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El Gobierno amenaza con cobrar Ganancias de forma retroactiva 

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El Gobierno amenaza con cobrar Ganancias de forma retroactiva 

El ministro del Interior, Guillermo Francos, dijo que un «tecnicismo» habilitaría el cobro del impuesto y que la manera de evitarlo sería aprobar la ley que pretende Javier Milei. El cálculo de especialistas de cuánto deberían pagar los trabajadores y la reacción de la CGT.

En una nueva amenaza a los gobernadores y legisladores de la oposición, y a través de ellos a los trabajadores y trabajadoras de mayor poder adquisitivo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró este jueves que el Gobierno nacional podría cobrar el Impuesto a las Ganancias de forma retroactiva «si no se soluciona el tema con la Ley Ómnibus«.

Según explicó Francos, el Gobierno estaría habilitado a cobrar de forma retroactiva por un tecnicismo que surge de la forma en que Sergio Massa interrumpió las percepciones del tributo en octubre, noviembre y diciembre de 2023. Especialistas calculan que esto podría generar deudas de entre $500.000 y $600.000 por contribuyente.

“Hubo un decreto que sancionó el Gobierno de Massa por el cual se quitó la atribución de hacer las retenciones a las empresas a los trabajadores en relación de dependencia”, recordó Francos en declaraciones a Radio Rivadavia, pero «cuando se sanciona la ley (de eliminación de la cuarta categoría de Ganancias), se sanciona para el período fiscal siguiente, para 2024. En los meses de 2023 en los que no se hizo la retención, no quedó eximido el impuesto», aseguró. 

«Toda esa gente que quedó en esa situación, si no se soluciona con esta Ley (ómnibus) el tema, van a quedar sujetos a pagar por ese trimestre de 2023, porque eso es el período fiscal 2023, y la ley lo planteó para el 2024. Es un tema que hay que solucionar”, agregó el funcionario.

“El Poder Ejecutivo, por decreto, dice ‘no le retengan los últimos tres meses del año’, pero hasta que no haya una ley que lo refrende la obligación con el Estado existe, más allá de que la AFIP no la haya cobrado”, insistió.

La única solución para que esta retención retroactiva no ocurra, sostuvo Francos a modo de amenaza, es la aprobación de la Ley Ómnibus, que incluye un capítulo fiscal con la restitución del impuesto. “Ganancias es el impuesto más progresivo que existe, es un impuesto a los ingresos en realidad. Y existe en todo el mundo. Los organismos multilaterales pusieron el grito en el cielo, como el Fondo Monetario Internacional, hubo un cuestionamiento generalizado de esa medida”, repasó.

La recaudación de este impuesto, además, es esencial para las provincias, opinó el ministro, sin hacerse cargo del ahogamiento que el Gobierno de La Libertad Avanza está imponiendo a los distritos mediante muchos otros mecanismos. “La intención del Gobierno es restituírselos (los fondos coparticipables de Ganancias a las provincias). Es un impuesto que impacta directamente en la recaudación de las provincias, con lo cual es cierto que tuvieron una merma”, dijo sobre este punto.

La respuesta de la CGT

La Confederación General del Trabajo (CGT) respondió a la amenaza de Francos con un tuit, en el que prometió no entregar el derecho conquistado el año pasado, durante la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, para el «brutal ajuste» que lleva adelante el Gobierno de La Libertad Avanza. 

«El ministro @GAFrancosOk pretende seguir ajustando a los trabajadores. Ese derecho logrado no lo entregaremos para su brutal ajuste fiscal. Quizás sería bueno que comience a aportar parte del salario mensual de U$D 20.000 como funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo durante el anterior gobierno», escribió la central gremial en la red social X.

Reunión con los gobernadores

Respecto al encuentro de este viernes en Casa Rosada al que fueron convocados los gobernadores, luego de constantes provocaciones y de la eliminación de las transferencias discrecionales, el subsidio al transporte y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), Francos dijo que se trata de una reunión con «la intención de llegar a puntos de acuerdo sobre aspectos que plantea el Gobierno nacional, que son los puntos centrales de lo que es la ley ómnibus«. 

También se espera «tratar los temas fiscales que las provincias reclaman, por lo menos, aquellos en los que estamos dispuestos a avanzar”, anticipó el funcionario, y agregó: “Por supuesto, los gobernadores vienen con sus reclamos, también que formularon hace tiempo. Y el Gobierno tiene las limitaciones que le genera la situación económica de crisis del país”.

En ese marco, adelantó que “no está en discusión” la coparticipación del impuesto al cheque que habían reclamado las provincias. “No quiere decir que los gobernadores no vayan a proponerlo, pero no es la posición del Gobierno plantear ese tema”, indicó Francos, que aclaró además que los temas vinculados a las moratorias previsional y tributaria van a estar en el paquete fiscal que el Gobierno presentará como parte del Pacto de Mayo que anunció durante la apertura de sesiones legislativas, mientras que la ley de blanqueo se discutirá “más adelante”.

@Página12.

/Imagen principal: Archivo/

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Legislatura de Córdoba: la oposición de JxC y el PJ empantanados en la discusión por los “cinco minutos” del uso de la palabra en el recinto

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Legislatura de Córdoba: la oposición de JxC y el PJ empantanados en la discusión por los “cinco minutos” del uso de la palabra en el recinto

No sólo los halcones sino también las “palomas” del interbloque Juntos por el Cambio (JxC) se quejaron en la sesión de ayer ante lo que consideraron una actitud “prepotente” del oficialismo al “coartarles” el uso de la palabra en el recinto. El PJ negó tal situación y se amparó en la letra dura del reglamento interno de la cámara.

El ala halcón de JxC, aunque esta vez se sumaron voces de “palomas” cambiemistas, volvieron a chocar con las espadas peronistas por no poder pronunciarse en el recinto respecto a temas sensibles que golpean al gobierno provincial, por caso la inseguridad y la tarea bajo la lupa de la Senaf. En el fondo de la cuestión afloran las demandas de renuncia de los ministros Juan Pablo Quinteros (Seguridad) y Liliana Montero (Desarrollo Humano).

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Ante los pedidos de tratar sobre tablas casi una veintena de proyectos, la fuerte pulseada pasa por el pedido de reconsideración que fogonean los halcones cambiemistas que choca con la negativa de los “generales” del gobierno en la Unicameral. En concreto, la oposición se queja porque no se les concede los cinco minutos para argumentar su replanteo en los diversos temas.

bloque oficialista en la Legislatura de Córdoba

Desde el oficialismo contragolpean en que JxC “desvirtuó” este mecanismo. “La oposición utiliza los cinco minutos para despotricar”, afirmó el presidente provisorio, Facundo Torres, al tiempo que señaló que “se presentan de 17 a 29 pedidos de tratamiento sobre tablas” por sesión.

En medio del cruce de acusaciones, los cambiemistas apuntan sus cañones al jefe del bloque del PJ, Miguel Siciliano, quienes los acusa de “sólo poner palos en la rueda” al gobernador Martín Llaryora.

En su jugada, el peronista erosiona el poco margen de maniobra que aún queda entre ambas partes para buscar acuerdos parlamentarios. Es la segunda vez que Siciliano solicita aprobar el rechazo en conjunto de un paquete de proyectos que JxC reclama debatir sobre tablas.

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De esta manera, el PJ con sus votos y de los aliados trunca esa posibilidad y, además, bloquea el acceso a los cinco minutos de reconsideración amparado en su posición reglamentarista al dejar de lado los usos y costumbre de la cámara.

Fuego cruzado

En su intervención, el juecista Walter Nostrala le atribuyó al peronismo una actitud “prepotente” y “no democrática” en medio de la falta de acuerdo en Labor Parlamentaria en torno a la discusión de este mecanismo de poder expresarse al momento de la reconsideración que la oposición sostiene en su demanda.

El halcón del Frente Cívico rechazo de plano que “se dé los cinco minutos de acuerdo a la cara del cliente y de lo que le conviene o no al oficialismo”. Esto se debe a que el PJ propuso dar luz verde a algunas iniciativas y a otras no. Afuera quedaban los pedidos de informes por la inseguridad y la tarea bajo la lupa de la Senaf.

Bloque opositor en la Unicameral de Córdoba

Así se refirió a lo que se habló en la reunión de jefes de bloques, antes del plenario, al que asistió la radical Alejandra Ferrero en reemplazo de su par de bancada Matías Gvozdenovich. Esta jugada radical acordada en el seno del bloque opositor molestó al PJ que no pudo desactivarla. O sea, la deloredista fue en calidad de vicepresidenta de la bancada UCR y no como jefa del interbloque JxC.

Esta pulseada en medio del choque de fuerzas se convirtió en una constante que genera un desgaste en la dinámica legislativa. Tras dejar en clara la postura del oficialismo rechazando que se le “limite” la palabra a la oposición, Torres reconoció que la situación está “empantanada”. El próximo martes habrá una reunión de pre-Labor para ver si desde la política “podemos desempantanar este tema”, advirtió el presidente provisorio.

Narcotráfico y transporte

En lo concreto, el PJ evitó que se discuta en el hemiciclo legislativo los temas sensibles referidos a la inseguridad y a la Senaf, a través de los cuales la oposición le factura al gobierno su “falta de políticas”.

De todos modos, Ferrero pudo colar su pedido de renuncia a Quinteros cuando se debatió el proyecto de Rodrigo Agrelo por la habilitación de la Sociedad Comercial Supermarket Nepper S.A.S en la Inspección de Sociedades Jurídicas. Se trata de la empresa de la familia política del narcotraficante Fabio “Calavera” Pelozo, hoy detenido en la cárcel de Ezeiza, que “corona una larga lista de bienes que esta cúpula narco tiene en Córdoba”, según los dichos del vecinalista.

A su turno, Ferrero resaltó: “Los delincuentes están libres y la gente encerrada. Vayan a los barrios… dejen de improvisar”, y fustigó: “En San Francisco quema el narcotráfico y no lo combatimos”. En su contragolpe, Nadia Fernández le dijo a la oposición que “hacer política con el narcotráfico es un error”.

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“Vienen a pedirle la renuncia a Quinteros que goza del apoyo de (Patricia) Bullrich. La ministra le ha demostrado que con esto no se juega”, remarcó al aludir al trabajo conjunto entre la Nación y Córdoba que arrojó una nueva foto con la inauguración de la base de Prefectura Naval Argentina en Embalse.

El otro duro cruce se produjo por la preocupación del nuevo aumento del boleto del transporte público de la capital, que ya registra una suba del 180% en lo que va del año, motorizado por Miguel Nicolás. “Dato mata relato. Y yo le di los datos”, lanzó el radical al repasar también el costo del transporte interurbano.

Siciliano fue el encargado de devolver el golpe. El peronista fue durísimo. Acusó a los cambiemistas de moverse en base a la “especulación política”. “Están pensando si van a ir juntos con (Javier) Milei” en el próximo turno electoral.  “No lo quieren putear… No es ponerle palos al presidente, es perder el miedo, defender a Córdoba”, fustigó.

Son disputados de Córdoba no de Milei. Necesitamos que los políticos de Córdoba, peleen por Córdoba. Que el presidente nos dé los fondos que nos pertenecen”, contraatacó el jefe del bloque oficialista al apuntar contra Rodrigo de Loredo, pero también al senador Luis Juez, en su demanda por los subsidios al transporte y la deuda con la Caja de Jubilaciones.

Otros proyectos

Durante la sesión se aprobó la ley que regula la actuación de los profesionales y establecimientos de salud en los casos de defunción fetal. La norma promueve los derechos de las personas gestantes. Por otro lado, se declaró de Interés Cultural, Religioso y Turístico la traza denominada «El Camino de Brochero».

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Cristina descongeló el pliego de Lijo y ordenó a Corpacci que lo firme

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Cristina descongeló el pliego de Lijo y ordenó a Corpacci que lo firme

Las últimas horas del jueves trajeron una novedad explosiva para el peronismo en el Senado: la catamarqueña Lucía Corpacci, cercana a Cristina Kirchner, firmó el dictamen favorable al pliego de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema.

Este medio venía contando que los gobernadores estaban muy dispuestos a darle el voto a Lijo, sin que Milei haya abierto la negociación por la ampliación de la Corte, la inclusión de una mujer o la designación del procurador, como reclamaba el kirchnerismo.

LPO

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El Gobierno no logra acordar con las provincias y crece el riesgo de que no se vote el Presupuesto

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El Gobierno no logra acordar con las provincias y crece el riesgo de que no se vote el Presupuesto

Las autoridades nacionales se mantienen firmes en que se respete el déficit cero y aseguran que no les preocupa si no se aprueba el proyecto. Los mandatarios locales reclaman que se paguen las deudas, pero insisten en que sea la Casa Rosada la que defina de dónde se sacarán los recursos para eso. Hubo un pedido para reunirse y discutir el asunto en persona, pero no fue contestado

“Un país serio no puede no tener un Presupuesto”, sostuvo el jueves pasado el gobernador de La Pampa, Sergio Zioliotto, al salir de una reunión que mantuvo en la Casa Rosada para avanzar en un acuerdo por la deuda que la Nación mantiene con su provincia.

El mandatario pampeano conversó durante un largo rato con el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, quien impulsó hace algunas semanas un plan para saldar con bienes y tierras estatales los pasivos que el Poder Ejecutivo tiene con los diferentes distritos del país.

Sin embargo, en ese encuentro no se conversó puntualmente del proyecto que el presidente Javier Milei presentó personalmente en el Congreso y que desde ese momento está siendo discutido en las comisiones de la Cámara de Diputados, que no logra acordar un dictamen.

Las autoridades nacionales se mantienen firmes en la idea de que el texto que vaya a votarse en el recinto -si es que llega a esa instancia- respete el principio de “déficit cero”, pero los gobernadores quieren que se incluyan una serie de partidas para sus provincias.

Entre los puntos principales que reclaman los mandatarios provinciales está la coparticipación de los excedentes en el Tesoro Nacional y de lo recaudado por algunos impuestos, además del pago de la deuda por las cajas previsionales, un conflicto que data desde hace más de dos décadas.

El proyecto quedó trabado en el recinto porque la Casa Rosada les exige a los gobernadores que, a través de sus diputados, precisen qué áreas se van a ver afectadas para poder hacer frente a esos gastos que no estaban previstos en la iniciativa original.

Sin embargo, la otra parte, principalmente aquellos que responden a lo que era Juntos por el Cambio, insiste en que debe ser la Nación la que defina cómo financiar el pago de las deudas que, remarcan, la Justicia ya dijo que deben abonar.

“Es responsabilidad del Ejecutivo ver de dónde se sacan los recursos. Para qué son Gobierno si no definen las partidas presupuestarias que corresponden por ley. Nadie está pidiendo un centavo discrecional ni que vuelva el Fonid (fondo de incentivo docente), ni tampoco los subsidios al transporte urbano. Solo estamos pidiendo que cumplan la ley y los pactos preexistentes. Va a terminar todo judicializado”, señaló una fuente cercana a las negociaciones.

En este sentido, los representantes de las provincias indican que la compensación del Pacto Fiscal del 2017, otro de los puntos que solicitan, es una ley aprobada por el mismo Congreso, mientras que la cuestión de las 13 cajas previsionales no transferidas a la Anses ya cuenta con un fallo favorable.

Al respecto, los gobernadores aseguran que todo el conjunto de sus reclamos “de ninguna manera afecta el equilibrio fiscal”, ya que representan apenas el 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y menos del 2% del presupuesto total previsto para el 2025.

Por otra parte, las provincias del interior del país cuestionan que la Nación ya le está pagando a la ciudad de Buenos Aires la deuda que tenía en concepto de coparticipación que se le había quitado durante la gestión de Alberto Fernández, pero que no tienen la misma suerte el resto de las jurisdicciones.

/Infobae

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