Será la tercera vez que insista con la reforma, que hasta ahora no tuvo el respaldo de los aliados. El texto también plantea mayores límites a los partidos políticos para poder presentarse a una elección y cambios en el financiamiento de las campañas.

Lo intentaron durante el debate de la Ley Bases, lo intentaron a mitad de año y, ahora, a dos semanas de que terminen las sesiones ordinarias y en medio del empantanado debate por el Presupuesto, lo vuelven a intentar: por tercera vez en menos de un año, el gobierno nacional anunció que buscará eliminar las PASO. No solo eso, sino que vuelve a poner sobre la mesa su voluntad de reformar el régimen de partidos políticos, así como el financiamiento de las campañas electorales. Una señal a los gobernadores, que son los primeros interesados en la eliminación de las primarias obligatorias, en un contexto de enojo por la resistencia de Javier Milei a abrir la billetera en el marco de la discusión por el Presupuesto 2025. Un gesto que, sin embargo, fue recibido con indiferencia por la oposición – más atenta a resolver la separata presupuestaria de la obra pública que al discurso fiscalista de la eliminación de las PASO – y con recelo entre sus aliados del PRO, que no se emociona ante la perspectiva de quedarse sin internas en las elecciones del año que viene.

El anuncio lo hizo el vocero Manuel Adorni en Casa Rosada, semanas después de que José Luis Espert hubiera amagado con hacer lo mismo en el Congreso. Entonces, el diputado libertario que preside la comisión de Presupuesto había querido condicionar los aumentos a las universidades nacionales a una suspensión de las PASO. Tuvo que frenar, sin embargo, cuando los aliados del PRO se enteraron y pusieron el grito en el cielo porque no los habían consultado. El macrismo, después de todo, es quien más necesita de las PASO en 2025 si desea evitar una fusión con La Libertad Avanza. Una fusión que Mauricio Macri rechaza y que sabe que, si sucede, lo desperfilará a él y dejará toda la decisión del armado de las listas en manos de Karina Milei.

«Es una reforma regresiva que tiene por objetivo desfinanciar y correr del tablero político a las minorías, sugestivamente después de que el partido de gobierno obtuvo su personalidad juridica con las reglas de juego actuales», cuestionó el socialista Esteban Paulón, que integra el bloque Encuentro Federal, una de las bancadas claves para conseguir los votos en el recinto. No fue el único que se manifestó en contra. Y es que, si bien la mayoría de los bloques no tienen posturas unánimes sobre el tema, incluso los que podrían acompañar la iniciativa se muestran desconfiados de la voluntad del gobierno. «Yo creo que hay que rediscutir el sistema de las PASO, pero veo que el gobierno demoró ese tema, que hasta ahora no presentó un proyecto para discutir y que se acaba el año legislativo aún sin Presupuesto. Y a eso le sumas que el año que viene es electoral, lo que complica su tratamiento antes de las elecciones», cuestionó, también en diálogo con este diario, el cordobés pichettista Oscar Agost Carreño.

La atención está puesta, inevitablemente, en el peronismo. Puntualmente, los gobernadores peronistas, que son quienes se verían favorecidos por la falta de internas – ya que serían los únicos ordenadores en el territorio – y del ahorro del costo electoral.  «Muchos quieren eliminarlas, es cierto. Pero a nosotros no nos convocaron», admitió un peronista norteño, que se enteró de la noticia por los medios.

 Si bien el gobierno ya había conversado informalmente con algunos sectores de la oposición, como el radicalismo, de incluir la reforma electoral, la mayoría de los partidos manifestaron sorpresa por el anuncio. Y desconfianza respecto a la posibilidad del gobierno de conseguir el número. Un dirigente opositor lo sintetizó así: «Intuyen que no están los votos y les sirve para mostrar las contradicciones del sistema político. El principio de revelación de que la clase política, la casta, no acepta sus privilegios».

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