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Debaten financiamiento universitario mientras la oposición advierte sobre un posible veto presidencial.

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Debaten financiamiento universitario mientras la oposición advierte sobre un posible veto presidencial.

Tras un acuerdo entre el radicalismo y el peronismo, el Senado consiguió una mayoría para avanzar con el dictamen la sanción de una ley de financiamiento para la universidad pública. La oposición anticipa la posibilidad de un nuevo veto presidencial, mientras trabaja en la Cámara baja para revertir la reforma jubilatoria. Después de no alcanzar acuerdos para sesionar este miércoles, una nueva reunión de Labor Parlamentaria definirá cuándo se vota la iniciativa.

El proyecto pretende fortalecer -hasta el 31 de diciembre- el presupuesto educativo para salarios docente y no docente, gastos de funcionamiento e investigación y sostenimiento de infraestructura universitaria, además de establecer una actualización anual del monto y de becas estudiantiles. La Oficina del Presupuesto del Congreso estimó el costo del impacto fiscal del proyecto en el 0,14% del PBI, cifra que fue discutida por el Ministerio de Capital Humano. Los fondos para el próximo año deberán discutirse durante el debate por el Presupuesto 2025.

“No es un proyecto ideal, pero es un acuerdo para evitar el quiebre del sistema universitario argentino”, entendió el senador Wado de Pedro (Unión por la Patria), titular de la Comisión de Educación y Cultura. La intención opositora es obtener un rápido dictamen y empujar el tratamiento de la ley -que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados- para que se vote este mismo miércoles en el Senado. Podrían incluir en el temario el proyecto de Boleta Única de Papel -que cuenta con apoyo oficialista- y la derogación del decreto que otorgó fondos reservados a la SIDE.

Por parte del Gobierno, se expresó Ezequiel Atauche, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. “Nosotros venimos desde el Gobierno apoyando y levantando la educación. Hemos aumentado, en su momento, el 70% el presupuesto de la educación que venía atrasado desde el 2022. Esto no se reclamaba, se empezó a reclamar y lo entendimos razonable”, dijo, en referencia a la Marcha Universitaria del 24 de abril. “Tenemos que cuidar los bolsillos de los pagadores de impuestos argentinos”, justificó la postura del oficialismo de sostener el actual sistema de financiamiento.

Senado: debate por financiamiento universitario
Una de las expresiones más críticas contra el Gobierno fue la del porteño Martín Lousteau (UCR), discutiendo que el oficialismo “tiene una especial preocupación por la educación”, para enumerar: “La Comisión de Educación se constituyó la semana pasada, el FONID se derogó y hubo una marcha universitaria récord en la cantidad de gente que hemos tenido en cualquier momento de la democracia. No se hubieran comido dos meses de inflación -enero y febrero- a los salarios de trabajadores de universidades, que perdieron 20% más del poder adquisitivo que los demás trabajadores estatales”.

“Me parece que hay que pensar en sólidas políticas educativas y científicas si queremos hablar de prosperidad nacional”, señaló la misionera Sonia Rojas Decut, adelantando el acompañamiento del Frente Renovador de la Concordia provincial, uno de los principales aliados del Gobierno. Otro apoyo llamativo fue el de la porteña Guadalupe Tagliaferri (PRO), que volvió a dar cuenta de una demostración de autonomía con su bloque.

Por su parte, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) anticipó su abstención, expresando como argumento que “para este tema se le dé la profundidad que se merece si se va llevar los millones que se va a llevar. Como el sistema educativo completo está en crisis, me parece que tenemos que hacer un uso eficiente y eficaz de los recursos”.

“Este tema pide tratamiento, con o sin despacho”, planteó a su turno el formoseño José Mayans (Unión por la Patria), quien solicitó que la sesión se haga este mismo miércoles y remarcó que la recaudación estatal durante este año es del u$s 80.000 millones: “Cuando dice que no hay plata ni recursos no es cierto”.

@DiarioElZonda

/Fuente de imagen: Archivo Google

Nacional

El Gobierno declaró “servicio esencial” al transporte aéreo

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El Gobierno declaró “servicio esencial” al transporte aéreo

A través de un decreto, se establecen los plazos que deberán tenerse en consideración para convocar a una medida de fuerza. Además, deberá  garantizarse el 50% de la prestación del servicio.

El Gobierno declaró este lunes como servicio esencial al transporte aéreo civil y comercial. Lo hizo a través del decreto 825/2024, publicado en el Boletín Oficial.

La medida se da en medio del conflicto gremial en el sector aeronáutico por el que, el viernes pasado, pilotos y trabajadores de la Asociación Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) realizaron una medida de fuerza de 24 horas en Aeroparque y Ezeiza, en reclamo de un aumento salarial. La protesta afectó a 37 mil pasajeros y a 319 vuelos.

En sus considerandos, la norma destaca que “el transporte aéreo resulta una industria vital para la economía” del país “indispensable para asegurar la conectividad de las provincias y de nuestro país con el exterior”.

En este sentido, se remarcó que “resulta legítimo requerir un servicio mínimo en aquellos servicios de importancia trascendental para el país y/o en huelgas en sectores de alta importancia que por su duración o magnitud pueden producir daños irreversibles, poner en peligro la salud o la seguridad pública, o generar consecuencias graves para el país”.

Por ello, agregó que “con el fin de evitar daños y perjuicios a los usuarios y a los consumidores que sufren las consecuencias de los conflictos colectivos, así como a las actividades económicas que utilizan el servicio aerocomercial para su correcto funcionamiento”  resulta “menester asegurar un nivel de servicio mínimo de operación de la aeronáutica civil aerocomercial, garantizando el ejercicio del derecho de huelga“.

Qué dice el decreto sobre los paros

El decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial declara “servicio esencial” al transporte aeronáutico civil y comercial desde este 16 de septiembre.

Así, determina que “los conflictos colectivos de trabajo y toda medida de acción directa que interrumpan total o parcialmente la actividad aeronáutica civil aerocomercial, pública o privada” se “encuentran sujetos” a la siguiente reglamentación:

En el artículo 2, se detalla que “la parte que se propusiere ejercer medidas de acción directa que involucren a la actividad aeronáutica civil aerocomercial debe preavisarlo a la otra parte y a la Autoridad de Aplicación” con “al menos cinco días de anticipacióa la fecha en que se realizará la medida”.

Asimismo, se establece que “dentro del plazo de 24 horas de notificada la comunicación”, las partes “deberán ponerse de acuerdo sobre los servicios mínimos que se mantendrán durante el conflicto y las modalidades de su ejecución”, señalando “concreta y detalladamente la forma en que se ejecutarán las prestaciones, incluyendo la designación del personal involucrado”.

La norma establece también que “se deberá tener en cuenta para la determinación de los servicios mínimos un porcentaje que en ningún caso podrá resultar inferior al 50% respecto de la actividad o prestación normal y regular de los servicios, con una escala gradual sobre la base de la duración y extensión acumulada del período de huelga y del conflicto colectivo de trabajo, garantizando la conectividad en las rutas que contaren con un solo servicio”.

Y dispone que “si no hubiere acuerdo, la determinación correrá por cuenta de la Autoridad de Aplicación, que notificará e intimará a las partes a su cumplimiento”.

Con respecto a “la realización de asambleas” se detalla que “en ningún caso podrá ser invocada para interrumpir, directa o indirectamente, la prestación normal y regular de la actividad aeronáutica civil aerocomercial, pública o privada”.

@Página12.

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NacionalPolítica & Economía 

Desregulan servicios y se simplifican las exigencias para el transporte automotor de pasajeros y de cargas

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Desregulan servicios y se simplifican las exigencias para el transporte automotor de pasajeros y de cargas

El Gobierno Nacional desreguló los servicios de oferta libre de transporte de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), agilizando los procedimientos administrativos y brindando mayores libertades, y simplificó los trámites para el Transporte Automotor de cargas en todo el país.

Ambas medidas, impulsadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, fueron oficializadas este lunes con la publicación en el Boletín Oficial, mediante los decretos 830/2024 y 832/2024, respectivamente.

Por un lado, respecto a los servicios de oferta libre para el transporte de pasajeros, serán los transportistas y las empresas quienes podrán determinar la cantidad de servicios, recorridos y tarifas; aumentando de esta forma la oferta al pasajero, debiendo dar cumplimiento a la inscripción en el Registro Nacional del Transporte de Pasajeros.

En este sentido, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía no establecerá restricciones, siempre y cuando se cumplan los estándares mínimos en materia de seguridad.

En el caso de las empresas de transporte que se encuentren prestando servicios públicos urbanos, que inicien y terminen sus recorridos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podrán continuar operando con los permisos otorgados oportunamente por el Estado Nacional hasta que la ciudad, en ejercicio de su exclusiva competencia, determine los distintos aspectos de su regulación.

Por otro lado, en lo que hace a las empresas de transporte de cargas, el proceso de inscripción al Registro Único del Transporte Automotor, más conocido como R.U.T.A., será electrónico, declarativo, sin costo y no exigirá presencialidad.

Así, el Estado Nacional dejará de promover procesos burocráticos eternos para emitir permisos, beneficiando a las empresas que efectúen transporte nacional e internacional de cargas.

Además, se establece que se podrá circular con documentos digitales como el certificado de R.U.T.A y los seguros correspondientes.

Qué dijo Sturzenegger

“El Decreto 830/24 firmado por el Presidente Javier Milei es la segunda medida desreguladora del transporte conocida hoy y se refiere a los transportes urbanos y suburbanos (léase micros) de carácter interjurisdiccional. En su gran mayoría, es el transporte suburbano que circula en el AMBA.

En particular este tipo de transporte se divide en servicio esencial y libre. El Decreto 830/24 implementa una desregulación completa del servicio libre al permitir la elección de vehículos, trazados y frecuencias sin restricción alguna.

El transporte se modifica de la mano de nuevas modalidades de prestación, conducción y necesidades de los usuarios. ¿Por qué el vehículo debería tener un tamaño fijado por un burócrata? ¿Por qué debería tener una regularidad si el cliente busca flexibilidad?

El decreto también transfiere a la competencia de CABA aquellas líneas que empiezan o terminan en su territorio, acorde al plan de traspaso que hace días implementó el Secretario de Transporte Franco Mogetta.

Solo un accidente histórico (que la ciudad de Buenos Aires fue territorio nacional hasta 1994) hace que el gobierno nacional hiciera de “intendente” en algunos aspectos de la vida de la ciudad de Buenos Aires. Este camino también ha comenzado a desandarse“.

Con información de agencias.

IG

DiarioAr

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Caé el consumo de la carne, baja su precio. ¿Se mantendrá?

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Caé el consumo de la carne, baja su precio. ¿Se mantendrá?

El consumo aparente de carne vacuna, que se calcula como la producción menos las exportaciones, cayó un 20% interanual durante el primer semestre del año, mientras que el precio real solo cayó el 17%.

Este descenso en el consumo se debe principalmente a la caída en el poder adquisitivo de los consumidores y a la disminución de la actividad económica, que ha llevado a un ajuste en el gasto en alimentos. En este contexto, la caída en el consumo de carne vacuna alcanzó niveles históricos bajos y refleja la dura realidad económica que enfrentan los hogares argentinos, señalaron.

Sin embargo, a pesar de esta disminución, el precio actual sigue estando elevado en comparación con el promedio histórico de 2007 a 2023.

Con el objetivo de ajustar sus gastos, muchas familias comenzaron a recurrir a alternativas más económicas como el pollo y el cerdo, dado que la carne vacuna sigue siendo costosa en términos relativos.

La carne fue reemplazada por los consumidores argentinos, por el pollo y el cerdo

La carne fue reemplazada por los consumidores argentinos, por el pollo y el cerdo

Carne vacuna: ¿de qué depende que se mantengan los precios?

De cara al futuro, surgen dos grandes interrogantes: ¿seguirá bajando el precio de la carne vacuna, contribuyendo a la desaceleración de los precios, o empezará a aumentar nuevamente?

La respuesta dependerá de diversos factores, incluyendo la evolución de la actividad económica y el comportamiento del mercado de oferta y demanda.

Por un lado, la caída en la producción de carne durante los primeros siete meses del año, junto con una valorización de la hacienda destinada al mercado interno, sugiere posibles presiones al alza en los precios.

Además, la reducción de aranceles para los productos cárnicos podría incrementar los precios de exportación, ejerciendo una presión adicional sobre los costos en el mercado local. Estos factores podrían llevar a un ajuste en los precios de la carne vacuna en los próximos meses, volviendo a colocarla en el centro del debate económico, señalaron.

@Ámbito

/Fuente de imagen: Ámbito

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