Un médico, el dueño de tres geriátricos, su esposa y un enfermero fueron detenidos tras ser denunciados por aplicar ilegalmente vacunas contra el coronavirus en un domicilio privado, ubicado en la ciudad de San Rafael, Mendoza.
La denuncia fue realizada este domingo por el director de Salud de la región sur, Abel Freindemberg, quien recibió información, por parte de los vecinos, sobre la vacunación irregular contra la Covid-19 en un domicilio de la calle Coronel Campos, propiedad del matrimonio dueño de los geriátricos.
«El médico les ofrecía a vecinos armar grupos para recibir la vacuna en un domicilio particular«, contó Freindemberg y dijo que la propuesta llegaba a través de audios de WhatsApp. Al mismo tiempo, remarcó que en esas grabaciones «no se habla» de un precio o valor.
Ante estas pruebas, las fuentes judiciales no pudieron comprobar aún que se tratara de una venta de vacunas, pero sí de una aplicación irregular, a modo de vacunatorio clandestino con vacunas destinadas a geriátricos.
Durante el domingo, por orden del fiscal de la causa, Javier Giaroli, fueron demoradas siete personas, entre las que se encuentran el médico clínico Rubén López, el dueño de tres geriátricos de San Rafael, su esposa y un enfermero con su licencia vencida.
Además, el comisario Miguel Sánchez, a cargo de la comisaría 8va., informó que se realizó un allanamiento en el domicilio, donde se secuestraron algunas dosis de la vacuna AstraZeneca, ampollas vacías, jeringas y elementos para poder inocular.
«Contamos con un importante procedimiento de trazabilidad, por lo tanto nos pareció extraño e inmediatamente decidimos realizar la denuncia», dijo Freidemberg.
El funcionario explicó que la estrategia de vacunación para los geriátricos «se inició en febrero con una planilla, se da una declaración jurada de las personas que están en el lugar, se hace la presentación y retiran las dosis del vacunatorio».
Imputados.
Según informó en el programa Hola Mendoza el fiscal departamental Javier Giaroli, hay siete personas que ya han sido imputadas aunque todas recuperaron su libertad bajo fianza por tratarse de delitos excarcelables.
Uno de los principales apuntados es el dueño de tres geriátricos en cuyo domicilio justamente se había citado a las personas para ser vacunadas. Este hombre fue formalizado por el delito de peculado, que estipula de 2 a 10 años de prisión para el funcionario público que sustrae bienes del Estado.
«Al participar del sistema de vacunación provincial adquiere carácter de funcionario público», detalló Giaroli. Su esposa, que estaba en el domicilio, también fue acusada por el mismo delito pero en calidad de partícipe primaria y arriesga la misma pena.
En ese mismo rango fueron imputados el médico Rubén López, quien era al que citaba a las personas a través de un grupo de Whatsapp, y el enfermero que se encontraba en el domicilio. Este último hombre, además de ser partícipe primario en el peculado también fue formalizado por ejercicio ilegal de la medicina, la cual contempla penas desde de 15 días a 1 año de cárcel, ya que tenía su matrícula vencida.
Los otros tres acusados en el expediente fueron las personas que se dirigieron a la propiedad para recibir la dosis. En estos casos el delito fue tentativa de violar las normativas dispuestas por las autoridades sanitarias, por lo que arriesgan de 3 meses a 1 año de cárcel.
