La quinta sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA 5) acordó esta semana la creación del primer tratado internacional contra la contaminación por plásticos, una iniciativa en la que participó Argentina y que científicos caracterizaron como «histórica», al tiempo que señalaron las dificultades para revertir esta crisis en un mundo donde hasta lo que tomamos, comemos y respiramos tiene partículas plásticas.

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de las 460 millones de toneladas de plásticos producidos en 2019 a nivel global, menos del 10% se recicla y el 22% se abandonó en vertederos improvisados, se quemó al aire libre o se arrojó en plena naturaleza.

El proyecto de ley de Presupuestos Mínimos de Gestión Ambiental de Envases y Promoción del Reciclaje Inclusivo que introduce el principio de responsabilidad extendida del productor fue impulsado en el Congreso por el Ministerio de Ambiente y deberá obtener nuevamente dictamen en las comisiones de Ambiente y Presupuesto de Diputados por no haber sido tratado en el recinto antes de finalizar las sesiones ordinarias el año pasado.

Organizaciones ambientales y científicos consultados por Télam señalaron que es necesaria una ley de envases que haga responsables a los fabricantes del impacto ambiental que generan sus productos en la etapa posterior al consumo.

Para Andrés Arias, investigador del Conicet en el Instituto Argentino de Oceanografía (IADO), este principio de responsabilidad es «algo bastante de avanzada, ya que no todos los países catalogados de primer mundo lo tienen».

«Las leyes de responsabilidad extendida del productor traen a la solución al que produce los plásticos y son muy necesarias», dijo a Télam el científico, al tiempo que pidió que el proyecto se extienda a otros productos como los neumáticos, que al desgastarse pierden hasta 8 kilos de micropartículas plásticas.

El director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, Manuel Jaramillo, también destacó la importancia de sancionar una ley para que los «envases que frecuentemente vemos flotando en arroyos, ríos o en el mar tengan el fin que deben tener, que en primer lugar es el reciclado, la reutilización y, si no es posible, la disposición final de forma apropiada».

En nuestro país existen cerca de 5.000 basurales a cielo abierto y sitios de disposición final irregular que se convierten en fuente de trabajo de una gran cantidad de recuperadores informales, según datos del Ministerio de Ambiente.

«Tenemos que trabajar en lo que es la responsabilidad extendida del productor para que haya una participación activa de quien produce estos envases a través de los mecanismos que se discutan en el proceso legislativo», agregó Jaramillo.

Según la Cámara de la Industria de Reciclados Plásticos, se reciclan en el país cerca de 258.000 toneladas anuales de ese material y se estima que la capacidad instalada recicladora de plástico aún presenta un 60% de ociosidad.

Otra norma para mitigar la contaminación plástica es la Ley de Microplásticos Nº 27.602, que fue sancionada en 2020 y convirtió a la Argentina en el primer país latinoamericano en prohibir la producción e importación de productos cosméticos y de higiene que contengan micro-perlas de plástico añadidas.

La ley será de aplicación efectiva a partir de diciembre, después de dos años donde la industria tuvo tiempo para adaptarse.

«Hay microplásticos que se usan como abrasivos en muchos productos cosméticos como las pastas dentales o cremas de limpieza facial y esas partículas van rápidamente al agua y contribuyen a la contaminación global», explicó Jaramillo.

/Télam