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Sociedad Sucesos

Denuncia internacional contra Luis Petri por obstaculizar las investigaciones sobre los crímenes de la dictadura

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Denuncia internacional contra Luis Petri por obstaculizar las investigaciones sobre los crímenes de la dictadura

La presentación fue hecha por la legisladora Victoria Montenegro ante el relator de Naciones Unidas Fabián Salvioli. 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) recibió una denuncia por el desmantelamiento del área del Ministerio de Defensa que investigaba los crímenes de la dictadura, decidido por el ministro Luis Petri. La presentación fue hecha por la diputada porteña Victoria Montenegro, que preside la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de la Ciudad.

Los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) de los archivos de las Fuerzas Armadas se crearon en 2010. Funcionaron durante catorce años y aportaron más de 170 informes en las causas por crímenes de lesa humanidad. El miércoles 27 de marzo, el director nacional de Derechos Humanos, Lucas Erbes, les informó a diez de los trece trabajadores que estaban despedidos y que el gobierno iba a derogar las resoluciones que habían creado y ordenaban el funcionamiento de los equipos.

Organizaciones de derechos humanos y fiscales advirtieron que la desaparición de los ERyA entorpecería no solo las investigaciones judiciales sino también el acceso a la verdad. Serán las propias Fuerzas Armadas las que deberán responder a los requerimientos de la justicia, lo que posiblemente de lugar a la aparición de solidaridades corporativas con quienes están siendo investigados.

En esa línea, Montenegro –que fue apropiada a sus trece días de vida y restituyó su identidad gracias a la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo– le pidió su intervención al relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación de Naciones Unidas, Fabián Salvioli.

“Al vaciar de técnicos y técnicas a los equipos, básicamente se les obstruye la capacidad de trabajo. Esto es aportar información y documentación clave para la investigación de los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar. En el mismo sentido, entorpece el acceso a los documentos y archivos que integran el acervo documental del Ministerio con las mismas consecuencias”, advirtió Montenegro en su presentación.

“Las medidas adoptadas impactan directamente en el derecho de las víctimas directas, de sus familias y de la sociedad en general a conocer la verdad sobre lo que sucedió, en el derecho a la investigación, juzgamiento y adecuada sanción de los responsables y en lo que hace a la construcción de la memoria colectiva, esencial para la prevención de la repetición de los delitos de lesa humanidad”, añadió.

El proceso de verdad y justicia está en pleno desarrollo, remarcó la presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña. Hay 17 juicios en trámite, 62 causas con requerimiento de elevación a juicio y falta identificar a cientos de los perpetradores, encontrar los restos de las víctimas y restituir las identidades de más de 300 de los niños nacidos en cautiverio o apropiados en sus primeros meses de vida.

El viernes, Montenegro y Alejandrina Barry (FIT-U) convocaron a una conferencia de prensa para denunciar que el gobierno de Javier Milei busca obstaculizar el avance de los juicios mientras llama a la reconciliación con las Fuerzas Armadas. De la actividad participaron los expertos despedidos junto a organismos de derechos humanos y abogados querellantes.

Pablo Llonto y su colega Mariana Maurer pidieron que el juez Daniel Rafecas dicte una medida cautelar que ordene la reincorporación de los diez especialistas en el análisis de los archivos. El asunto está siendo analizado por el magistrado. Llonto anticipó que se harán otras presentaciones semejantes en otros juzgados del país que también investigan crímenes contra la humanidad.

El fiscal federal Miguel Palazzani envió un oficio para que Petri se abstenga de tomar cualquier medida que pueda poner en riesgo el acervo documental de las Fuerzas Armadas. Según estimaciones de los trabajadores despedidos, quedaron sin responder 30 requerimientos en causas judiciales a raíz de sus despidos. El diputado nacional y secretario general de la CTA Hugo Yasky presentó un pedido de informes para que Petri explique por qué decidió desmantelar el área y cómo piensa contribuir con la averiguación de la verdad sobre los crímenes cometidos durante la dictadura.

Hay varios temas que preocupan a los organismos de derechos humanos sobre el funcionamiento del Ministerio de Defensa. Por un lado, que Petri dijo que los militares fueron demonizados por su actuación durante los años ’70 y apareció posando junto a Cecilia Pando. Por otro lado, que gran parte de la estructura civil del ministerio está en manos de retirados. Sin ir más lejos, el segundo de Petri es Claudio Pasqualini, exjefe del Ejército de Mauricio Macri. Desde ese cargo, Pasqualini impulsó una lectura de “memoria completa” similar a la de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Pasqualini es, además, yerno de Athos Renés, condenado a prisión perpetua por la masacre de Margarita Belén.

@Página12/ Luciana Bertoia.

/Imagen principal: Archivo/

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María Cash: un abogado involucrado en la causa fue imputado por falso testimonio

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María Cash: un abogado involucrado en la causa fue imputado por falso testimonio

Un abogado que está involucrado en la causa que investiga la desaparición de María Cash, la joven de 29 años vista por última vez en Salta en julio de 2011, fue imputado este miércoles por falso testimonio

Se trata de Carlos Enzo Cuellar, un hombre que al comienzo de la investigación, hace ya 13 años, aseguró haber visto a la joven en la gruta Difunta Correa en General Güemes, Salta, cerca de las 17 horas del 8 de julio de 2011.

Sin embargo, las antenas de telefonía celular demostraron que Cuellar no se encontraba en ese sitio a esa hora, por lo que resulta inverosímil su declaración.

“Es falso que la vieron porque sus líneas telefónicas impactaban a esa hora en otro lugar”, dijo una fuente de la investigación sobre la declaración del ahora imputado y su hijo Hugo, quien había respaldado la versión de su padre.

El relato de Cuellar avalaba la versión del camionero Héctor Romero, quien sostiene que ese 8 de julio levantó a María a un costado de la Ruta Nacional N°34 -en la rotonda del cruce de Torzalito, en General Güemes, donde la joven de 29 años hacía “dedo”-, la dejó en el sector conocido como la Difunta Correa en el Paraje Palomitas, y luego siguió camino a Joaquín V. González.

Además de ser imputado por falso testimonio, Cuellar fue citado a indagatoria a pedido de la fiscalía que investiga el caso, en un expediente bajo la firma del Juzgado Federal de Garantías N°2 de Salta, a cargo de Mariela Giménez. 

La indagatoria a Cuellar es parte de las nuevas medidas impulsadas en las últimas dos semanas por la fiscalía. Se requirieron, además, las declaraciones de ocho testigos que vieron a María Cash el 8 de julio de 2011, el día en que fue vista por última vez, o supieron de sus movimientos aquel día.

Si bien “Romero (el camionero) fue la última persona que mantuvo contacto con María Cash”, aún no existen elementos suficientes para aseverar que él sea responsable de un crimen, señalan los investigadores, al tiempo que creen que se necesita de una hipótesis firme para investigar.

Por otro lado, los fiscales también ponen lupa sobre el testimonio de Miguel Segura, empleador de Romero, ya que sospechan que lo habría beneficiado con su declaración.

María Cash, diseñadora de indumentaria oriunda de Buenos Aires, desapareció en julio de 2011, cuando tenía 29 años. Tomó un colectivo en la terminal de Retiro con destino a Jujuy, y fue vista por última vez en Salta, el 8 de julio.

/P12

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Médano de Oro: un policía pasado de copas atropelló de atrás a un ciclista y lo dejó mal herido

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Médano de Oro: un policía pasado de copas atropelló de atrás a un ciclista y lo dejó mal herido

El policía estaba en horario de trabajo. El siniestro fue el domingo por la noche. Ahora está preso a la espera de la audiencia en su contra.

Este domingo por la noche, cerca de las 23 horas, un ciclista fue atropellado de atrás por un automovilista en Médano de Oro. Este último terminó ser un agente de policía y un dato aún más grave, es que conducía en estado de ebriedad en su horario de trabajo.

Según informaron fuentes judiciales a Tiempo de San Juan, el agente de Policía Maximiliano Ochoa tenía 0.95g/l (gramos de alcohol por litro de sangre). Es más, este siniestro ocurrió cuando estaba trabajando. La información que tiene UFI Delitos Especiales es que estaba cumpliendo con un adicional en una escuela de las inmediaciones.

Este caso, que está en manos de la ayudante fiscal Gemma Cabrera y el fiscal Francisco Pizarro de UFI Delitos Especiales N°2, tiene otros datos muy relevantes. Uno de ellos son las explicaciones que dio el uniformado tras el siniestro.

Según dijeron desde la UFI, el policía manifestó que él había salido de su adicional para “ir a buscar agua caliente a su casa” y que el ciclista venía por el sentido contrario, algo que no cuadra para los investigadores porque con la información hasta ahora, Criminalística dice que la bicicleta recibió el impacto de atrás.

Fuera de toda la polémica del policía, un dato por demás importante es el estado de salud del ciclista, identificado como José Luis Salazar. Está internado en el Hospital Rawson en estado crítico, informaron. Sufrió un traumatismo encéfalo craneal (TEC) moderado con perdida de conciencia y politraumatismos.

/TSJ

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Estafa con lotes en San Juan: nuevas denuncias apuntan a otros proyectos y empresarios

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Estafa con lotes en San Juan: nuevas denuncias apuntan a otros proyectos y empresarios

Las múltiples estafas con la venta de lotes crecen sin parar y no tan solo apuntan a los proyectos inmobiliarios y a los imputados que tiene la causa ahora, sino que además suman a nuevos loteos y nuevos empresarios, que pueden caer si la investigación avanza.

Las múltiples estafas con la venta de lotes en San Juan crecen sin parar y no tan solo ponen en tela de juicio a los proyectos inmobiliarios y a los imputados que tiene la causa ahora en la Justicia, sino que además suman a nuevos loteos y nuevos empresarios, que pueden caer si la investigación encarada por la UFI Delitos Informáticos y Estafas avanza, según indicaron fuentes judiciales.

En lo referido a la investigación, desde el entorno del fiscal del caso, Eduardo Gallastegui, indicaron que esperarán un tiempo a ver cuántas denuncias más ingresan, ya que hasta el momento se estaban recibiendo entre ocho y 10 por día. El total de denuncias pasó los 100 legajos, según señalaron fuentes del caso.

Los proyectos inmobiliarios del mega fraude son Tierras de Don Rogelio, Tierras del Sur, Vistas del Sur y Las Acacias Blancas. Cuando el caso salió a la luz, desde la UFI destacaron que el perjuicio económico potencial podría superar los 4 millones de dólares, considerando que los lotes involucrados, se vendían a 6.000 hasta 15.000 dólares cada uno, y son alrededor de 400 terrenos. Pero estos números pueden incrementarse y no se ve que tenga techo la causa, ya que las nuevas denuncias nombran otros proyectos y a otros empresarios.

Los imputados a la fecha son Héctor Andrés Storniolo y su esposa Patricia Nacif, también su cómplice Juan Mauricio Gallerano. Los hombres están detenidos en el penal de Chimbas, ya que un juez ordenó su prisión preventiva.

La Justicia de San Juan llevó a cabo tres allanamientos en las oficinas de la inmobiliaria Casa Noble y la constructora El Nido Construcciones, las firmas de las que eran dueños los socios Storniolo y Gallerano. Pero no se descartan nuevos operativos en los próximos días, a partir de las nuevas denuncias.

/DH

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