El expresidente Alberto Fernández prestó declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py en la Causa Seguros. El exmandatario negó las acusaciones y entregó un escrito.

Fernández aceptó responder preguntas de su abogada defensora, Mariana Barbitta y presentó un escrito, mientras que se negó a responder preguntas del fiscal Carlos Rívolo y del juez federal Julián Ercolini, informaron fuentes judiciales.

El exmandatario llegó a Comodoro Py por la mañana minutos después de que ingresarán a la Secretaría del Juzgado Federal 11 donde se cumplió el trámite, el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo.

El exmandatario entró a la sede judicial en medio de un estricto operativo de seguridad que incluyó policías federales distribuidos a lo largo del cuarto piso.

En la víspera el juez federal Julián Ercolini rechazó «in limine» el planteo de nulidad hecho por la defensa del expresidente contra la citación. Fernández había reclamado que se declare la «nulidad absoluta» de la citación a declaración indagatoria y que se la suspendiera hasta que quedara firme una decisión sobre el planteo, pero el juez Ercolini rechazó la presentación y ratificó la convocatoria.

Fernández tuvo su primera declaración indagatoria en una causa penal desde que dejó el gobierno e intentó dar explicaciones sobre la contratación de pólizas de seguros para organismos públicos a través de su amigo, el broker Héctor Martínez Sosa, a quien definió como uno de los más importantes intermediarios de seguros del país.

El exmandatario aseguró que su intención fue «evitar la cartelización» del sector. Cuando su defensa le preguntó si mostró interés para la designación de algún productor de seguros, Fernández respondió: «Terminantemente no. Y quiero aclarar que jamás nadie me consultó por la contratación de seguros del estado. Es un tema menor. Los presidentes no intervienen, como no intervienen en licitaciones públicas, no tengo nada que resolver al respecto».

Además, su abogada le preguntó si deseaba que esta declaración se integrara con su descargo del 28 de agosto de 2024, el expresidente contestó: «Sí, y además me gustaría que además de tenerlo presente, lo lean». A esto, su señoría le preguntó si entendía que el juzgado no leía, a lo que Fernández respondió que sí.

De qué se lo acusa a Alberto Fernández

En el caso seguros, al expresidente se lo acusa de «haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en «´Nación Seguros SA´». En específico, se lo acusa de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.

Para ello, «una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora «Nación Seguros», detalla la imputación.

En la causa judicial se incorporaron fotografías encontradas en el teléfono celular de la exsecretaria privada de Fernández, María Cantero, donde se ve al entonces presidente y a Martínez Sosa reunidos en una dependencia de la quinta de Olivos, frente a gráficos y papeles, informaron fuentes del caso.

Eso forma parte de la prueba que le será exhibida al expresidente frente al juez Ercolini y al fiscal Carlos Rivolo, a cargo del caso. Una de las imágenes es del 3 de julio de 2021 y forma parte de varias halladas en el celular de Cantero peritado por la Justicia en esta causa penal.

Fernández abrió la ronda de indagatorias que incluye a otros 38 acusados.

En tanto, el 11 de diciembre tendrá que concurrir a la segunda citación ante el mismo magistrado, en otra causa penal en la que está denunciado por violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yañez.

En una devolución de gentilezas, el Gobierno se mostró permeable a la demanda de gobernadores por la discusión del Presupuesto 2025. Si bien todavía no definió si lo incluirá en un llamado a sesiones extraordinarias, la postura del Ejecutivo se volvió más flexible luego de que en el Congreso se cayera la sesión para tratar el proyecto que buscaba rechazar el DNU 846/2024, que flexibiliza las condiciones para que Luis Caputo realice canjes de deuda en moneda extranjera sin aval del Congreso.

El martes, antes de que los gobernadores difundieran un comunicado exigiendo la sanción de la ley de leyes, hubo una reunión clave de la mesa chica en Casa Rosada. Durante casi dos horas se dieron cita la Secretaria de Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial Santiago Caputo; el viceministro del Interior, Lisandro Catalán; el vicejefe de gabinete, José Rolandi; y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Durante el encuentro, los funcionarios abordaron los reclamos de los gobernadores de destrabar las negociaciones, y se acordó convocar a dialogar de manera individual a quienes estén dispuestos. La intención del Ejecutivo es poder negociar mano a mano en función de las necesidades de cada provincia, quebrando la unidad de los mandatarios.

Por eso en Balcarce 50 cayó mal el comunicado impulsado por gobernadores de Juntos por el Cambio, a los que puertas adentro apodaron «Juntos por el Comunicado». «Muy lindo el texto, pero nos siguen dando argumentos para no tratar el tema», señaló a este medio una fuente de diálogo directo con el presidente Javier Milei.

Según pudo reconstruir este medio, el Gobierno ya estableció contactos con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Corrientes, Gustavo Valdés (UCR); de Entre Ríos, Rogelio Frigerio (PRO); y por Catamarca, Raúl Jalil (UxP). En Casa Rosada siguen repitiendo que los cinco puntos que exigen los gobernadores «son incumplibles», pero analizan en su defecto rever las deudas que las provincias tienen con Nación.

En una negociación que se actualiza minuto a minuto, en las próximas horas podría haber nuevos contactos. De hecho, el martes el gobernador de Chaco, Leandro Zdero estuvo reunido con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Presupuesto 2025: Javier Milei tiene la última palabra

Pese a los puentes que parecen tenderse con las provincias, en el entorno del Presidente señalan que la última palabra es la suya. En ese sentido, en plena discusión con los mandatarios el jefe de Estado publicó en sus redes sociales un mensaje que hace dudar de las intenciones de llegar a un acuerdo. «Me puse a pensar sobre las medidas del gobierno para lo que será el 2025… Ante el paisaje confirmo que seguiré a full con la motosierra… VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!», reza el texto difundido.

Colaboradores del mandatario señalan que no dará el brazo a torcer pese a los reclamos por mayores partidas presupuestarias, e insisten en el objetivo del déficit cero como premisa de las cuentas públicas. En ese sentido, señalan que pese a que se destrabó el diálogo con los gobernadores, todavía no tienen los votos para la aprobación del Presupuesto.

A su vez, en el Ejecutivo dan por sentado que en caso de convocar a sesiones extraordinarias, también se incluirán los proyectos de la eliminación de las PASO, modificación del financiamiento de partidos políticos y privatización de Aerolíneas Argentinas.

El documento difundido por los gobernadores lleva la firma de Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Jorge Macri (CABA), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). En el texto, los mandatarios locales parafrasean a Milei y aseguran que «el equilibrio fiscal es innegociable, tanto como el cumplimiento de la ley».