de $ 6,3 billones de pesos.
El dictamen de mayoría contiene reformas impositivas ya que se contempla aumentos en las cuotas de obra social para las categorías más altas del Monotributo, incremento de impuestos internos y de aranceles de productos electrónicos, un impuesto sobre los pasajes y deducciones de ganancias en concepto de educación.
Foto: Prensa.
Otro punto significativo es la inclusión de una cláusula, por la cual si aumenta la recaudación o la inflación prevista del 60% en 2023, se deberá implementar una corrección en el Presupuesto, a fin de establecer cómo se redistribuirá ese excedente de los recursos.
El proyecto de Presupuesto 2023 que contempla un acrecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 2%, una inflación del 60%, un déficit del 1,9 por ciento y que prevé destinar más del 70% de los recursos a gastos sociales.
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El proyecto estima un gasto total de casi $ 29 billones, con una recaudación aproximada de $ 22,5 billones y un déficit primario de $ 6,3 billones.
El diputado del Frente de Todos Carlos Heller afirmó que el proyecto de gastos y recursos impulsado por el oficialismo para 2023 «no es un presupuesto de ajuste» y rechazó que hayan disminuido las partidas destinadas a gastos sociales, al señalar que suman más de 300.000 millones de pesos.
Al exponer como miembro informante de la mayoría, en el inicio de la sesión, Heller aseguró que el Presupuesto 2023 «está orientado a la inversión en infraestructura que ocupará un rol preocupante, a fortalecer el sistema de salud, la educación en todos los niveles, la extensión de las becas, la ciencia e innovación y el fomento del empleo».
«Hemos visto algunos informes periodísticos que se han centrado en el presupuesto del Ministerio de Educación pero eso es solo una parcialidad del gasto asignado a este concepto. Lo lógico es analizar los gastos por finalidad y función en los cuales se integran los gastos que proceden de diferentes fuentes. Por ejemplo hay partidas que están en el Ministerio de Obras y que tiene que ver con la realización de edificios para las escuelas pero que forman parte de los gastos destinados a la Educación», dijo el legislador.
En ese contexto, señaló que se han incrementado partidas sociales por un monto de 322 mil millones de pesos, con lo cual «no es un presupuesto de ajuste».
También se refirió al proceso inflacionario que existe en el país y en ese sentido señaló que «la búsqueda de un descenso gradual sin recurrir a un shock antiinflacionario es lo aconsejable porque conocemos los argentinos las consecuencias que tienen los shocks antiinflacionarias y devaluatorios».
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En su exposición, Heller destacó el crecimiento de la actividad económica tras «haber superado la pandemia al señalar la suba del 6,4% interanual registrada en agosto respecto a igual mes de 2021».
Posteriormente, el diputado del PRO Luciano Laspina afirmó que el proyecto de Presupuesto 2023 impulsado por el oficialismo «se queda a mitad de camino porque no prioriza el gasto y gasta en cosas que no debe».
A modo de ejemplo de esto último, el legislador de la oposición citó el artículo que prevé un beneficio al gremio de camioneros para que no paguen el impuesto a las ganancias sobre determinados conceptos como viáticos.
Laspina, que además es vicepresidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja, manifestó que «a la Argentina ya no le alcanza con el equilibrio fiscal, le hace falta superávit fiscal».
En su discurso, el diputado del PRO criticó el beneficio impositivo que recibirá el gremio de camioneros y señaló que representa «84.175 millones de pesos, que es el doble del bono para la indigencia» que está otorgando el Gobierno para las personas de menores recursos.
Por su parte, el diputado radical Víctor Hugo Romero, señaló que «este presupuesto no define un programa de gobierno, no deja de lado la política de parches y no genera señales fuertes para construir confianza y cambiar el rumbo que hoy tenemos en la Argentina»
Agregó que «se implementó una política de expansión de gastos con incremento del costo fiscal y esa expansión generó déficit financiado con emisión monetaria y un incremento del endeudamiento».
Interbloques Provincias Unidas y Federal anunciaron su respaldo
El titular del interbloque Provincias Unidas, Luis Di Giácomo, apoyó el proyecto de Presupuesto 2023 al señalar que no comulgan “con la idea de impedir o entorpecer al Ejecutivo, legitimado por el pueblo, el cumplimiento de su plan de gobierno”.
Con similar sintonía, el titular del interbloque Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, también explicitó el aval de sus legisladores al proyecto al destacar el hecho de que el oficialismo haya hecho correcciones al proyecto original.
«Desde nuestro interbloque no acordamos con impedir el tratamiento trabando la realización de la sesión legislativa con el voto negativo en general, creemos que ese no es el camino. Adelantamos entonces el apoyo al Presupuesto en cuestión», expresó Di Giácomo durante su discurso en el recinto.
En ese sentido, agregó: “No comulgamos con la idea de impedir o entorpecer al Ejecutivo, legitimado por el pueblo, el cumplimiento de su plan de gobierno”.
“Por esto no trabajamos para impedir su tratamiento, en todo caso el poder ejecutivo deberá hacerse cargo de sus resultados; porque el sector que rige los destinos del país debe hacerse cargo de los éxitos y de los fracasos», agregó el legislador.
Por su parte, Rodríguez destacó que el oficialismo haya incluido correcciones al proyecto de Presupuesto y por eso «vamos acompañar en general» pero anticipó su rechazó a las delegaciones al Poder Ejecutivo para reformar las alícuotas de retenciones.
Destacó que es importante que «antes de fin de octubre nos encontremos debatiendo la posibilidad cierta de aprobar el presupuesto y eso hay que destacar.»
«Valoremos que hayamos podido incluir correcciones» entre las que mencionó «que se haya asignado al transporte del interior del país una suma que se pueda actualizar cómo evolucione la economía», dijo Rodríguez.
Por último, el legislador señaló que «la Argentina necesita invertir y generar empleo y un camino es insistir en que las pymes tenga menor presión tributaria para generar empleo».
Milei y Espert, en contra
Los diputados de las bancadas de derecha Javier Milei y José Luis Espert rechazaron el proyecto de Presupuesto 2023 impulsado por el oficialismo, al cuestionar los gastos previstos, el nivel de endeudamiento, el déficit fiscal y la proyección de inflación para el próximo año.
El diputado Milei dijo que «por cuestiones de índole moral, técnicas y por las inconsistencias confesadas por los propios diputados del oficialismo desde la Libertad Avanza vamos a rechazar rotundamente este Presupuesto”,
«La inconsistencia técnica más grosera del Presupuesto es esa inflación del 60% (para 2023) ¿Dónde viven? La inflación en Argentina vive acelerándose, estamos en el 83% pero en los últimos tres meses oscila entre el 100% y el 125%», agregó el legislador al hablar en el recinto.
Por su parte, el economista y legislador de Avanza la Libertad, José Luis Espert, afirmó que «nunca un gobierno endeudó a un Estado más que el de Alberto Fernández: 100.000 millones de dólares, sin considerar la deuda cuasifiscal que ya llega a 8,6 billones, y con estos niveles de tasas de interés, el año que viene se va a duplicar para llegar a la friolera de 17 billones de pesos”,
También criticó el aumento del gasto público al señalar por «por empatía con una sociedad que no da más de pagar impuestos, el gasto público no debería crecer eso, sino mucho menos».
La previa de la sesión
En forma previa a la sesión, se reunió la comisión la Comisión de Labor Parlamentaria -encabezada por Cecilia Moreau- donde se definió que habrá once horas de debate y luego, tras la votación general, comenzará la discusión en particular. La discusión en el pleno del cuerpo se da en medio de un fuerte debate por la inclusión de un artículo que elimina la exención en el pago del impuesto a las Ganancias de la que gozan los miembros del Poder Judicial, por un monto total estimado en alrededor de $ 237.000 millones.
El lunes se realizó una reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda con la conducción de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que explicitaron su rechazo al artículo incluido por el Frente de Todos en el dictamen de mayoría.
Entre las distintas fuerzas políticas, el debate estuvo también centrado en la pauta de inflación del 60% proyectada por el oficialismo para 2023, así como sobre los subsidios al transporte a las provincias, la facultad para aumentar las retenciones y los recursos destinados a gastos sociales y educación.
El proyecto estima un gasto total de casi $ 29 billones, con una recaudación aproximada de $ 22,5 billones y un déficit primario de $ 6,3 billones.
De todos los puntos que incluye el proyecto de Presupuesto 2023, el que modifica la exención de ganancias para magistrados y funcionarios del Poder Judicial es uno de los más controvertidos.
Se trata de un aspecto propuesto por el oficialista Marcelo Casaretto en la reunión de la Comisión de Presupuesto, donde estimó que esa incorporación permitiría recaudar unos 237.000 millones de pesos más a los recursos.
En 2017, una ley dispuso que los jueces que ingresaran desde ese momento en adelante al Poder Judicial comenzaran a tributar Ganancias.
Sin embargo, como consecuencia de las medidas cautelares que presentaron, son muy pocos los magistrados a los que se les descuenta el cobro de este impuesto de sus haberes.
“Hay que desacelerar el conflicto”. “No hay razón de fondo para romper”.“El presidente es un tipo difícil y tal vez dijo lo que dijo porque se siente fuerte en este moemnto”. Las frases surgen del entorno de Victoria Villarruel, que por estas horas sigue tratando de decodificar el ataque que recibió de parte de Javier Milei.
“La vicepresidente no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones del gobierno y está más cerca del círculo rojo, que ella llama alta política y nosotros llamamos la casta”, disparó el Presidente, cruzando un límite con su vice: en varias oportunidades defenestró a aliados y a sus propios ministros, pero nunca llegó tan lejos con su compañera de fórmula.
Del lado de Villarruel esperan que el conflicto vaya “desacelerando” y aseguran que no responderá (de hecho no lo hizo durante el fin de semana). Los motivos por los cuales Milei eligió como blanco a la vice no quedan claros. Algunos aseguran que Villarruel mide mejor en las encuestas que el Presidente y eso molesta al entorno presidencial, otros que detrás de las declaraciones de Milei aparece la sombra de Karina Milei, quien no disimula la pésima relación que tiene con Villarruel y no faltan lo que mencionan que el mandatario busca la incondicionalidad que le profesan todos, sin excepción, en el gobierno y en ambas cámaras.
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“Eso con Victoria no va. Hace un mes había hablado bien de ella. Me cuesta entender el espíritu confrontativo del Presidente, que en uno de los mejores momentos de su gobierno elige abrir otro frente de conflicto. La teoría del caos permanente parece cerrarle a Milei y a sus seguidores. Pero es un arma de doble filo”, dice la fuente consultada. Y añade: “Ya lo dijo Macri: Milei tiene un carácter especial y es gente a la que le gusta asumir un riesgo. El tema es que podés pegar un pleno o pegarte un palazo”.
Agenda propia
“No vinimos a hacer amigos”, agrega la fuente, dejando en claro que Villarruel no se apartará del rol que viene cumpliendo en el Senado y la agenda propia que mantiene. “Victoria no está armando nada. Visita las provincias porque es presidenta del Senado, pero no tiene estructura en ninguna provincia y es parte del gobierno”, aseguran.
Con todo, remarcan un hecho que no puede haber pasado desapercibido para el Presidente, más pendiente de las redes sociales que de las encuestas. “Si te fijás, en los comentarios de los posteos de algunos libertarios que profesan la obediencia debida y salieron a pegarle a Victoria, como Lilia Lemoine, mucha gente remarca que votaron a Milei-Villarruel. Lo que menos quiere la gente es una interna en el gobierno”.
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¿Cómo debería terminar este nuevo culebrón? “Javier y Victoria se tienen que sentar y sellar un nuevo pacto. Entendemos que el gobierno se sienta fuerte por las últimas noticias económicas y por el protagonismo que ha logrado con mandatarios de otros países, pero falta mucho para consolidar este proyecto”, señalan y ponen sobre la mesa la potencial candidatura de Cristina Fernández en Buenos Aires como una amenaza latente en la que hay que concentrarse, unidos.
“Cristina tiene un núcleo duro muy fuerte en el Conurbano y no parece que éste sea el mejor momento para tener un conflicto interno con tu vicepresidenta”, alertan.
Por decreto, Milei eliminó el financiamiento a tasas subsidiadas del que disponían las personas mayores y los aportantes al sistema.
El presidente Javier Milei oficializó este lunes la decisión de que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) deje de otorgar créditos a tasa subsidiada destinados a jubilados y trabajadores en relación de dependencia.
Según fundamentaron oficialmente, la medida implementada mediante el Decreto 1039/2024 tiene el objetivo de preservar la rentabilidad y sostenibilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
La norma deroga los incisos m) y n) del artículo 74 de la Ley 24.241, que permitían al organismo conceder financiamiento con recursos del FGS tanto a beneficiarios del sistema previsional como a empleados aportantes al SIPA.
El argumento del Gobierno nacional para eliminar los créditos se basa en que las tasas reales negativas aplicadas a esos créditos en un contexto de alta inflación —211,4 por ciento en 2023, según el Indec—, perjudicaban significativamente los activos del Fondo, cuyo propósito principal es garantizar la sustentabilidad del sistema previsional.
“No fue creado para funcionar como un fondo de crédito, sino para organizar la sustentabilidad del referido sistema y, por lo tanto, sus activos deben ser invertidos en instrumentos que garanticen la preservación de su valor”, alegaron.
De esta manera, el Ejecutivo explicó que la inclusión financiera se debe fomentar a través del sector privado, que cuenta con la capacidad para ofrecer préstamos de manera competitiva. En este mismo sentido, la normativa aclara que el FGS se debe dedicar exclusivamente a inversiones que aseguren la preservación y rentabilidad de su capital.
“Tanto las instituciones financieras públicas como las privadas poseen líneas de crédito activas dirigidas a jubilados y pensionados, lo que evidencia la capacidad del sistema financiero para atender esta demanda”, excusaron.
Hasta la publicación del decreto, ANSES podía invertir el dinero del FGS en “contratos que se negocien en los mercados de futuros y opciones sujetos al contralor y supervisión oficial” y en “cédulas hipotecarias, letras hipotecarias y otros títulos valores que cuenten con garantía hipotecaria o cuyos servicios se hallen garantizados por participaciones en créditos con garantía hipotecaria”:
La decisión de la gestión libertaria anula los créditos ANSES, destinados a trabajadores en relación de dependencia y titulares de jubilaciones y pensiones, a tasas mejores que las ofertadas por las entidades bancarias y con mayor cantidad de cuotas para su devolución.
El programa Créditos Anses surgió durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner para brindar un herramienta de financiación accesible a los sectores más vulnerables y privilegiar el mercado interno. Y continuó en todas las gestiones que la sucedieron. Incluso, en la presidencia de Mauricio Macri, socio político de la Libertad Avanza, se aplicaron con distintas líneas.
El último relanzamiento de la iniciativa ocurrió en la campaña presidencial de Sergio Massa: permitía que trabajadores con salarios de hasta 1.980.000 pesos obtuvieran créditos de hasta 1 millón de pesos a Tasa Nominal Anual del 50 por ciento a pagar en 24, 36 o 48 cuotas; y en el caso de jubilados y pensionados pudieran percibir hasta 600.000 pesos a tasas del 29 por ciento, a devolver en 24, 36 o 48 cuotas.
La medida oficial, como detalla la decisión, también busca «aliviar la carga administrativa de la ANSES y concentrar sus esfuerzos en su función principal» mientras considera a la ampliación que tuvieron las funciones del organismo como «negativas».
Desde el Gobierno además destacaron que se trata de una reestructuración clave para optimizar los recursos públicos en el marco de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social, que rige hasta el 31 de diciembre de 2025.
El decreto, que lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra Sandra Pettovello, de Capital Humano, será revisado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, conforme lo establece la Ley 26.122 sobre decretos delegados.
Con la eliminación de los créditos a tasa preferencial por decisión del gobierno de la libertad, jubilados y beneficiarios pierden una herramienta para financiarse en tiempos de crisis -o de emergencia como plantea el propio Ejecutivo- y se ven empujados a recurrir al sistema financiero tradicional con menos posibilidades de obtener el préstamo y con muchas más limitaciones para devolverlo.
El secretario general de Camioneros aseguró que es necesario «construir una alternativa para que la gente vuelva a acompañar al peronismo».
Ignacio Petunchi
El secretario general de Camioneros, Pablo Moyano, habló este lunes tras su renuncia de la semana pasada al Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT), y pidió «construir una alternativa para que la gente vuelva a acompañar al peronismo».
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«Estamos frente a un modelo económico que le está causando mucho daño a a la gran mayoría del pueblo argentino y eso generó la necesidad de juntarnos. Si no entendemos lo que está pasando, lo que pasó en estos 11 meses, no entendimos nada«, expresó el dirigente sindical.
En ese sentido, el referente de Camioneros manifestó: «Como surgió este tipo (Milei) de la nada, que fue una construcción mediática, ¿por qué no soñar que un trabajador o trabajadora, negro o negra, llegue al gobierno?».
«Más allá de las diferencias que podamos tener, los dirigentes gremiales no vamos a traicionar a los laburantes y es la bronca que hay de gran parte del movimiento obrero. Ojalá que en la próxima etapa haya más dirigentes, trabajadores y trabajadoras en el Congreso para que no pase esto que pasó en estos meses», subrayó Moyano en el canal de streaming EVA TV.
Moyano pidió «dejar de lado las diferencias que hay porque el año que viene en las elecciones legislativas van a venir por lo que nos queda».
«Hoy lo importante es construir una alternativa para que la gente vuelva a creer en el peronismo. Ojalá que esta reorganización sirva para ampliar y que haya un llamado a todos los sectores para construir una alternativa en serio», insistió el líder gremial.
Por último, el dirigente de Camioneros concluyó: «La realidad es que hoy el toma como un ejemplo a Marcos Galperín, como el empresario número uno, pero es el mayor explotador que hay en nuestro país y está dentro del gobierno. Lo mismo pasa con Julio Cordero, que es una oveja de los empresarios antes que un Secretario de Trabajo. Él es el abogado de Paolo Rocca y algunos creen que hay que seguir dialogando con ellos pero otros creemos que tenemos que estar en la calle».
Pablo Moyano presentó su renuncia al Consejo Directivo de la CGT
El líder camionero Pablo Moyano renunció este viernes a su cargo como Co- Secretario General del Consejo Directivo Nacional de la Central General del Trabajo (CGT) «al no coincidir con las decisiones tomadas por la llamada ‘mesa chica'». El día anterior el sector dialoguista de la central se había reunido con el Gobierno.
Moyano renunció a su cargo en la CGT a través de una breve nota enviada al Consejo Directivo de la central. Hacía un tiempo que venía pidiendo mantener un plan de lucha contra el ajuste libertario, pero en el último tiempo primó la postura dialoguista.
La renuncia de Moyano se produjo después de la reunión que el sector dialoguista, entre los que se encuentra Gerardo Martínez (UOCRA), que mantuvo este jueves con el Gobierno y empresarios del Grupo de los 6 para tratar cuestiones pendientes del capítulo sindical de la Ley Bases. Además de la reunión, la central descartó un nuevo paro nacional en medio de las negociaciones
