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Política & Economía Latinoamérica

Evo Morales pidió “reponer el Estado de derecho” en Santa Cruz.

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El expresidente de Bolivia, Evo Morales, pidió “reponer el Estado de derecho” en el departamento de Santa Cruz, donde este miércoles se cumplen 33 días de un paro en reclamo por la celebración de un censo, en medio de un incremento de la violencia y enfrentamientos entre adherentes y detractores de la medida de fuerza, el más largo en la historia de esa región motor económico del país y bastión opositor.

“Hacemos un llamado urgente a reponer el Estado de derecho. La irresponsabilidad y los cálculos políticos en el cambio de fechas del censo junto a la intención de someter al Legislativo a los caprichos de la derecha golpista atentan contra la estabilidad política y económica”, escribió el exmandatario en su cuenta oficial en Twitter.

La próspera región inició un enfrentamiento con el Gobierno central exigiendo que en 2023 se realice un censo que actualice su representación legislativa y también la cantidad de fondos que recibe en función de su cantidad de habitantes, en lugar de hacer el proceso en 2024, como es el plan del oficialismo.

La actual asignación de recursos y representación política en el Congreso boliviano se calcula en base a datos del último empadronamiento realizado en 2012

A mediados de diciembre, el presidente Luis Arce dijo que esa consulta se celebrará el 23 de marzo de 2024 -algunos meses antes de lo que inicialmente planeaba hacerlo- y no previamente, porque no existen posibilidades técnicas para ello.

También anticipó el inicio de acciones penales para los líderes de la revuelta, que en su desarrollo incluyó cortes de rutas, incendios, numerosas pérdidas económicas para el país y la muerte de entre tres y cuatro personas, según distintos balances.

El Gobierno boliviano también garantizó que aplicará la redistribución de recursos económicos para las regiones desde septiembre de 2024 y el Tribunal Electoral boliviano (TEB) también informó que se hará la redistribución de escaños parlamentarios en el Congreso Boliviano.

Sin embargo, el Comité Impulsor del Censo de Santa Cruz, que inicialmente exigía censo en 2023, no cede y ahora exige una ley que garantice la realización del empadronamiento.

“Lamentamos que el gabinete político no haga respetar la ley ni sus acuerdos con el Comité por Santa Cruz y deje a la población indefensa y sometida a los ataques de grupos irregulares organizados por la Unión Juvenil Racista. Los agresores del pueblo trabajador son premiados con impunidad”, cuestionó Morales.

Este miércoles, la jornada número 33 de la movilización estuvo marcada por la violencia en varios sectores, entre ellos el sector santacruceño de Cumavi, en la zona Barrio Lindo, donde grupos de personas atemorizan a los peatones, lanzándoles piedras y petardos, entre otros objetos, para evitar que pasen por la vía central.

Ante la ausencia policial, los violentos agredieron además a trabajadores de prensa, denunció el periódico boliviano Página Siete, en su versión digital.

Grupos de encapuchados, con palos y hasta hondas, no permitieron a los comerciantes denominados “mañaneros” instalar sus puestos de venta.

“Vemos que los ánimos se han tensionado, los transeúntes hacen peripecias para cruzar de un lado a otro, ya que hay personas encapuchadas y hasta en estado de ebriedad y que amedrentan a los que se trasladan a sus fuentes laborales o colegios”, relataron testigos citados por el medio boliviano.

En imágenes transmitidas en vivo por la TV y en redes sociales se observa cómo un grupo de hombres lanzan piedras con una honda y advierten a los transeúntes que no graben, mientras otros levantan barricadas con contenedores de basura.

En La Paz, en tanto, los parlamentarios avanzan en el tratamiento de la ley censal.

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados que trata el proyecto de Ley del censo reanudó este miércoles la sesión para debatir los tres proyectos presentados por parlamentarios oficialistas y opositores, luego del cuarto intermedio declarado casi a la medianoche del martes.

Política & Economía San Juan

Marcelo Orrego anunció que la planta política no cobrará el bono de $35 mil

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El Gobierno de la provincia de San Juan informó que, por decisión del gobernador Marcelo Orrego, la planta política no percibirá el bono que fue otorgado a la administración pública provincial. 

Este viernes se confirmó que el Gobierno de la provincia de San Juan, por decisión del gobernador Marcelo Orrego, no pagará el bono de 35 mil pesos a la planta política, que fue otorgado a la administración pública provincial.

Cabe destacar que esta iniciativa se encuentra enmarcada en la línea de austeridad que la administración provincial lleva adelante.

@PrensaGob.

/Imagen principal: Archivo/

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Política & Economía Nacional

Inflación: laboratorios acordaron congelar precios de medicamentos por 30 días

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La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME) representa a 41 compañías, pero cada laboratorio asociado ejercerá la facultad de adherir individualmente a la iniciativa.

Durante el primer trimestre del año quedó en evidencia el recorte en el flujo de fondos hacia organismos y hospitales, lo cual tuvo un impacto significativo en las firmas del sector de la salud y en medio de una altísima inflación. Apenas días después de su asunción, el presidente Javier Milei anunció que las cuotas de las prepagas se moverían sin intervención oficial, pero tan solo cuatro meses más tarde, se vio obligado a regularlas y se encuentra al borde de llevar el tema a la Justicia. En medio de esto, el plan de déficit cero adquirió un ritmo vertiginoso, y la salud pública no fue uno de los sectores que salieron ilesos de estos movimientos.

Según la ejecución presupuestaria del primer trimestre, el ítem Salud representó solo el 3,8% del gasto total, lo que marcó una disminución del 35% en comparación con el mismo período del año anterior, totalizando $572.999 millones, según se desprende del último informe la consultora Centro de Economía Política (CEPA).

En ese contexto, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), que representa a 41 compañías de innovación farmacéutica que investigan, desarrollan y comercializan medicamentos en el país, manifestó su disposición para acompañar las medidas destinadas a fortalecer el sistema de salud argentino, congelando los precios de los medicamentos por un período de 30 días, a partir del día de la fecha, en consonancia con la política de estabilización de las variables de la economía argentina.

La entidad, que agrupa a 41 laboratorios principalmente de capitales extranjeros, pero deja librado a cada firma la facultad de adherir a la iniciativa. Algunos de los laboratorios que forman parte de Caeme son: Abbot, Abbvie, Alcon, Amgen, Astellas, AstraZeneca, Bausch+Lomb, Bayer, Merk, GSK, Roche, Sanofi, MSD, Lilly, Novartis, entre otros.

En función de lo expuesto, cada laboratorio asociado ejercerá la facultad de adherir individualmente a esta iniciativa.

“CAEME reitera su compromiso por contribuir y promover el acceso oportuno y equitativo por parte de los pacientes a medicamentos y tratamientos innovadores en un marco de sustentabilidad y transparencia”, concluye el comunicado.

@Ámbito.

/Imagen principal: Archivo/

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Política & Economía Nacional

Gobierno eliminaría la reforma política del Pacto de Mayo.

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Según fuentes cercanas al Gobierno, se está evaluando la posibilidad de eliminar un punto clave del Pacto de Mayo en medio de las negociaciones con los gobernadores. Este punto en cuestión es el noveno, que propone una reforma política destinada a modificar el sistema actual y realinear los intereses de los representantes con los representados.

La iniciativa de reemplazar este punto surge como respuesta al deseo del Ejecutivo de mantener el enfoque estrictamente económico del acuerdo nacional, excluyendo otros temas como educación y producción, solicitados por algunos mandatarios provinciales para su inclusión en el debate programado para el 25 de mayo en la ciudad de Córdoba.

“Se está considerando su reemplazo porque queremos que el acuerdo sea puramente económico y no político. No es el momento adecuado para abordar cuestiones educativas”, señaló un funcionario a TN.

La prioridad declarada en la Casa Rosada es alcanzar una cifra de inflación mensual de un solo dígito y estimular la reactivación económica. Para ello, el Ejecutivo busca acelerar el tratamiento de la Ley Ómnibus, que incluye desregulaciones y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Entre los puntos propuestos por Javier Milei para el Pacto de Mayo se encuentran la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público al 25% del PBI y una reforma tributaria que alivie la presión impositiva.

El Gobierno sostiene su compromiso con el pacto incluso si la Ley Ómnibus y el paquete fiscal no son aprobados en el Congreso, e independientemente de la asistencia de pocos gobernadores.

Se está considerando la convocatoria a una comisión económica liderada por el secretario de Hacienda, Carlos Guibert, compuesta por ministros económicos provinciales de los gobernadores que se adhieran al Pacto de Mayo. Esta comisión tendría como objetivo delinear los puntos tributarios, económicos y previsionales a ser firmados en la ciudad de Córdoba.

El Gobierno cuenta con el respaldo de los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio y de otros mandatarios provinciales como Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), y busca sumar a Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Hugo Passalacqua (Misiones).

Se espera que la firma del acuerdo evidencie una marcada división entre gobernadores aliados y opositores a las iniciativas del oficialismo, y no se descarta la presencia de gobernadores de la oposición dura, como Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gildo Insfrán (Formosa), este último especialmente relevante en la discusión sobre la coparticipación, según señaló un alto funcionario a TN.”

@DiarioLaProvincia

/Fuente de imagen: Archivo Google

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