El planteo se definirá la semana que viene. Todo se aceleró tras la insólita denuncia del magistrado contra el fiscal que lo investiga.

El juez Roberto Montilla no sólo enfrenta una causa penal por tratar de favorecer y mejorar las condiciones de un detenido, sino que, también, quedó a tiro de un juicio de destitución, conocido como Jury de Enjuiciamiento. Fuentes judiciales señalaron que en la cúpula de Fiscalía estarían trabajando en la denuncia. Por el momento, circula que le endilgarían la causal de mala conducta, debido a su intromisión en la situación de una persona que no estaba bajo su órbita sino en la de otro magistrado.

Además, en el Ministerio Público dicen que sorprendió “la ignorancia jurídica” del polémico juez, ya que ayer denunció al fiscal que lo investiga por supuestas conductas delictivas que no encuadran como tales. Ahí, la causal sería la de “desconocimiento notorio del derecho”.

En ese marco, trascendió que en el Ministerio Público están a la espera del regreso a la provincia del fiscal General, Eduardo Quattropani, que se encuentra en Mendoza, para que defina la situación. De acuerdo a las fuentes, habría una opinión mayoritaria entre sus colaboradores para avanzar en un Jury. Incluso, se echaron a rodar fechas: martes o jueves de la semana que viene.

La situación de Montilla es inédita, ya que fue designado por la Cámara de Diputados como juez penal de Garantías el pasado 27 de febrero y asumió su cargo el 12 de marzo. En ese breve lapso en funciones, el fiscal Iván Grassi, coordinador de la Unidad de Investigación Delitos Especiales, lo denunció y el próximo lunes se llevará adelante la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria, en la que dará a conocer los detalles de la imputación en su contra.

Las chances concretas del pedido del juicio de remoción contra Montilla se aceleraron ayer. El magistrado accedió a hablar en el programa “Demasiada Información”, de Radio Light, y disparó críticas contra el fiscal. “Me parece realmente descabellada la investigación porque no he cometido ningún hecho delictivo”, destacó el juez.

No fue lo único, ya que resaltó que “no sé qué quiere el Ministerio Público”, dado que criticó al fiscal al culparlo de la filtración del video en el que aparece el sábado 5 de abril en la Comisaría Cuarta. De acuerdo a la acusación, se dirigió hasta la seccional para pedirle a los policías y a un ayudante fiscal que se trasladara a Benito Martín, de 84 años, a una residencia de adultos mayores.

En el programa radial, Montilla admitió que fue a la comisaría “anoticiado de la existencia de una persona de 84 años que se encontraba detenida. Teniendo todas las unidades fiscales a mi cargo, me presenté en la comisaría a los efectos de saber si era un detenido por alguna causa mía, lo cual no era así. Estaba a la orden de Flagrancia. Manifesté que informaran al juez porque la Policía no sabía qué hacer, que necesitaban mandarlo a algún lado porque se había descompuesto. Me retiré y, a partir de ahí, no sé qué pasó”.

La postura de Fiscalía indica que ese 5 de abril llamó dos veces a la Cuarta para darle indicaciones a los policías para el traslado del detenido y, como no se produjo, fue personalmente para concretar la medida.

No obstante, Montilla negó haberle dado instrucciones al personal policial. No se quedó ahí, ya que remarcó que el fiscal “mancilló mi nombre y apellido” al difundir el video “por todos los lugares de San Juan. Afectó a mi familia”.

Incluso, señaló que, en el juicio, “todos los periodistas  van a tener que comparecer para que digan cómo consiguieron el video”. En ese punto, se le hizo saber al juez que los periodistas cuentan con el derecho constitucional de no revelar sus fuentes de información.

También había salido a la luz que, luego de que se conociera la investigación, Montilla había ido a buscar a Grassi a su oficina. Pero el encuentro no se produjo porque uno de los supervisores del Ministerio Público, el secretario Relator Rolando Lozano, le explicó que ese contacto no corresponde.

El juez indicó que no fue a ver al fiscal sino que “iba a otra cosa (…) porque yo tenía dos causas sumamente complicadas con respecto a delitos complejos”. Por eso, señaló que “son todas situaciones falsas. Quieren desacreditarme y no lo voy a permitir”. Así, aseguró que “no le tengo miedo al fiscal ni a la causa”.

La entrevista fue pasadas las 13.30 y, a las 17, Montilla fue a la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales. Denunció a Grassi por incumplimiento de los deberes de funcionario público por injuriar a un juez de Garantías. Las fuentes explicaron que la injuria es un delito de acción privada, por lo que, el denunciante, tiene que convertirse en acusador y presentar el caso ante un juez. No frente al Ministerio Público, que investiga delitos de acción pública.

Además, acusó al fiscal de incurrir en tráfico de influencias por la filtración del video. La figura que usó Montilla contempla un delito cometido por un funcionario, en connivencia con otra persona, en perjuicio contra la administración pública. No tiene ninguna semejanza con lo denunciado por Montilla.

Fue la gota que rebalsó el vaso y las fuentes señalaron que se habría dado la causal de destitución de desconocimiento de derecho. Un pedido de destitución es evaluado por el Jurado de Enjuiciamiento, que no actúa de oficio, sino a través de una denuncia. A diferencia de una causa penal, en la que, a la hora de una sentencia condenatoria, se requiere de certeza, en el Jury no es necesario ese requisito, sino que se comprueben las causales, como las de mala conducta y desconocimiento del derecho.

La causa penal y el eventual juicio de destitución pueden ir por carriles paralelos y tiempos distintos. Uno busca determinar si el juez fue responsable o no de un hecho delictivo, mientras que el otro tiene como fin el hecho de establecer si corresponde o no que sea echado del Poder Judicial.

/0264

El canon a privados lo decide el Consejo de Hidráulica, donde votan productores agrícolas.

Diputados del oficialismo enviaron un proyecto de ley para modificar el Código de Aguas de la provincia y el texto empezará a trabajarse en las comisiones. El objetivo es cambiar el artículo que indica que será el Consejo de Hidráulica, compuesto por representantes privados y públicos, el que decida cuánto cobrar de canon de agua a productores agrícolas, industriales, mineros y constructores. Debido a que la Constitución Provincial define que es el Estado el que debe definir las políticas tributarias, consideran que hay un choque de normativas. La propuesta generó una rápida reacción por parte de regantes, quienes dijeron que esta decisión “no le corresponde a la provincia”.

El proyecto presentado, que lleva la firma del Interbloque Cambia San Juan, propone derogar el Artículo 20 de la Ley Provincial 13-A, que define las competencias del Consejo de Hidráulica para fijar el valor del canon de agua. Este valor es el que pagan empresas y productores agrícolas que tienen derechos para usos productivos. No impacta en el valor que pagan los usuarios de agua potable, ya que estos los regula OSSE. Así, por ejemplo, es este organismo el que fija cuánto deben abonar por el derecho los regantes, industrias o constructoras que tienen derechos transitorios.

Según el texto, el sistema actual es problemático porque es la Cámara de Diputados la que, según el Código Tributario y la Constitución Provincial, debe aprobar la ley Tributaria Anual, donde se definen los valores. El caso de Hidráulica no sólo difiere porque es el único organismo que funciona por separado del Poder Legislativo, también porque el Consejo es un cogobierno público y privado. Dentro del mismo hay dos votos de consejeros que elige el Estado, uno del director de Hidráulica y otros tres, la mitad, de consejeros que votan los regantes. Así, son representantes de una parte del sector privado los que definen estos costos.

Desde el oficialismo dijeron que el cambio es para evitar los problemas legales que representa la actual situación. En el proyecto, los autores aseguran que el artículo “agravia el sistema constitucional y la supremacía de las leyes, siendo facultad exclusiva de esta Cámara de Diputados fijar tributos provinciales”. Además, llamaron la atención en que “la atribución que se le confirió al Departamento de Hidráulica fue en el año 1942”. En ese momento, agregaron, estaba vigente la Constitución de 1927 y fue en la de 1986 que se actualizó, dando las atribuciones actuales al Poder Legislativo.

Si bien el proyecto todavía no es trabajado en la Legislatura, ya que a partir de la próxima semana ingresará a las comisiones de Hacienda y Legislación, ya hubo críticas de los regantes. Este mismo viernes en la mañana, antes de que se retomara la primera sesión ordinaria del año, un grupo de productores presentó una nota pidiendo que no avancen con el cambio. En la nota se oponen de plano al cambio y “al tratamiento de la modificación del artículo 20” porque consideran que “no le corresponde a la provincia”. Pidieron que los convoquen “para poder interiorizarnos de la situación ya que nos hemos enterado de casualidad y que consultando a nuestros delegados no saben nada de la modificación”. Entre los firmantes están los presidentes de las juntas de Riego de Caucete, 25 de Mayo y Sarmiento.

La respuesta de los productores agrícolas llegó a los diputados, pero el trabajo sobre el proyecto iniciará en las comisiones. Una de estas es la de Hacienda, que presiden Franco Aranda. El diputado dijo que está al tanto del pedido general y que entiende que existe una situación irregular con Hidráulica cumpliendo esa función. Desde el oficialismo dijeron que están abiertos a hablar con los productores, pero insistieron en que hoy el cambio es necesario. Esto implica también que hay acuerdo de distintos sectores políticos. Si lo aprueban, las tasas de agua las definirá el Estado y aprobará Diputados.

> Valores actuales
En la Ley Tributaria, el costo del canon por hectárea es de 600 pesos. La tasa retributiva para las concesiones agrícolas, depende del departamento y va de 16.000 a 80.900 pesos. Para industriales el litro por segundo vale 82.600 pesos.

/DC

Tras una nueva reunión, el Gobierno y los docentes cerraron un acuerdo salarial para marzo y la reapertura de las paritarias. 

Este viernes 11 de abril, el Gobierno y los sindicatos docentes de San Juan cerraron un acuerdo tras una nueva reunión de conciliación obligatoria celebrada en la Subsecretaría de Trabajo. La oferta salarial del Ministerio de Hacienda fue mejorada: pasó de 8 a 10 puntos de aumento en todos los cargos del nomenclador docente a partir del salario de marzo, es decir que esa diferencia será liquidada con el pago de abril.

Además, en el acta que firmaron los secretarios generales de UDA, UDAP y AMET se estableció el no descuento de los días de paro: la medida provincial realizada el 5 de marzo y la adhesión al paro nacional decretado por la CGT este jueves 10 de abril.

Con este entendimiento, quedó cerrado el período de conciliación obligatoria, iniciado por la Subsecretaría de Trabajo ante la falta de acuerdo en paritarias y la posibilidad de medidas de fuerza que iban a afectar el normal dictado de clases. Inmediatamente, se convocó a las partes a una nueva mesa de negociación paritaria para definir el sueldo correspondiente a abril, teniendo en cuenta el contexto inflacionario del país, pues este viernes el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) marcó que los precios aumentaron 3,7% el mes pasado.

De esta manera, la patronal y los representantes sindicales volverán a verse las caras el próximo martes 15 de abril a partir de las 16.30 horas.

/DH