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Política & Economía Nacional

Denunciaron ante la Justicia a Michetti y Alonso por supuesto “tráfico de influencias”.

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La exvicepresidenta Gabriela Michetti y la extitular de la Oficina Anticorrupción (OA) Laura Alonso fueron denunciadas este miércoles por supuesto “tráfico de influencias” en los tribunales federales de Retiro a raíz de los mensajes en los que se aludió a la situación de un denunciado por ese organismo.

La denuncia presentada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten fue sorteada y quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas, informaron fuentes judiciales.

En su presentación se alude a un posible delito cometido en el marco del artículo 256 BIS del Código Penal, segundo párrafo, que dispone pena para quien “por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que éste haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones”.

En su segundo párrafo prevé que “si aquella conducta estuviera destinada a hacer valer indebidamente una influencia ante un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, a fin de obtener la emisión, dictado, demora u omisión de un dictamen, resolución o fallo en asuntos sometidos a su competencia, el máximo de la pena de prisión o reclusión se elevará a doce años”

En su denuncia a la que tuvo acceso Télam, el abogado se refirió a lo ocurrido el 14 de febrero último, día en que “se han filtrado audios de hace ya algunos años”.

En esos audios Michetti, por entonces vicepresidenta de la Nación, “solicita” a Alonso, al frente de la OA, “que cese las investigaciones llevadas a cabo contra un amigo suyo” e referencia a Guillermo Pino.

“El primer audio evidencia la solicitud un tanto coercitiva de la exvicepresidenta, acusando a la exdirectora de ´embocarlo´ con una denuncia y pidiendo su cese”, interpretó el abogado.

´Laura, necesito que te juntes con un amigo mío (por Pino) que está trabajando conmigo, es una persona de mi confianza, lo conozco hace mucho, y lo embocaste en una denuncia. Y encima Clarín lo nombró´, así comienza uno de los audios dirigidos a Alonso”, citó en la denuncia.

En declaraciones a Télam Radio, Sánchez Kalbermatten recordó que “el artículo 256 del Código Penal” que tipifica el tráfico de influencias, “castiga con una pena de uno a seis años de prisión o reclusión y al mismo tiempo de inhabilitación perpetua para ejercer cualquier cargo público“.

Creo que los audios configuran el delito con claridad, el primero porque le da a conocer Michetti a Laura Alonso que es lo que necesita, que invocó a un amigo suyo en una denuncia, y el segundo audio da cuenta de que efectivamente Laura Alonso se reunió con la persona protegida por Michetti”, destacó el letrado.

Sánchez Kalbermatten consideró que el Juzgado Federal 6 va impulsar la denuncia, al igual que la Fiscalía Federal Número 1″ y que “seguramente van a hacer llamadas a indagatoria, previa a algunas medidas que pueda llegar a tomar el juez de la causa”.

Cabe señalar además, que merced a este tráfico de influencia, el protegido de (Gabriela) Michetti resultó sobreseído en la denuncia en la época donde la justicia y la política estaban de la mano del ex presidente (Mauricio) Macri“, concluyó el abogado.

Política & Economía San Juan

Junto a Zabaleta, Uñac participó de una reunión con cámaras, empresas y sindicatos.

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El encuentro se desarrolló en el transcurso de la mañana en el Centro Cívico, con los que emplean a titulares del programa Potenciar Trabajo.

En el marco de la visita del ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, a San Juan, el gobernador Sergio Uñac encabezó un encuentro de trabajo y presentación con cámaras, empresas y sindicatos de beneficios a quienes emplean a titulares del Programa Potenciar Trabajo.

El acto tuvo lugar en el Salón Cruce de los Andes, en el Centro Cívico y participaron además el ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, Fabian Aballay; el jefe de Unidad de Asesores del ministerio nacional, Diego Pereira; el secretario de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Gustavo Aguilera; el titular de Unidad Ejecutora del Programa Potenciar Trabajo, Pablo Pais; el secretario de Promoción Social, Lucio González; el subsecretario de Articulación y Abordaje Territorial, Cristian Morales; la subsecretaria de Asistencia Social, Stella Caparrós; la coordinadora de Centro de Referencia San Juan, Romina Albarracín; el secretario de Cámara de Comercio, Hermes Rodríguez; el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Marcelo Lucero, además de gremialistas y empresarios.

Durante su discurso el gobernador Sergio Uñac destacó que “el Gobierno de la provincia cree, confía y trabaja codo a codo con el sector privado sanjuanino”.

En ese sentido aseguró que “no hay desarrollo del sector privado sin trabajadores capacitados. Llevamos 6 años y medio de trabajo en conjunto tratando de ver qué problemas tiene el sector privado y qué herramientas le podemos ofrecer para sortear esos problemas”.

En la misma línea enumeró los distintos programas destinados a amortiguar las tasas de financiamiento del sector privado con el objetivo final de que la inversión privada con apoyo estatal sea la generación de trabajo genuino asegurando que “en conjunto, sector público, privado y trabajadores a través de sus representantes hemos logrado tener un 4% de desocupación, según el Indec”.

Luego destacó la diversificación de la matriz productiva que tuvo la provincia de San Juan producto de la suma de las actividades económicas.

También destacó el acompañamiento de Nación, ya que “cada problema que el sector privado nos presentaba lo llevaba al Gobierno nacional y traía una respuesta positiva al respecto”.

Finalizando su alocución, mostró un apoyo a la auditoría que llevará a cabo el Ministerio de Desarrollo Social respecto a planes sociales y de trabajo y agradeció “la propuesta del salto de quienes tienen un plan puedan pasar a un empleo formal. Ese es el objetivo. Algunos dirigentes dijeron que gobernar es dar trabajo y nosotros queremos reconvertir ese plan social en una oportunidad de empleo digno, formal”.

Por su parte, Juan Zabaleta destacó la forma de trabajo del Gobierno de San Juan y aseguró que “tienen que haber muchas más mesas como esta para reconstruir a la Argentina”.

Luego expuso la realidad de la cartera que dirige y manifestó que “vamos a garantizar que cada beneficiario pueda ir en camino al empleo registrado”.

Además, puso en valor las auditorías que realizará el Ministerio Desarrollo Social de la Nación y dijo que “analizaremos al millón 300 mil beneficiarios con auditoria, evaluación y verificación de lo que representa el programa Potenciar Trabajo que es la mitad del salario mínimo vital y móvil. Perciben alrededor de 23 mil pesos por mes para desarrollar tareas socioproductivas. Eso es imposible hacerlo sino está el compromiso que tiene la provincia de San Juan que capacita en los distintos oficios y se reúne con las distintas cámaras”.

Luego contó que durante su estadía en San Juan entregarán más de 100 certificados de oficios para soldadores, construcción en seco, albañilería, tareas de cuidado. “Son hombres y mujeres en condiciones de poder acceder al empleo registrado en función de la capacitación y condiciones laborales a los que el Gobierno de San Juan les dio la posibilidad”.

Respecto al programa Potenciar Trabajo explicó que es un programa que nace para vincularlo al empleo y fortalecer las tareas que vienen realizando.

“Aquel que trabaja se le propone capacitación, el que no trabaja se le propondrá que cumpla tareas en alguna unidad de gestión y estudie UBA 21 es el programa que tiene la Universidad de Buenos Aires que nos permitirá dar terminalidad educativa a todo el país para cada beneficiario. No trabaja ni estudia se le da de baja el plan”, afirmó.

A su turno, Gustavo Aguilera puso en valor el trabajo en la reconstrucción de Argentina a través del trabajo y destacó la tarea que realiza el gobernador Uñac en San Juan ya que “está muy en sintonía con lo que queremos hacer como Ministerio”.

En ese sentido aseguró que “queremos avanzar en un proceso de transparencia, cuidado y seguridad en los titulares de planes sociales y potenciar trabajo. Avanzar en la creación de empleo y trabajo genuino. Las auditorías que comienzan a fines de agosto en territorio tienen que ver con conocer más de cerca a los titulares de potenciar trabajo”.

Finalmente manifestó que “es la posibilidad de cuidar más y mejor a los titulares de potenciar trabajo. Buscamos transparencia. El que trabaja recibirá el subsidio del Estado, el que no trabaja tendrá que trabajar, estudiar o capacitarse y el que no quiera no será beneficiario”.

Por su parte, Fabián Aballay destacó el trabajo mancomunado entre el sector público y privado en San Juan al asegurar que “desde el sector público generamos el ámbito necesario para fortalecer al sector privado a través de numerosas acciones o herramientas”.

Luego habló respecto al programa Potenciar y dijo que “monitoreamos a 3500 titulares donde obtenemos información muy valiosa para poder ordenar los beneficios del programa. Poder trazar un perfil social y laboral de cada uno de estos beneficiarios es sumamente importante. El 96% de los 3500 desean capacitarse, ven el programa Capacitar como una cuestión transitoria y tienen el deseo de pasar a un trabajo formal en el sector privado”.

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Política & Economía Nacional

Subsidio: la secretaria de Energía precisó cómo se implementará la segmentación.

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La secretaria de Energía, Flavia Royón, brindó detalles sobre cuánto deberán pagar los usuarios una vez que se quiten los subsidios de forma escalonada. “El aumento promedio en materia de energía, sumando electricidad y gas, va a estar alrededor de 1.200 pesos”, dijo la funcionaria.

La Secretaría de Energía anunció este martes los detalles del nuevo esquema de subsidios al consumo de gas, electricidad y agua, que incluye la segmentación de acuerdo a los ingresos de los usuarios, con una diferenciación según la región del país de que se trate, y un tope de referencia para incentivar la eficiencia y el ahorro energético. El formulario permanece abierto para quienes no solicitaron el subsidio o para rectificar información. La secretaria de Energía, Flavia Royón, dijo que “el aumento promedio en materia de energía, sumando electricidad y gas, va a estar alrededor de 1.200 pesos” y detalló que “un hogar promedio se estima que debería consumir 250 kilovatios hora por mes y el corte que se hizo es en 400”.

La quita del beneficio comenzará de forma progresiva en septiembre, en el caso del gas y luz, luego en noviembre y enero, mientras que en agua se hará por etapas en noviembre, enero y marzo.

En tanto, la titular de Aysa, Malena Galmarini, señaló que “en el caso del agua en promedio el aumento entre noviembre (de 2022) y junio del año que viene será de 1.000 pesos”.

“Necesitamos concientizarnos que la energía y el agua es un recurso que hay que utilizarlo racional y sustentablemente”, afirmó Royón. La funcionaria señaló que “esta segmentación ha sido pensada con un criterio de una distribución basada en la justicia social y equidad” ya que “hoy el 50 por ciento de la población de mayores ingresos recibe el 60 por ciento de los subsidios”. 

“Lo que tratamos de plantear es que llegue el subsidio a quien más lo necesita”, dijo. Además, agradeció a quienes no solicitaron subsidios y aseguró que el Estado está trabajando para identificar a aquellos usuarios que no se inscribieron todavía pero necesitan el subsidio.

Royón añadió que en el nivel 1 (que comprende a los usuarios de mayores ingresos) “estaba previsto quitar de forma paulatina los subsidios en 3 tramos”. “Originalmente eran tres tramos iguales, pero hemos tomado la decisión de que el primer tramo se va a hacer una quita del 20 por ciento del subsidio y en los otros dos bimestres, el 80 por ciento restante, en 2 etapas iguales. Entonces primer tramo se quita el 20 por ciento, el segundo el 40 por ciento y el tercero el 40 restante”, puntualizó.

Tanto en gas como en energía eléctrica, afirmó la secretaria de Energía, no se perderá todo el subsidio si se superan los topes de consumo, “sino que en razón a la progresividad sobre el incremento al tope se va a hacer la quita del subsidio”.

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Política & Economía Nacional

Caamaño: “Parece que la sentencia contra  Cristina Kirchner ya está escrita”.

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La exinterventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, aseguró este martes que “parece que en la causa por presunta corrupción en la obra pública contra la vicepresidenta Cristina Kirchner ya está todo hecho”. “La sentencia ya está hecha incluso antes de que se termine el juicio”, señaló.

En este sentido, consultada por AM750 sobre si la exmandataria tendrá, a su entender, acceso a una verdadera Justicia antes de que termine el proceso, señaló: “Con este Poder Judicial que tenemos, que juega con el establishment, neoliberal, no tenemos ninguna posibilidad”.

Caamaño aclaró que no habla de “la Justicia”, sino del “Poder Judicial”, porque no es todo al aparato en su totalidad el que funciona de forma irregular. “Hay un sector de ese Poder que tiene que ser encausado de alguna manera. Hay una persecución judicial que sigue a dirigentes populares”, señaló.

Acá está la Justicia, están los políticos neoliberales, los grupos económicos concentrados, los medios de comunicación hegemónicos y antes estaba la AFI. Eso es lo único que podemos festejar. Que no está más la AFI en esa mesa”, dijo, con firmeza, la exencargada de la inteligencia en el país.

Los ingresos de Mola a la AFI

En tanto, señaló que en lo personal esta situación, el accionar de “esta justicia corporativa”, le da “vergüenza”. Lo hizo para referirse a los ingresos del fiscal por la denominada Causa Vialidad, Sergio Mola, a la sede de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri.

Es que, a través de un pedido de acceso a la información pública, Página/12 pudo constatar que el fiscal Mola no sólo ingresó a la casa de gobierno en junio de 2016, sino que tiene dos ingresos a la sede de la central de espías, uno el 22 de abril de aquel mismo año y otro el 15 de febrero de 2018.

“Es como si cuando yo era fiscal y necesitaba que la Policía hiciera una medida, fuera en persona a la comisaría y hablara con el comisario. El tipo me iba a decir que mande un oficio firmado diciendo qué necesito. Si voy a la comisaría a pedirle algo en secreto al comisario es, evidentemente, porque no le estoy pidiendo algo legal”, explicó Caamaño.

Y señaló: “Estuve el fin de semana leyendo lo que significa la imparcialidad. Lo que dice la doctrina es que el mero temor a sospecha de parcialidad es causal suficiente para posibilitar la exclusión de la tarea de juzgar el caso. O sea, no habla de que tiene que probar algo. El mero hecho de sospechar”.

“Acá no se está hablando ni siquiera de la honestidad del juez y el fiscal. No pasa por ahí. Es justamente la sospecha y no la seguridad de que podría suceder una situación así lo que hace que se tengan que apartar”, concluyó.

/Página12.

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