La Inspección General de Justicia denunció una «nula predisposición» por parte del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad , que dirige la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio y que está acusado de ser una «mera pantalla para recaudar fondos». Los casinos que aparecen como «aportantes».

La Inspección General de Justicia (IGJ) denunció este jueves una «nula predisposición» por parte del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), que dirige la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich, a cumplir con la resolución del Ministerio de Justicia que dicta la intervención de esa entidad.

A través de un comunicado, la IGJ aseguró que utilizaron como estrategia tomarse vacaciones para no atender a la interventora designada, Norma Cristóbal, con la intención de «imposibilitar la investigación encomendada».

«La Doctora Norma Cristóbal, en su carácter de interventora del instituto de estudios comunicó por medio de carta documento su intención de asumir ese cargo en forma inmediata. El día miércoles, se apersonó personalmente a la sede del instituto, en compañía de escribano, y se encontraron con una inesperada sorpresa el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES ) se encontraba de vacaciones desde el día 24 de Julio de 2023 al 31 de Julio de 2023, conforme cartel que había sido pegado a la puerta de acceso de la institución y por lo tanto nadie atendió su llamado», explicaron desde la IGJ.

Asimismo, agregaron que esta actitud denota «la nula predisposición de la asociación civil de cumplir la resolución del Ministerio de Justicia que dispuso dicha medida, intentando imposibilitar, con ello, la investigación encomendada a una profesional en Ciencias Económicas».

El ministerio a cargo de Martín Soria dictó la intervención del instituto tras dos meses de investigación en la que se pudo comprobar que «constituye una mera pantalla para recaudar fondos obtenidos de millonarios aportes de empresas, instituciones y empresarios», de los cuales «se vale Patricia Bullrich para financiar su campaña presidencial».

Desde la IGJ señalaron además que este tipo de acciones están «en flagrante violación de toda la normativa prevista por el Código Civil y Comercial de la Nación en materia de asociaciones civiles y por la Ley Nº 26215 de Financiación de Partidos Políticos».

La Inspección General de Justicia recordó que el análisis se basó en la documentación administrativa referida por la propia institución de Bullrich y que exhibió «incumplimiento de las actividades» y «encubrimiento de las verdaderas actividades de dicha institución».

En este sentido, se aseguró que una vez que la precandidata fue aludida por la resolución lo calificó como «un acto de persecución y hostigamiento a su persona» aunque reconoció que «vivía de la actividad y resultados de la asociación, lo cual esta prohibido por el Código Civil y Comercial».

Finalmente, desde el organismo de inspección explicaron que el IEES interpuso un recurso de apelación que no fue procedente y por lo tanto la intervención iba a «necesariamente llevarse a cabo».

«Las `actuales autoridades´ del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES ) prefirieron tomarse vacaciones», finalizaron desde la IGJ

En abril pasado, el inspector General de Justicia, Ricardo Nissen, presentó una denuncia contra IEES de Bullrich por la posible comisión del delito de defraudación por administración fraudulenta y por presuntas infracciones a la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

La denuncia, que recayó por sorteo en el juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Carlos Stornelli, incluye el pedido de desplazamiento de los integrantes de la comisión directiva del Instituto presidido por Bullrich, que actualmente está en uso de licencia.

«De la documentación aportada por el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Social surge inequívocamente que han recibido ´aportes´ que usaron para la campaña proselitista de la Sra. Bullrich por sumas que exceden ampliamente el monto que, por persona y como máximo, hubieran podido percibir con el mecanismo de control de aportes partidarios por la Ley 26.215″, sostuvo Nissen en la denuncia a la que accedió Télam.

«El módulo electoral del partido político que preside la Dra. Bullrich – ahora en uso de licencia- es de $40.257.956 pero, para el distrito Capital, el monto máximo de aportes por personas humanas o jurídicas es de $3.059.431 por año calendario», se informó en aquel escrito.

«Tampoco escapará que los partidos políticos no pueden recibir contribuciones o donaciones de personas humanas o jurídicas que exploten juegos de azar conforme el art. 15, inc. d), de la ley citada. Por ello es que por ésta vía de donaciones a la entidad civil que de ningún modo podrían ser aportantes a la campaña de un partido político se ha eludido las prohibiciones de la ley 26215″, se sostuvo en la denuncia.

«Así resulta de la propia documental aportada por la entidad civil al sumario base de estas actuaciones donde aparecen como ´aportantes´ al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil nada menos que ´CASINO MELINCUÉ S.A.´, ´CASINO PUERTO SANTA FÉ S.A.´, entre otros», se agregó.

En la lista de involucrados en la presunta maniobra se incluyó al diputado Gerardo Milman -denunciado en el marco de la investigación del atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner-, además de Martín Siracusa, secretario de IEES, Silvia Turetzky, tesorera y Juan Pablo Arenaza, actual legislador porteño, jefe de campaña de Bullrich y presidente de «Unión por la Libertad».

El expediente en la IGJ se inició en diciembre de 2022, cuando los diarios Página/12 y El Cronista, entre otros, publicaron que Bullrich organizaba encuentros con empresarios para financiar su campaña y que esas donaciones se canalizaban a través de la asociación civil IEES.

«La información recolectada permite concluir que la asociación civil ha desplegado acciones ajenas a su objeto social y ha sido utilizada para fines distintos para los que se le otorgó autorización para funcionar», señaló Nissen en su denuncia.

Otro de los indicios de irregularidades serían para Nissen que el Instituto también pagaba varias líneas telefónicas de titularidad de «Unión por la Libertad».

También se consigna allí el pago de vuelos a Salta de Bullrich, pago de gastos en distintas localidades en las que la dirigente hizo campaña y un viaje a Miami, Estados Unidos, en el que la candidata presidencial participó de un evento organizado por el «Interamerican Institute for Democracy».

@Télam.

/Imagen principal: Nacho Sánchez/