El abogado de la familia del policía porteño desaparecido Arshak Karhanyan, Juan Kassargian, señaló que, mientras la ciudad de Buenos Aires «sigue sosteniendo que no lo desapareció la policía«, este martes se encontraron sus datos biométricos en el sistema de reconocimiento fácil de prófugos del Gobierno porteño, y aseguró que con esta nueva información van a impulsar «el procesamiento de policías y funcionarios de la Secretaría de Seguridad».

«La responsabilidad del jefe de Gobierno porteño (Horacio Rodríguez Larreta), por acción u omisión, es más que evidente. A tres años de la desaparición de Arshak, los mismos que lo buscaron con datos biométricos, destruyeron 70 GB de filmaciones relevantes para la denuncia», relató el abogado en declaraciones formuladas esta mañana a El Destape Radio.

La Justicia porteña suspendió este martes el sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras detectar un uso ilegal que permitió acceder a datos biométricos de millones de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas; entre los que se encontraba datos de Karhanyan, quien fue visto por última vez el 24 de febrero de 2019 en el barrio de Caballito.

Cuando desapareció, Arshak tenía 27 años, estudiaba Ingeniería en Sistemas Informáticos en la Universidad Tecnológica Nacional y se desempeñaba en una comisaría de Caballito, ubicada en la calle Valle, luego de haber trabajado durante cuatro años en un área que realizaba investigaciones.

La familia de Arshak y sus abogados denunciaron reiteradas irregularidades en la causa judicial que investiga su paradero; la principal es que es la propia Policía de la Ciudad la encargada de investigar y realizar peritajes.

En esta línea, Kassargian remarcó que, mientras se presentan irregularidades en el accionar policial, el juez de la causa «sigue mirando para otro lado y pide pruebas que no implica investigar a la policía», y por su parte el ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro «sigue defendiendo a la policía».

Otra de las irregularidades que advirtieron es, justamente, un supuesto error cometido por peritos de la Policía de la Ciudad en el que se borró todo el contenido del teléfono celular del joven. «Este encubrimiento fue absolutamente una decisión política. Fue encubierto por varios niveles de jerarquía de la policía y funcionarios de la ciudad», dijo el abogado y se preguntó: «¿A qué hipótesis refiere esta búsqueda biométrica de Arshak?»

«Yo creo que tiene que ver con manejos de la policía, de ese grupo de policías, el problema es que la desaparición fue encubierta políticamente», concluyó el letrado.

La decisión de la justicia porteña de suspender el sistema de reconocimiento facial fue adoptada por el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Gallardo, quien además ordenó una batería de medidas de prueba que incluyó el secuestro de computadoras y dispositivos por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Centro de Monitoreo Urbano ubicado en Patricios al 1100, del barrio de Barracas.

En la resolución, Gallardo aseguró haber constatado que el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) del Ministerio de Seguridad de CABA fue utilizado para obtener datos biométricos del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, entre muchas otras personalidades públicas.

Fuentes judiciales consultadas por Télam señalaron que el sistema de monitoreo del ministerio de Seguridad porteño está habilitado a solicitar datos biométricos provenientes del Registro Nacional de las Personas (Renaper) siempre que se traten de personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC), que en 2019 eran unas 35.000 y el mes pasado llegaron a 40.000.

Sin embargo, entre abril de 2019 y marzo de 2022, las consultas de datos biométricos realizadas desde la cartera de Seguridad porteña fueron 9 millones, una cifra que no se corresponde con la población de individuos requeridos por la Justicia o en situación de rebeldía a partir de una medida judicial, y que por esa razón figuran en los registros de la CoNaRC.