NacionalPolítica & Economía
Cualquier vehículo con seguro y VTV podrá prestar servicios de transporte de pasajeros
El Gobierno reglamentó la desregulación del sector. Sólo será necesario registrar los recorridos con anticipación. Aplica a ómnibus, combis, autos que estén en condiciones técnicas
Tras aplicar sanciones a las empresas por no cumplir con la entrega de pasajes gratis a discapacitados, el Gobierno reglamentó este martes la desregulación del transporte automotor de larga y media distancia. Se apunta a que las firmas del sector tengan menos restricciones para establecer precios, modificar o discontinuar rutas que no sean rentables, entre otros.
Así se oficializó en el Boletín Oficial mediante la Resolución Nº 57/2024, impulsada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
“Se moderniza un régimen de más de 30 años de antigüedad con un sistema cerrado, permisos rígidos y burocracia excesiva, pasando a un sistema simple, declarativo, gratuito, digital y que mantiene los estándares técnicos y de seguridad vigentes”, aseguraron desde la cartera conducida por Franco Mogetta.
En este sentido, los transportistas se registrarán de manera online y gratuita mediante la plataforma web Trámites a Distancia (TAD), donde deberán brindar la información relevante y actualizada de los servicios. A su vez, se unificarán todos los registros bajo un único Registro Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros (RNTAP).
El trámite, que estará disponible a partir este 11 de diciembre, es obligatorio para la prestación de servicios de transporte automotor de pasajeros y tendrá carácter de Declaración Jurada (DDJJ). El correo electrónico registrado será al que llegarán las notificaciones pertinentes durante el proceso.
Los transportistas deberán completar: formulario de transportistas/empresas, DDJJ Nómina de Parque Móvil, DDJJ Nómina de conductores, título de propiedad o contrato de leasing de los vehículos, pólizas de seguros, etc. Una vez registrados se emitirá el Certificado de Alta de Transportista dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles y podrán acceder a la inscripción de los servicios a prestar.
Aquellos que ya estén prestando servicios podrán continuar operando y tendrán un plazo de hasta sesenta días corridos para declarar en el RNTAP los servicios a realizar de acuerdo a la metodología aprobada.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dijo a través de X: “A quienes tengan vehículos grandes o pequeños (con seguro y revisión vehicular aprobada), los invitamos a convertirse en proveedores de transporte de pasajeros. El Decreto 883/24 había liberado el tránsito interjurisdiccional así como el de las conexiones aeroportuarias, dando libertad absoluta para operar, elegir vehículos, horarios y recorridos”.
“La Resolución 57/24 de hoy, con firma del Secretario de Transporte, Franco Mogetta, establece el procedimiento para que cualquier interesado en proveer el servicio pueda hacerlo, dando sentido práctico a la desregulación que habíamos establecido con el Decreto 883/24. Simplemente informan a través de un trámite remoto vehículos, choferes y los recorridos que planifican hacer. Pueden cambiar esta información cuando quieran y las veces que quieran. ¡Y listo! ¡A rodar!”, añadió.
A partir de esta reglamentación se podrán establecer libremente recorridos, itinerarios, horarios, precios, modalidades y duración de los servicios, logrando una mayor oferta y competencia de precios. Antes de esta desregulación una modificación en cualquier parámetro operativo (recorridos, paradas, frecuencias, etc) tardaba entre 6 meses a un año como mínimo.
Ahora, “con esta medida y con el principal objetivo de satisfacer la demanda de traslado de pasajeros; se simplifica y acorta el tiempo burocrático, solo teniendo que informar la baja del parámetro con 15 días de antelación, procediendo luego al alta con la modificación deseada. Cabe destacar que se mantienen las exigencias de seguridad ya establecidas en la normativa vigente, tanto de tránsito y seguridad vial, como en los requisitos en materia de seguridad, higiene y accesibilidad correspondientes a cada clase y tipo de vehículo. Además, se deberá cumplir con la revisión técnica vehicular de los vehículos”, señalaron fuentes oficiales.
Por otro lado, cabe recordar que el Ejecutivo había sancionado económicamente y presentado una medida cautelar contra las empresas de transporte que no estaban cumpliendo con la obligación del cupo para personas con discapacidad.
Las compañías alegaban que había un vacío legal en la desregulación y que estaban habilitadas para hacerlo. No obstante, la Justicia le dio la razón al Gobierno y la reglamentación se refiere a esta cuestión en sus considerandos, al indicar: “Se estableció el sistema de protección integral de las personas discapacitadas, determinando que las empresas de transporte colectivo terrestre sometidas al contralor de autoridad nacional deberán transportar gratuitamente a las personas con discapacidad en el trayecto que medie entre el domicilio de las mismas y cualquier destino al que deban concurrir por razones familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier otra índole que tiendan a favorecer su plena integración social”.
Y agrega que “se creó el Programa Nacional de Cuidado Integral del Niño, Niña y Adolescente con cáncer, con el objetivo de reducir la morbimortalidad por cáncer en niños, niñas y adolescentes y garantizar sus derechos, estableciendo en su artículo 10 la gratuidad en la utilización del transporte colectivo terrestre”.
A pesar de la resolución judicial, desde Transporte afirman que detectaron que algunas empresas siguen sin ofrecer la totalidad de los servicios, por lo que se avanzará en nuevas medidas sancionatorias para hacer valer la decisión de la Justicia y el derecho de las personas con discapacidad.
/Infobae
NacionalPolítica & Economía
Hackearon el portal Argentina.gob.ar
El sitio Mi Argentina se vio afectado durante la noche del miércoles. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología responsabilizó a las gestiones anteriores por el hackeo.
El Gobierno confirmó el hackeo de Mi Argentina y de la aplicación SUBE del miércoles por la noche, donde se dejaron mensajes en contra de Javier Milei. El Ejecutivo cuestionó la falta de inversión en ciberseguridad y responsabilizó a las gestiones anteriores por el episodio.
Durante una hora no se pudo acceder a determinada información ni concretar trámites tanto en Mi Argentina como en la aplicación SUBE, donde se observaron desde videos hasta mensajes referidos a un nuevo hackeo e insultos contra el Presidente.
La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología detalló que el hackeo al sitio web oficial del Gobierno ocurrió a las 21.30 de este miércoles. Allí se modificaron los encabezados y los pies de página, pero no el contenido informativo del portal.
“El hackeo da cuenta del estado deplorable que dejaron los anteriores gobiernos a nuestros sistemas de gestión electrónica, plataformas y aplicaciones”, señalaron en el comunicado publicado en la red social X (exTwitter).
Ante la nueva vulneración que sufre un sitio web oficial, se remarcó que “es un firme recordatorio de la necesidad urgente de inversión para fortalecer la infraestructura y la seguridad informática”.
Por tal motivo, se apuntó contra los legisladores que no aprobaron del decreto que permitía una mayor inversión en dicha materia. Al respecto, se planteó que la misma “no pudo ser concretada por este Gobierno, contemplada en el DNU 656/2024, por culpa de un grupo de diputados y senadores del Congreso de la Nación que optaron por jugar a la alta política en vez de garantizar los fondos destinados a la lucha contra estos delitos”.
“Estamos trabajando para dar solución a este incidente y ya logramos que los sitios funcionen nuevamente con normalidad, pero reiteramos la necesidad de invertir en Ciberseguridad”, cerraron en el comunicado publicado a las 2 de la madrugada de este jueves.
/m1
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Actualización del salario mínimo, vital y móvil: nuevos montos para 2024 y 2025
Las cifras fueron definidas por el Gobierno ante la falta de consenso en las deliberaciones realizadas entre gremios y empresarios.
La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a través del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, oficializó una actualización en los valores del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) para los próximos meses, ante la falta de consenso en las deliberaciones realizadas.
De acuerdo con la Resolución 17/2024 publicada hoy, los nuevos montos se fijaron en:
– Diciembre 2024: $279.718 mensuales para trabajadores con jornada completa y $1.399 por hora.
– Enero 2025: $286.711 mensuales y $1.434 por hora.
– Febrero 2025: $292.446 mensuales y $1.462 por hora.
– Marzo 2025: $296.832 mensuales y $1.484 por hora.
Además, se mantiene la fórmula para la Prestación por Desempleo, que establece un monto equivalente al 75% de la mejor remuneración mensual del trabajador en los últimos seis meses, con un piso del 50% y un tope del 100% del SMVM vigente.
La decisión de actualizar el salario mínimo responde al compromiso de garantizar un ingreso básico para los trabajadores y, simultáneamente, mantener la asistencia social a través de la prestación por desempleo.
/DLP
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Amenazan con un paro ante el inminente vencimiento de 50.000 contratos en el Estado
“El 31 de diciembre no puede existir un solo despido”, advirtió Rodolfo Aguiar.
El 31 de diciembre vencen 50.000 contratos en distintas áreas de la administración pública nacional y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) analiza una nueva medida de fuerza, ante la posibilidad de que el Gobierno decida avanzar con otra ronda de despidos en el Estado. “No puede existir un solo despido”, sostienen desde el sindicato.
En la semana previa a la Navidad, la Casa Rosada confirmó la desvinculación de 2400 empleados “irregulares” del Ministerio de Justicia y dispuso el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano (Decahf), lo que provocó la eliminación de 1388 puestos laborales. Ante esa situación, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, reclamó por la renovación automática de los trabajadores estatales y una recomposición salarial de emergencia.
“El 31 de diciembre no puede existir un solo despido en el Estado. Se debe garantizar la continuidad de todos los contratos. El proceso tiene que ser automático”, lanzó Aguiar en un comunicado. Otra de las medidas que el Gobierno tiene para avanzar con el ajuste en la APN es a través de los exámenes de idoneidad. El 95% de los empleados públicos que lo rindieron aprobaron en el primer intento.
Según datos del Ministerio de Desregulación, que encabeza Federico Sturzenegger, 9000 trabajadores estatales de planta transitoria y contratados completaron las pruebas, que son obligatorias e incluyen preguntas de competencias básicas. Cerca de 50.000 empleados debían rendir la evaluación como requisito obligatorio para renovar sus contratos.
Según el Ejecutivo, la aprobación del examen, sin embargo, es “necesaria, pero no suficiente” para asegurar la renovación, que se definirá luego por los “parámetros usuales”. Hay tres tipos de evaluaciones: una orientada a “servicios generales”, otra a “administrativos” y una última a “profesionales”. Todas son anónimas, tienen una duración de una hora y se realizan de manera presencial, en formato multiple-choice. Los resultados se procesan de forma automática para evitar cualquier sesgo en la corrección.
El proceso forma parte de un plan más amplio que impulsa Sturzenegger y es conocido como “deep motosierra”, destinado a reestructurar la administración pública, reducir su tamaño y elevar los estándares de desempeño de sus trabajadores.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, lanzó una dura advertencia ante el vencimiento de 50.000 contratos en distintas áreas de la administración nacional. “El 31 de diciembre no puede existir un solo despido en el Estado. Se debe garantizar la continuidad de todos los vínculos. El proceso tiene que ser automático”, sostuvo. Y advirtió: “Para ponerle límites al gobierno de Milei tenemos que seguir en la calle”.
“Tenemos que seguir movilizados porque no solo están en juego nuestros salarios y puestos de empleo, sino toda la institucionalidad de nuestro país”, cerró el dirigente gremial.
El presidente Javier Milei repitió en varias oportunidades que irá a fondo con los despidos, mientras que desde su equipo sostienen que los contratados continúan en constante revisión y que “cada área debe argumentar la razón por la que mantiene la estructura”.
Qué pasó con el empleo público en el Estado nacional en 2024
Entre las distintas medidas que tomó el Gobierno para avanzar en su plan de reducción de gastos, una de las que mayor impacto generó fue el ajuste sobre los empleos en la administración pública. De acuerdo con las últimas cifras publicadas por el INDEC, la dotación de personal pasó de 341.473 personas en diciembre de 2023 a 305.688 en octubre. Es decir, que hubo una reducción del 10,48% del total de la planta o 35.785 puestos de trabajo.
Los recortes se registraron en todas las dependencias públicas. Sin embargo, si se observa en detalle, aparecen algunos datos más precisos: en primer lugar, dentro de toda la llamada administración pública nacional -que incluye todos los ministerios y los organismos descentralizados- se eliminaron 23.457 puestos laborales en los primeros 10 meses de 2024.
En tanto, el personal de las empresas y sociedades que funcionan bajo la órbita del Estado tuvo un ajuste de 12.328 puestos de trabajo. En concreto, pasaron de 110.168 personas en diciembre de 2023 a 97.840 trabajadores en octubre.
Según la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, bajo la órbita del Ministerio de Desregulación, durante los primeros 11 meses de la gestión Milei, la reducción del personal del Estado generó “un ahorro significativo, de 3820 millones de dólares”.
/DH
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