Como adelantó Ámbito, con el patrocinio del abogado especialista en temas previsionales, Facundo Fernández Pastor, la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó una impugnación ante la ANSES de la resolución del gobierno de Javier Milei que le quitó la jubilación y la pensión tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad.
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El Gobierno eliminó el Fondo de Incentivo Docente
Javier Milei dio un paso más en su avanzada contra el sistema educativo: luego de afirmar que «la educación pública ha hecho muchísimo daño lavando el cerebro de la gente», decidió la eliminación definitiva del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). Lo hizo mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 280/2024, en cuyo anexo número 1 dispuso quitar del presupuesto los recursos previstos en el Fonid.
Creado en 1998 y desde entonces mantenido por todos los gobiernos, el Fonid tenía como objetivo reforzar el salario de los maestros de todo el país a través de la transferencia de recursos adicionales, provenientes de un impuesto específico. Para los docentes, significaba un plus de entre el 10 y el 20 por ciento en sus salarios. Pese al reclamo de todas las provincias para que lo sostuviera, el gobierno nacional ya había anunciado que lo daría de baja. La medida se concretó ahora con la supresión, por DNU, de los 276 mil millones de pesos del Fondo que correspondían al presupuesto prorrogado del año anterior.
El rechazo de los sindicatos docentes no tardó en llegar. «Es un nuevo ataque a la docencia», afirmó Roberto Baradel, secretario adjunto de Ctera, quien definió al Fonid como «un derecho adquirido».
La decisión de eliminar el incentivo docente se produce en un momento de desplome general de salarios y jubilaciones, achicamiento de partidas presupuestarias y despidos de miles de trabajadores estatales. «Lo que está haciendo es lastimar al pueblo en general y beneficiar a lo peor de la casta», sostuvo Baradel en diálogo con Página/12.
El dirigente sindical alertó que el Gobierno tampoco está enviando los recursos destinados a programas educativos, comedores escolares e infraestructura, transferencias que recibían todas las provincias, parte del 6 por ciento del Producto Bruto Interno que, como establece la ley, debe invertirse en educación. Por ese motivo, evaluó que Milei «sin ninguna duda va en contra de la educación pública». Baradel señaló que, si bien hay diálogo con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, «las últimas decisiones del Gobierno van en el sentido contrario incluso de lo que él mismo nos manifestó». Cabe destacar que, desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el Ministerio de Educación bajó al rango de secretaría y quedó dentro de la órbita del nuevo Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.
También fue criticado el método con el cual el gobierno de Milei suprimió el incentivo salarial docente. «No existe en este momento ni necesidad ni urgencia al estar sesionando el Congreso Nacional», dijo a este diario Fabián Felman, secretario general de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA). Felman cuestionó la legalidad de la decisión del Poder Ejecutivo. «Periódicamente el Estado nacional se ha comprometido, en sus cláusulas, a abonar un monto para compensar a las provincias, por un lado, y por otra parte al conjunto de la docencia del país. Esa cláusula no se puede modificar unilateralmente por parte del gobierno nacional», puntualizó.
El secretario general de CEA enfatizó en las consecuencias regresivas que tendrá la medida a nivel federal. «Esta decisión unilateral intenta fragmentar a la Nación, convirtiendo a las jurisdicciones en 24 archipiélagos», aseguró. Apuntaba al efecto de compensación salarial interprovincial que tenía el Fonid.
Ahora, los sindicatos que agrupan a los maestros evaluarán cómo continuar con su reclamo. Baradel, que es dirigente de la CTA, afirmó que están en conversaciones con los gremios docentes de todos los niveles educativos, del inicial al superior. «Creemos que hay que dar una respuesta de conjunto, ya que también están recortando el presupuesto de las universidades», remarcó. Desde la CGT, Felman dijo que las organizaciones docentes de esa central ya están «en estado de alerta». «Oportunamente -agregó- vamos a anunciar las acciones a adoptar».
No sólo los sindicatos expresaron su rechazo a la eliminación del Fonid. El exdiputado Alejandro «Topo» Rodríguez advirtió que la decisión «provocará estragos en todas las provincias». El exministro de Educación Daniel Filmus sostuvo que «el Congreso debe rechazar el DNU» que terminó con el incentivo docente.
@Página12/ Juan Pablo Pucciarelli.
/Imagen principal: Archivo/
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su defensa presentó un recurso de nulidad contra la resolución de la ANSES
El abogado de la expresidenta solicitó formalmente se declare la nulidad de la resolución y se restituyan los haberes de las asignaciones mensuales vitalicias que fueran «indebidamente retenidas»
El recurso administrativo deberá ser respondido por las autoridades del organismo de seguridad social. La defensa de Cristina descuenta que la respuesta será negativa, por lo que ya preparan una presentación ante la justicia.
El escrito advierte que la decisión del Poder Ejecutivo «viola derechos y garantías consagradas en las leyes, la Constitución Nacional y la doctrina emendada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación» y reclama que «se revoque la resolución mencionada, restituyendo los haberes de las asignaciones mensuales vitalicias indebidamente retenidas a mi mandante, con más los intereses hasta el efectivo pago, lo que se sustanciará en el presente».
También argumenta fines persecutorios contra la exmandataria al afirmar que se trata de «un acto más de persecución con fines de venganza, hostigamiento y partidismo que involucra en este caso a funcionarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social, del Ministerio de Capital Humano del que depende, y al mismísimo presidente de la Nación»
Para Pastor, con la decisión administrativa el gobierno reinterpretó el artículo 29 de la ley 24.018, que dice que la forma de no tener derecho al beneficio es haber sido destituido a través del juicio político. Para el Ejecutivo, el juicio civil posterior a haber accedido al beneficio es equiparable al juicio político, lo cual es refutado por la defensa de Cristina Kirchner.
Se trata de un caso idéntico al del ex vicepresidente Amado Boudou. Especialistas recuerdan también como antecedente el fallo de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que resolvió en el caso del juez Smart. Aquella resolución le restituyó el beneficio al magistrado incluso habiendo sido condenado por delitos de lesa humanidad. Es porque Smart no fue destituído a través del juicio político.
Jubilación de Cristina Kirchner: qué dijo el abogado
El abogado de Cristina Kirchner en materia previsional, Facundo Fernández Pastor, aseguró que irán ante la Justicia en caso de que no avance el pedido administrativo y apuntó que «le sacaron las dos asignaciones mensuales vitalicias interpretando que una condena en doble instancia es equiparable al juicio político«. «Eso es algo que tiene que interpretar la Justicia», agregó y recordó que «la doctrina jurisprudencial dice lo contrario».
El representante de la expresidente en entrevista en radio La Red también remarcó que en la decisión de la ANSES «se reconocen los beneficios, pero revoca el acto administrativo sin dar derecho de defensa«.
En ese marco consideró que la decisión gubernamental se vincula «a la misma persecución que tuvo cuando dejó la Presidencia en el 2015».
Consultada al respecto de una posible judicialización de la causa, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello declaró para Ámbito: «Confío en que la Justicia estará a la altura».
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El salario mínimo no para de caer y ya tiene menos poder de compra que en 2001
El salario mínimo, vital y móvil (SMVM) cayó 1,3% en octubre y entre noviembre 2023 y octubre acumula una pérdida de 28%. La fuerte caída se explica como consecuencia del aumento de la inflación, con el pico de 25,5% de diciembre tras la devaluación, y del alza de las tarifas, según un estudio elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
El informe titulado «Panorama del empleo asalariado formal y de las remuneraciones» muestra que la merma del SMVM se inició en diciembre de 2023, cuando se contrajo 15% de la mano de la aceleración inflacionaria y se profundizó aún más en enero con una caída del 17%.
Esta tendencia se interrumpió momentáneamente en los meses siguientes, período durante el cual el incremento nominal acompañó la inflación por lo cual no se observaron reducciones adicionales. En el mes de junio se produjo una nueva caída (-4,4%), seguida por cierta recuperación en julio (4,3%) y por reducciones consecutivas en los tres meses siguientes.
La tendencia decreciente de los años previos, adicionalmente a la fuerte contracción de estos meses, posicionó el salario mínimo en un valor inferior al registrado en 2001, previo a la crisis de la convertibilidad. Asimismo, esto implica una erosión de casi el 60% frente al valor máximo de la serie, en septiembre de 2011.
Salarios formales aún no equiparan el poder adquisitivo de noviembre 2023
El salario promedio de los trabajadores formales, que mide el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), también registró una fuerte contracción entre noviembre y diciembre del año pasado. Aunque, con la desaceleración de la inflación, sumado a las negociaciones salariales en el marco de los acuerdos paritarios, permitieron, primero, evitar que la caída del poder de compra de los haberes continúe y, luego, que comience un proceso de recuperación.
En el mes de agosto, este índice registró un aumento de 0,8%, y de 0,3% en septiembre. A pesar de ello, a septiembre de 2024 (último dato disponible) el poder de compra de los salarios promedio continuaba siendo inferior en 1,5% al valor de noviembre. Sin embargo, el porcentaje de aumento se atenuó marcadamente desde agosto.
El panorama de los meses de agosto y septiembre resulta más crítico cuando se analizan las cifras de remuneración promedio de los asalariados registrados del sector privado proveniente del SIPA. Luego de crecer en términos reales en el mes de junio (+4%) y julio (+2,8%), en agosto experimentó una caída de 2,5% y en septiembre, los datos preliminares difundidos por la Secretaría de Trabajo dan cuenta de una nueva caída, del 1%.
Esto implica una pérdida de poder adquisitivo de 3% abajo del registro de noviembre de 2023. A su vez, acumulaba una caída del orden de 20% respecto del máximo de la serie registrado en mayo de 2013.
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