Durante el debate presidencial, el economista dijo que hubo «excesos» en la represión, una fórmula empleada desde 1977 por los genocidas para justificar sus crímenes ante las denuncias internacionales.

Javier Milei sostuvo, durante el debate presidencial, que en la Argentina de los años ‘70 se había librado una «guerra» y que, como en todo conflicto bélico, se habían cometido «excesos». Más allá del eufemismo que enmascara los más de 700 centros clandestinos, la desaparición de personas como metodología represiva predominante, los vuelos de la muerte y el plan sistemático de apropiación de bebés, el candidato de La Libertad Avanza (LLA) no inventó nada: echó mano a la “teoría de los excesos” que forjó en 1977 el dictador Jorge Rafael Videla para intentar explicar los crímenes de la dictadura en el exterior. La sombra de Videla –con quien solía reunirse la candidata a vice de Milei, Victoria Villarruel– sigue proyectándose sobre el espacio político que más votos obtuvo en las elecciones primarias.

Para 1977, las denuncias de los secuestros y las desapariciones se habían convertido en un problema para la política internacional de la dictadura. La llegada al gobierno estadounidense del demócrata James Carter fue un dolor de cabeza adicional. Algunos casos, como el secuestro del periodista Jacobo Timerman o la desaparición del embajador en Venezuela Héctor Hidalgo Solá, tenían impacto más allá de las fronteras.

En septiembre de ese año, el dictador viajó para reunirse con Carter en la Casa Blanca. A Videla le preocupaban las posibles sanciones que podría sufrir la dictadura. El viaje generó disputas al interior de la Junta Militar. Como marca la socióloga Paula Canelo en El Proceso en su laberinto, la abrumadora mayoría de las Fuerzas Armadas rechazaba la posibilidad de rendir cuentas. Videla planteaba que se debía dar una respuesta institucional ante la presión internacional. En su reunión con Carter, según los registros que fueron desclasificados por los Estados Unidos, Videla habló de “abusos de poder” y dijo que él estaba dispuesto a castigarlos. En una conferencia de prensa, el dictador se refirió a “excesos” en la represión.

La figura de los excesos, como señala la socióloga Valentina Salvi, tenía su anclaje en el Código de Justicia Militar que decía que un subordinado nunca era responsable al cumplir una orden –salvo si se excediera–. En la práctica, funcionaba como una forma de exculpar a las cúpulas y de cargar las tintas en los cuadros medios o bajos. La “tesis de los excesos” funcionaba como una acusación certera hacia quienes estaban abocados directamente a la represión.

Esto encendió los ánimos entre los comandantes de Cuerpo o los jefes de Zona de la dictadura, quienes creían que con esa tesis Videla estaba olvidando a los “mártires de la lucha contra la subversión”. Los subordinados también salieron a denunciar al dictador por considerarlo víctima de la “flojera”. En una nota enviada a Videla y a Roberto Viola, jóvenes oficiales de Ejército decían: “Lo que sobrepasa el límite de nuestra ‘subordinación’ formal es este ‘general Presidente’, que ya no es comandante en jefe del Ejército por más que haya dejado a su alcahuete en el cargo, es el que dijo: ‘Los excesos de la represión’ serán castigados. ¿Quién nos va a castigar? Videla”.

La mención de los «excesos» en los Estados Unidos también dio pie a la primera solicitada que firmaron las Madres de Plaza de Mayo. Marta Ungaro, hermana de Horacio Ungaro –uno de los estudiantes secundarios secuestrados en el operativo conocido como La Noche de los Lápices– recuerda el empeño que pusieron para juntar el dinero y poder pagar el espacio en el diario La Prensa.

El texto salió publicado el 5 de octubre de 1977. “¿Cuáles han sido las víctimas del EXCESO DE REPRESIÓN al que se refirió el Sr. Presidente? No soportamos la más cruel de las torturas para una madre, la INCERTIDUMBRE sobre el destino de sus hijos. Pedimos para ellos un proceso legal y que sea así probada su culpabilidad o inocencia y en consecuencia, juzgados o liberados”, reclamaban. 

Entre las firmantes estaban Azucena Villaflor y Esther Careaga –que después serían desaparecidas cuando organizaban la siguiente solicitada–, Hebe de Bonafini, María Adela Gard de Antokoletz, Delia Giovanola, entre otras. Nora Cortiñas, que también participó de la iniciativa, reclama que no se hable de “excesos” para referirse al plan de la dictadura. “Basta de mentiras”, pide en diálogo con Página/12.

Pese a las críticas internas que la teoría de los excesos le ocasionó a Videla, la Junta recurrió a ésta al momento de dar a conocer el “Documento Final” en abril de 1983, donde habló de errores y excesos. En las calles, los organismos de derechos humanos les respondieron a los dictadores con un cántico que decía: “No hubo errores, no hubo excesos: son todos asesinos los milicos del Proceso”.

Raúl Alfonsín, que propició el juzgamiento de las cúpulas militares, volvió a hablar de excesos. En los tres niveles de responsabilidad que el líder radical reconocía estaban: los que dieron las órdenes, los que las cumplieron y los que se excedieron. Para Alfonsín –como recordaba el jurista Carlos Nino en Juicio al mal absoluto–, los que cumplieron las órdenes no debían ser juzgados porque tenían la oportunidad de reinsertarse en el sistema democrático. Los “excesos” siguieron dando vueltas durante los años ‘80. Al momento de aprobarse la Ley de Obediencia Debida, estas disculpas no alcanzaron a los que se “excedieron” frente a tres tipos de delitos: la apropiación de bebés, el robo de bienes y la violencia sexual.

Con el tiempo, Videla dejó de hablar de los “excesos” y debió reconocer todo lo actuado durante la dictadura para mantener la lealtad de la tropa. Como hace ahora Milei, Videla hablaba de “guerra” para describir lo sucedido en los años ‘70,pese a que él mismo había reconocido que las organizaciones insurgentes ya estaban derrotadas para diciembre de 1975.

Cuando estaba preso, Videla le concedió unas largas entrevistas al periodista Ceferino Reato, que él publicó en el libro Disposición Final. En esas charlas, el dictador terminó admitiendo que no hubo ningún exceso, sino pura planificación del accionar criminal del Estado. “Era el precio a pagar para ganar la guerra y necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta. Había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la Justicia ni tampoco fusiladas (…) Para no provocar protestas dentro y fuera del país, sobre la marcha se llegó a la decisión de que esa gente desapareciera”, dijo con frialdad.

Diez años después de su muerte, una fórmula presidencial –integrada por una abogada que lo visitaba– resucitó las excusas que él mismo inventó para amortiguar las denuncias internacionales contra la desaparición forzada de personas. Qué hicieron con los detenidos-desaparecidos es un secreto que Videla se llevó a la tumba.

@Página12 // Luciana Bertoia/

/Imagen principal: Archivo/