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Política & Economía Internacional

El lado B de las elecciones en Groenlandia.

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Este 2021 se cumplen 300 años desde que el misionero luterano Hans Egede puso los pies en Groenlandia por primera vez. Era 1721 cuando el clérigo dano-noruego estableció una misión para cristianizar a los inuit, el pueblo indígena de esta región ártica, y un monopolio comercial para financiarla. Marcaba así el inicio de la era colonial de la isla más grande del mundo.

Tres siglos después, Groenlandia sigue formando parte de Dinamarca, pero con un gobierno autónomo, pleno derecho a la autodeterminación y anhelos de independencia.

Sin embargo, hay una pieza clave para que la independencia sea posible: la autosuficiencia económica, que de momento está muy lejos de ser una realidad. Groenlandia depende casi exclusivamente de dos únicas fuentes de ingresos: la pesca, que representa más del 90% de las exportaciones, y la subvención anual de Dinamarca, de más de 500 millones de euros, casi la mitad del presupuesto público.

De esta manera, la isla se ve obligada a mantener los vínculos con Copenhague, que custodia las competencias en seguridad y política exterior. Pero desde el 2009, cuando el Parlamento danés aprobó la ley de autonomía de Groenlandia, el Gobierno de Nuuk tiene pleno control sobre áreas estratégicas como sus recursos naturales, claves para el desarrollo de los dos futuros motores de crecimiento: la minería y el turismo. El calentamiento global supone, a su vez, una amenaza y una oportunidad para esta remota isla de 56.000 habitantes. El deshielo está abriendo rutas marítimas otrora congeladas y facilitando el acceso a los valiosos minerales que atesora su subsuelo.

Groenlandia acumula los mayores yacimientos sin explotar de tierras raras, un grupo de 17 elementos cruciales para el desarrollo de energías verdes, productos electrónicos y armamento militar. Entre los groenlandeses no son pocos los que ven en estos tesoros enterrados la clave para avanzar hacia la independencia. Aunque tampoco los que alertan de que el precio a pagar sería demasiado alto, sobre todo por el impacto medioambiental de su explotación y por los posibles perjuicios para el desarrollo del turismo.

La importancia geoestratégica de los minerales de Groenlandia se ha incrementado extraordinariamente en las últimas décadas, especialmente desde que China se ha erigido como líder mundial incontestable en la extracción y procesamiento de tierras raras. El gigante asiático controla más del 80% del suministro global de esos elementos, lo que preocupa a los países occidentales, especialmente a Estados Unidos, por el temor a un posible freno en las exportaciones.

“La creciente competencia de Estados Unidos con China hace que los recursos naturales de Groenlandia se hayan vuelto muy importantes, porque tienen el potencial de ser una fuente alternativa”, explica Kristian Søby Kristensen, politólogo de la Universidad de Copenhague experto en seguridad y geoestrategia del Ártico.

En los últimos meses, el debate sobre el papel que debe interpretar la minería en el desarrollo económico de Groenlandia se ha intensificado. Actualmente, hay activas 70 licencias de exploración minera en la isla. Pero la controversia se focaliza en un proyecto concreto, el del yacimiento de Kuannersuit (Kvanefjeld en danés), que podría llegar a convertirse en la segunda mina más grande del mundo de tierras raras. Y también de uranio. Y es aquí donde radica la polémica.

“Creemos que es demasiado peligroso y contaminante. No podemos permitir que nuestra tierra se destruya de esta forma”, argumenta Mariane Paviasen, diputada por el partido Inuit Ataqtigiit, contrario a la explotación de Kuannersuit y también es miembro de Urani? Naamik (¿Uranio? No gracias), una organización que nació en el 2013, cuando el Parlamento groenlandés derogó la prohibición de explotar el uranio de sus tierras, distanciándose de la política de tolerancia cero de Dinamarca con respecto a la energía nuclear.

La empresa australiana Greenland Minerals, cuyo principal accionista es la china Shenghe Resources, tiene desde el 2007 una licencia para explorar el yacimiento de Kuannersuit y, tras varios intentos fallidos, a finales del año pasado consiguió el visto bueno a su informe de impacto ambiental. Este trámite dio inicio al periodo de audiencia pública, que se prolongará hasta junio y que supone el último paso antes de poder expedir la licencia de explotación.

Las presiones de las comunidades locales y la polémica sobre el futuro de la mina han escalado hasta el punto de tumbar al Gobierno de Nuuk y forzar unas elecciones anticipadas, que se celebrarán el próximo martes y que se plantean casi como un plebiscito, pero en realidad son unas elecciones sobre la mina.

El partido socialdemócrata Siumut, hasta ahora al frente del Ejecutivo, está oficialmente a favor del proyecto, aunque en los últimos meses varios de sus miembros se han mostrado más escépticos y han planteado ciertas reservas, lo que ha provocado que su socio minoritario le retirara la confianza. Las encuestas muestran una ventaja a favor del Inuit Ataqtigiit, que ha prometido parar el proyecto en caso de gobernar.

El principal argumento esgrimido por los opositores es el medioambiental, pero Kuannersuit plantea también ciertas inquietudes desde el punto de vista geopolítico por la presencia de capital chino. Ya que existe la preocupación, en Estados Unidos y Dinamarca, de que la mina sea una oportunidad de comprar influencia política en Groenlandia y que pueda servir como una vía de entrada para el interés político chino.

Por el contrario, los partidarios lo ensalzan como una vía para avanzar hacia la independencia, teniendo en cuenta que puede ser el mayor proyecto minero de la isla. Greenland Minerals asegura que las operaciones de Kuannersuit generarían unos 240 millones de dólares anuales para las arcas públicas groenlandesas, lo que supondría aproximadamente un tercio del valor del subsidio anual de Dinamarca, aunque algunos analistas consideran que la cifra es excesivamente optimista.

En lo que coinciden los expertos es en que la autosuficiencia de Groenlandia no llegará solo de la minería, y mucho menos de un único proyecto, por enorme que sea. Según Torben Andersen, presidente del Consejo Económico de Groenlandia, sería erróneo depositar todas las esperanzas en Kuannersuit. “Evidentemente, hay un elemento de esperanza, porque supondría una señal fuerte de que la expansión minera es una vía realista, pero hay muchos requerimientos antes de que esto se traduzca en una mejora real de la situación económica”, afirma.

A su vez señala que Groenlandia tiene importantes problemas de infraestructuras y, sobre todo, de formación. “La mayor limitación para avanzar hacia una economía más autosuficiente es el bajo nivel de educación. Hay que poder garantizar buenos trabajos y salarios dignos para la población; no solo tener una mina y que todos los empleados y expertos vengan de fuera y se vayan al día siguiente de terminar”. A su juicio, sería mejor empezar con varios proyectos pequeños para poder irse desarrollando, y “no pensar que una mina enorme resolverá todos los problemas”. “Esto no ocurrirá”, avisa.

Política & Economía Nacional

Presentaron proyecto de repudio a “las acciones misóginas de JXC contra Moreau”.

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La diputada del Frente de Todos (FdT), Gabriela Estévez junto a unos 50 legisladores, presentó un proyecto de resolución para repudiar las “acciones misóginas” de los integrantes del bloque de Juntos por el Cambio (JxC) contra la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, cuando se intentaba realizar una sesión especial.

La iniciativa repudia la postura de un “grupo de diputados y diputadas del interbloque de JxC que agredieron a la Presidenta del cuerpo e imposibilitaron el normal desarrollo de la sesión especial convocada para aprobar la creación de Universidades Públicas.

“No podemos disociar lo sucedido del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, así como de la persecución política mediático-judicial y la campaña sistemática de violencia digital contra su persona y otras compañeras de nuestro espacio político”, indicaron los legisladores del FdT en un comunicado.

La iniciativa avalada por unos cincuenta legisladores fue firmada por Máximo Kirchner, Paula Penacca, Germán Martínez, Mónica Macha, José Luis Gioja, Vanesa Siley, Hugo Yasky, Mónica Litza, Leonardo Grosso, Mara Brawer, Rodolfo Tailhade, Blanca Osuna, Carlos Selva y María Rosa Martínez, entre otros.

Estévez expresó que “por el contenido misógino de los insultos y gestualizaciones, por estar orientados a menoscabar la autoridad y el liderazgo de la primera presidenta mujer de la Cámara de Diputados, estos hechos configuran un caso de violencia política contra las mujeres en los términos de la Ley 26.485 y resultan lesivos para la vida democrática”.

“Estos hechos tienen lugar en un contexto de creciente violencia política contra las mujeres, y, en particular, contra las militantes y lideresas del campo nacional, popular, democrático y feminista”, puntualizó la diputada.

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Política & Economía Nacional

El Gobierno pagará este mes un bono de $10.000 a más de un millón de jubilados de PAMI.

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El ministro de Economía, Sergio Massa y la directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, anunciaron que en diciembre los afiliados al organismo mayores de 80 años y que perciban hasta un haber y medio recibirán $10.000 como parte del Programa Alimentario y bono de navidad.

“Estamos universalizando el histórico programa alimentario de PAMI, llamado comúnmente ‘bolsón de comida’ y llevamos el beneficio a un millón de personas”, señaló Volnovich, durante una anuncio realizado en el Palacio de Hacienda.

De esta manera, dijo la funcionaria, “cubrimos una vieja demanda de los centros de jubilados que tenían listas de espera hace años”.

“El programa alimentario había sido completamente desfinanciado por la gestión de (Mauricio) Macri y (Graciela) Ocaña; sin aumentos y sin nuevas altas se fue destruyendo su poder adquisitivo y poniendo en riesgo así la salud de personas con gran vulnerabilidad”, afirmó la funcionaria.

Así, sostuvo “contribuimos con un refuerzo que protege a los más vulnerables y pone en valor el esfuerzo de los casi 4.000 centros de jubilados que hace décadas acercan las políticas sociopreventivas del Pami a sus comunidades”.

Por otra parte, Volnovich destacó que este programa “es financiado por el impuesto PAIS” que se cobra a quienes compran dólares para atesoramiento, aprobado por ley en 2019.

Por su parte, Massa aseguró que “la idea es mejorar los ingresos jubilatorios, a medida que vamos recorriendo un camino de descenso de la inflación”.

Esta medida “es posible básicamente porque se hace con recursos propios del PAMI, a partir de un ahorro y de un proceso de buena administración, que nos permite llevar adelante este refuerzo”, dijo el ministro.

Massa adelantó que “ningún jubilado de más de 80 años va a cobrar menos de $95.000 cuando vaya a cobrar su jubilación, más el aguinaldo, más esta asignación de refuerzo”.

“Eso se complementa además con el programa de medicamentos gratuitos, una inversión que se lleva adelante con recursos propios, sin que lo sufra el jubilado de su bolsillo”, agregó el ministro de Economía.

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Política & Economía Actualidad sindical

Cámara de Panaderos en San Juan: “Estamos intentando hacer lo posible para no aumentar”.

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“Nos asustan los precios que tenemos” afirmó este viernes Manuel Rodríguez que observa la diferencia entre los precios que hay en San Juan y el que se está registrando en otras partes del país donde se marcan importantes aumentos para compensar la inflación.

El representante de la Cámara de Panaderos se mostró preocupado ante el escenario que ahora transitan con la bolsa de harina entre 2.700 a 2.800 pesos, una suma notoriamente mayor a la registrada hace 6 meses. “Estamos complicado. Hemos quedado atrás con Buenos Aires”, señaló Rodríguez en declaraciones con AM1020.

Luego se mostró preocupado porque el aumento de la nafta, en el orden del 4%, se viene a sumar al que se viene dando con los servicios esenciales. “Con la luz y el gas, las boletas están muy altas, incluso debemos boletas de gas. Estamos muy complicados. En abril perdimos el 30% y no lo hemos recuperado en ventas”, señaló. 

“Nosotros ganamos por la cantidad que vendemos y estamos intentando hacer lo posible para no aumentar. En Buenos Aires está a 500 pesos el kilo de pan y acá a 400 pesos”, destacó subrayando que están “tratando de subsistir” y subrayó: “nos asusta los precios que tenemos”.

Rodríguez explicó que mucha “gente dejó de consumir calidad y compra en función del bolsillo” y es por eso que los precios no pueden estar muy alto. “Nosotros ganamos por las ventas y vamos a tratar de mantenerlo pero cuando llega el momento que todo sube, no podemos aguantar”, finalizó sin descartar la posibilidad de que se venga un aumento de precios.

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