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Política & Economía Nacional

Espionaje ilegal: Familiares del ARA San Juan pidieron que se confirme el procesamiento de Macri.

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La querella mayoritaria en la causa por espionaje ilegal a familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan pidió este martes en una audiencia ante la Cámara Federal porteña que se confirme el procesamiento del expresidente Mauricio Macri, informaron fuentes judiciales.

“En el día de hoy esta querella en audiencia pedimos el rechazo de la apelación y solicitamos la confirmación del procesamiento” de Macri, señaló en una comunicado la abogada Valeria Carreras, representante de la querella mayoritaria.

Carreras afirmó que en la audiencia de su representación pudo “derribar cada argumento de la defensa del procesado Macri“, y aseguró que el exmandatario ordenó espiar a los familiares de la tripulación del ARA San Juan de forma “ilegal” y en la búsqueda de un “beneficio”.

Probamos mediante los hechos reportados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y que dan inicio a esta instrucción, que los reportes del 3 de febrero de 2018, 2 de abril de 2018 y 15 de abril de 2018 tenían como beneficiario al propio Macri”, aseguró la letrada.

Para esta querella, el expresidente incurrió en una “omisión maliciosa” de los testimonios de los testigos aportados por el propio procesado, y aseguró haber “probado” la legalidad del procesamiento de Macri dictado en diciembre pasado por juez federal subrogante de Dolores Martín Bava.

Probamos el cuándo, el cómo, el porqué y el móvil de los delitos por los cuales se procesó a Macri. Es una causa de gravedad institucional y de interés de la sociedad como sostuvo la Cámara Federal de Mar del Plata. Pedimos que los jueces estén a la altura. Pero no olvidamos que deben decidir los miembros de la sala recusados por esta querella. La chance de justicia es ínfima”, remarcó Carreras.

Este miércoles, en tanto, habrá otra audiencia para tratar planteos de otros procesados en el caso y un recurso de la defensa de Macri por supuestas trabas para acceder a un legajo reservado en el caso.

La semana pasada, Bertuzzi rechazó un pedido de la querella para apartar de la causa al actual juez federal de instrucción Julián Ercolini. El magistrado quedó a cargo del caso en febrero último, cuando Bava remitió la causa desde Dolores a los tribunales federales de Comodoro Py.

Al procesar a Macri, Bava sostuvo que “desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018, ordenó y posibilitó la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias”.

Éstas habrían consistido en “obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos”.

El exmandatario está también embargado por 100 millones de pesos y tiene prohibida la salida del país, pero hasta ahora se lo autorizó a viajar al exterior cada vez que pidió permiso en el juzgado de Ercolini.

El 6 de diciembre pasado, el abogado defensor Pablo Lanusse apeló el procesamiento de Macri ante la Cámara Federal de Mar del Plata, pero el Tribunal de Apelaciones remitió todo a Comodoro Py tras el pase de la causa al fuero federal de la ciudad de Buenos Aires.

Al apelar el procesamiento al expresidente, el letrado sostuvo que Bava actuó con “prejuzgamiento” .

En la causa por espionaje ilegal a los familiares de los 44 tripulantes fallecidos del submarino están procesados también los exresponsables de la AFI en el macrismo Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, además de otros exjerárquicos del organismo de inteligencia como Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, entre otros imputados.

Según la investigación, los actos de espionaje ilegal tuvieron como base la delegación Mar del Plata de la AFI y ocurrieron desde diciembre de 2017 hasta el mismo mes de 2018.

Política & Economía San Juan

Marcelo Orrego anunció que la planta política no cobrará el bono de $35 mil

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El Gobierno de la provincia de San Juan informó que, por decisión del gobernador Marcelo Orrego, la planta política no percibirá el bono que fue otorgado a la administración pública provincial. 

Este viernes se confirmó que el Gobierno de la provincia de San Juan, por decisión del gobernador Marcelo Orrego, no pagará el bono de 35 mil pesos a la planta política, que fue otorgado a la administración pública provincial.

Cabe destacar que esta iniciativa se encuentra enmarcada en la línea de austeridad que la administración provincial lleva adelante.

@PrensaGob.

/Imagen principal: Archivo/

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Política & Economía Nacional

Inflación: laboratorios acordaron congelar precios de medicamentos por 30 días

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La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME) representa a 41 compañías, pero cada laboratorio asociado ejercerá la facultad de adherir individualmente a la iniciativa.

Durante el primer trimestre del año quedó en evidencia el recorte en el flujo de fondos hacia organismos y hospitales, lo cual tuvo un impacto significativo en las firmas del sector de la salud y en medio de una altísima inflación. Apenas días después de su asunción, el presidente Javier Milei anunció que las cuotas de las prepagas se moverían sin intervención oficial, pero tan solo cuatro meses más tarde, se vio obligado a regularlas y se encuentra al borde de llevar el tema a la Justicia. En medio de esto, el plan de déficit cero adquirió un ritmo vertiginoso, y la salud pública no fue uno de los sectores que salieron ilesos de estos movimientos.

Según la ejecución presupuestaria del primer trimestre, el ítem Salud representó solo el 3,8% del gasto total, lo que marcó una disminución del 35% en comparación con el mismo período del año anterior, totalizando $572.999 millones, según se desprende del último informe la consultora Centro de Economía Política (CEPA).

En ese contexto, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), que representa a 41 compañías de innovación farmacéutica que investigan, desarrollan y comercializan medicamentos en el país, manifestó su disposición para acompañar las medidas destinadas a fortalecer el sistema de salud argentino, congelando los precios de los medicamentos por un período de 30 días, a partir del día de la fecha, en consonancia con la política de estabilización de las variables de la economía argentina.

La entidad, que agrupa a 41 laboratorios principalmente de capitales extranjeros, pero deja librado a cada firma la facultad de adherir a la iniciativa. Algunos de los laboratorios que forman parte de Caeme son: Abbot, Abbvie, Alcon, Amgen, Astellas, AstraZeneca, Bausch+Lomb, Bayer, Merk, GSK, Roche, Sanofi, MSD, Lilly, Novartis, entre otros.

En función de lo expuesto, cada laboratorio asociado ejercerá la facultad de adherir individualmente a esta iniciativa.

“CAEME reitera su compromiso por contribuir y promover el acceso oportuno y equitativo por parte de los pacientes a medicamentos y tratamientos innovadores en un marco de sustentabilidad y transparencia”, concluye el comunicado.

@Ámbito.

/Imagen principal: Archivo/

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Política & Economía Nacional

Gobierno eliminaría la reforma política del Pacto de Mayo.

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Según fuentes cercanas al Gobierno, se está evaluando la posibilidad de eliminar un punto clave del Pacto de Mayo en medio de las negociaciones con los gobernadores. Este punto en cuestión es el noveno, que propone una reforma política destinada a modificar el sistema actual y realinear los intereses de los representantes con los representados.

La iniciativa de reemplazar este punto surge como respuesta al deseo del Ejecutivo de mantener el enfoque estrictamente económico del acuerdo nacional, excluyendo otros temas como educación y producción, solicitados por algunos mandatarios provinciales para su inclusión en el debate programado para el 25 de mayo en la ciudad de Córdoba.

“Se está considerando su reemplazo porque queremos que el acuerdo sea puramente económico y no político. No es el momento adecuado para abordar cuestiones educativas”, señaló un funcionario a TN.

La prioridad declarada en la Casa Rosada es alcanzar una cifra de inflación mensual de un solo dígito y estimular la reactivación económica. Para ello, el Ejecutivo busca acelerar el tratamiento de la Ley Ómnibus, que incluye desregulaciones y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Entre los puntos propuestos por Javier Milei para el Pacto de Mayo se encuentran la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público al 25% del PBI y una reforma tributaria que alivie la presión impositiva.

El Gobierno sostiene su compromiso con el pacto incluso si la Ley Ómnibus y el paquete fiscal no son aprobados en el Congreso, e independientemente de la asistencia de pocos gobernadores.

Se está considerando la convocatoria a una comisión económica liderada por el secretario de Hacienda, Carlos Guibert, compuesta por ministros económicos provinciales de los gobernadores que se adhieran al Pacto de Mayo. Esta comisión tendría como objetivo delinear los puntos tributarios, económicos y previsionales a ser firmados en la ciudad de Córdoba.

El Gobierno cuenta con el respaldo de los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio y de otros mandatarios provinciales como Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), y busca sumar a Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Hugo Passalacqua (Misiones).

Se espera que la firma del acuerdo evidencie una marcada división entre gobernadores aliados y opositores a las iniciativas del oficialismo, y no se descarta la presencia de gobernadores de la oposición dura, como Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gildo Insfrán (Formosa), este último especialmente relevante en la discusión sobre la coparticipación, según señaló un alto funcionario a TN.”

@DiarioLaProvincia

/Fuente de imagen: Archivo Google

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