El año que viene no será uno más para la Argentina. Luego de las elecciones presidenciales del 2023, que de manera sorpresiva consagraron a Javier Milei como presidente hasta el 2027, la administración libertaria tendrá una nueva prueba de fuego en las urnas (la primera a la que llegarán siendo gobierno).

Esa cita será en 2025 y se tratará de los comicios legislativos de medio término que se realizan cada cuatro años. La última vez había sido en 2021, momento en el que comenzó a percibirse el derrumbe electoral de la gestión de Alberto Fernández, que finalmente se concretó en el balotaje que Sergio Massa perdió frente a Milei.

Elecciones 2025: cómo consultar el padrón electoral provisorio

De cara a las elecciones para renovar buena parte de ambas cámaras del Congreso, la Cámara Nacional Electoral (CNE) ya habilitó el padrón provisorio, mediante el cual los electores podrán consultar en qué lugar votan

Si no hay modificaciones en el cronograma electoral vigente, el domingo 3 de agosto de 2025 se realizarán las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), donde los argentinos elegirán a los candidatos que los representarán en las elecciones.

Posteriormente, el 26 de octubre, se llevarán adelante los comicios legislativos, donde se votará a 24 senadores y 127 diputados nacionales para el Congreso de la Nación.

Para consultar el padrón provisorio hay que ingresar a https://www.padron.gov.ar/. Una vez allí, se debe ingresar el número de documento, elegir el género, seleccionar el distrito donde se vota y completar un breve captcha.

Finalizado el proceso, el sistema mostrará el circuito electoral y la sección electoral a la que pertenece el usuario.

Dos provincias elegirán gobernador en 2025

Vale recordar que en paralelo a la legislativas, dos provincias tendrán elecciones propias para elegir nuevos gobernadores: Santiago del Estero y Corrientes.

Los calendarios de ambas quedaron desfasados del nacional como consecuencia de las intervenciones federales que sufrieron en el pasado. En ninguno de los dos casos su actuales mandatarios, el santiagueño Gerardo Zamora y el correntino Gustavo Valdés, cuentan con reelección.

Por ese motivo, la definición de candidatos y el futuro político de ambos distritos es, por ahora, una gran incógnita en el tablero nacional.

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Actualmente, Zamora integra la liga de gobernadores de Unión por la Patria (UP), aunque no es un orgánico del Partido Justicialista (PJ).

Si bien es uno de los pocos celestes que firmaron el Pacto de Mayo, también integra la oposición más dura a la administración libertaria. El próximo 17 de noviembre, recibirá en la provincia a Cristina Kirchner, quien comienza a articular un nuevo armado federal, a la par de que la Cámara de Casación ratificara su condena en la causa Vialidad Nacional.

Valdés, por su parte, es uno de los dirigentes de peso de la Unión Cívica Radical (UCR). Hasta el año pasado fue uno de los tres mandatarios boina blanca que tenía el país, junto a los Rodolfo Suarez (Mendoza) y Gerardo Zamora (Jujuy), hoy sucedidos por Alfredo Cornejo y Carlos Sadir.

Al día de hoy, el líder correntino atraviesa un dura interna con su expadrino y antecesor en el cargo Ricardo Colombi. Parte del futuro de la provincia en las elecciones venideras está atado a cómo se sale esa disputa.

De esta manera, el Decreto 1018/2024, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, formalizó el anuncio, oficializó la disolución del programa Procrear, creado en 2012 (bajo la gestión de Cristina Kirchner), que ofrecía líneas de crédito subsidiadas por el Estado nacional para el acceso a la vivienda.

En sus considerandos, el decreto destaca que “no puede ignorarse la dificultad de amplios sectores de la sociedad para acceder a una vivienda, una situación derivada, entre otras causas, de la alta inflación de las últimas décadas, que ha dificultado el acceso a créditos”. Asimismo, el texto de la norma sostiene que “la financiación para la construcción de viviendas es una función propia y fundamental de los bancos comerciales, tanto privados como públicos, y, por lo tanto, no se justifica la intervención estatal en esta área”.

Es importante recordar que en un decreto anterior, el 1017/2024, publicado en el Boletín Oficial, se estableció en la misma línea, la implementación de «hipotecas divisibles sobre inmuebles destinados a proyectos inmobiliarios, permitiendo su futura división y adhesión al régimen de propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios o la subdivisión de parcelas de dominio común». Esta medida está orientada a proyectos inmobiliarios en desarrollo, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda, incentivar la inversión privada y contribuir a la reactivación económica, según informaron.

Retomando el decreto sobre la disolución del Procrear, se afirma que el programa «se ha transformado en una carga significativa para las finanzas públicas» debido a problemas en su supervisión y control, además de generar «gastos innecesarios para el tesoro público». En este sentido, se señala que «no ha sido transparente, ágil ni eficiente en la atención al bien común».

Qué dice el decreto sobre la disolución del programa Procrear y qué pasará con los créditos vigentes

La medida establece en el artículo 1: “Disuélvese el Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar) creado por el Decreto 902 del 12 de junio de 2012 y su modificatorio”.

El artículo 2 dispone que el “Ministerio de Economía realizará todos los actos necesarios para la liquidación del Fondo Fiduciario Público, denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar), según las disposiciones del presente decreto y del Contrato de Fideicomiso del 18 de julio de 2012″.

El artículo 3 instruye al “Ministerio de Economía a celebrar con el Banco Hipotecario S.A. un contrato para la continuidad de la gestión de los créditos bajo las mismas condiciones de retribución establecidas en el contrato de fideicomiso suscripto el 18 de julio de 2012″. De esta manera se aclara lo que pasará con los créditos vigentes.

Asimismo, el artículo 4 autoriza al Ministerio de Economía a disponer y administrar “los bienes muebles e inmuebles, incluyendo sus mejoras, en el marco de lo establecido en el artículo 1°, así como la regularización dominial de los inmuebles”. Se establece, en tanto, la firma de un contrato entre la cartera y el Banco Hipotecario “bajo las mismas condiciones de retribución que las establecidas en el Contrato de Fideicomiso suscripto el 18 de julio de 2012 para dichas gestiones”.

El Ministerio de Economía evaluará, junto con la SIGEN todos los fondos fiduciarios que contienen bienes o fondos estatales

En el contexto de la nueva estructura del Estado y, particularmente, de la Administración Pública, se menciona en los considerandos que el artículo 1° del Decreto 215/24 “designó al Ministerio de Economía como fiduciante en representación del Estado Nacional en todos los fondos fiduciarios conformados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado Nacional, ejerciendo en esa función la dirección y administración de dichos fondos fiduciarios”.

A partir de esta disposición, el Ministerio de Economía, con apoyo de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), “llevaría a cabo una auditoría integral de los fondos fiduciarios que contienen total o parcialmente bienes y/o fondos estatales”, según lo indicado en el decreto.

En cumplimiento de estas disposiciones, la SIGEN “elaboró un informe en el que formuló varias observaciones sobre el funcionamiento del fondo fiduciario público Pro.Cre.Ar, señalando, entre otros puntos, la demora en la entrega de viviendas y locales, lo cual ha generado costos adicionales en mantenimiento, seguridad y expensas, que se podrían haber evitado si los proyectos urbanísticos se hubieran entregado en el plazo previsto; incumplimientos del convenio por parte de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN); múltiples quejas por condiciones inadecuadas de habitabilidad en las unidades entregadas; y la falta de actualización de los manuales de procedimientos”.

El documento también indica que “la gestión de dicho fondo fiduciario público no ha sido transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común, lo que justifica su disolución y liquidación conforme a la delegación prevista en el inciso a) del artículo 2° de la Ley N° 27.742”.

El decreto añade que “no se puede obviar el impacto positivo de la no intervención del Estado en esta actividad, que es esencialmente privada, tanto para la ciudadanía en general como para el sector en particular”, y concluye que, “dadas las reformas estructurales, no se justifica que el Estado continúe interviniendo en la financiación para la construcción de viviendas”.

Finalmente, se establece que, “a partir de las reformas implementadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) desde diciembre de 2023, con la eliminación de los pasivos remunerados y los avances en la reducción de la inflación, se proyecta un aumento en la concesión de créditos hipotecarios por parte de los bancos, facilitando así el acceso a la vivienda”.