El expresidente Alberto Fernández prestó declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py en la Causa Seguros. El exmandatario negó las acusaciones y entregó un escrito.

Fernández aceptó responder preguntas de su abogada defensora, Mariana Barbitta y presentó un escrito, mientras que se negó a responder preguntas del fiscal Carlos Rívolo y del juez federal Julián Ercolini, informaron fuentes judiciales.

El exmandatario llegó a Comodoro Py por la mañana minutos después de que ingresarán a la Secretaría del Juzgado Federal 11 donde se cumplió el trámite, el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo.

El exmandatario entró a la sede judicial en medio de un estricto operativo de seguridad que incluyó policías federales distribuidos a lo largo del cuarto piso.

En la víspera el juez federal Julián Ercolini rechazó «in limine» el planteo de nulidad hecho por la defensa del expresidente contra la citación. Fernández había reclamado que se declare la «nulidad absoluta» de la citación a declaración indagatoria y que se la suspendiera hasta que quedara firme una decisión sobre el planteo, pero el juez Ercolini rechazó la presentación y ratificó la convocatoria.

Fernández tuvo su primera declaración indagatoria en una causa penal desde que dejó el gobierno e intentó dar explicaciones sobre la contratación de pólizas de seguros para organismos públicos a través de su amigo, el broker Héctor Martínez Sosa, a quien definió como uno de los más importantes intermediarios de seguros del país.

El exmandatario aseguró que su intención fue «evitar la cartelización» del sector. Cuando su defensa le preguntó si mostró interés para la designación de algún productor de seguros, Fernández respondió: «Terminantemente no. Y quiero aclarar que jamás nadie me consultó por la contratación de seguros del estado. Es un tema menor. Los presidentes no intervienen, como no intervienen en licitaciones públicas, no tengo nada que resolver al respecto».

Además, su abogada le preguntó si deseaba que esta declaración se integrara con su descargo del 28 de agosto de 2024, el expresidente contestó: «Sí, y además me gustaría que además de tenerlo presente, lo lean». A esto, su señoría le preguntó si entendía que el juzgado no leía, a lo que Fernández respondió que sí.

De qué se lo acusa a Alberto Fernández

En el caso seguros, al expresidente se lo acusa de «haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en «´Nación Seguros SA´». En específico, se lo acusa de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.

Para ello, «una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora «Nación Seguros», detalla la imputación.

En la causa judicial se incorporaron fotografías encontradas en el teléfono celular de la exsecretaria privada de Fernández, María Cantero, donde se ve al entonces presidente y a Martínez Sosa reunidos en una dependencia de la quinta de Olivos, frente a gráficos y papeles, informaron fuentes del caso.

Eso forma parte de la prueba que le será exhibida al expresidente frente al juez Ercolini y al fiscal Carlos Rivolo, a cargo del caso. Una de las imágenes es del 3 de julio de 2021 y forma parte de varias halladas en el celular de Cantero peritado por la Justicia en esta causa penal.

Fernández abrió la ronda de indagatorias que incluye a otros 38 acusados.

En tanto, el 11 de diciembre tendrá que concurrir a la segunda citación ante el mismo magistrado, en otra causa penal en la que está denunciado por violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yañez.

Este miércoles 27 de noviembre, la Cámara de Diputados inició una sesión especial para debatir un proyecto de ley destinado a prevenir la ludopatía infantil y regular las ciberapuestas, un fenómeno creciente en la sociedad actual. La iniciativa, impulsada por sectores de la oposición, propone una actualización en las medidas para combatir la adicción al juego, que afecta especialmente a los jóvenes, y establece restricciones a la publicidad de juegos de azar en medios digitales y tradicionales.

La sesión comenzó a las 12:15 con la presencia de 133 legisladores, bajo la presidencia de Martín Menem. El quórum se conformó con representantes de diversos bloques políticos, incluidos Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, la UCR y la izquierda. La discusión se centra en cómo establecer un marco legal que proteja a los menores de edad frente a los riesgos derivados de la exposición a juegos de azar y apuestas en línea.

El proyecto establece medidas restrictivas, tales como la limitación de anuncios publicitarios relacionados con juegos de azar y apuestas, especialmente en plataformas digitales, que son las más accesibles para los niños y adolescentes. Según la propuesta, las campañas publicitarias deben adaptarse para no incitar al consumo de estas actividades, promoviendo en su lugar la responsabilidad y el cuidado de la salud mental.

Sin embargo, la iniciativa enfrenta un fuerte lobby por parte de las empresas de apuestas, que han ejercido presión para que no se avance en el tratamiento de este proyecto, argumentando que las restricciones podrían afectar su actividad económica. La presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, Mónica Frade, denunció públicamente la influencia de estos sectores y destacó la importancia de avanzar en una legislación que proteja a los más vulnerables.

Este debate, que podría marcar un hito en la legislación sobre adicciones en el país, se encuentra en un momento crucial. El proyecto busca obtener media sanción y continuar su trámite en el Senado, donde podría enfrentarse a nuevos desafíos en su implementación.

El fenómeno de la ludopatía, especialmente entre los jóvenes, se ha visto exacerbado por el acceso a las ciberapuestas a través de dispositivos móviles y redes sociales. Con el avance de la tecnología, el acceso a estos juegos es más fácil y rápido, lo que ha generado una creciente preocupación sobre el impacto de esta adicción en la salud mental de los menores.

La iniciativa pretende ser una respuesta integral a un problema complejo, con el objetivo de proteger a las generaciones más jóvenes de una adicción que afecta su bienestar y desarrollo.