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El pedido de juicio político a la Corte Suprema recrudece la «grieta» partidaria en Argentina.

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La iniciativa impulsada por el presidente Alberto Fernández contra los integrantes del máximo tribunal despierta polémica entre juristas y expone las profundas diferencias entre el Gobierno y la oposición. Ante un escenario que se vislumbra adverso para el oficialismo, ¿qué probabilidades de prosperar tiene el proyecto?

Por Juan Lehmann, Agencia de Noticias Sputnik.

El Congreso argentino comenzará a tratar el 26 de enero el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Impulsada por el mandatario Alberto Fernández y respaldada por 12 de los 24 gobernadores provinciales, la moción busca destituir a los cuatro magistrados que conforman el máximo tribunal, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.

«Los jueces actúan como dirigentes de la oposición, defienden al poder económico y al proyecto político de Juntos por el Cambio. Por eso validaron todos los decretos impulsados por Mauricio Macri durante su presidencia [2015-2019] y ahora se expresan así», dice a Sputnik Marcelo Casaretto, diputado nacional del Frente de Todos y uno de los 15 legisladores que presentaron el proyecto de juicio político.

Son cuatro las razones esgrimidas que buscan sustentar el proyecto:

El fallo por la coparticipación federal. Se trata de la medida cautelar dictada por la Corte el 21 de diciembre pasado que amplió del 1,4% al 2,95% la porción de los impuestos denominados fondos coparticipables que el Estado nacional debe transferir a la ciudad de Buenos Aires, gobernada por el opositor Horacio Rodríguez Larreta, integrante de la alianza Juntos por el Cambio y potencial candidato a presidente. De este modo, fue revertida la medida dictada por el mandatario Fernández, que reducía el porcentaje del 3,5% vigente al 1,4%, restituyendo una porción del monto previo.

La modificación del Consejo de la Magistratura. A través de la resolución publicada en diciembre de 2021 fue declarada la inconstitucionalidad de una ley de 2006 que reducía de 20 a 13 a los integrantes del organismo responsable de elegir y remover a los magistrados.
El pedido de juicio político del oficialismo señala que el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quien conduce también el Consejo de la Magistratura, «manipuló la integración del Consejo a los efectos de obtener las mayorías que le sean más beneficiosas».

Irregularidades detectadas en la obra social del Poder Judicial. En 2021 emergieron diversas anomalías en la administración de los fondos de la obra social —entidad que presta servicios de salud a los trabajadores— de la institución, cuya fiscalización es atributo de la Corte Suprema, según apunta el Gobierno.

Fallo del «dos por uno» a genocidas. En 2017 los supremos Rosatti y Rosenkrantz votaron a favor de computar por dos cada día que permanecieron en la cárcel sin condena firme los ejecutores de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1976-1983). El dictamen luego derogado por el Congreso.

El malestar del congresista Marcelo Casaretto apunta, principalmente, al citado fallo de la coparticipación federal.

«Es una arbitrariedad muy grande concentrar recursos en la Ciudad de Buenos Aires, que es el distrito más rico del país, a expensas de las provincias. La Corte decide que este dinero le quede a Horacio Rodríguez Larreta, aunque implique que haya menos viviendas en el interior de la Argentina», sostuvo.

Casaretto también grafica su lectura del escenario con una metáfora deportiva.

«En el fútbol hay árbitro, pero si este agarra la pelota con la mano y mete un gol para un equipo quiere decir que no se respetan las reglas de juego. Hoy los jueces de la Corte Suprema son árbitros que inclinan la cancha para un equipo, son operadores políticos de Juntos por el Cambio«, sentencia.

Del tecnicismo a la cuestión de fondo

Consultado por Sputnik, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez considera que «desde el punto de vista constitucional los hechos enunciados no conforman la causal de mal desempeño principalmente porque el contenido de las sentencias es jurídicamente opinable».

Según el letrado, el escenario en el cual se inscribe la moción impulsada es, a priori, adverso para el Frente de Todos.

«Estas acusaciones por ahora no tienen la profundidad necesaria. De todos modos, hay que ver si en el futuro surgen elementos que modifiquen la posición original con la que empieza a trabajar la comisión de juicio político», señala.

Sin embargo, existe un aspecto subyacente crucial para comprender la posición del sector que impulsa el juicio a los magistrados: el manejo discrecional de los tiempos por parte del tribunal.

«La Corte no tiene plazos ni agenda cronológica. No está obligada a ir resolviendo los casos a medida que ingresan. Por eso, cuando dicta un fallo, más allá de lo jurídico, está tomando un posicionamiento político: ¿por qué se expresa en un momento y no en otro? La Corte actual ha tenido un déficit en el manejo de los tiempos», analiza Gil Domínguez.

En este sentido, el jurista considera que el fallo de la Corte sobre la coparticipación federal «tiene aspectos positivos y negativos. Pero la pregunta es por qué es dictado en este momento particular, ¿por qué una medida cautelar se dicta en un contexto así, justo durante las fiestas, y no más cerca de marzo?».

Perfectos desconocidos

Dentro de los aspectos que sobrevuelan la iniciativa de juicio político se halla la filtración de supuestos chats comprometedores entre el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires —distrito beneficiado por el fallo del tribunal—, Marcelo D’Alessandro, y Silvio Robles, vocero del magistrado Rosatti.

La filtración de estas supuestas conversaciones —cuyo origen se desconoce—, se inscribe en un contexto marcado por el viaje encubierto de empresarios, jueces y políticos, entre ellos el propio D’Alessandro, a la propiedad del magnate inglés Joe Lewis situada en Lago Escondido, en la provincia de Río Negro (sur), cónclave que fue denunciado públicamente por el presidente Fernández.

La relevancia de las conversaciones difundidas —y de la reunión secreta revelada por el diario Página 12— cobra otro calibre dado que saltaron a la luz apenas semanas después de la condena judicial a Cristina Fernández por la causa Vialidad, sentencia que devino en su renunciamiento a cualquier candidatura para las elecciones de este año. Dado que la vicepresidenta puede apelar el fallo y forzar a que sea elevado hasta la Corte Suprema, diversos dirigentes del oficialismo han remarcado su preocupación por la supuesta relación cercana entre funcionarios opositores y el entorno del presidente del máximo tribunal.

Gil Domínguez considera que «los chats entre Robles y D’Alessandro son muy graves y deben ser investigados penalmente. Pero esto está en una etapa primigenia, y hasta ahora no se demostró ningún vínculo entre estas conductas y Horacio Rosatti. El que está involucrado es su vocero, no él», remarca.

Salir del laberinto

El oficialismo necesita dos tercios de los votos de la Cámara de Diputados (172) para elevar el proyecto al Senado, pero cuenta con apenas 118 escaños. El objetivo del Frente de Todos es iniciar la investigación apenas comience el período de sesiones extraordinarias, el 23 de enero.

Independientemente de la iniciativa oficialista en cuestión, la búsqueda por transformar el Poder Judicial —con una abrumadora imagen negativa en la opinión pública, según un estudio de la Universidad de San Andrés— tiene un consenso transversal a todo el arco político.

«Si no hay una renovación integral y sistémica del Poder Judicial en la República Argentina no importa que cambien los nombres porque el sistema va a seguir fallando, el problema de Argentina no es de nombres, sino de sistema», apunta Gil Domínguez.

Para el jurista alcanzar pactos interpartidarios es deseable y necesario.

«Si no hay un acuerdo político, la Corte Suprema va a ir a una situación de mayor parálisis. No es posible reformar la Justicia si no hay un acuerdo político», explicó.

El diputado oficialista Casaretto, por su parte, remarca la urgencia de situar al Poder Judicial en el centro de la agenda pública.

«La Justicia es un poder del Estado sobre el cual hay una especie de manto que hace que no se le discuta nada», sostuvo Casaretto a tiempo de concluir que «el presidente se presenta a la elección y la gente decide votarlo. Pero los jueces de la Corte son vitalicios, quedan hasta que se jubilen. El único mecanismo de revisión es este: sin dudas la Justicia debería democratizarse».

@Sputnik


Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de Ahora San Juan.

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Violencia sin freno en el fútbol sanjuanino: hinchas, jugadores y hasta policías en el ojo de la polémica

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Durante sábado y domingo se repitieron incidentes en cancha de Alianza y Trinidad. El detalle cronológico de los episodios violentos que siguen manchando la redonda.

No fue un fin de semana más en el fútbol sanjuanino en Primera División. En dos de los cuatro choques válidos por Cuartos de final, los encuentros se vieron manchados por la violencia: hinchas, jugadores y hasta policías quedaron envueltos en la polémica. El primero de los episodios fue el sábado en cancha de Alianza donde el local se midió ante Marquesado, mientras que el domingo la escena vergonzosa se repitió en Trinidad donde el León se medía ante Desamparados.

Todo comenzó el sábado en Alianza. El local había arrancado ganando casi desde los vestuarios con gol de Gerardo Morales antes del minuto de juego pero Marquesado lo empató al partido a los 23 minutos del segundo tiempo a través de Ignacio González. A esa altura el equipo del Far West jugaba con 9 jugadores. Si bien con ese resultado el clasificado se definiría desde los penales eso finalmente no pasó porque los hinchas de Alianza, aprovechando la escasa -casi nula- presencia policial en las tribunas, cruzó desde la cabecera norte a la sur, donde estaban ubicado unos 25 dirigentes y familiares del plantel de Marquesado. Los violentos lanzaron piedras provocando la corrida de los visitantes. Ante esto, algunos de los jugadores de Marquesado, lejos de intentar calmar la situación respondieron con más violencia, lanzando piedras desde el campo de juego hacia los hinchas de Alianza que rápidamente volvieron a su lugar en la tribuna.

El árbitro Jesús Allegue si bien recibió las garantías de la Policía de San Juan, que en cuestión de minutos envió refuerzos al estadio santaluceño, decidió suspender el encuentro debido a que dos futbolistas manifestaron haber sido golpeados por piedras lanzadas por los hinchas de Alianza. Martín Preziosa y Gonzalo González quedaron tendidos en el piso. Si bien Preziosa se recuperó, González no lo hizo y ante la ausencia del personal médico, el árbitro decidió suspender el encuentro.

¿Qué pasará? La terna arbitral ya presentó el domingo el informe arbitral donde contaron lo sucedido y este lunes a primera hora el Tribunal de Penas le corrió traslado a ambos clubes, teniendo en cuenta que este miércoles deben disputarse las semifinales, tanto Alianza como Marquesado deberán presentar su descargo antes de las 20 horas de este lunes.

Entre las posibilidades está que el encuentro continúe en cancha neutral y a puertas cerradas, esto si el Tribunal decide sancionar a Alianza con suspensión de cancha teniendo en cuenta que sus hinchas provocaron el desencadenante. En el caso que sea así, habrá que ver si se sancionará también a los futbolistas que quedaron registrados en las imágenes lanzando piedras e incluso agrediendo a un fotógrafo.

Otra de las alternativas sería sancionar a ambos equipos y que ambos queden eliminados, si bien es la alternativa menos probable que suceda, existe un antecedente de hace unos años entre Del Bono y Arbol Verde donde por un hecho similar, el Tribunal decidió eliminar a ambos.

Trinidad y Desamparados y otro hecho lamentable

Apenas un día después de lo ocurrido en Santa Lucía, en el barrio Atlético se repitió la misma escena. El encuentro entre Trinidad y Desamparados se jugó con ambas hinchadas. El partido estuvo parado por más de media hora cuando Trinidad pasó a ganar por 4 a 2 y un reducido grupo de 7 u 8 hinchas de Desamparados rompieron la tela para ingresar al campo de juego. Lanzando piedras hacia el campo de juego, fue inmediato el accionar policial que decidió retirar a los hinchas del Víbora del estadio cuando faltaban más de 10 minutos.

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Ese accionar se vio desmedido por parte de las fuerzas policiales que lanzaron gases lacrimógenos y balas de gomas para apurar la salida de los hinchas donde incluso habían mujeres, niños y muchos familiares de jugadores. Los violentos respondieron lanzando piedras y hasta los jugadores de Desamparados intervinieron teniendo en cuenta que los efectivos policiales tenían en el suelo y reducidos por la fuerza, a dos jugadores de la Cuarta División de Desamparados que se encontraban en la tribuna observando el encuentro.

Incluso posterior al encuentro se hicieron virales videos donde se pueden observar a efectivos de la Policía respondiendo con gestos polémicos a los hinchas. En las imágenes se observa a uno de los efectivos en actitud desafiante y provocadora para con los hinchas. En otro de los videos también puede observarse a varios efectivos respondiendo con gestos polémicos cuando los hinchas le reclaman que habían golpeado a un joven que padece una

Lo cierto es que ese encuentro sí pudo terminar, no sin antes tener en el ojo de la polémica otro episodio violento que se dio cuando el futbolista de Desamparados Franco Lepe golpeó con su cabeza al lateral de Trinidad Roberto Martín, quien quedó tendido en el piso, perdió el conocimiento unos minutos y tuvo que recibir asistencia médica.

El jugador del León pudo retirarse del estadio por sus propios medios, mientras que para Lepe habrá que esperar que sanción leaplicará el Tribunal de la Liga Sanjuanina.

/DC

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Nueva jornada en defensa del INTI para evitar el decreto que eliminaría sus principales funciones

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Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) convocan para este lunes a una movilización en la puerta de su sede central en rechazo al decreto que prepara el gobierno para eliminar funciones del organismo y que pondría en riesgo unos 700 puestos de trabajo.

Desde las 8 de la mañana se convocaba a una asamblea multisectorial, a las 10 a la movilización y a las 11 a una conferencia de prensa “para frenar la publicación del decreto que decide el desguace de lo que queda del Estado, de todo el sistema científico de la Argentina”, expresó Giselle Santana, parte de la asamblea que defiende el INTI.

Además, señaló que el gobierno de Javier Milei también pretende eliminar y vaciar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Instituto de Viticultura. “Un montón de organismos que están contenidos en ese decreto que decide la centralización, es decir, el ataque a la autonomía, la autarquía financiera y el carácter federal de esos institutos”, agregó.

/AF

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San JuanSociedad Actualidad

A sólo dos días del cierre, se inscribieron casi 42.000 familias para el sorteo del IPV

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Cuando quedan apenas dos días para que se inscriban los interesados en participar del primer sorteo de viviendas del IPV que realiza la gestión de Marcelo Orrego, hasta el momento ya se anotaron casi 42.000 familias, lo que muestra un altísimo interés en recibir en adjudicación una de esas 219 casas. Donde más se nota el entusiasmo es en Capital y Rawson, ya que ambos departamentos lideran, en ese orden, la proporción de inscriptos por cada vivienda disponible.

Las unidades habitacionales en cuestión pertenecen a seis barrios, en sendos departamentos, y forman un cupo reasignado del IPV a partir de convocatorias anteriores debido al incumplimiento de requisitos, falta de documentación o ausencia de postulantes. Con estas casas se hizo el primer llamado a sorteo de esta gestión y, hasta anoche, se habían anotado 41.789 familias. El miércoles 9 de julio vence el plazo para registrarse y, luego de otros pasos administrativos, finalmente el sorteo público se llevará a cabo el 23 de julio.

Las casas están distribuidas en los barrios Maipú II (Capital), Medepym Ampliación (Rawson), El Alba (Chimbas), Sierras de las Invernadas (Ullum), Los Trigales (Jáchal) y La Majadita (9 de Julio).

Sin tener en cuenta el índice demográfico, sino la cantidad de inscriptos hasta ahora, Capital tiene la mayor proporción de anotados: 971 por cada vivienda disponible. Le sigue Rawson, con 843 inscriptos por cada casa. Y en orden decreciente, la lista sigue con esos números proporcionales ubicados en 329 en Chimbas, 101 en Jáchal, 32 en 9 de Julio y solamente 5,85 en Ullum, donde curiosamente está la mayor cantidad de viviendas a sortear (100 de las 219, con una nómina de sólo 585 inscriptos por el momento). A nivel general, la proporción es de 191 anotados por cada casa a sortear.

Si bien este es el primer sorteo de esta gestión de Gobierno, en realidad el año pasado ya se había reactivado para financiar con fondos provinciales la construcción de barrios que se había paralizado por la falta de plata de Nación, que pagaba el 70% de la obra. De modo que al 2024, el IPV lo cerró entregando 1.012 viviendas en 11 departamentos.

Y este año está previsto entregar 20 barrios en 12 departamentos, con un total de 1.412 casas (incluidas las 219 del próximo sorteo). Además, el IPV tiene en agenda entregar durante 2025 los lotes con servicios del Loteo Valle del Sol, bajo el programa Suelo Activo, Sueño Cumplido.

Cómo inscribirse
Hasta el miércoles 9 hay tiempo de anotarse y se debe hacer en la página oficial ipv.sanjuan.gob.ar; allí hay que hacer click en el botón “Sorteo Provincial de Viviendas”, insertar todos los datos que se solicita, aceptar las condiciones y registrar un número de celular.

Los pasos siguientes
Del 10 al 13 de julio se realizará la publicación y consulta de padrones provisorios por barrio; del 14 al 16, ajuste o corrección de datos en padrones; el 17 de julio será el cierre de padrones, y del 18 al 22 de julio se hará la publicación de padrones definitivos.

Dónde se ubican
Para conocer la ubicación de las 219 viviendas a sortear, el IPV publicó online una serie de códigos QR que, al escanearlos, muestran en Google Maps dónde está emplazado cada barrio en los 6 departamentos. Se puede buscar esos QR en sisanjuan.gob.ar.

/DC

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