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Política & Economía Latinoamérica

Cuba quiere ampliar derechos y la iglesia se opone.

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Cuba quiere ampliar derechos y la iglesia se opone.

El 25 de septiembre Cuba llevará a referéndum popular el Proyecto de Código de Familias, una ley que incluye el matrimonio igualitario y la gestación subrogada. Del otro lado, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba rechazó, este lunes, varios puntos del proyecto.

El proyecto, amplia derechos de la comunidad LGTBIQ+, entre ellos, el reconocimiento del matrimonio igualitario, que es planteado en el texto como la unión entre dos personasEl nuevo escrito pretende reemplazar el Código vigente desde 1975. Su última versión, que llegó al número 25, fue publicada en la gacetilla del Parlamento Cubano el 20 de agosto, luego de ser aprobada por la Asamblea el 22 de julio. Anteriormente, el texto fue sometido a consulta popular entre los meses de febrero y abril de este año que, según la página oficial del gobierno cubano, se realizó a más de seis millones de habitantes (que representan más de la mitad de la población) y se obtuvo un resultado del 62 por ciento de aprobación.

“A esta norma, se llega tras una búsqueda permanente del consenso, y su objetivo es consolidar la garantía de todos los derechos para todas las personas, como reflejo del mandato de la Constitución de 2019, de la coherencia interna del Código en sí mismo, con el resto del ordenamiento jurídico de la nación y con los compromisos internacionales que Cuba, en nombre de su pueblo, ha asumido”, expresa el comunicado publicado en la página oficial del parlamento cubano. “El Código de las Familias ofrece alternativas, oportunidades y opciones. Es un Código inclusivo, protector y reflejo de la sociedad cubana actual”, agrega.

Una Cuba más igualitaria.

El nuevo texto del Código de Familias se divide en once títulos y 474 artículos entre los que se refuerza, en primer lugar, el afecto y la solidaridad como los ejes sobre los que se basan las relaciones familiares. Las familias son vistas como la unión de personas vinculadas por un lazo afectivo, sentimental y psicológico, valorizando, de esa manera, al afecto como valor jurídico y donde no se distingue el género.

Otro de los puntos, son el reconocimiento al derecho al cuidado y la protección afectiva, de manera justa y equitativa, dándole un apoyo especial a las mujeres que son las que se encargan de las tareas del cuidado en la mayoría de los casos. Sumado a esto, se dispone el valor económico del trabajo en el hogar y una mayor protección económica y patrimonial de quienes se dedicaron y dedican a esa labor.

Por otro lado, se establecen cuatro tipos de filiación, entre los que se encuentran la procreación natural, el acto jurídico de la adopción, el uso de cualquier técnica de reproducción asistida y los lazos que se construyen a partir de la socioafectividad, que es reconocida jurídicamente. Este punto, reconoce y regula judicialmente la multiparentalidad ya sea desde el nacimiento de la niña o niño, o posteriormente.

En el mismo sentido, se disponen sanciones por violencia doméstica a personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad, ya sean mujeres, niños o niñas o personas con discapacidad. Para esto, se desarrollarían instituciones de apoyo como la Convención de los Derechos del Niño y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En la última Asamblea, ocurrida el 22 de julio, donde se publico la propuesta definitiva, varios diputados y disputadas, e incluso Homero Acosta, secretario de la Asamblea, se mostraron a favor del nuevo Código y orgullosos del avance de derechos que este proyecto significa, no solo desde lo que propone, sino por el método de aprobación que incluye al pueblo cubano a través de un referéndum.

“Lo haremos, porque soberanamente y en cumplimiento de la Constitución así lo hemos decidido. Lo haremos, porque es intrínseco a nuestro sistema político la participación popular efectiva. Lo haremos, para que el pueblo una vez más y, en ejercicio de su soberanía definida en la Constitución, se exprese libremente. Lo haremos, porque el pueblo ha sido, es y será el protagonista y decisor en los asuntos fundamentales de la nación. Será un verdadero ejercicio de poder popular”, remarcó Acosta en relación al referéndum que se votará en diciembre

Por su parte, la diputada Mariela Castro, hija del líder Raúl Castro y directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), que promueve desde hace más de tres décadas la lucha por los derechos de la comunidad LGBTI, definió ese momento como emocionante y resaltó la ideas avanzadas que se estaban tratando. “Se trata de temas complejos que generan sustos y contradicción. Pero realmente tengo que reconocer que como sociedad hemos crecido, hemos enriquecido nuestro acervo, nuestro conocimiento del derecho, de los derechos, y especialmente en este caso del derecho familiar”, expresó.

En una Cuba aún marcada por el machismo y la homofobia, cuyo gobierno persiguió y marginó a homosexuales en las décadas de 1960 y 1970, durante la dictadura de Fulgencio Batista, el matrimonio igualitario es un tema que sigue en debate. El CENESEX promovió antes el matrimonio igualitario en la propuesta de la Constitución aprobada en 2019, que consagró los derechos de la esa comunidad. Sin embargo, su inclusión en la nueva Carta Magna se pospuso por el fuerte rechazo de las iglesias evangélicas y otros sectores sociales.

La queja de la iglesia católica.

A través de un comunicado, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba expresó este lunes que la introducción en la legislación de los contenidos de «ideología de género» no benefician a las familias cubanas. “El matrimonio entre hombre y mujer, que es la base natural de la familia, no puede ser desplazado o deformado para dar paso a otras maneras construidas legalmente”, señala el documento.

Asimismo, rechazan la adopción por parejas del mismo género, la pluriparentalidad, la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida a parejas del mismo género y la fecundación in vitro postmortem, técnica que permite utilizar el semen de una personas ya fallecidas para la fecundación.

«Todo hijo es un don y un fin en sí mismo; es un derecho del niño tener un papá y una mamá. No es ético que se reconozca como adecuada la llamada ‘gestación solidaria’, en la que una mujer que lleve en su vientre durante nueve meses una criatura la deba entregar inmediatamente después del parto a otras personas», sostiene el comunicado.

/Sofía Troiano// Página12.

Latinoamérica

México: 10 años sin respuestas desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

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México: 10 años sin respuestas desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Hasta ahora, solo se han identificado los restos de tres jóvenes a partir del trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), mientras la lucha de los familiares por la verdad y la justicia sigue firme.

A pocos días de cumplirse diez años desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el caso sigue siendo una herida abierta en México. A pesar de las promesas de justicia y las múltiples investigaciones, las familias de los jóvenes siguen exigiendo respuestas mientras los hechos no terminan de esclarecerse. Si bien el 26 de septiembre es la fecha oficial de la desaparición, las movilizaciones y actividades conmemorativas comenzaron en los últimos días. 

La previa al aniversario

El viernes, los familiares de los estudiantes desaparecidos y alumnos actuales realizaron un acto frente a un cuartel del Ejército mexicano en Guerrero, en el que denunciaron el rol de las Fuerzas Armadas en el caso. Más tarde, un grupo de manifestantes encapuchados lanzó petardos y provocó incendios en los alrededores del lugar.

El jueves, madres de las víctimas participaron en una misa en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que celebró el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio. De acuerdo a la revista mexicana Proceso, en la homilía las madres hicieron un llamado: “A las personas que se llevaron a nuestros hijos, que operaron esa noche del 26 de septiembre de 2014, que se les ablande el corazón y que hablen y que nos digan a donde están nuestros hijos”.

En diálogo con Página/12, el sacerdote y director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, una de las varias organizaciones que apoyan a los padres en su lucha, indicó que al cumplirse 10 años desde la desaparición de los jóvenes, el sentimiento predominante es la impotencia, aunque destacó: «Al final, lo que sigue motivando a los padres es el amor que tienen por sus hijos, y también creo que el compromiso que adquirieron al hacer pública su exigencia. Es el compromiso de toda una nación. Esto dañó y afectó a un país como México, porque demuestra el grado de impunidad, de violencia, de colusión de las autoridades con el crimen organizado, y el nivel de descomposición social que existe». Y agregó: «Resolver este caso no es solo conocer la verdad y encontrar a sus hijos, sino también sanar una herida que en México hemos tenido abierta por muchos, muchos años».

El miércoles miles de personas salieron a las calles de la ciudad de Chilpancingo, en Guerrero, para exigir respuestas sobre los 43 estudiantes. «Decir que han pasado 10 años es fácil, pero caminar, luchar y exigir no lo ha sido. Nos ha costado mucho trabajo, pero aquí estamos, impulsados por el amor que le tenemos a cada uno de nuestros hijos», expresó Cristina Bautista, madre de uno de los desaparecidos, a la agencia de noticias AFP.

Melitón Ortega, otro de los padres, añadió: «Esperamos que la nueva presidenta pueda retomar el caso Ayotzinapa de manera integral, abarcando las líneas de investigación, las extradiciones, nuevas carpetas, detenciones, entre otras cosas», refiriéndose a Claudia Sheinbaum, quien asumirá la presidencia el próximo 1 de octubre.

La caída de la «verdad histórica»

Los estudiantes desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando se dirigían al municipio de Iguala para tomar un colectivo hacia Ciudad de México y participar en la manifestación anual en conmemoración de la masacre de estudiantes en la Plaza de Tlatelolco, cometida por militares el 2 de octubre de 1968.

Durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se negó cualquier participación de militares en los hechos y se defendió la denominada «verdad histórica», que sostiene que los jóvenes fueron detenidos por policías locales de Iguala, en complicidad con criminales, y entregados al cártel Guerreros Unidos. Según esa versión, los estudiantes habrían sido asesinados y sus cuerpos incinerados en un basural en Cocula.

Mientras tanto, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), cuya participación fue clave para el avance de la investigación, comenzó a trabajar como perito independiente a pedido de los familiares de los desaparecidos. Este equipo, al igual que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el caso, no coincidió con la «verdad histórica» debido a inconsistencias en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) y la falta de evidencias que respaldaran esta versión. En 2016, los investigadores de EAAF indicaron que era imposible que un fuego pudiera incinerar completamente a los estudiantes como se afirmaba.

La versión de la PGR se derrumbó definitivamente durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con la identificación de los restos no calcinados de dos víctimas: Christian Alfonso Rodríguez en 2020 y Jhosivani Guerrero de la Cruz en 2021, ambos encontrados en la barranca de la Carnicería, a 800 metros del basural de Cocula. Estas identificaciones se sumaron a la de Alexander Mora Venancio, cuyos restos fueron hallados en el río San Juan en 2014. Hasta ahora, son los únicos tres identificados entre los 43 desaparecidos.

La salida del GIEI

López Obrador creó por decreto una «Comisión para el Acceso a la Verdad», reconoció la responsabilidad de los militares, autorizó la apertura de archivos que revelan su participación en el caso e incluso se llevaron a cabo algunas detenciones. Sin embargo, el GIEI se retiró hace un año del caso Ayotzinapa, tras ocho años de investigación, denunciando obstrucciones significativas en su acceso a información crucial, especialmente la relacionada con el Ejército. En su último informe, manifestaron que hubo un ocultamiento sistemático que ha dificultado el esclarecimiento del paradero de los 43 estudiantes.

Miembros del grupo de expertos, como Carlos Beristáin y Ángela Buitrago, señalaron que la falta de cooperación por parte de las autoridades y el Ejército fue un obstáculo constante. Aunque se lograron algunos avances, como la detención de militares involucrados, insistieron en que no se entregó toda la documentación necesaria para avanzar en la investigación, y que aún queda mucho por hacer para llegar a la verdad sobre las desapariciones.

El presidente saliente defendió el trabajo del gobierno y las Fuerzas Armadas, asegurando que se realizaron esfuerzos significativos para esclarecer el caso. «No hay impunidad y se está actuando. Respeto su punto de vista (del GIEI) pero no lo comparto, porque si se ha avanzado es precisamente por la colaboración de la Marina y Defensa», sostuvo en una de sus ruedas de prensa diaria, tras conocerse el informe.

Próximo gobierno

La próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió en julio por primera vez con las familias de los 43 estudiantes, ocasión en la que la se comprometió a dar seguimiento en la búsqueda de la verdad y la justicia del caso.

Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los 43 estudiantes, informó tras el encuentro en el Museo de la Ciudad de México que los padres pidieron a la próxima mandataria que el caso Ayotzinapa ocupe un lugar central en su Gobierno. Ante la prensa, Sheinbaum reafirmó su compromiso, asegurando: «Vamos a seguir trabajando con ellos, vamos a encontrar un método de trabajo que nos permita cumplir con lo que están pidiendo: verdad, justicia y saber dónde están los jóvenes».

Aunque han pasado casi diez años, la determinación de los padres no ha disminuido. Su lucha se mantiene firme, impulsada por la esperanza de que algún día conocerán el destino de sus hijos. A pesar del tiempo y los obstáculos, siguen alzando la voz, recordando al país que la justicia aún está pendiente.

@Página12 // Informe: Axel Schwarzfeld

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Los presidentes de Bolivia y Brasil asistirán a la cumbre de los BRICS en octubre en Kazán (Rusia)

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Los presidentes de Bolivia y Brasil asistirán a la cumbre de los BRICS en octubre en Kazán (Rusia)

El dirigente boliviano, Luis Arce, así como su homólogo brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, tomarán parte en la XIV Cumbre de los BRICS que se celebrará en octubre en la ciudad rusa de Kazán, informaron a Sputnik los embajadores de los países latinoamericanos en Rusia.

«El presidente de Bolivia fue invitado a la cumbre de los BRICS en Kazán y aceptó con placer esta invitación del presidente [ruso, Vladímir] Putin», aseguró.

Al mismo tiempo, el embajador de Brasil en Rusia, Rodrigo Baena Soares, confirmó la participación de Luiz Inacio Lula da Silva en la cumbre.

«Ahora lo estamos organizando incluso con otros mandatarios que vendrán aquí [a Kazán]. Por supuesto, prepararemos una reunión con el presidente Putin», agregó.

Ambos presidentes planean reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin, al margen de ese evento, agregaron los representantes de los países.

Rusia asumió el 1 de enero pasado la presidencia rotatoria del grupo BRICS para 2024, año que empezó con la admisión de nuevos miembros. Además de Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, a los que el grupo debe sus siglas, ahora lo integran también Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

Rusia organiza más de 250 eventos en 11 regiones en el marco de su presidencia, incluida la XIV Cumbre de los BRICS que tendrá lugar en la ciudad de Kazán del 22 al 24 de octubre.

Sputnik/

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A 51 años del golpe de Estado en Chile 

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A 51 años del golpe de Estado en Chile 

El golpe militar Chile que marcó un antes y un después en la política latinoamericana

Un día como hoy, el 11 de septiembre de 1973, Chile sufrió un golpe de Estado liderado por el general Augusto Pinochet, el cual puso fin al Gobierno socialista de Salvador Allende y marcó el inicio de 17 años de dictadura.

Tres años antes del fin de su mandato constitucional, el gobierno de Salvador Allende terminó abruptamente el 11 de septiembre de 1973 debido al golpe de Estado del que participaron las tres ramas de las Fuerzas Armadas y el cuerpo de Carabineros.

Ese mismo día, después de que el Palacio de La Moneda fuese bombardeado por aviones y tanques, Salvador Allende se suicidó. Tras el fin de su gobierno, el general Augusto Pinochet encabezó una dictadura militar que se extendió por casi 17 años.

Cuando el Palacio de La Moneda estaba rodeada por los militares, a las 10:15, a través de Radio Magallanes —la única favorable al gobierno que aún no era silenciada— Allende emitió su último mensaje a la Nación. “Colocado en el tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo, y les digo que tengan la certeza de que la semilla que entregamos a la conciencia de miles de chilenos, no podrá ser cegada definitivamente… Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas, por donde pasará el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores!”, dijo Allende.

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