El 19 de septiembre de 2001 Franco Macri entró a la Casa Rosada y fue directo al despacho presidencial a reunirse con Fernando De La Rúa. El encuentro, que comenzó a media tarde, tenía un objetivo: informarle que Correo Argentino, la empresa con la que en 1997 se había quedado con la concesión del servicio postal de la mano de Carlos Menem, había entrado en concurso de acreedores. Eso implicaba que no pagaría su deuda con el Estado, acumulada por la falta de pago del canon. Eran 296 millones de pesos, por entonces la misma cifra en dólares. El pater familia de los Macri repitió el mantra habitual: dijo que la empresa era inviable si no se le eliminaba la competencia y si no se desregulaban las condiciones laborales de sus trabajadores.

El 28 de junio de 2016, casi 15 años más tarde, su hijo Mauricio Macri era presidente. La deuda de los Macri con el Estado seguía intacta pero ahora tenían una oportunidad: que su principal acreedor aceptara una propuesta de pago conveniente a sus intereses. El gobierno de Macri aceptó una propuesta de la familia Macri que implicaba una quita del 98,82% de la deuda, que traducidos en dinero significaba una condonación de más de 70.000 millones de pesos. Casi les sale, si no fuera por la intervención de la fiscala Gabriela Boquin que advirtió la maniobra y logró frenarla.

Hoy, 19 de septiembre de 2021, los Macri aún no pagaron un centavo. Durante su gobierno Macri puso a todo el Estado a cuidar las cuentas familiares. No logró su objetivo pero tampoco se dieron por vencidos. La jueza Marta Cirulli decretó la quiebra de la empresa pero se arrepintió a la semana y la dejó en suspenso pese a que la propia ley no se lo permite. Hoy el caso está en la Corte Suprema, de cuya celeridad depende que no demore 20 años más.

En estos 20 años el expediente principal acumuló casi 25.000 hojas en más de 100 cuerpos a los que hay que sumar varias docenas de incidentes que tramitan por separado, una de las tácticas de los Macri para demorar el avance del caso. No hay registros de un caso similar, de una empresa que haya entrado en falta de pago a sus acreedores y haya logrado evitar la quiebra por dos décadas. Un sinnúmero de trucos, argucias, tretas, aprietes, amenazas y favores judiciales explican este derrotero del cuál los Macri han hecho un arte.

En su libro Macri afirma que “la única razón por la que el concurso sigue abierto después de casi dos décadas es porque el Estado no ha querido cerrarlo”. Es falso. Lo que el Estado no quiso en estos 20 años fue aceptar propuestas de pago que implicaban quitas extraordinarias en la deuda. Por ejemplo, en el 2003 el Estado rechazó propuestas de pago del 7,7% y 5,73%, o sea, quitas del 92,3% y 94,27% respectivamente. Lo más insólito es que Macri reivindica que en 2016 su Gobierno aceptó una propuesta de pago que implicaba una quita del 98,82% de la deuda.

Estos datos fueron recabados por la  Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General, corroborados por la Auditoria General de la Nación y coincidieron con el peritaje que realizó la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), la oficina de escuchas que maneja la Corte Suprema.

En paralelo los Macri iniciaron cuatro demandas contra el Estado vinculadas a Correo por las cuales esperan cobrar más de 14.000 millones de pesos. Esas causas ahora tienen movimientos, a diferencia de la causa penal en la que fue imputado el ex presidente Macri por intentarle condonar la deuda a su familia. Allí el juez Ariel Lijo hace más de cuatro años que demora llamarlo a indagatoria.

Los Macri tenían la concesión del servicio postal desde 1997, gracias a una de las últimas privatizaciones de Menem. La ganaron porque ofrecieron pagar 51 millones de pesos de canon semestral, más que sus competidores. Pero apenas cumplieron dos semestres, luego dejaron de pagarlo con excusas de lo más variadas. Es más: en una de las demandas que hicieron contra el Estado llegaron a argumentar que pagaron de más.

Lo cierto es que acumularon una deuda con el Estado y con más de 700 acreedores que judicializaron un día como hoy hace 20 años. Ni el Estado ni esos centenares de acreedores cobraron un peso.

El concurso preventivo de acreedores de Correo Argentino que hoy cumple 20 años fue presentado el 19 de septiembre de 2001 por Raúl Casa, por entonces presidente de la empresa. El directorio de la firma había aprobado esa decisión el día anterior.

El 16 de diciembre de 2003 el juez Eduardo Favier Dubois decretó la quiebra de Correo Argentino al igual que hace unas semanas la jueza Cirulli. Pero en enero de 2004 el fallo fue revocado por la misma Sala de la Cámara Comercial que interviene hasta hoy en este caso. Los nombres clave son los de María Lilia Gomez Alonso y Matilde Ballerini, que siguen al día de hoy en la Sala B. En 2003, también estaba Ana Isabel Piaggi, que participó en el primer favor judicial a la familia Macri y luego se excusó: ya se había hecho público que era la esposa de Jorge Vanossi, hombre que encabezaba por entonces la lista de diputados del PRO.

“La empresa adujo que se había visto imposibilitada de abonar los cánones reclamados, como consecuencia de los incumplimientos por el Estado de las obligaciones a su cargo pactadas en el contrato de concesión (ésto es la exclusividad en: la emisión de sellos postales, la prestación de comunicaciones fehacientes, en la prestación de servicios telegráficos; la transferencia de marcas y patentes; obligaciones relativas al régimen laboral del personal, etc.)”, dice una auditoría realizada durante el gobierno del propio Macri por la Procuración del Tesoro (PTN). Los Macri se quejaban de que no era un negocio fácil y que no podían flexibilizar las condiciones de trabajo.

La auditoría detalla que recién en la foja 8.929 apareció la primera propuesta de acuerdo. Era septiembre de 2003 y los Macri propusieron pagar el 40% de su deuda en 15 cuotas y sin intereses. Mientras algunos acreedores aceptaban Correo Argentino pidió 120 días de prórroga y el Estado se opuso argumentando que “la conducta de Correo Argentino SA constituía maniobra dilatoria”. Las constantes demoras, sin embargo, recién comenzaban. Siguiendo la auditoría, los Macri hicieron una segunda propuesta: pagar el 100% de la deuda con un bono “que cancelaría las acreencias durante el período de concesión con una tasa de interés del 1%”. O sea, recién terminaban de pagar en el 2027, dado que la concesión era de 30 años, y con un interés residual. Pidieron también un cuarto intermedio de 30 días. El Estado se opuso junto al Banco Nación y la AFIP.

En 2003, según la auditoría de la PTN, “el Estado Nacional reiteró que la concursada (Correo Argentino) había prolongado con maniobras meramente dilatorias el trámite del concurso para poder mantener la explotación del servicio durante el mayor tiempo posible sin abonar ningún canon, suspendiento los intereses, y de tal forma, licuando su deuda al máximo”. Habían pasado menos de 2 años de un trámite que dura hasta la actualidad.

En la foja 10.257 aparece el entonces Secretario de Comunicación Guillermo Moreno para incorporar al expediente el decreto 1075 firmado por Néstor Kirchner el 19 de noviembre de 2003 y que rescindió, “por culpa del concesionario, el contrato de Concesión suscripto entre el Estado Nacional y la empresa Correo Argentino SA”. Tras esta decisión de Kirchner, la empresa de los Macri quedó sin actividad y reducida a alrededor de 20 trabajadores. El juez Favier Dubois entendió que no se podía hacer un salvataje de la empresa (el denominado cramdown) y decretó su quiebra indirecta. Duró poco: los Macri apelaron la quiebra y el 26 de enero de 2004 ya habían logrado revertir ese fallo.

En su libro Macri dice que “durante los primeros dos años, Correo Argentino cumplió con todas sus obligaciones. El Estado, con ninguna. (…) La empresa no pudo seguir pagando el canon y en 2001 pidió el concurso de acreedores (…) En 2003, el mismo año que me lancé a la política, la presidencia de Néstor Kirchner (…) rompió unilateralmente, sin motivo válido, el contrato de concesión, 24 años antes de su finalización”.

Falso. “Rescíndese, por culpa del Concesionario, el Contrato de Concesión suscripto entre el ESTADO NACIONAL y la empresa CORREO ARGENTINO S.A”, dice el artículo 1 del decreto 1075 del 2003 firmado por Kirchner, Alberto Fernández, Julio De Vido y Roberto Lavagna. La culpa del Concesionario, o sea, de los Macri, era que dejaron de pagar el canon y que no cumplieron con las condiciones de la concesión. Eran dos de los motivos que figuraban en al pliego de la concesión que aceptaron los Macri a la hora de quedarse con el correo.

El punto 30 de ese pliego detallaba las causas de rescisión del contrato. El punto 30.1 b) dice: “Podrá decretarse la rescisión del contrato de concesión en caso que el Concesionario no abonara el canon debido dentro del plazo 15 días de haber sido intimado”. El canon era la principal condición para quedarse con la concesión. Los Macrí ofrecieron pagar 51.600.000 pesos semestrales y por adelantado. Sólo pagaron el primer y segundo semestre, luego incumplieron.

Un detalle no menor es que, según a ley 23.966 que regula el financiamiento del sistema de previsión social, el 30% del canon que tenían que pagar los Macri iba para la ANSES. O sea, 1 de cada 3 pesos del canon era plata de los jubilados, pero la costumbre de postergarlos parece ser tradición en la familia Macri.

Entre motivos para terminar la concesión estaba el punto 30.1 c), que permitía la rescisión del contrato si “fuera decretada la quiebra o abierto el concurso preventivo del Concesionario”, algo que también había sucedido cuando Kirchner tomó la decisión pero que no fue incluido en los considerandos del decreto 1075. El concurso de acreedores comenzó el 19 de septiembre de 2001. Ni Kirchner estaba en los planes para Presidente ni Macri para la política partidaria. Un cumple 20 años.

En 2005 los Macri cambiaron de abogado. Su defensa la asumió Jaime Kleidermacher, hoy imputado por el vaciamiento de la empresa. Entre las nuevas estrategias pidieron que se excluyera al Estado de las mayorías legales para la aceptación de sus propuestas (algo que repitieron en 2020) y que les dejaran utilizar los fondos congelados de Correo Argentino para inversiones más rentables. Lo primero fue rechazado en primera instancia; lo segundo también, pero luego se lo habilitó la Cámara. Luego los Macri pidieron una vez más una prórroga de 60 días del período de exclusividad, es decir, del lapso para hacer una nueva oferta. Lo lograron.

En 2007 el expediente superaba los 70 cuerpos y las 17.000 fojas. En la 17.667 consta una nueva propuesta de Correo Argentino: pagarle al Estado el 100% de la deuda con lo que el Estado supuestamente les debía a ellos proveniente de las demandas que habían iniciado. El Estado no contestó y los Macri lo interpretaron como una conformidad a su propuesta. Llamaron a una audiencia y la representante del Estado, Maria Pace, dijo que “no tenía instrucciones sobre la propuesta”. Frente a esto, Correo Argentino pidió un prórroga de 90 días y el Estado aceptó. Uno de los casos en que hubo responsabilidad de ambos en la demora de esta causa. Consta en la foja 19.315.

La cuestión siguió en 2009, ya con más de 20.000 fojas apiladas en el expediente. Los Macri se empecinaron en que el Estado les debía dinero e insistían que el Estado había aceptado tácitamente su última oferta. El 18 de marzo de 2010, la jueza Cirulli no homologó el acuerdo, por lo que le dio la razón al Estado. En la auditoría consta que, ante esa decisión de la jueza Cirulli, los Macri presentaron un escrito solicitando a la jueza que informara “si había recibido en su despacho a representantes de la Subsecretaría de Justicia de la Nación, como así también si había mantenido conversaciones telefónicas con funcionarios de dicha cartera ministerial”. Curioso: les preocupaba que la jueza se reuniera con funcionarios del kirchnerismo. Macri, como presidente, se reunía en Olivos y Casa Rosada con los jueces que armaban las causas contra CFK. Les negaron el pedido porque carecía de una “petición contenciosa concreta”.

En la foja 22.216 ya está en 2016 y opera la gestión Macri con el acuerdo que aceptó Juan Manuel Mocoroa por órdenes del entonces ministro de Comunicación Oscar Aguad. Fue la maniobra que logró frenar la fiscala Boquin.

Macri, en su libro, “el final parecía cerca, pero ahí apareció la fiscal Boquin, muy cercana a la entonces jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, que siete meses después impugnó la propuesta con cálculos arbitrarios y ridículos”. Es falso. La audiencia donde los Macri de uno y otro lado del mostrador acordaron fue el 26 de junio de 2016. A Boquin no la invitaron y recién le notificaron lo que había sucedido allí en octubre. La fiscal analizó en detalle la propuesta que hicieron los Macri al gobierno de Macri y la rechazó el 30 de diciembre de 2016, menos de dos meses después de que le llegara la información y dentro de los plazos que establece la jurisprudencia.

En el interín, apenas recibió los papeles, a Boquin le robaron unos documentos del auto. Los papeles del caso Correo. No tocaron nada más.

Dijo Boquin, en su dictamen del 30 de diciembre de 2016, que “la propuesta aceptada implica reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible (…) por resultar equiparable a una condonación de deuda”; que “la aceptación de la propuesta implica un cambio estratégico de defensa de los intereses del Estado, configurando una manifiesta irregularidad -que corresponde investigar- en tanto propicia la aceptación de un acuerdo ostensiblemente ruinoso para el patrimonio estatal”; que la aceptación de esta propuesta la dio “un funcionario sin competencia para comprometer al Estado Nacional en su calidad de acreedor y carece de sustento técnico que la avale, siendo además irrazonable y carente de validez”; que este acuerdo viola la ley de Ética Pública. En síntesis: que no había un sólo elemento que llevara a que el Poder Judicial homologara este acuerdo.

El 8 de febrero de 2017 Boquin firmó un segundo dictamen. Siempre dentro de los términos legales. Se puede chequear en el expediente, es público.

De eso ya pasaron más de 5 años en los cuales los Macri operaron a varias bandas: por un lado blindaron a Macri en la causa penal que instruye el juez Lijo, por el otro apretaron a Boquin de diversas maneras, mientras demandaban al Estado por más de 14.000 millones de pesos y lograban dilatar el pago de su deuda.

20 años.

Fuente: Ari Lijalad // El Destape.