El Gobierno nacional ratificó este miércoles que convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar en la segunda quincena de enero el juicio político a la Corte Suprema, mientras el bloque del Frente de Todos (FdT) se apresta a presentar en las próximas horas un proyecto para sustituir a los magistrados que integran el máximo tribunal, mientras que el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta anunció que Juntos por el Cambio (JxC) se presentará a debatir en comisión el proceso de remoción.

“Tal como informé el jueves en la conferencia de prensa, la convocatoria a extraordinarias será la segunda quincena de enero. Todo marcha según lo previsto y en los próximos días se hará el llamado. No hay ni hubo ningún cambio. La manera en que se va a llevar en el Congreso son decisiones que se discuten y se toman en el Congreso”, señaló la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, en declaraciones a Télam.

De esta forma, la Portavoz desmintió cambios en los plazos que se fijo el Gobierno para el llamado a extraordinaria, y se remitió a la información que brindó el jueves pasado, cuando contó en Casa Rosada que el presidente Alberto Fernández pretendía que “los tiempos sean lo más breves posibles” en relación al trámite del pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

Cerruti había asegurado que “la mayoría de los mandatarios” provinciales acompañan esta iniciativa enviada al Congreso y que “la necesidad pasa, ahora, por juntar voluntades” en la Cámara de Diputados para avanzar con este proceso de juicio político al presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, y los demás ministros, que requiere del apoyo de una mayoría especial de los dos tercios de los presentes en el cuerpo para que prospere.

“El Presidente y los gobernadores tomaron una decisión histórica que es pedir el juicio político a la Corte Suprema de Justicia y tiene que ver con la gravedad de la situación que estamos atravesando, donde la Corte interviene sobre el accionar de los otros poderes violando claramente la Constitución”, había remarcado la Portavoz en esa oportunidad.

El pedido de juicio político impulsado por el Gobierno se basa en la actuación del máximo tribunal en relación al Consejo de la Magistratura y al reclamo de la ciudad de Buenos Aires por los fondos de la coparticipación.

El pedido del juicio político a la Corte.

 El jefe de Estado y mandatarios provinciales presentaron un pedido de remoción a los cuatro integrantes de la Corte Suprema (Horacio Rosatti, Carlos Ronzenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) por “mal desempeño de sus funciones” y “manifiesta parcialidad” a la hora de dictar fallos.

Fernández entregó a la Cámara de Diputados esta solicitud y pidió su “pronto tratamiento legislativo” a Germán Martínez, titular de la bancada del FdT en la cámara baja, y a la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard.

La decisión de iniciar un proceso contra los integrantes del organismo se dio tras la difusión de conversaciones por chat que Silvio Robles, vocero del titular del máximo tribunal mantuvo, presumiblemente, con el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’ Alessandro.

En esos intercambios, Robles le indicaba al funcionario porteño (actualmente en uso de licencia para preparar su defensa) que estrategias debía seguir el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para obtener un fallo favorable por parte de la Corte en la disputa con Nación por los fondos coparticipables, algo que finalmente se produjo.

En tanto, diputados del FdT avanzan en la elaboración del texto del proyecto para abrir el proceso de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema, en base al documento impulsado por Fernández y los gobernadores, una vez que el Poder Ejecutivo formalice la convocatoria a sesiones extraordinarias e incluya el debate de esa iniciativa.

El proceso, según precisaron fuentes parlamentarias podría demandar entre tres y cuatro meses de debate, y fuentes parlamentarias confirmaron a Télam que el texto será presentado “entre este miércoles y jueves” y se basará en el documento que la semana pasada el presidente le presentó a Martínez y Gaillard.

La oposición de Larreta.

En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ratificó que JxC participará del debate de la Comisión de juicio político que analizará la conducta de los miembros de la Corte Suprema en el Congreso para “frenar” lo que calificó como “un nuevo embate del Gobierno nacional sobre la Justicia”.

Rodríguez Larreta se manifestó así luego de lo expresado este miércoles por la Mesa Nacional de JxC que, tras reunirse de manera virtual, anunció que no dará quorum para que se debatan en el Congreso los proyectos que envíe el Poder Ejecutivo, hasta que sea retirado el pedido de remoción al máximo tribunal.

“No lo vamos a permitir, los vamos a frenar y vamos a dar todas las discusiones con toda la convicción en la comisión de juicio político”, enfatizó el alcalde porteño. El precandidato presidencial del PRO señaló asimismo que la oposición “cumplirá con su responsabilidad” de debatir en el Congreso.

Por su parte, el diputado nacional por el FdT, Leopoldo Moreau, calificó este miércoles como “gravísima” la postura de JxC de negarse a tratar proyectos de ley que el Ejecutivo envíe al Congreso hasta que no sea retirado el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia porque es “anunciar que van a paralizar” al Poder Legislativo.

“La presión de los grupos dominantes ya no es solo sobre cada integrante sino que también es de carácter institucional. Ahora JxC dice que no va a tratar ninguna ley si no sacamos el juicio político. Eso es gravísimo. Están anunciando que van a paralizar el Congreso”, sostuvo Moreau en declaraciones a la radio AM 750.

Del mismo modo, como integrante de la Comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, Moreau aseguró que “eran esperables” las presiones para los integrantes de ese cuerpo por parte de algunos medios de comunicación.

Además, el legislador recordó que “el juicio político es una facultad constitucional no es ni una patoteada ni amenaza ni jugada chavista como se intenta instalar desde los medios” sino uno de los “instrumentos para garantizar la división de poderes”.

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, uno de los mandatarios que acompañan la iniciativa del juicio político, aseguró este miércoles que el Poder Judicial “se ha convertido en el reaseguro de la injusticia” porque la actual Corte Suprema de Justicia responde a directivas partidarias o corporativas y por eso “es imprescindible promover reglas en la construcción de un sistema republicano de Gobierno con división de poderes”.

“El Poder Judicial se ha convertido en el reaseguro de la injusticia. Ningún argentino o argentina puede pretender la salvaguarda de su patrimonio, de su honor, de su libertad y de su vida con jueces parciales que responden a directivas partidarias o corporativas. Es imprescindible por eso promover reglas en la construcción de un sistema republicano de gobierno con división de poderes”, expresó el gobernador desde su cuenta personal de Twitter.