Las otras tres permanecen en la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tras haber sido trasladadas desde el penal de Ezeiza a la ciudad de Bariloche.

Cuatro de las siete mujeres detenidas durante el operativo de desalojo en Villa Mascardi recibieron prisión domiciliaria por su condición de madres, mientras que las tres restantes permanecen en la unidad regional V de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de la ciudad de Bariloche luego de que la jueza federal Silvina Domínguez rechazara las excarcelaciones.

Las tres mujeres que siguen detenidas en la sede regional de la PSA son Andrea Despo, Florencia Melo y Débora Vera: en un primer momento habían sido llevadas en avión a Buenos Aires para ser encarceladas en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza pero el sábado por la tarde fueron trasladadas de regreso a Bariloche, por decisión de la jueza.

Junto a ellas retornó Martha Luciana Jaramillo, que también es madre, por lo que recibió el beneficio de la prisión domiciliaria junto a Betiana Collhuan, Celeste Guenumil y Romina Rosas, las dos primeras por tener hijos y en el caso de Rosas, por cursar un embarazo de 40 semanas.

Tras concedérseles la prisión domiciliaria, Jaramillo, Collhuan, Guenumil y Rosas fueron llevadas en la madrugada de este domingo, en un operativo que se prolongó desde las 3 hasta las 5 de la mañana, hasta un domicilio particular del barrio Lomas de Villaverde, en las afueras de Bariloche, hacia el oeste de la ciudad.

Los abogados defensores de las siete mujeres, entre otros reclamos procesales, cuestionaron en particular la situación de Jaramillo, quien pese a ser madre de dos niños fue llevada a Ezeiza para ser alojada en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal (SPF) ubicado a 1600 kilómetros de su lugar de residencia.

«Su situación era conocida desde el primer momento», advirtió en diálogo con Télam el abogado Ezequiel Palavecino, quien integra la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh), y señaló las «contradicciones» de la jueza por haber decidido en primera instancia el traslado de Jaramillo a Buenos Aires.

Palavecino, en ese sentido, indicó que «lo que viene haciendo la jueza (por Domínguez) nos genera toda esta situación de indefensión para ellas, porque es imprevisible lo que va a hacer».

El letrado, además, mencionó como una segunda «contradicción» de la magistrada que en un mismo día «dictamine el traslado hacia Bariloche de las cuatro mujeres detenidas en Buenos Aires y que, al mismo tiempo, decida otorgar la prisión domiciliaria«.

En la noche del sábado, otra de las mujeres detenidas que habían sido llevadas a Ezeiza, Andrea Despo, grabó un vídeo desde la unidad de la PSA de Bariloche.

En el mensaje, Despo expresó que «parte de nuestro reclamo de volver a Bariloche se cumplió», y exigió a la justicia que le devuelva la libertad «porque es nuestro derecho».

Y en la misma línea, manifestó: «Los procedimientos legales se pueden hacer con nosotras en libertad».

En relación a estos reclamos, el defensor Palavecino señaló a esta agencia que «la jueza rechazó todos los pedidos» de excarcelación y planteó que la magistrada tendrá que explicar «cuál es la urgencia de que se obstruya el proceso judicial» para validar las detenciones.

A su vez, el abogado denunció que en el traslado hacia Buenos Aires hubo «vejaciones» hacia las mujeres porque, explicó, fueron «revisadas estando desnudas cuatro veces mientras estaban con custodia».

Por otro lado, dijo que en el caso de Romina Rosas, la mujer embarazada, «le denuncié a la jueza al momento de la indagatoria que estaba en una habitación de 3 x 2 y que a un metro y medio tenía dos oficiales de la PSA que todo el tiempo la estaban grabando con una cámara, sin intimidad».

También, Palavecino señaló que desde la defensa presentaron el viernes pasado una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) por «violación a los derechos humanos» que ya fue consignada bajo el número MC-773-22.

«Todavía desconozco lo que dice el expediente porque continúa con secreto de sumario», aseguró el abogado al referirse a la causa, y agregó que «objetivamente no existe ninguna prueba que vincule (a sus defendidas) a los hechos de la indagatoria».

En tanto, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, defendió este domingo la labor de las fuerzas federales en el operativo realizado el martes en Villa Mascardi y diferenció lo hecho bajo su gestión respecto a lo actuado cuando la cartera estaba ocupada por Patricia Bullrich, titular del partido PRO, durante el mandato de Mauricio Macri.

En ese sentido, Fernández afirmó a través de un hilo de tuits que la administración del Frente de Todos «no se vale de espías ni de operadores judiciales para consensuar con los tribunales» y dijo que había leído «con estupor» que se pretenda comparar «la acción de las fuerzas en Villa Mascardi con la cacería humana que realizó en el pasado el gobierno de Cambiemos».

Fernández, en concreto, cuestionó que «parecieran no advertir que nuestro Gobierno no se vale de espías, ni de operadores judiciales para consensuar con los tribunales las mandas a cumplimentar», y en el mismo sentido remarcó: «No se instruye a realizar actos violentos y, si se les encomienda hacer uso racional de la fuerza, ello es así, tomando en consideración que el primer derecho humano fundamental es la vida».

«Quienes consideran que el cumplimiento de la ley y de las órdenes judiciales es un menú a la carta, no entienden lo que es vivir en un sistema republicano», completó el titular de la cartera de Seguridad desde su cuenta de Twitter.

El martes último, las fuerzas federales organizadas en un comando unificado con la participación de la policía rionegrina desalojaron varios predios en las inmediaciones de la ruta 40, en la localidad rionegrina de Villa Mascardi, en un procedimiento que culminó con la detención de siete mujeres del asentamiento mapuche Lof Lafken Winkul Mapu.

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