Política & Economía Nacional
Cristina Caamaño: “María Eugenia Vidal era la jefa de la mafia de la provincia”.
La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, aseguró que el lawfare tuvo a la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal “como jefa de la mafia de la provincia” de Buenos Aires, del mismo modo que “tenía a Macri a nivel nacional”, y advirtió que, a pesar de que Vidal negó cualquierr relación con el armado de causas, la ahora diputada “sabía” lo que ocurría con la mesa judicial provincial y, por eso, “usaba un teléfono encriptado que le dio la AFI”.
“Me parece que la couchearon durante diez días para que salga el jueves nuevamente, como nos tienen acostumbrados los de Juntos por el Cambio, a negar y tergiversar todas las cosas”, afirmó la titular de la AFI, en declaraciones a la agencia Télam, comentando las débiles explicaciones ofrecidas por la exgobernadora sobre la mesa judicial bonaerense denunciada.
Vidal, tras mantenerse en silencio por más de diez días, en declaraciones realizadas el jueves a la noche al canal La Nación+, negó la existencia de una mesa judicial durante su gestión al frente de la provincia de Buenos Aires y aseguró que el video “fue ilegalmente grabado y no constituye como prueba”.
El video de la “Gestapo”.
El video, conocido la semana pasada, registró una reunión que mantuvieron en 2017 funcionarios de Vidal, agentes de la AFI, el intendente de La Plata, Julio Garro, y empresarios de la construcción de la capital bonaerense.
En ese encuentro, el entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, manifestó que le gustaría contar con una “Gestapo” (la policía política del nazismo) para perseguir y accionar contra los gremios.
Ese registro fue hallado en las instalaciones de la AFI y la actual interventora de ese organismo presentó la semana pasada una denuncia ante la justicia federal de La Plata.
Caamaño dijo que la entrevista que dio Vidal “fue una nota armada justamente para que ella quede bien”, y destacó que “así y todo no pudo dar explicaciones satisfactorias”.
La relación de Vidal con la AFI.
“Ella dice desconocer a la AFI, o que prácticamente no tuvo contacto con la AFI; sin embargo, tenía un teléfono encriptado de la AFI”, aseguró Caamaño y agregó: “se lo pagaba” la agencia de inteligencia.
En esa línea, marcó que “ eso de que ‘no tengo contacto con la AFI’ queda bastante desvirtuado“, en alusión a las explicaciones de Vidal.
“Es la postura de ella de hacerse la inocente, cuando la realidad es que es la jefa de la banda de la provincia de Buenos Aires“, destacó la funcionaria y señaló que “esta es la mafia de Vidal, la mesa de la provincia, al igual que (el expresidente Mauricio) Macri tenía la mesa a nivel nacional”.
Los dos ministros de la reunión.
Caamaño sostuvo que la exgobernadora bonaerense “no puede estar al margen de lo que sucediera con sus propios funcionarios, si no estaba dibujada”.
“Tenemos dos ministros, un secretario de Justicia, un senador, el intendente de La Plata, incluso”, recordó sobre los participantes de la reunión registrada en el video.
De ese modo, preguntó, “¿ella no estaba al tanto de esas reuniones?” y recordó que, “de hecho, en la entrevista dijo que era una reunión institucional, o sea que ella sabía”.
“El que va a decidir la responsabilidad es el juez que está investigando la causa”, aseguró la titular de la AFI y manifestó que la investigación “la está avanzando el doctor (Ernesto) Kreplak”.
El juez, dijo la funcionaria “habilitó la feria, por lo tanto, está actuando activamente en la investigación”.
“La filmación la hizo la AFI”.
Consultada sobre si Vidal tiene responsabilidad política sobre la reunión registrada en el video grabado en 2017, Caamaño expresó que “la grabación la hizo la AFI“.
“Lo único que yo pude determinar hasta ahora, no concretamente porque tengo técnicos que están de vacaciones y tengo que esperar que regresen, es que esa filmación la hizo la AFI“, sostuvo.
En ese contexto, manifestó que “ahí presentes había tres funcionarios de alto rango de la AFI: el director de Jurídicos, el director de Contrainteligencia y el jefe de Gabinete” y advirtió que “por lo tanto, hay una responsabilidad tanto nacional como de la provincia de Buenos Aires, que son los que organizan esta reunión”.
Ante una pregunta sobre si puede haber detenidos en el marco de la investigación impulsada a partir de la denuncia que presentó la semana pasada tras conocerse el video, expresó que “eso lo va a determinar el juez, pero estos delitos tienen penas que sí podrían llegar a la detención“.
El papel de Julio Conte Grand.
Respecto del procurador bonaerense, Julio Conte Grand, mencionado en la reunión, manifestó que el funcionario judicial “tampoco podía estar al margen porque de hecho ellos dicen ‘esto ya está arreglado con el procurador’“.
“También hablan de una fiscal, como que eso ya estaba arreglado, y por otro lado, Conte Grand también utilizaba un teléfono encriptado de la Agencia Federal de Inteligencia, o sea que tampoco podía estar al margen de la situación”, advirtió.
En ese sentido, destacó que “esto es parte del lawfare que se vio durante el macrismo, donde está presente el establishment, los políticos neoliberales, la Agencia Federal de Inteligencia y la corporación judicial”.
“Esto es parte de lo mismo, así como se dio a nivel nacional, también se dio a nivel provincial con Vidal como jefa de la mafia de la provincia” de Buenos Aires, resaltó la titular de la AFI.
“Negar la realidad”.
Caamaño se había pronunciado más temprano sobre la mesa judicial bonaerense denunciada en un hilo que publicó en la red social Twitter, donde escribió que “Las declaraciones de la exgobernadora y actual diputada María Eugenia Vidal muestran una vez más la metodología de la Alianza Juntos/Cambiemos: negar la realidad. Niega lo que es evidente: una mesa judicial en PBA similar a la mesa judicial que operaba a nivel federal”.
“La Intervención de la AFI se limitó en distintas oportunidades a presentar las pruebas en la Justicia Federal para que se investigue y eventualmente se determinen responsabilidades penales“, aclaró.
En ese contexto, advirtió que “Niegan la persecución judicial coordinada con jueces, fiscales, espías, funcionarios de gobiernos. nacionales, provinciales y municipales y medios hegemónicos” y “Niegan la crisis provocada por el endeudamiento que condenó a la Argentina a pagar la fuga que benefició a los bancos”.
“El Lawfare fue una estrategia continental que buscaba eliminar de la agenda pública a quienes pudieran representar un obstáculo para la restauración neoliberal que, en Argentina, representa el macrismo aliado con un sector del radicalismo y sus facciones“, destacó la interventora de la AFI.
Sostuvo que “por eso, hablar de la Gestapo no solamente banaliza al holocausto perpetrado por el régimen nazi“, sino que “también deja en evidencia la matriz ideológica de algunos personajes de la actual oposición y hacia dónde buscaron orientar al Estado”.
En otro de sus posteos recordó que “en un país con 30 mil desaparecidos, hablar de la Gestapo no puede ser ni siquiera una broma de un ministro en ejercicio de sus funciones” y agregó que “de nadie, pero mucho menos de alguien con responsabilidad en el Estado”.
“El presidente @alferdez tomó la valiente decisión de sanear los sótanos de la democracia y poner a la AFI a trabajar con las reglas de juego del Estado de Derecho”, expresó al finalizar su publicación y manifestó que “el espionaje ilegal y la persecución a las disidencias significan hacerle trampa a la democracia. Nunca Mas”.
Política & Economía Nacional
Gobierno anunció que las prepagas deberán retrotraer los aumentos superiores a la inflación
El vocero Manuel Adorni anunció que por una resolución del Ministerio de Economía las principales empresas de medicina prepaga deberán “retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023 ajustadas desde allí por el índice de precios al consumidor”.
El Gobierno finalmente intervino en el tema de los aumentos de la medicina prepaga, tras varias amenazas al respecto y en un reconocimiento del rol del Estado para regular al mercado. El vocero Manuel Adorni informó que el Ministerio de Economía dictó una “medida de cautela anticipada” y que las principales empresas deberán “retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023 ajustadas desde allí por el Índice de Precios al Consumidor”.
Adorni añadió que la decisión se tomó tras una denuncia por presunta cartelización y agregó que la Superintendencia de Salud presentará una medida cautelar para obligar a las empresas a retrotraer el valor de las cuotas y “devolver el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre”.
“Mientras no exista la presunción de cartelización pueden hacer lo que gusten”, dijo el vocero ante la pregunta sobre si este mismo tipo de política puede aplicarse a otras empresas, como las de telecomunicaciones.
En esa línea, defendió el decreto de necesidad y urgencia 70/2023, que avaló los aumentos desmedidos en las prepagas. “El DNU no invita a cometer ilegalidades, invita a actuar en libertad, no a cartelizarse”, planteó y repitió: “Nosotros promovemos la libertad de mercado”.
Hace unos días, el ministro de Economía, Luis Caputo, había asegurado que “las prepagas le están declarando la guerra a la clase media” con los aumentos desmedidos, por lo que había señalado que desde el Gobierno iban a hacer “todo lo que esté al alcance” para
Avaladas por el megaDNU de Milei, las compañías subieron cerca de 200 por ciento sus precios en cuatro meses sin ningún control de parte del Gobierno.A eso se le sumó que la Secretaría de Comercio derogó una resolución que exigía un informe periódico a las empresas de medicina privada sobre el valor de las cuotas.
Mientras tanto, en la Justicia se acumulan las denuncias y pedidos de amparos contras los aumentos desmedidos.
El detalle de las medidas contra la suba de las prepagas
La Secretaría de Industria y Comercio informó este miércoles que dictó una “medida de tutela anticipada” que obliga a un grupo de empresas de medicina prepaga -que representa el 75% de los afiliados- a reajustar a partir de la próxima facturación los valores de las cuotas de sus planes de salud a diciembre de 2023, ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Según la información oficial, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) determinó, de forma preliminar, que “existen indicios sólidos de un acuerdo colusivo entre las empresas de medicina prepaga”.
“Los efectos inmediatos de este supuesto accionar es el aumento cuasi uniforme en los precios de los planes”, alertó la CNCD, que emitió un dictamen aconsejando al Secretario de Industria y Comercio del Ministerio de Economía la adopción de una medida cautelar, que faculta a esa Secretaría “imponer el cumplimiento de condiciones u ordenar el cese de conductas con el objetivo de evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud, su continuación o agravamiento”.
El dictamen sostiene que “siete empresas de medicina prepaga, la confederación que las agrupa y la persona que preside la misma”, deben cumplir con los siguientes requerimientos:
- Por el plazo de seis meses, los valores de las cuotas de los planes de salud médico-asistenciales a ser cobradas no podrán superar al siguiente cálculo: la cuota del plan de salud médico asistencial de diciembre de 2023 multiplicada por 1 + la variación porcentual entre el Índice de Precios al Consumidor nivel general con cobertura nacional elaborado por el INDEC vigente al momento de la facturación correspondiente.
- Cesar con cualquier tipo de intercambio de información, ya sea en el marco de las reuniones de la Confederación Unión Argentina de Salud (UAS) o cualquier otro ámbito, que implique precios, servicios a proveer, costos y cualquier otra información comercial.
- La medida preventiva ordena además a las compañías de medicina prepaga a presentar información a la CNDC sobre precios nominales de cada plan de salud ofrecido, ingresos obtenidos por cada plan de salud y cantidad de afiliados en cada uno de los planes.
El Gobierno detalló además que las personas investigadas por la CNDC y alcanzadas por la medida cautelar son las empresas de medicina prepaga Galeno Argentina, Hospital Británico de Buenos Aires Asociación Civil, Hospital Alemán Asociación Civil, Medifé Asociación Civil, Swiss Medical, Omint, OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios; la Unión Argentina de Salud (UAS) y Claudio Belocopitt, “en su doble carácter de presidente de la firma Swiss Medical y de la UAS”.
La investigación en curso se realizó a partir de una denuncia por parte de legisladores de la Coalición Cívica por cartelización en los términos de la Ley de Defensa de la Competencia, en virtud del aumento coordinado de los precios de los planes de medicina prepaga.
@Página12.
/Imagen principal: Archivo/
Política & Economía Nacional
AFIP: cuánto es el monto mínimo para informar transferencias de inmuebles y vehículos.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) actualizó los montos mínimos para solicitar el Certificado de Transferencia de Automotores (CETA) y el Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI), basándose en el Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) del Instituto de Estadística y Censos (INDEC).
Estos nuevos valores aplican a operaciones de compraventa de vehículos nuevos y usados, así como para transferencias de inmuebles. La utilización del IPC es una novedad, introducida por primera vez en mayo de 2023 mediante la Resolución General 5362/2023, que establece una actualización anual con efecto a partir del 1 de abril de cada año.
AFIP: el nuevo monto para informar transferencias de inmuebles y vehículos
En el caso del CETA, será requerido si el precio de venta o su valor, según una tabla de valuaciones, supera los $10.919.766. Para vehículos usados, la intermediación y compraventa deben ser informadas a partir de $2.669.276, y para motovehículos, desde $1.091.977.
Por otra parte, el COTI debe obtenerse si el precio o la base imponible superan o alcanzan los $22.810.177.
@Ámbito
/Fuente de imagen: Ámbito
Política & Economía Nacional
Aumentan hasta $10 millones la multa para infractores: los motivos y a qué se aplica.
La Comisión Nacional de Valores(CNV) aumentó las multas para aquellas infracciones contempladas en la “Grilla de Conductas Infractoras pasibles de Procedimiento Sumarial Abreviado”.
Según la Resolución 998/2024 publicada en el Boletín Oficial, el apercibimiento no podría ser superior a los 10 millones de pesos que corresponde al denominado “derecho administrativo sancionador” que es de naturaleza preventiva.
Según explica el organismo regulador, la finalidad del “componente punitivo” que le es propio es accesorio o auxiliar del orden y desarrollo en la gestión en las materias que son propias de la autoridad administrativa, y constituye un complemento de las atribuciones de reglamentación y aplicación delegadas por la ley a las agencias administrativas; el contenido del injusto administrativo y la finalidad de la sanción resultan inseparables de la finalidad de tales regulaciones por cuanto la sanción es conminada para asegurar su cumplimiento” (Alejandro Nieto “Derecho Administrativo Sancionador”. Editorial Tecnos, Madrid, 2005).
La finalidad de la sanción no es correctiva sino ejemplificadora, preventiva o disuasiva, para evitar que en el futuro se incurra en conductas similares, debiéndose contemplar, en el caso particular de la sanción de multa, que el monto que se prevea sea apropiado a fin de alcanzar un efecto persuasivo que logre en los sujetos regulados el máximo deber de diligencia en el cumplimiento de las normas.
CNV: qué se tomará en consideración para aplicar la multa
A fin de graduar el monto de la multa a ser aplicada, se tomarán en consideración las siguientes pautas de graduación:
a) Las establecidas por el artículo 133 de la Ley N° 26.831.
b) La cantidad de conductas reconocidas que configuren infracciones.
c) Si existió subsanación respecto de los incumplimientos.
d) La adopción, por parte de los sumariados, de medidas tendientes a subsanar las infracciones que motivaron la instrucción del sumario”.
También se aclara que la presente Resolución General entrará en vigencia a partir del 18 de abril.
@Ámbito
/Fuente de imagen: Ámbito
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