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Política & Economía Nacional

Coparticipación: las vías por las que avanza el Gobierno para enfrentar el fallo de la Corte Suprema.

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Mientras prepara la presentación judicial contra la cautelar de la Corte, el Poder Ejecutivo llamaría a sesiones extraordinarias. En ese ámbito, el oficialismo buscará tratar la moratoria previsional y abriría el debate sobre cómo financiar los recursos extra que el máximo tribunal le concedió a la Ciudad de Buenos Aires. Una opción es modificar el presupuesto, otra es crear nuevos impuestos.

En medio de los festejos navideños del fin de semana, el Gobierno estuvo dedicado a planificar los pasos a seguir para enfrentar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dijo que el Estado nacional deberá pagarle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires unos 180 mil millones de pesos más de los que ya percibe por coparticipación –con el costo de la policía local incluido–. Mientras en Balcarce 50 aseguran que esa medida cautelar es “incumpible, inédita y política”, están evaluando escenarios. Por un lado, confirman que este lunes no se pagará porque la Corte aún ni siquiera notificó al Banco Nación. Por otro, adelantan que esta semana avanzarán en el frente judicial con una presentación de la que se encargará el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y que a la vez llamarán a sesiones extraordinarias para tratar, entre otros proyectos, la ley de moratoria previsional. Una opción bajo análisis es que en ese período también presenten una ley para modificar el Presupuesto, o una para crear nuevos impuestos y conseguir los recursos necesarios para pagarle a CABA si no les queda otra opción y la Corte los obliga, lo cual, sin recursos extra, obligaría al Ejecutivo a violar la Ley de Presupuesto ya aprobada por el Congreso.

El Poder Ejecutivo, con el acompañamiento de una mayoría de gobernadores, realizó la semana pasada un movimiento inédito. Hasta el momento el presidente Alberto Fernández y los distintos miembros del Frente de Todos venían cuestionando los fallos del máximo tribunal y señalaban, como repite la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que ya no se trata de un Poder Judicial sino de un partido judicial con intereses políticos y partidarios. Lo cierto es que, esta vez, no solo se dijo, sino que, además de avanzar en el plano discursivo, el Gobierno avanzó en los hechos para que el fallo de los supremos pueda ser revisado dentro de la institucionalidad. 

Según explicaron en un pronunciamiento conjunto el Presidente y los gobernadores del Frente de Todos –con el posterior respaldo de otros cuatro mandatarios provinciales de partidos locales– cumplir con el fallo de la Corte implicaría no respetar el Presupuesto de 2023 que fue aprobado en el Congreso.

En esa línea, el exmiembro de la Corte Raúl Eugenio Zaffaroni subrayó en diálogo con el programa Rayos X que “la Corte Suprema le ordenó al Presidente que tome dinero y le pague a CABA, pero como hay una Ley de Presupuesto votada, si el Presidente utiliza el dinero para algo no previsto en la ley incurre en el delito de malversación de fondos“. Es decir, la CSJN -dijo el jurista- “coacciona al Presidente a cometer un delito”. Algo similar opinó el abogado constitucionalista, Eduardo Barcesat: “La resolución cautelar de la Corte suspende la aplicación del decreto del Presidente y la ley del Congreso que ratificó las alícuotas dispuestas. Se alza contra una ley. Es correcto calificar este conflicto entre poderes como el más grave desde el recupero de la democracia”, dijo.

Para no incumplir con el Presupuesto votado, entre las opciones que analiza el Gobierno se cuenta conseguir los recursos por fuera de lo presupuestado. Una opción sería con la creación de impuestos: los trascendidos citaban posibles tributos a los bancos o al juego. Otra opción sería la aprobación en el Congreso de una modificación del Presupuesto. En ese caso, claro, los legisladores de las provincias, tanto del oficialismo como de la oposición, deberían votar para cambiarlo y que la Nación les quite dinero a sus distritos para obras, educación o salud y se lo dirija a CABA. Un escenario complejo para esos legisladores. También dejaría en un lugar difícil al alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que tiene aspiraciones presidenciales.

En los tribunales

Mientras el Ejecutivo piensa cómo avanzar en el área legislativa, también se prepara, mediante la Procuración del Tesoro de la Nación, la presentación judicial y el pedido de revocatoria de la medida de la Corte, que se haría efectivo esta semana. En lo inmediato, si hay un recurso, no habría incumplimiento del fallo de la Corte. El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y Horacio Diez, el procurador adjunto, estarían encargados del tema. Si bien desde distintas áreas trabajan en el asunto -como la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el ministro de Justicia, Martín Soria– no es función de ellos intervenir en este momento, sino de los abogados del Estado. “Corresponde técnicamente que lo haga la Procuración del Tesoro”, explicaron en el Gobierno.

Más allá de eso, desde Economía, explican que el pago que se hace a cada distrito por coparticipación funciona del siguiente modo: AFIP recauda y manda el dinero a una cuenta del Banco Nación que, automáticamente, aplica el coeficiente que dice la ley o el decreto y lo envía. Es decir, según ellos, en el momento en que la Corte notifica al Nación, se debita. Según funcionarios del Gobierno, el Banco Nación, el domingo por la noche todavía no había sido notificado. No se sabe qué tiempo llevará que eso suceda, pero una estimación es que podría ocurrir recién en febrero. Según explicaron cerca del ministro de Economía, una vez que esa notificación existe, es “imposible” frenar el pago porque “no es discrecional”.

Otras fuentes del Gobierno apuntaron que el fallo de la Corte perjudica a todas las provincias y, además, no corresponde pagar esa diferencia porque, en tal caso, tendría que haber estado establecido en el Presupuesto una afectación específica para el pago del traspaso de la policía porteña. La AFIP, explicaron, deposita al Banco Nación, pero es el Ministerio de Economía el que distribuye.

Desde el Ministerio del Interior, en tanto, explicaron que la cartera que conduce Eduardo “Wado” de Pedro “no toma intervención alguna en el pago del monto establecido en dicha norma para solventar el traspaso de competencias a CABA”. De hecho, agregaron, “el Ministerio del Interior ni siquiera es parte en el expediente que tramita en el juicio ante la CSJN”. “Quien lleva la defensa del Estado Nacional es Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro. Tanto es así, que todas las presentaciones realizadas en la causa debieron hacerse a través de su servicio jurídico”, subrayaron.

En un principio, luego de la carta que el Presidente firmó el jueves junto a 14 gobernadores diciendo que el pago de 2,95 por ciento de la coparticipación a CABA era “imposible de cumplir”, se estimaba que este lunes se concretaría la presentación formal del Gobierno ante la Corte, para el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar. Sin embargo, desde la Rosada precisaron que eso sucederá “en la semana”.

Por su lado, el gobierno porteño también se presentará ante el máximo tribunal, pero para solicitar que se cumpla el fallo. La feria judicial comenzará el 1º de enero, por lo tanto, los cortesanos deberán definir si abren esa instancia de forma inmediata o la dejan para tratar en febrero, cuando vuelvan de la feria. 

El diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau resumió la situación en unas pocas palabras: “La Corte viene emitiendo sentencias que violan la Constitución arrogándose facultades del Poder Legislativo. Es la Corte la que utiliza acordadas como fallos y la que resucitó una ley derogada por el Congreso. Es la Corte la que suspende la aplicación de una ley vigente”.

/PAGINA12/

Política & Economía Nacional

El Gobierno planea vender Tecnópolis

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Según trascendió, el predio que ocupa la megamuestra de ciencia y tecnología sería vendido para desarrollar un proyecto de Damián Manusovich y Matías Lammens.

Tecnópolis se acerca al fin de su existencia: según trascendió, el gobierno nacional tiene muy avanzada la venta del predio que ocupa la megamuestra de ciencia y tecnología. Son 52 héctareas de la localidad de Villa Martelli, ubicadas sobre la avenida General Paz. El plan sería desarrollar allí un negocio inmobiliario a cargo de Damián Manusovich, exjugador de fútbol de San Lorenzo y actual columnista deportivo en ESPN, asociado a Matías Lammens, exministro de Turismo y Deportes de la Nación.

La información fue hecha pública en el programa “Argenzuela” de Radio 10, donde se detalló que para poder hacer emprendimientos de viviendas en esos terrenos debería establecerse un cambio en el código urbanístico por parte del Concejo Deliberante de Vicente López, y reclasificar la zona.

En el predio, que pertenece al Ejército Argentino, funcionaba un cuartel militar hasta 2011. El lugar fue renombrado “Parque del Bicentenario” y desde entonces es la sede de la muestra permanente Tecnópolis.

El comprador, según informaron en el programa, sería Manusovich, en asociación con Lammens. Manusovich comenzó a incursionar en desarrollos inmobiliarios en Villa Devoto hace más de 10 años con la empresa MMCV. Además es socio en los restaurantes Alicia y Mecha, también de esa localidad.

En el último tiempo, junto a su socio Sebastián Orlandi, comenzó a apostar por expansiones en la continuidad de la General Paz, pero hacia el lado del conurbano. En 2022, en el Distrito Nueva Lynch, San Martín, lanzó Aera, un proyecto con dos torres de lujo, las primeras de la zona. Para realizarlas hubo un cambio en la zonificación edilicia de San Martín, que habilitó la construcción.

Manusovich ya tiene proyectos desarrollados en San Martín, Tres de Febrero, Escobar, San Miguel, Mar de las Pampas, Villa Gesell, Las Gaviotas, Colonia Marina, Costa del Este y Uruguay.

La megamuestra Tecnópolis, concebida como la culminación de los festejos por el Bicentenario de la Revolución de Mayo, fue inaugurada el 14 de julio de 2011 en el predio de Villa Martelli para visibilizar e impulsar los avances científicos, tecnológicos y culturales del país.

En principio, la muestra iba a ser más modesta. Ocuparía algunas avenidas del barrio porteño de Palermo apenas un fin de semana, como broche final de esas celebraciones de 2010. Pero el entonces jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, no autorizó el cierre de calles que implicaba el emplazamiento de la muestra. El argumento fue que “colapsaría el tránsito”. Fue una expresión muy precisa de los modelos de país que en aquel momento expresaban oficialismo y oposición

Todo lo proyectado quedó entonces a la espera de encontrar un lugar donde establecerlo. Así fue como apareció el predio de Villa Martelli, donde había funcionado un cuartel militar que fue parte del engranaje del terrorismo de Estado y había servido de base de operaciones, en 1988, al tercer levantamiento carapintada contra la democracia.

Al emplazarse en ese predio, la novedad fue que la muestra sería más extensa y se convertiría en permanente. Según explican sus organizadores, el parque “es un espacio de aprendizajes y descubrimientos. Un despertador de vocaciones para las infancias y juventudes que transmite el orgullo por todo lo que somos capaces de hacer como argentinas y argentinos”.

Tecnópolis es un parque temático único en el país y América latina: “Una política pública inclusiva, masiva, igualitaria y popular que democratiza el conocimiento y el derecho al disfrute”. Siempre con entrada libre y gratuita, en sus 12 años recibió a más de 40 millones de visitantes que vivieron experiencias inolvidables y transformadoras. Contó en cada edición con más 60 espacios interactivos vinculados al arte, la ciencia y la tecnología.

Cientos de hechos industriales, como la exhibición del avión a reacción Pulqui II, diseñado en 1947 por el Instituto Aerotécnico y construido en la Fábrica Militar de Aviones y otras tantas invenciones científico tecnológicas que contemplaban la interactuación de grandes y chicos fueron parte de las 12 ediciones de Tecnópolis.

“Es un lugar donde se ejerce la ciudadanía, donde se amplían los derechos. Una gran plataforma de políticas públicas, donde se puede observar con claridad el potencial que tenemos y las capacidades en nuestro desarrollo productivo, científico y tecnológico. Un sitio para ampliar imaginarios y acceder al disfrute”, explicó en su momento a este diario su directora, María Rosenfeldt. 

Tecnópolis fue una decisión política que se inició con la presidencia de Cristina Fernández y que apunta a que todas las personas puedan disfrutar del conocimiento, sin distinción de sus posibilidades económicas y sociales. Y fue fue acompañado por la concurrencia masiva al parque durante las vacaciones de invierno, posicionándolo como una de las atracciones preferidas por las familias.

Uno de los objetivos explícitos, con tanta presencia de niños, niñas y adolescentes, radicó en despertar vocaciones científicas: democratizar las condiciones de acceso y participación a los conocimientos para iniciar pasiones.

A lo largo de sus doce ediciones, Tecnópolis se propuso popularizar la ciencia a través de múltiples propuestas y atracciones, convirtiéndose en la megamuestra más grande de América Latina. Tal propósito fue interrumpido durante el macrismo, que arremetió contra el parque tras descalificarlo como “organismo de propaganda de entes gubernamentales”. Ahora, el gobierno ultraliberal de Javier Milei directamente planea cerrarlo para que el mercado haga su negocio.

@Página12.

/Imagen principal: Archivo/

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Política & Economía San Juan

Marcelo Orrego anunció que la planta política no cobrará el bono de $35 mil

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El Gobierno de la provincia de San Juan informó que, por decisión del gobernador Marcelo Orrego, la planta política no percibirá el bono que fue otorgado a la administración pública provincial. 

Este viernes se confirmó que el Gobierno de la provincia de San Juan, por decisión del gobernador Marcelo Orrego, no pagará el bono de 35 mil pesos a la planta política, que fue otorgado a la administración pública provincial.

Cabe destacar que esta iniciativa se encuentra enmarcada en la línea de austeridad que la administración provincial lleva adelante.

@PrensaGob.

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Política & Economía Nacional

Inflación: laboratorios acordaron congelar precios de medicamentos por 30 días

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La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME) representa a 41 compañías, pero cada laboratorio asociado ejercerá la facultad de adherir individualmente a la iniciativa.

Durante el primer trimestre del año quedó en evidencia el recorte en el flujo de fondos hacia organismos y hospitales, lo cual tuvo un impacto significativo en las firmas del sector de la salud y en medio de una altísima inflación. Apenas días después de su asunción, el presidente Javier Milei anunció que las cuotas de las prepagas se moverían sin intervención oficial, pero tan solo cuatro meses más tarde, se vio obligado a regularlas y se encuentra al borde de llevar el tema a la Justicia. En medio de esto, el plan de déficit cero adquirió un ritmo vertiginoso, y la salud pública no fue uno de los sectores que salieron ilesos de estos movimientos.

Según la ejecución presupuestaria del primer trimestre, el ítem Salud representó solo el 3,8% del gasto total, lo que marcó una disminución del 35% en comparación con el mismo período del año anterior, totalizando $572.999 millones, según se desprende del último informe la consultora Centro de Economía Política (CEPA).

En ese contexto, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), que representa a 41 compañías de innovación farmacéutica que investigan, desarrollan y comercializan medicamentos en el país, manifestó su disposición para acompañar las medidas destinadas a fortalecer el sistema de salud argentino, congelando los precios de los medicamentos por un período de 30 días, a partir del día de la fecha, en consonancia con la política de estabilización de las variables de la economía argentina.

La entidad, que agrupa a 41 laboratorios principalmente de capitales extranjeros, pero deja librado a cada firma la facultad de adherir a la iniciativa. Algunos de los laboratorios que forman parte de Caeme son: Abbot, Abbvie, Alcon, Amgen, Astellas, AstraZeneca, Bausch+Lomb, Bayer, Merk, GSK, Roche, Sanofi, MSD, Lilly, Novartis, entre otros.

En función de lo expuesto, cada laboratorio asociado ejercerá la facultad de adherir individualmente a esta iniciativa.

“CAEME reitera su compromiso por contribuir y promover el acceso oportuno y equitativo por parte de los pacientes a medicamentos y tratamientos innovadores en un marco de sustentabilidad y transparencia”, concluye el comunicado.

@Ámbito.

/Imagen principal: Archivo/

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