Franco Alaniz Quiroga, acusado de lesiones leves tras un violento episodio en la Costanera, enfrentará juicio el 27 de febrero. Su madre, Patricia Quiroga, defendió públicamente a su hijo y minimizó las acusaciones.

Franco Alaniz Quiroga, policía e hijo de la secretaria de UDAP, Patricia Quiroga, enfrentará juicio el próximo 27 de febrero tras ser acusado de agredir a una joven en un carro de comidas en Chimbas. La Justicia lo procesó por lesiones leves y dictó una prohibición de acercamiento a la víctima.

El hecho ocurrió el pasado domingo, 16 de febrero, alrededor de las 5:30 de la madrugada en un puesto de comida ubicado en la Costanera. Según la denuncia, Alaniz llegó al lugar y, tras una discusión, comenzó a insultar y luego golpeó en el rostro a C.A.A., una joven que se encontraba con amigos. Cuando la policía intentó detenerlo, el acusado intentó escapar, pero fue reducido y trasladado a la Comisaría 17°.

Horas después, la víctima presentó una denuncia en la UFI CAVIG, donde se constató que tenía lesiones. A partir de esto, el fiscal Alberto Martínez ordenó que el caso siga el Procedimiento Especial de Flagrancia.

Tras la detención, su madre, Patricia Quiroga, difundió un mensaje en redes sociales donde minimizó la acusación y sostuvo que su hijo fue víctima de una pelea en la que él también resultó golpeado. Además, insinuó que la exposición del caso se debe a su rol como secretaria general de UDAP.

A pesar de la defensa pública de su madre, la Justicia avanzó con la causa y Alaniz Quiroga deberá comparecer en juicio el 27 de febrero, donde se determinará su responsabilidad en la agresión.

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El imputado amenazó de muerte a un total de tres personas, luego de haber caído en una estafa.

El pasado martes se llevó a cabo una audiencia de control de acusación por un caso muy resonante del 2024. Se trata del federal que usó su arma reglamentaria para amenazar a menores de edad. Finalmente esta causa será elevada a juicio.

Todo ocurrió el pasado 11 de agosto luego de que Juan Ramón Aballay, miembro de 51 años de la Policía Federal Argentina, cayó en una estafa. Aparentemente hackearon el celular de un amigo y en su nombre le pidieron dinero. Él accedió y envió un total de $275.000 a personas desconocidas.

Esto lo hizo enfurecer, reaccionando de la peor manera. Aballay tomó su arma reglamentaria y se dirigió a la casa de su amigo, un hombre de apellido Berón, ubicada en el departamento Chimbas. Allí se presentó en un domicilio equivocado en el que se cruzó con un sujeto llamado Carlos Ares.

El federal le apuntó con su pistola y le pidió que le dijera donde estaba Berón. Vera le aclaró que vivía al lado, por lo que el violento se retiró. Acto seguido él se coló por la fuerza en la casa contigua, vivienda en la que se encontraban las 3 hijas menores de edad de Berón (5, 8 y 13 años).

Según el testimonio de la propia adolescente, el federal tomó a la mayor de las hermanas y le puso el arma en la cabeza. En ese momento le dijo: ‘Si no me decís dónde está tu papá te voy a meter un tiro’, mientras las otras menores se escondían en el baño. Acto seguido el sujeto la paseó por toda la vivienda, apuntándole en todo momento, para intentar dar con Berón.

Afortunadamente el hecho no pasó a mayores y Aballay fue detenido por las autoridades. Si bien su defensa planteó la versión de que su cliente fue tranquilo a la vivienda ya que pensaba que ‘estaba pasando algo raro en esa casa’, pruebas como el testimonio de la menor lo complican.

En ese sentido se sabe que Daniela Pringles, fiscal de la UFI Genérica, buscará que Aballay sea condenado a 4 años y meses de prisión efectiva.

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Se trata de 67 carpetas que preadjudicatarios pagaron por un barrio. Lo abonaron en 2023 y hasta entonces no tienen avance, ni respuesta gremial. Ahora les piden $17 millones a cada uno de los 67 damnificados para realizar la urbanización, dijeron.

Un barrio que no se hizo. 67 lotes vendidos. Millones de pesos en el medio. Y cientos de personas pidiendo respuestas, persiguiendo el sueño de la casa propia. Ese mismo que un día parecía encaminarse tras comprar las carpetas. Y un gremio que por ahora no brinda la solución. Esa es la situación de decenas de familias que le pidieron al gremio UDAP una respuesta y solución, algo que por ahora no llegó.

Se trata del barrio Maestro Carlos Fuentealba I, que se vendieron las carpetas de preadjudicación de los 67 lotes, pero al día de hoy el terreno no presenta urbanización ni avance el proyecto, según dijeron desde la parte perjudicada.

Raúl Rivero es uno de los preadjudicatarios que encabeza la lucha de las personas que en su momento pagaron 1 millón de pesos (luego aparecieron 10 lotes más que se pagaron al doble, dijeron).

‘Esto fue un proyecto de UDAP, no de Lucero (Luis, el Sec. Gral anterior) ni de la señora Quiroga (Patricia, actual Sec. Gral.), o sea, en realidad lo que nosotros estamos tratando de hacer entender y hacer este que el gremio ponga un poco en empatía con los preadjudicatarios porque en realidad nosotros no estamos ni a favor ni en contra de nadie’, explicó Rivero.

El damnificado contó que el barrio se trata de un proyecto en un espacio que pertenecía al Camping de UDAP, pero que se vendió para poder hacer el loteo y fue comprado por estos afiliados al gremio que adquirieron las carpetas. En simples palabras, una parte del camping se vendió para hacer en ese lugar loteos que darían lugar al barrio Fuentealba I.

‘El gremio tenía una situación compleja económicamente y esa situación compleja en lo que es la parte económica, hizo que de alguna manera se intentara salvar esa situación económica. Entonces, la gestión anterior ideó hacer un proyecto con la empresa Scop e hicieron un proyecto de barrio’, dijo Rivero y añadió que ‘UDAP cuando hizo esto, más bien pensó en cómo salvar sus cuentas’.

Las declaraciones del damnificado responden a que el gremio se habría alzado al menos con 67 millones de pesos correspondientes a las personas que fueron a cancelar la compra de la carpeta a mediados de 2023.

La situación es que desde entonces hasta ahora no hubo avance y es lo que reclaman los damnificados, a quienes ahora mencionan que les pidieron sumas millonarias para poder realizar la urbanización del terreno y poder cederlo al Estado para que haya una posibilidad de que el gobierno, mediante convenio, pueda construir las viviendas.

Raúl contó que desde UDAP les pidieron 17 millones de pesos a cada preadjudicatario para que puedan realizar la urbanización. Es significa que el gremio recibiría a razón de ese monto por los 67 preadjuficatarios, un total de $1.139.000.000 (mil siento treinta y nueve millones de pesos).

El monto millonario que presuntamente le pidieron a los afectados, puede ser abonado en cuotas, les dijeron y podían hacerlo en 18 cuotas de 900 mil pesos o 30 cuotas de 500 mil pesos, números que en su totalidad se encuentran por debajo de los 17 millones que les habrían pedido de contado. La realidad es que cualquiera de las cuotas está lejos de poder ser alcanzada por los docentes, quienes además deben afrontar el costo de un alquiler, contó Rivero.

Los damnificados presentaron la semana pasada una nota en UDAP y aguardan una respuesta y el avance en los trámites.

‘A nosotros no nos interesa que la obra pública se vea parado. Lo que nos interesa es que continúe los pasos que debería haber hecho. ¿Cuáles han sido los motivos por los cuales en 2023 demora su gestión la donación efectiva del terreno al IPV? O sea, ella (Patricia Quiroga) no sólo tiene que donar este terreno, sino que tiene que presentar el proyecto de ejecución del barrio que está hecho entre el gremio y la empresa contratista. O sea, lo que ella tiene que hacer como gestión es presentar la carpeta del proyecto y presentar y donar el terreno. Después si la obra pública no arranca, ya es una responsabilidad del gobierno provincial, pero su responsabilidad como gremio es cumplir con lo que ya se había pactado, que es la presentación de un proyecto al IPV con la donación del terreno’, sentenció Rivero.

La situación la debe aclarar el gremio UDAP, quienes son los apuntados por los presuntos damnificados. Este medio intentó comunicarse con la Secretaria General del gremio, pero los llamados telefónicos no fueron respondidos. 

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