Sociedad Sucesos
Confirman el procesamiento de grupo que hacía escraches contra el Gobierno, los acusan de un délito menor.
La Cámara Federal porteña confirmó parcialmente el procesamiento de los integrantes de la agrupación Revolución Federal, entre ellos a su principal referente Jonathan Morel, y modificó la calificación penal: acusaron a los imputados de ser coautores penalmente responsables del delito de incitación a la violencia colectiva.
Durante la instrucción se los había culpado de “organizar y tomar parte en agrupaciones permanentes o transitorias que buscan imponer sus ideas o combatir las ajenas” a través de la violencia. Recordemos: Revolución Federal es la agrupación de la que simpatizaban los “copitos” procesados por el atentado a Cristina Kirchner.
La corte confirmó el procesamiento dictado contra Ezequiel Morel, Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Guerra y Nilda Sabrina Basile por el juez de primera instancia Marcelo Martínez de Giorgi, pero modificó el delito del que se los acusa.
Aunque el magistrado los había procesado por el delito de asociación ilícita destinada a combatir ideologías, delito penado con entre tres y ocho años de prisión, al quien tome parte de organizaciones que intenten imponer sus ideas, o combatir las ajenas, por la fuerza.
Pero el tribunal de apelaciones modificó la calificación a una más leve, la de «incitación a la violencia colectiva», que tiene una escala penal menor, de tres a seis años de reclusión.
Los magistrados también les redujeron los embargos de 9 millones a 4 millones de pesos para cada uno (de 45.454 dólares a 20.202 dólares, de acuerdo al cambio oficial).
De acuerdo al fallo, los jueces consideraron que la agrupación no tenía la entidad para ser considerada una asociación ilícita destinada a combatir ideologías.
Revolución Federal, «que habría sido conformada en un primer momento por Jonathan Ezequiel Morel y Leonardo Franco Sosa y a la cual se habrían integrado posteriormente Gastón Ezequiel Guerra y Nilda Sabrina Basile, no parecería poseer en principio, a partir del análisis efectuado por el magistrado de grado en su resolución, la entidad para ser considerada una asociación ilícita destinada a combatir ideologías», sostuvo la Cámara.
Los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi reconocieron «el uso de expresiones extremistas y de indudable contenido violento contra integrantes del Poder Ejecutivo Nacional y simpatizantes de uno u otros partidos políticos, y de ciertas reprobables acciones de índole ofensiva, como la provocación de daños o el proferir insultos y frases amenazantes, que tendrían su debida respuesta penal en cada caso».
Razonamientos
Los jueces observaron «la reducida cantidad de personas convocadas a las manifestaciones y lo que se denomina ‘escraches'», por más que «el contenido de las publicaciones en redes sociales» podía parecer «a simple vista que la convocatoria podía ser amplia».
Pero en las sucesivas manifestaciones apenas llegaron a congregarse nueve, quince y hasta cincuenta personas, «entre quienes se hallaban personas de otros grupos y autoconvocados», apostilló el tribunal.
Por lo tanto, «las manifestaciones y conductas llevadas adelante por los encartados reúnen la entidad necesaria para ser provisoriamente consideradas como un estímulo a la violencia contra un grupo de personas subsumible bajo las proyecciones del delito de incitación pública a la violencia colectiva», concluyeron los jueces.
En un apartado, el camarista Mariano Llorens planteó que las manifestaciones de Revolución Federal estaban amparadas en la libertad de expresión y no podían castigarse penalmente.
Para el juez Martínez de Giorgi, la existencia de la organización se remonta al menos al 11 de mayo, por iniciativa de dos de sus integrantes, Morel y Sosa.
El magistrado sostuvo en su fallo de primera instancia que llevaron a cabo un plan criminal, consistente en imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor.
Para ello utilizaron distintas redes sociales y medios masivos de comunicación con los que realizaban manifestaciones intimidantes, planeaban, coordinaban y difundían mensajes de odio y declaraciones violentas en contra de las actuales autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y sus simpatizantes.
El grupo se constituyó así «en uno de los actores que agitaron en la sociedad un clima de violencia social, cuyo acto de mayor gravedad institucional resultó ser el intento de magnicidio de la Vicepresidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, el pasado 1 de septiembre», afirmó el juez.
Los abogados que representan a la vicepresidenta argentina y el propio magistrado se pronunciaron a favor de que esta causa se anexionara a otro expediente, tramitado por la jueza María Eugenia Capuchetti, que investiga el intento de magnicidio contra Fernández.
En el contexto de esa última causa hay cuatro personas procesadas: el autor material del ataque fallido, Fernando Sabag Montiel, y su pareja Brenda Uliarte, ambos procesados con prisión preventiva por ser coautores del intento de asesinato.
También están procesados con prisión preventiva como partícipes secundarios una amiga de Uliarte con la que compartió su plan de asesinar a la vicepresidenta, Agustina Díaz, y el jefe de la banda a la que pertenecían Sabag Montiel y su compañera, Nicolás Carrizo.
El intento de magnicidio contra la vicepresidenta es considerado el hecho de violencia política más grave desde el regreso de la democracia, en 1983.
@Sputnik
/Imágen principal: ©foto: sputnik/
San JuanSucesos
Recuperaron siete vehículos en diferentes puntos de San Juan, cuatro con pedidos de secuestro de Mendoza
A través del SIFCOP, descubrieron que algunos rodados habían sido sustraídos de la vecina provincia.
Durante diferentes operativos, personal policial logró recuperar al menos siete vehículos con pedido de secuestro. Entre ellos, cuatro son de Mendoza.
El detalle:
En Rawson, secuestraron una camioneta Chevrolet S10 que tenía una chapa patente que no correspondía a dicho rodado. Tras inspeccionar el vehículo, confirmaron mediante el número de chasis que tenía pedido de secuestro de Mendoza, desde el 6 de julio del 2023 por el delito de Hurto agravado.
En Capital, más precisamente en Salta y Rivadavia, advirtieron la presencia de un auto y tras el pedido de datos, descubrieron que tenía pedido de secuestro de Godoy Cruz, Mendoza, desde el 20 de agosto del 2023.
Por tal motivo, se presentó un mecánico quien explicó que un hombre dejó el rodado en su taller y no había regresado a retirarlo.
En Rawson, recuperaron una Motomel Blitz, con pedido de secuestro por el delito de Hurto desde el 23 de abril del 2024, dependiente de la Comisaría 6ta.
En Rawson, inspeccionaron una moto con su estética nueva pero chapa patente vieja. Cuando verificaron el motor, la estampa se encontraba desgastada y los números no originales de fábrica. En consecuencia, radiaron la moto.
En un control en calle Sarmiento y La Laja, Albardón, un hombre que iba en una camioneta Ford F100, que no tendría papeles por cuestiones judiciales.
/DC
Sucesos
María Cash: un abogado involucrado en la causa fue imputado por falso testimonio
Un abogado que está involucrado en la causa que investiga la desaparición de María Cash, la joven de 29 años vista por última vez en Salta en julio de 2011, fue imputado este miércoles por falso testimonio.
Se trata de Carlos Enzo Cuellar, un hombre que al comienzo de la investigación, hace ya 13 años, aseguró haber visto a la joven en la gruta Difunta Correa en General Güemes, Salta, cerca de las 17 horas del 8 de julio de 2011.
Sin embargo, las antenas de telefonía celular demostraron que Cuellar no se encontraba en ese sitio a esa hora, por lo que resulta inverosímil su declaración.
“Es falso que la vieron porque sus líneas telefónicas impactaban a esa hora en otro lugar”, dijo una fuente de la investigación sobre la declaración del ahora imputado y su hijo Hugo, quien había respaldado la versión de su padre.
El relato de Cuellar avalaba la versión del camionero Héctor Romero, quien sostiene que ese 8 de julio levantó a María a un costado de la Ruta Nacional N°34 -en la rotonda del cruce de Torzalito, en General Güemes, donde la joven de 29 años hacía “dedo”-, la dejó en el sector conocido como la Difunta Correa en el Paraje Palomitas, y luego siguió camino a Joaquín V. González.
Además de ser imputado por falso testimonio, Cuellar fue citado a indagatoria a pedido de la fiscalía que investiga el caso, en un expediente bajo la firma del Juzgado Federal de Garantías N°2 de Salta, a cargo de Mariela Giménez.
La indagatoria a Cuellar es parte de las nuevas medidas impulsadas en las últimas dos semanas por la fiscalía. Se requirieron, además, las declaraciones de ocho testigos que vieron a María Cash el 8 de julio de 2011, el día en que fue vista por última vez, o supieron de sus movimientos aquel día.
Si bien “Romero (el camionero) fue la última persona que mantuvo contacto con María Cash”, aún no existen elementos suficientes para aseverar que él sea responsable de un crimen, señalan los investigadores, al tiempo que creen que se necesita de una hipótesis firme para investigar.
Por otro lado, los fiscales también ponen lupa sobre el testimonio de Miguel Segura, empleador de Romero, ya que sospechan que lo habría beneficiado con su declaración.
María Cash, diseñadora de indumentaria oriunda de Buenos Aires, desapareció en julio de 2011, cuando tenía 29 años. Tomó un colectivo en la terminal de Retiro con destino a Jujuy, y fue vista por última vez en Salta, el 8 de julio.
/P12
San JuanSucesos
Médano de Oro: un policía pasado de copas atropelló de atrás a un ciclista y lo dejó mal herido
El policía estaba en horario de trabajo. El siniestro fue el domingo por la noche. Ahora está preso a la espera de la audiencia en su contra.
Este domingo por la noche, cerca de las 23 horas, un ciclista fue atropellado de atrás por un automovilista en Médano de Oro. Este último terminó ser un agente de policía y un dato aún más grave, es que conducía en estado de ebriedad en su horario de trabajo.
Según informaron fuentes judiciales a Tiempo de San Juan, el agente de Policía Maximiliano Ochoa tenía 0.95g/l (gramos de alcohol por litro de sangre). Es más, este siniestro ocurrió cuando estaba trabajando. La información que tiene UFI Delitos Especiales es que estaba cumpliendo con un adicional en una escuela de las inmediaciones.
Este caso, que está en manos de la ayudante fiscal Gemma Cabrera y el fiscal Francisco Pizarro de UFI Delitos Especiales N°2, tiene otros datos muy relevantes. Uno de ellos son las explicaciones que dio el uniformado tras el siniestro.
Según dijeron desde la UFI, el policía manifestó que él había salido de su adicional para “ir a buscar agua caliente a su casa” y que el ciclista venía por el sentido contrario, algo que no cuadra para los investigadores porque con la información hasta ahora, Criminalística dice que la bicicleta recibió el impacto de atrás.
Fuera de toda la polémica del policía, un dato por demás importante es el estado de salud del ciclista, identificado como José Luis Salazar. Está internado en el Hospital Rawson en estado crítico, informaron. Sufrió un traumatismo encéfalo craneal (TEC) moderado con perdida de conciencia y politraumatismos.
/TSJ
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